En el marco del tratamiento en el Senado de la Nación de la denominada Ley Bases y del Paquete Fiscal, instrumentos jurídicos que en muchos aspectos afectan derechos históricos de nuestro pueblo e hipoteca a futuro el uso de nuestros recursos naturales y desarrollo, miles de personas y organizaciones libres del pueblo (sindicales, sociales, artísticas, culturales, asambleas barriales y colectivos varios) decidieron ejercer su derecho de manifestarse ante el Congreso el pasado miércoles 12 de junio.
El Gobierno nacional lejos de garantizar la pacífica y democrática expresión popular tutelada por nuestra Constitución, se dispuso a aplicar un inconstitucional protocolo mediante el cual no solo impidió la congregación de gente, sino que, en su afán de despejar los alrededores, emprendieron una brutal represión que comenzó con el ataque artero con gases a Diputados nacionales presentes en el lugar y continuó con distintos hechos de violencia sobre gente que solo se estaba manifestando en libertad.
A eso se agrega la evidente existencia de infiltrados que actuaron con total impunidad ante la pasividad de las fuerzas de seguridad (hechos que quedaron registrados en sendas filmaciones de los presentes en cada hecho). La cacería de las fuerzas de seguridad sólo tuvo como objetivo a los manifestantes pacíficos, los violentos pudieron encender autos sin mayores complicaciones.
Una treintena de personas quedaron detenidas luego de ser golpeadas y maltratadas. Bullrich y el fiscal Stornelli imputan graves hechos hablando de golpe de Estado, terrorismo y sedición, con el objetivo de disciplinar y evitar futuras manifestaciones. Al momento de difundir este comunicado los manifestantes continúan detenidos, el fiscal solicitó prisión preventiva, están siendo trasladados a los penales de Ezeiza y Marcos Paz y está en manos de la jueza Servini de Cubría determinar su situación.
Condenamos la represión y las detenciones ilegales, la utilización del sistema judicial para perseguir políticamente a los opositores y la estigmatización sobre las organizaciones que, lejos de actuar sediciosamente, ejercen sus legítimos derechos.
Exigimos la inmediata liberación de los detenidos.
Exigimos un proceso judicial justo, coherente y racional para un pronto y verdadero esclarecimiento de todos los hechos.
Exigimos al Gobierno nacional que cese en su accionar de banalizar con oscuros fines cuestiones tan caras para nuestro pueblo como la defensa de la democracia y las instituciones.
El legítimo derecho a manifestarse no es un acto terrorista, es de hecho uno de los mayores actos democráticos que un ciudadano puede ejercer.