El abogado de La Alameda sobre la esclavitud sexual en Río Gallegos

Rodolfo Yanzon es uno de los abogados penalistas más reconocidos de este país, y quien lleva adelante junto a su fundación diversas causas de lesa humanidad contra represores de la última dictadura militar. También Yanzon hace años tomó partido por la lucha que La Alameda viene desarrollando primero por la situación de los costureros en los talleres textiles clandestinos, y de igual manera continúo su compromiso para la vigencia de los derechos humanos en la actualidad, respecto a los niños que trabajan en el campo como a las adolescentes y mujeres esclavas en los prostíbulos. Más abajo la nota que escribió nuestro abogado patrocinante en el diario Buenos Aires Económico del que es columnista.  

Días atrás se conoció una denuncia realizada por la Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, sobre la existencia de trata de personas con fines de explotación sexual y reducción a servidumbre –entre otros delitos– cometidos en perjuicio de mujeres, varias de ellas menores de edad, para ejercer la prostitución en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. La red de prostíbulos es conocida como “las casitas”, en el barrio “la Terminal”. Son domicilios particulares sin habilitación legal, que funcionan como wiskerías y prostíbulos durante todos los días del año. En cada uno de ellos hay al menos cinco mujeres provenientes de distintas provincias argentinas y de países limítrofes o centroamericanos.   

 
Esta red de trata y prostitución es sostenida por organizaciones mafiosas que recaudan suficiente dinero para obtener el silencio y la complicidad de muchos funcionarios. Se trata de una expresión lamentable de la etapa capitalista del momento, en la que los Estados resultan incapaces de enfrentarse a ellas y padecen la cooptación de parte de sus agentes. Un estudio de la Universidad de la Patagonia constató el funcionamiento de esta red, que tiene como víctimas a centenares de mujeres y niñas y cuenta con la connivencia de autoridades policiales, entre otras. La actividad policial se circunscribe a regular la actividad ilegal. Aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, producto de la pobreza y la falta de perspectivas, las mujeres son reclutadas mediante engaños y violencia y son forzadas a ejercer la prostitución. Se las va rotando a prostíbulos de otras provincias para mantenerlas en el ocultamiento y preservar la actividad y sus beneficiarios. Se falsifican documentos para que los tratantes estén a resguardo por el sometimiento de las mujeres extranjeras. Una vez en el lugar, son forzadas a tener sexo para amortizar las supuestas deudas contraídas durante el viaje, el alojamiento y la comida, lo que jamás terminan de pagar, constituyendo una servidumbre por deudas. El caso de Marita Verón se instaló en los medios para alertar a la sociedad sobre lo que estaba sucediendo.  

 
La mujer reducida a una mercancía a cambio de dinero es el fin de esta actividad. Se le quita toda posibilidad de reclamar por sus derechos, frente a parte de una comunidad que naturaliza la situación y la incorpora como parte del círculo de diversión o, en el mejor de los casos, como un mal necesario. Las explicaciones de los funcionarios de gobierno han ido por ese cauce, tratando de justificar la situación, a pesar de que el Estado tiene la obligación de modificar los patrones socioculturales para eliminar los prejuicios y las prácticas basadas en la inferioridad de sexo. Hace un año que la Argentina incorporó el delito de trata de personas a su legislación. Pero la modificación legislativa es sólo letra muerta si no va acompañada de un cambio de mentalidad de gobernantes, jueces, fiscales y policías. El Estado debe hacer cumplir la Convención sobre Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer, tanto como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y debe eliminar toda actividad que implique trata de personas y cualquier forma de esclavitud, fundamentalmente si se trata de reducir a niños para ser explotados sexualmente, que es una práctica análoga a la reducción a la esclavitud y, como tal, debe ser erradicada. Al Estado debe exigírsele que combata estas organizaciones mafiosas, varias de ellas con actividad internacional; que desenmascare a sus agentes cómplices; que realice campañas para concientizar a la sociedad y reducir al máximo el número de eventuales consumidores; que se dote de órganos capaces de investigar y juzgar estos crímenes. No asistimos a una elección individual, sino a una práctica de sometimiento, físico y psíquico, para obtener beneficio económico, bajo la figura de trabajo forzoso. Al Estado debe exigírsele también que preserve a las víctimas de este crimen, asegurándoles sus derechos, entre ellos, a socializarse y educarse, a tener una vida digna y plena. Ninguna mujer nace para ser prostituta. Mucho menos, para ser esclava y prostituta.