“Cristina Caamaño es la nueva Stiuso del Gobierno K”, así definió el legislador porteño del partido Bien Común y titular de la Alameda, Gustavo Vera, a la fiscal que junto a la procurador nacional, Alejandra Gils Carbó, son responsables del espionaje sobre su persona y otros cinco miembros de la ong como de su partido según la denuncia penal que se inició bajo el expediente 9493/2015 en el juzgado Federal N° 9, a cargo de Luis Rodríguez, que ya notificó al denunciante para que ratifique la demanda en el día de mañana miércoles 9 de septiembre.
Un dato nada menor es el fiscal que quedó sorteado en investigar el espionaje político. Es nada menos que Franco Picardi un miembro de la Campora que hasta hace seis meses fue tercero del Ministerio de Justicia Nacional y aportante de 20 mil pesos a la campaña del Frente para la Victoria 2013 (10 mil a provincia de Buenos Aires y 10 mil para Nación). “Deberá excusarse por su relación con las mismas personas que denunciamos, y si no lo hace lo recusaremos”, adelantó Vera.
Por la mañana en Comodoro Py la Alameda y Bien Común recibieron el apoyo del secretario general de los Empleados Judiciales, Julio Piumato. El dirigente de la justicia aseguró que “las cuevas de los espías en la calle Estados Unidos del barrio de Boedo están a solo 50 metros de la Iglesia Santa Cruz donde Astiz hizo inteligencia para secuestrar y desaparecer a madres y monjas que buscaban a los desaparecidos”.
La concentración de miles de pinchaduras en una sola persona es el modelo que cuestiona el líder del partido Bien Común ya que “lleva a reproducir el modelo Stiuso, o lo que ya pasó en otros países como Estados Unidos a Hooever (jefe del FBI durante 5 décadas que vivió de la extorsión). De ahí que los propios familiares de la Tragedia de Once también denunciaron espionaje. Ya lo dijimos antes que asumieran todas las escuchas telefónicas. No puede una sola persona controlar todas las pinchaduras porque allí se generan los abusos. Debe haber un control multicontrol de los tres poderes del Estado”, aseguró el líder de la Alameda que este lunes por la tarde junto a Piumato encabezaron el Ojotazo.
OJOTA era la denominación que los espías, periodistas y políticos utilizaban a la anterior División de Observaciones Judiciales, hoy en manos de la fiscal Cristina Caamaño Pais. De allí que la parodia del repudio en la Procuración con sede en av. de Mayo 760 se realizó con una ojota en gigantografía con la foto de Caamaño y el lema “basta de espías”. Además se arrojaron a la vallada sede de Gils Carbó un centenar de ojotas de plásticos.
Desde APEMIA, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, Laura Gisnberg y Pablo Gitten expresaron su apoyo a los miembros de la Alameda y “repudian la práctica del espionaje sobre organizaciones sociales, políticas e individuos claramente identificados como luchadores contra las mafias de la trata de personas en los talleres clandestinos, los prostíbulos, el tráfico de drogas y la corrupción del Estado y sus dirigentes”. Además agregan Ginsberg y Gitten“se trata de una actitud intimidatoria y francamente ilegal, en momentos en que el gobierno nacional se comprometió a terminar con las escuchas y el espionaje ilegal, una práctica corriente en manos de los distintos ‘servicios’ con los que convivió tantos años. Exigimos de las autoridades nacionales y de la Procuraduría esclarecer con urgencia estos hechos, identificar y castigar a los responsables y terminar con estas intimidaciones”.
Todo parece indicar que Caamaño con Gils carbó concentran las pinchaduras de teléfonos y computadoras con el sistema tecnológico que estuvo en manos del ex director general de la SIDE, Antonio Horacio Stiuso, y del ex jefe del Ejército Argentino, César Milani.
Asimismo el entramado de espionaje se potencia porque en la secretaria privada de la Procuración es controlada por la ciudadana inglesa, Natalia Federman, que ilegalmente ocupa altos cargos en el Estado pasando por el Ministerio de Defensa y Seguridad, siendo ella la hija de un servicio de inteligencia inglés Andrés Federman que trabajó en la embajada británica en Argentina como parte de los Acuerdos de Madrid firmados por el entonces presidente Carlos Saúl Menem por la derrota en las Islas Malvinas.