La provincia de Misiones quedó bajo fuerte atención institucional tras la presentación de una denuncia por presunta trata de personas con fines de explotación sexual, abuso sexual y posible encubrimiento policial. La acción judicial fue impulsada por la Fundación Alameda ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), organismo especializado del Ministerio Público Fiscal.
El caso tiene como protagonista a una joven de 18 años, hija de un sargento de la Policía de Misiones. Según la denuncia, el domingo 26 de octubre la joven informó que debía ir a trabajar a una casa quinta en la localidad de Loreto. Horas después, a través de mensajes, reveló que había sido trasladada a San Ignacio y se encontraba en un complejo denominado “La Familia”. La denuncia sostiene que fue obligada a asistir mediante amenazas contra su hermana y que habría sido drogada y abusada sexualmente por al menos tres hombres.
Se menciona como involucrados a Jorge “Coqui” Mesa, señalado como quien habría gestionado el “trabajo”; a Carlos Díaz, sargento y presunto custodio del intendente de San Ignacio; y a un hombre identificado como Daniel Dorrey. Al conocer la situación, su padre pidió autorización en la comisaría en la que se encontraba prestando servicio y acudió al complejo. Posteriormente intervino junto a otros agentes policiales, allí habrían encontrado en una cabaña a su hija y al menos a dos personas más.
La denuncia describe maniobras sospechosas posteriores: llegada de jefes policiales de la Unidad Regional 13, presunta retención o manipulación de teléfonos secuestrados, intento de orientar la declaración de la víctima y demoras en brindar copias de las actuaciones. También refiere que un médico legista constató abuso sexual y que al día siguiente el oficial Díaz habría ingresado a la unidad policial para reunirse con altos mandos.
La Fundación Alameda calificó los hechos como indicativos de una posible red de explotación sexual con participación o encubrimiento de miembros de la fuerza provincial. Solicitó medidas urgentes, preservación de evidencia digital, protección de la víctima y su familia, e investigación interna y judicial sobre los funcionarios mencionados.
El caso plantea interrogantes institucionales sensibles: la actuación de personal policial ante una denuncia extrema, la eventual interferencia jerárquica y la necesidad de mecanismos de protección para denunciantes dentro de las fuerzas de seguridad. La causa quedó en manos de la PROTEX, que deberá evaluar las pruebas aportadas, profundizar la investigación y determinar responsabilidades.
La familia de la joven, junto a la organización denunciante, solicitó garantías de seguridad y transparencia en el proceso, al considerar que la intervención de altos mandos policiales podría comprometer la objetividad de la pesquisa. Las autoridades provinciales aún no emitieron una respuesta pública formal sobre el caso.
Se espera que en las próximas horas se adopten medidas judiciales y periciales para esclarecer lo ocurrido y determinar si existió un entramado delictivo que combine explotación, coerción y encubrimiento institucional.
Contacto: José María Serbin +5493777400213
Caso de presunta trata con abuso sexual y connivencia policial conmociona a Misiones
ByLa Alameda
Nov 5, 2025