Atacaron la sede de La Alameda

“No esperaron ni un día, ni una semana, para darnos un mensaje mafioso. A la misma hora en que estábamos denunciando la complicidad de los azules (por la Policía Federal Argentina) con las redes de prostitución, destruían nuestras instalaciones. A pesar que advertimos a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad que ataques de esta naturaleza se podían desarrollar y lo mismo al Juzgado Federal de Oyarbide, y que la protección al local era nula, el mensaje mafioso se cumplió en tiempo y forma. El mensaje es muy simple: si siguen jodiendo con estas denuncias, hoy es el local ¿mañana será algún compañero?”, aseveró el dirigente de La Alameda, Gustavo Vera, en relación al ataque perpetrado al local de la ONG ubicado en la esquina de Directorio y Lacarra, en Parque Avellaneda.

Nadie se imaginaba en avenida de Mayo y San José, a las 19.30 de este martes, cuando comenzó el escrache a los prostíbulos denunciados ante el juzgado federal de Jorge Ballesteros -por “venta de drogas y explotación sexual”- cerca de 200 personas atacaban a piedrazos la fachada de la sede de La Alameda, que se encuentra bajo utilidad pública y con una consigna policial las 24 horas.

Minutos antes de la 20 mientras se colocaban las fajas de clausura al bar-prostíbulo “La Otra Puerta”, sito en Salta 125, Gustavo Vera decía a viva voz a unos 80 manifestantes y medios de prensa, además de decenas de efectivos policiales, que el local de La Alameda en proceso de remodelación estaba siendo atacado a priedrazos por talleristas, mientras que la sede provisoria sobre Directorio casi Mariano Acosta estaba rodeada por las mismas personas que habían apedreado e ingresado a la sede histórica.

Los nervios llegaron a los presentes. La actividad de escarchar a “los proxenetas y narcos con complicidad policial”, según Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que también investigó la denuncia de vecinos anónimos, parecía que no iba a continuar. Una decena de militantes se fueron rápidamente a Parque Avellaneda. Igualmente las banderas del MTE y La Alameda siguieron recorriendo las estrechas calles del barrio de Monserrat para sumar más clausuras simbólicas por “venta de drogas, explotación sexual y de menores”.

A metros de la esquina de Moreno sobre Santiago del Estero 291 junto a una marroquinería, otro local prostíbulo con la perciana cerrada, era señalado con la faja “Clausurado por protección policial”.

“No nos comemos el chupetín del posmodernismo que bajo el argumento de las libertades individuales permiten que las drogas infecten a los pibes de las barriadas. Tampoco el discurso de los reaccionarios, que piden más mano dura pero nunca hablan de los negocios de la esclavitud de personas para la prostitución o talleres textiles. Por ello seguiremos denunciando pese a los ataques que se están produciendo a la sede de la organización pionera en la lucha contra la esclavitud en todos sus vertientes”, aseveró sin titubear parado frente al prostíbulo el joven Juan Grabois, referente de los cartoneros de la zona sur del conurbano bonaerense que diariamente recorren la Ciudad en busca de que reciclar.

La caravana de escraches por los cinco prostíbulos (ubicados los otros en Salta 178, Salta 308, y Santiago del Estero 382) duró cerca de una hora.

La presencia policial fue inédita. Más de 12 motos policiales, un camión hidrante y uno de bomberos, más de cuatro patrulleros (seccional 4ª y 14), infantería y una trafic, además de los usuales efectivos de civil, otros con pecheras y algunas personas que filmaban sin ser periodistas.

Los manifestantes volvieron al micro con el que partieron de Parque Avellaneda. Muchas madres costureras y sus hijos esperaban en el micro sentadas para partir. La consigna dada por Grabois en el transporte fue “vamos pero no a enfrentar, queremos plantar que apoyamos esta lucha contra transas, talleristas y proxenetas”.

El micro estacionado en Hipólito Irigoyen al 1200 no salía. NOTICIAS URBANAS el único medio presente en el lugar de los hechos consultó a Vera por el bloque policial. “Nos retienen acá, mientras están en comunicación con la comisaría 40 que no está interviniendo por el ataque de los talleristas, que siguen arrojando basura, piedras y huevos sobre una de nuestras sedes”.

A las 20.50 la policía dio la orden de circular y la custodia acompañó a los denunciantes pese a que los belicosos no viajaban en el micro escolar.

Mientras el transporte seguía a dos motopolicias a una velocidad de 30 kilómetros por hora vecinos a la sede de La Alameda informaban por teléfono que el ataque de los talleristas comenzó a las siete y veinte, exactamente a la hora que comenzaba la caravana de escraches en el barrio de Monserrat y que se prolongó hasta las ocho y media.

El argumento del ataque tuvo como excusa, según manifestó el subcomisario Fabián López a este redactor, la detención de dos talleristas (liberados a las horas) que se negaron a un allanamiento judicial en Lacarra 1270 donde se secuestraron máquinas.

Las sedes de la Alameda están custodiadas en teoría por orden del juzgado Federal a cargo de Norberto Oyarbide (desde allí salieron decenas de denuncias de testigos de identidad protegida contra tratantes, explotadores y grandes marcas). La comisaría 40, a cargo de René Ricardo Maldonado, es la única que tiene prohibido custodiar La Alameda, tras recibir de ésta una denuncia por cohecho en relación a los talleres clandestino a fines de 2005. Desde entonces Gendarmería interviene en cada allanamiento que el magistrado federal ordena.

NU entrevistó al subcomisario de la seccional 40. López, de riguroso traje, parado en la esquina frente a la sede destruida dijo inmutable: “Nadie fue preso por el ataque. Tenemos identificada cinco personas que dirigieron la marcha y es el juzgado el que debe decidir sus situación”.

El denunciante de los proxenetas como de los talleristas, Gustavo Vera, fue más precisó acerca de quienes son los responsables de la marcha belicosa.

“el puntero del PJ Omar Reta es quien dirige a los talleristas que nos atacaron, de los cuales muchos de ellos están procesados como el caso de Lucí del taller en Elpidio González filmado por el programa La Liga, Coca Rico, Salazar Nina, y Alfredo Ayala que trabó dos allanamientos de gendarmería. Reta hace un mes es delegado del INADI en la Comuna 9. Tanto María José Lubertino y Alberto Capaccioli a quien también responde Reta tienen que dar explicaciones de este ataque. Tampoco quitamos responsabilidades al gobierno de Macri y al ministro de Justicia Nacional, Aníbal Frnández”.