Gabriel Astarloa, al frente de la Dirección General de Concesiones, salió a justificar al macrismo por la denuncia penal de 40 concesiones fraudulentas denuncias por el bloque Verde/Alameda en UNEN que tramita bajo el expediente 12885/14 en el juzgado de Instrucción Nº 20, a cargo de la jueza subrogante Elizabeth Alejandra Paisan, y la Fiscalía Nº 39, a cargo María Paula Assaro.
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Aquí la respuesta de los legisladores Gustavo Vera, Pablo y Facundo Di Filippo (MC)
“Las denuncias que se hacen son falsas. Demuestran un desconocimiento de cómo se hacen las concesiones y además hay un uso político de información pública. La difusión de esta información se ha hecho de un modo irresponsable”. Con estas palabras, el Director General de Concesiones del gobierno de Mauricio Macri, responsable de generar y administrar las concesiones de la CABA, Dr. Gabriel Astarloa, intentó vanamente descalificar la denuncia penal presentada por los diputados del Bloque Verde/Alameda Pablo Bergel y Gustavo Vera, y el diputado (MC) Facundo Di Filippo.
Las respuestas dadas por el responsable de generar y administrar las concesiones de la CABA son una falta de respeto a la inteligencia de la ciudadanía. La defraudación a las arcas públicas es millonaria y sus torpes respuestas confirman más que desmienten la denuncia penal presentada.
Según el mismo funcionario, el gobierno “…ha iniciado un proceso de análisis para la readecuación del canon de Buenos aires Design”; pero fue este mismo gobierno que el 25 de noviembre de 2010 prorrogó la concesión a la empresa IRSA a través del decreto 867/2010, extendiendo el mismo mísero canon por la explotación de 70 locales, 140 cocheras, 2 centros de eventos y un sinnúmero de pequeños puestos. Ese decreto facultaba al Ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, a que en un plazo de 90 días elabore un análisis económico financiero a fin de determinar la razonabilidad de las prestaciones y, de corresponder, sugiriese la readecuación del canon que abona Emprendimientos Recoleta S.A. Han pasado ya más de 3 años y nunca han readecuado el canon, por lo cual es una flagrante mentira lo dicho por el funcionario.
En los casos de Costanera sostiene Astarloa que tienen planificado llamar a licitación. Esta gestión asumió el 10 de diciembre de 2007, y ahora, 6 años después, siguen prometiendo llamados a licitación que nunca se cumplen, y continúan las prórrogas para los amigos. Incluso mencionan que la licitación es el proceso más transparente; entonces, no se entiende por qué en muchos casos entregan permisos de uso precario en forma directa, salteando así los procesos de licitación.
Sobre las playas de estacionamiento subterráneas Astarloa afirma que no pagan canon por que “hicieron las obras”; no menciona que algunas de esas obras se realizaron en la década del 70, por lo que la inversión ya esta varias veces recuperada. En cambio, siguen prorrogando las concesiones sin pagar canon.
Con respecto a las concesiones de Dakota y BRD, a cargo del acarreo de autos, el funcionario menciona que fue la Legislatura la que, después de más de 10 años de prorrogar contratos vencidos, acaba de sancionar la ley y el pliego de bases y condiciones. Esta afirmación es real, pero omite el hecho que desde el año 2005 el PRO cuenta con el bloque mayoritario de la Legislatura; por lo tanto es clara la responsabilidad de esa fuerza política en la prórroga de un canon vergonzoso.
El Director de Concesiones también recordó que el estacionamiento frente al Hipódromo de Palermo esta en juicio, y que allí dispusieron la desocupación administrativa y que hubo una negativa de la Policía Federal para poder hacer el operativo de desalojo, y que entonces están evaluando de qué forma puede hacerse con la Policía Metropolitana. Pero no mencionó que en 2008, a través de un decreto que ordenaba el desalojo administrativo del predio, se instruyó a la Dirección General de Concesiones para que ejecute “todas las medidas y diligencias necesarias” con el objetivo de concretar el desalojo, con la colaboración de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia. HapSA, la empresa de Cristóbal López y Federico Achaval (que explota gratuitamente las mil cocheras) presentó un recurso ante la Ciudad para que reconsiderara aquella anulación y de ese modo poder continuar usufructuando los terrenos. Pero su pedido fue desestimado en julio de 2009. “Desde esa fecha al día de hoy este funcionario nos quiere hacer creer que no puede desalojarlos ni siquiera con la Policía Metropolitana, fuerza que depende de este gobierno, y que ha mostrado gran capacidad de acción, por ejemplo en la represión que llevó adelante en el hospital Borda. Implacable eficacia para reprimir a los pobres; contumaz incompetencia para desalojar a los amigos del poder…” concluyeron los diputados denunciantes.
Muchos referentes del PRO tienen vínculos estrechos con estas irregulares concesiones. Los 5 pabellones del Centro de Convenciones de Costa Salguero, son sede del bunker del PRO en cada elección, y conjuntamente con otros 22 emprendimientos ocupan 17 hectáreas de tierra “ganada” al rio (y perdidas para los ciudadanos), que están catalogadas como Urbanización Parque (UP), categoría que excluye todo tipo de emprendimiento comercial.
Otro funcionario PRO beneficiado es el Subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich, uno de los dueños de las concesionarias que llevan su apellido, y que cuentan con un local de grandes dimensiones en el paseo de la recova. Esta concesión, según la Dirección General de Concesiones, está destinada a playa de estacionamiento, pero allí se encuentran varios exclusivos restoranes, concesionarias, cocheras y hasta una estación de servicio, a cambio de un módico canon.
