Cristina Fernández no reglamentó 24 artículos de la Ley de Trata del año 2012 reforma tras la crisis por el impune fallo en el juicio por Marita Verón.
Por Lucas Schaerer
La presidenta se demoró dos años para reglamentar tan solo tres artículos de los veintisiete que integran la Ley de Trata de personas.
Esto no es menor. Porque quedaron sin reglamentar justamente el artículo 7 y 8 que evita el multicontrol con los otros poderes del Estado y la sociedad civil sobre los gastos en la asistencia a las víctimas y en la planificación de la lucha contra este flagelo.
En el artículo 8 de la Ley 26.842 se contempla la presencia de las organizaciones no gubernamentales (ong’s), al no reglamentarlo el Poder Ejecutivo impide que la sociedad civil integre el Consejo Federal donde podría observar y controlar los gastos en la asistencia a las víctimas y la aplicación del combate a las mafias que sostienen el tráfico de más de medio millón de personas para los talleres textiles clandestinos, los campos y prostíbulos.
Asimismo, y esto no lo señaló ningún parlamentario ni funcionario judicial, por no reglamentar el artículo 7 quedan sin representación en el Consejo Federal el poder judicial, el legislativo, y otras jurisdicciones del país en la planificación de la política por las víctimas y la lucha frontal contra la mafia de la trata.
A la ley de Trata le falta reglamentar 27 artículos de los cuales el 7 y 8 habían sido solicitado por la Fundación Alameda y otras ong’s en un amparo judicial del 17 de marzo del 2014, que tramita en el Juzgado Federal Contencioso Administrativo Nº 9, a cargo de Pablo Gabriel Cayssials, bajo el expediente Nº 5884/2014.
Cristina Fernández, con el acompañamiento de Jorge Capitanich (Jefe de Gabinete) y Julio Alak (ministro de Justicia) solo reglamentó en el decreto 111/2015 (publicado en el Boletín Oficial 28 de enero 2015) el artículo 6 que habla de la asistencia a la víctima. Pero al no tener la presencia de los otros poderes del Estado, otros ejecutivos provinciales y porteñas como las Ong’s logra que no exista un control sobre la aplicación de los recursos hacia las víctimas.
La ley prevé la autarquía del Consejo Federal para garantizar en mejor medida la posibilidad de diseñar políticas de largo y profundo alcance.
Además el Consejo Federal debe designar un coordinador a través del voto de las dos terceras partes de sus miembros, en los términos que establezca la reglamentación. Pero como se afirma en la ley se debe esperar la reglamentación pertinente para poner en marcha este organismo.
De ahí que el amparo solicite la inmediata suspensión de toda actividad de la ex diputada nacional Cecilia Merchán (ex Libres del Sur), a cargo del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, por ser manifiestamente ilegal en razón de contradecir las disposiciones de la ley 26.842.
Fue el anterior Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina (hoy senador nacional), quien nombró el 2 de septiembre de 2013 como directora a Cecilia Merchán quien manifestó que avanzarán en la elaboración del Programa Nacional obviando que la ley 26.842 prevé que sea el Consejo Federal quien dé los lineamientos para este Programa Nacional y no que el programa se elabore de manera inconsulta solamente por parte de cuatro Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional.
De esta manera que la presidenta está privando a las provincias de participar en la elaboración del Plan, así como al Ministerio Público Fiscal, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a las ONGs.
Al no ponerse en marcha el Consejo Federal es que Cecilia Merchán avala en forma discrecional, sin política consensuada, en pocas palabras “fuera de la ley” al Comité contra la Trata.
HISTORIA DE LA LEY
La reformar a la ley de Trata se logró por una fuerte movilización popular consecuencia de la indignación generada por la absolución dictada por un tribunal oral tucumano contra los autores de la desaparición forzada de Marita Verón, la que había sido víctima de una poderosa red de trata de personas con fuertes vínculos con las fuerzas de seguridad y el poder político. La ley reformar a la ley del 2008 fue sancionada el 19 de diciembre del 2012 y promulgada el 26 de diciembre de 2012 mediante decreto 2571/2012.
Esta ley procura remediar las falencias de la ley 26.364 que la habían tornado inocua y con consecuencias inicuas. Para ello crea una serie de organismos que para ser puestos en funcionamiento demandan la consiguiente reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Fue el titular de la Alameda, y legislador porteño del Bien Común, presentó el año pasado (el 3 de julio) una declaración que fue aprobada por 40 legisladores que expresa la “profunda preocupación ante la falta de reglamentación de la Ley N° 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (Modificatoria de la Ley N°26.364), ya que obstaculiza su efectiva aplicación, y reclama que el Poder Ejecutivo Nacional tome las medidas necesarias para subsanar esta situación“, añade el texto convertido en ley por 40 legisladores porteños de diversas fuerzas excepto el FpV.
ZAIDA GATTI NO RESCATA VÍCTIMAS LAS INTIMIDA
Mientras se discutía en el parlamento la reforma a la primer versión de la ley de Trata, La Alameda en el 2010 fue protagonista de un episodio bochornoso y que desnuda el actuar del área que debe rescatar y asistir a víctimas de trata. El programa de Rescate y Asistencia a la Víctima de Trata, a cargo de la psicologa Zaida Gatti, no solo viene fallando en diversas causas al no poder presentar en la justicia víctimas que dice haber rescatado, además la funcionaria Gatti presiona e intimidad víctimas. Y lo hizo dentro en el despacho del juez federal Sergio Torres. Esto fue denunciado (aunque la causa cayó en el jkuez Oyarbide otorgando el sobresimiento) por una ex víctima de explotación sexual que había logrado escapar de un prostíbulo en el barrio de Liniers. Lo que buscaba Gatti en su apriete era evitar que la víctima diga la verdad respecto a los integrantes del grupo mafioso y que siga ligada a la Fundación Alameda.
OMISIÓN DE CFK
Sin reglamentación miles y miles de casos de trata de personas pueden ser favorecidos o pasarse por alto o ser interpretados como meras infracciones administrativas a la legislación del trabajo o a las normas de moralidad e higiene municipales a raíz de una errónea política criminal. Desde esta óptica, desde comprender que cada tema, cada situación debe ser considerada de modo integral, sostenemos la necesidad del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas” y también un “Programa Nacional” en igual sentido que tiendan a subsanar aquello que los programas y ámbitos institucionales vigentes a tal efecto no han logrado, para ello debe estar vigente la ley aprobada y para ello es necesaria su reglamentación.
Esta omisión en la reglamentación es la que posibilita la continuidad de un statu quo propicio a la vulneración de los derechos de miles de víctimas y no permite la implementación de planes federales que podrían evitar o disminuir la comisión del delito de trata de personas o de formas tradicionales y naturalizadas de explotación (verbigracia, el trabajo infantil peligroso, la explotación del trabajo no remunerado de las familias de los trabajadores rurales, la prostitución reglamentada municipalmente en violación a las disposiciones del art. 15 de la ley 12.331 y del art. 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).