El taller textil incendiado de la calle Yerbal había sido denunciado

El nuevo incendio de un taller textil clandestino en el barrio de Flores, Yerbal 3514, ocurrido el martes 7 de julio, también ya había sido denunciado antes del siniestro al Gobierno de la Ciudad como organismos de control nacionales. La prueba es un informe de la Comisaría N° 40 enviada a la fiscalía especializada en trata de persona donde se constaba el taller de Yerbal 3514, que el pasado martes al incendiarse puso en riesgo la vida de dieciocho personas, entre ellos seis menores de edad, que debieron ser rescatadas por los bomberos y asistidos en el Hospital Alvarez. Este nuevo episodio replica casi en sus menores detalles el del caso anterior que dio origen a la primigenia denuncia, el taller de la esquina de Paéz y Terrada, donde murieron dos niños de nacionalidad boliviana.

La PROTEX, es decir la Procuraduría para la Trata y Explotación de Personas, a cargo de Marcelo Colombo recibió el 28 de abril un informe de la Comisaría n° 40 de la Policía Federal Argentina, de cuatrocientos sesenta (460) talleres textiles clandestinos, en los que se estaría explotando el trabajo forzoso de trabajadores, entre ellos migrantes de origen boliviano. En esta nómina se encontraba el de la calle Yerbal 3514. La PROTEX pone en conocimiento de esta información a la AFIP, a la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social de la Nación y a Dirección de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de que realice las correspondientes inspecciones. El oficio fue dirigido al Dr. Fernando Ezequiel Macchi, Director de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social del Gobierno de la Ciudad.
Según recibió por nota el legislador de Bien Común y titular de la Alameda, Gustavo Vera, por parte de la PROTEX, el oficio mencionado fue recibido en la Dirección de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social el día 16 de junio del corriente. El 18 de junio del corriente la referida repartición del Gobierno de la Ciudad pidió que los datos de los domicilios fueran enviados en soporte digital, lo que fue realizado por la PROTEX al día siguiente, 19 de junio de 2015. “Tengo entendido, por haber realizado las correspondientes constataciones, que efectivamente se envió una inspección al domicilio de la calle Yerbal 3514, la que resultó infructuosa a raíz de habérsele negado el acceso al local a los inspectores. También he podido constatar en el Ministerio Público de la Ciudad que no se reclamó ante la Justicia local la correspondiente orden de allanamiento”, sostuvo Vera en su escrito judicial que tramita ante el juez federal Sergio Torres.

Ante la contundente prueba es que el legislador titular de la Comisión Especial de Trata  amplia denuncia en el juzgado federal N° 12, a cargo de Sergio Torres, y la Fiscalía N° 2, a cargo de Carlos Rivolo, diciendo que “corresponde señalar, entonces, que continuamos en una situación en la que el Gobierno de la Ciudad continúa sin arbitrar una adecuada coordinación entre los requerimientos de la justicia para combatir el crimen organizado y la trata de personas y una eficaz organización de los procedimientos de inspección laboral para evitar desastres en razón de la violación sistemática de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

La prueba judicial es el informe de la fiscalía especializada en trata que recibió por parte de la comisaría N° 40 que lleva la firma del titular Tapia. 

Asimismo, el legislador porteño de Bien Común presentó un proyecto de interpelación al Subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio, Ezequiel Sabor; y al director de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión.

PROYECTO DE INTERPELACIÓN

Artículo 1°.- Cítese al recinto de sesiones al Subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio, Ezequiel Sabor y el Director de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión, según lo normado por el art. 83 inciso 1 de la Constitución de CABA, a fines de que informen sobre las circunstancias, responsabilidades, acciones u omisiones incurridas en los hechos que condujeron al incendio del taller textil clandestino ubicado en la calle Yerbal 3514 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Comuníquese.
Fundamentos
Sra. Presidente:
El 14 de mayo de 2015 los legisladores del PRO se rehusaron a aprobar un proyecto de resolución de idéntico tenor para que los funcionarios de mención explicaran a la Legislatura porteña las falencias del ejercicio del poder de policía tanto en la esfera de la protección del trabajo como en la de la seguridad.
Ese proyecto de resolución se había originado en el desastre acontecido el domingo 26 de abril de este año cuando se incendió un taller textil clandestino ubicado en el barrio de Flores en las calles Paez y Terrada. En esa ocasión dos niños de 7 y 10 años que vivían en el lugar murieron carbonizados. Vivían allí en condiciones precarias junto a su familia y no pudieron escapar del incendio. La salida del inmueble estaba tapiada, lo que también dificultó el trabajo de los bomberos. Resultaron heridos, además, 4 personas, una de ellas personal de bomberos. El jueves 7 de abril del corriente, un nuevo incendio se desató en la misma finca. Como resultado del mismo, se destruyeron elementos y pruebas–principalmente indumentaria- que deberían dar cuenta de los clientes de ese taller clandestino.
 Cabe recordar que en septiembre de 2014 la ONG La Alameda había denunciado en la Justicia y en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) que en el inmueble incendiado funcionaba un taller ilegal. La PROTEX derivó las denuncias a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio del GCBA quien respondió, una semana antes del siniestro, que el lugar “no tiene antecedentes”. Los vecinos del barrio, donde se encuentra un lote de 30 locales denunciados, y la comunidad boliviana también han llevado sus reclamos a la Junta de la Comuna 7, que a su vez deriva las denuncias a la Agencia Gubernamental de Control.
En los fundamentos del citado proyecto de resolución habíamos sostenido que
“Pese a todas las denuncias realizadas, los talleres clandestinos no paran de crecer amparados por el silencio cómplice del Estado. Según las estimaciones hechas por La Alameda llegan a 3.000 talleres clandestinos que funcionan en Flores, Floresta, Liniers, Mataderos, Lugano y Villa Crespo. Y la facturación del sector alcanza los $15.000 millones. Un negocio fabuloso montado en la ilegalidad y basado en la superexplotación de los costureros, que en muchos casos son víctimas de redes de trata de personas y reducidos a la esclavitud”.
“Según muchas de estas denuncias, los talleres textiles clandestinos reciben pedidos de importantes marcas que tercerizan en ellos parte de su producción en la búsqueda de bajar sus costos laborales, gracias a las condiciones de superexplotación y a la evasión fiscal”.
“Estamos ante un entramado mafioso entre el Estado, los tratantes de personas y los empresarios textiles. A partir de ese trípode, se ha montado un negocio gigantesco basado en la superexplotación y la ilegalidad. El trabajo semiesclavo es un piso de condiciones laborales que abona, a la escala de toda la Ciudad, la proliferación del trabajo precario en todas sus formas”.
La negativa a tratar este proyecto por parte de la bancada oficialista se debió a que consideraron esta petición como una exteriorización del resentimiento de las fuerzas que conforman el espacio político denominado “Bien Común” motivado por los resultados electorales alcanzados. Esta miope interpretación de los hechos hizo que se continuara con una política negligente y desidiosa en materia de protección del trabajo y de la seguridad colectiva.
Es así que nuevamente se ha producido un hecho de similares características que, por fortuna, no ha causado muertes y lesiones de gravedad, gracias al esfuerzo y a la destreza del cuerpo de bomberos que le tocó intervenir. En efecto, el día 7 de julio del corriente en horas de la madrugada se incendió un taller textil clandestino ubicado en la calle Yerbal 3514, entre las calles Emilio Lamarca y San Nicolás, presuntamente debido a que la caída de una vela utilizada para la iluminación de las personas que allí se encontraban comenzó el fuego. La vida de dieciocho personas que debieron ser rescatadas por los bomberos estuvo en peligro.
Este nuevo episodio replica casi en sus menores detalles el del caso anterior. La Protex, es decir la Procuraduría para la Trata y Explotación de Personas, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo del Dr. Marcelo Colombo recibió el 28 de abril del corriente un informe de la Seccional n° 40 de la Policía Federal Argentina acerca de un número muy importante de domicilios, cuatrocientos sesenta (460) para ser precisos, en los que se estaría explotando el trabajo forzoso de trabajadores, entre ellos migrantes de origen boliviano. En esta nómina se encontraba el de la calle Yerbal 3514. La PROTEX pone en conocimiento de esta información a la AFIP, a la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social de la Nación y a Dirección de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de que realice las correspondientes inspecciones. El oficio fue dirigido al Dr. Fernando Ezequiel Macchi, Director de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social del Gobierno de la Ciudad.
Según recibo de la PROTEX, el oficio mencionado fue recibido en la Dirección de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social el día 16 de junio del corriente. El 18 de junio del corriente la referida repartición del Gobierno de la Ciudad pidió que los datos de los domicilios fueran enviados en soporte digital., lo que fue realizado por la PROTEX al día siguiente, 19 de junio de 2015. Tengo entendido, por haber realizado las correspondientes constataciones, que efectivamente se envió una inspección al domicilio de la calle Yerbal 3514, la que resultó infructuosa a raíz de habérsele negado el acceso al local a los inspectores. También he podido constatar en el Ministerio Público de la Ciudad que no se reclamó ante la Justicia local la correspondiente orden de allanamiento.
Corresponde señalar, entonces, que continuamos en una situación en la que el Gobierno de la Ciudad no logra arbitrar una adecuada coordinación entre los requerimientos de la justicia para combatir el crimen organizado y la trata de personas y una eficaz organización de los procedimientos de inspección laboral. Tengo la íntima convicción de que el oficialismo no logra mensurar los alcances ni la importancia del rol que le toca desempeñar en estas cuestiones. El propio Jefe de Gabinete, aspirante a Jefe de Gobierno de la Ciudad, ha dicho en esta Legislatura que las cuestiones vinculadas a la prevención y represión de delitos federales, tales como la trata de personas o el narcotráfico, no le conciernen a la Ciudad, olvidando así que el Jefe de Gobierno tiene el deber de hacer cumplir, como agente natural del Gobierno Federal, la Constitución y las leyes nacionales (art. 105 inc 12 de la Constitución porteña). Parecería entonces carecer de la condición para el ejercicio de la política que consiste en saber aprender de la Historia,- magistra vitae al decir de Cicerón-, lo que le impide vislumbrar que si el incendio del local de la calle Yerbal 3514 hubiera tenido víctimas fatales, tanto sus aspiraciones a Jefe de Gobierno, como las del actual Jefe de Gobierno a Presidente de la República, hubieran tenido mismo destino que el del Gobierno en el que aconteció la tragedia de la República de Cromañón.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de este pedido de interpelación a los funcionarios a cargo de las áreas de gobierno y organismos competentes para que sean interpelados por los legisladores de la Ciudad.
La justicia determinará responsabilidades penales. Pero la Legislatura no puede omitir el esclarecimiento y posterior sanción de las responsabilidades políticas de los funcionarios, desde el más alto nivel de Gobierno.

DENUNCIA PENAL

AMPLÍA DENUNCIA
Señor Juez:
Gustavo Javier Vera, en su carácter de legislador de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio legal en la calle Perú 160 de la referida Ciudad, con el patrocinio letrado del Dr. Mario Fernando Ganora  (T° 36 F° 227 CACF), manteniendo el domicilio procesal en Av. Callao 178 Piso 5° de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires,  a V.S. dice respetuosamente:
1) Objeto
Por el presente y en cumplimiento del deber legal previsto en el art. 177 inc. 1° del C.P.P.N.) vengo a ampliar la denuncia originalmente formulada contra la vicejefa de Gobierno porteña, María Eugenia Vidal, el jefe de Gabinete de Ministros, Horacio Rodríguez Larreta, el Subsecretario de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ezequiel Sabor, y  el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Juan José Gómez Centurión, y sus posibles cómplices en la repartición que dirige o de la estructura gubernamental de la que forma parte por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario y encubrimiento, (arts. 248, 249 y 277 C.P).
2) Fundamentos
Cabe recordar que la Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo denunció en el mes de setiembre de 2014 ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del Dr. Marcelo Colombo, la posible comisión de los delitos de trata y explotación que se estarían cometiendo en el domicilio de la calle Páez 2796, entre otros, contra trabajadores migrantes  en un presunto taller clandestino de costura.
Esta denuncia dio lugar a la causa “Av. s/Posible Trata de Personas con fines de Explotación Laboral” (Expte. N° 1464/14). En el marco de la Investigación Preliminar de referencia el Procurador, Dr. Marcelo Colombo requirió por oficio del 31 de octubre de 2014 a la Dirección General de Protección del Trabajo dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informar acerca de la existencia de antecedentes e inspecciones de una gran cantidad de domicilios entre los que se encontraba el antedicho.
Este oficio fue contestado el 21 de noviembre de 2014 por la referida repartición la que informó que en los domicilios de Páez 2796, 2775 y 2766 entre otros no se habían efectuado inspecciones. Esta información fue proporcionada oficialmente por la PROTEX.
El lunes 27 de abril del corriente se produjo un incendio en el taller de la calle Páez 2796 en el que fallecieron dos niños y tres adultos resultaron lesionados a causa del estrago. El taller habría continuado funcionando sin interferencias de la autoridad a pesar de que pesaba sobre éste una gravísima imputación.
Surgía, además, de la información periodística recabada y de los dichos de los vecinos que el taller tenía tapiadas sus puertas y ventanas y que la única entrada permanecía cerrada con llave para evitar la salida de los trabajadores sin autorización del tallerista. Es de señalar que la probabilidad de que ocurriera un incendio de esas características era altamente probable ya que las precarias condiciones de seguridad e higiene del mencionado local, la sistemática violación de los derechos de los trabajadores, especialmente los contemplados en la ley 12.713 (ley de Trabajo a Domicilio), y de la Ley Nacional de Migraciones (ley 25.871) conspiraban en ese sentido. Debemos señalar que corresponde unir a todo esto la circunstancia general de que está expandido el desprecio por la ley laboral y las normas de higiene y seguridad en el trabajo debido al clima de impunidad que rodea a los explotadores de la mano de obra migrante en condiciones de trabajo forzoso.
En la denuncia original remarcamos asimismo que esta clase de hechos no son sólo el resultado del accionar de personas inescrupulosas que explotan a los migrantes. Existe una relajación de la voluntad de hacer cumplir la ley por parte de los funcionarios públicos encargados del ejercicio del poder de policía en materia de protección del trabajo.
Dijimos que en este sentido era inadmisible que ante denuncias y requerimientos concretos de inspecciones por parte del Ministerio Público Fiscal de la Nación a raíz de investigaciones por el delito de trata y explotación de personas (arts. 140 y 145 bis C.P.) la autoridad de aplicación en materia de la legislación de protección del trabajo no adoptara las correspondientes medidas. Consideramos que esa actitud no habría sido negligente sino dolosa por cuanto respondería a las convicciones políticas e ideológicas del Contador Sabor quien considera a priori que esa forma de explotación de la mano de obra migrante responde a una matriz cultural y que se trataría de talleres familiares. Esa actitud es la que habría determinado que no se lleven a cabo inspecciones ni se sancione adecuadamente a los transgresores, que en este caso no serían meros contraventores sino verdaderos y peligrosos delincuentes.
Respecto de la constatación de esa actitud reprochable contamos con manifestaciones del mencionado funcionario que explicarían su inacción y la de su repartición frente al funcionamiento de los talleres clandestinos de costura.
El motivo de la presente ampliación radica en que nuevamente se ha producido un hecho de similares características que, por fortuna, no ha causado muertes y lesiones de gravedad, gracias al esfuerzo y a la destreza del cuerpo de bomberos que le tocó intervenir. En efecto, el día 7 de julio del corriente en horas de la madrugada se incendió un taller textil clandestino ubicado en la calle Yerbal 3514, entre las calles Emilio Lamarca y San Nicolás, presuntamente debido a que la caída de una vela utilizada para la iluminación de las personas que allí se encontraban comenzó el fuego. La vida de dieciocho personas que debieron ser rescatadas por los bomberos estuvo en peligro.
Este nuevo episodio replica casi en sus menores detalles el del caso anterior que dio origen a la primigenia denuncia. La PROTEX, es decir la Procuraduría para la Trata y Explotación de Personas, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo del Dr. Marcelo Colombo recibió el 28 de abril del corriente un informe de la Seccional n° 40 de la Policía Federal Argentina acerca de un número muy importante de domicilios, cuatrocientos sesenta (460) para ser precisos, en los que se estaría explotando el trabajo forzoso de trabajadores, entre ellos migrantes de origen boliviano. En esta nómina se encontraba el de la calle Yerbal 3514. La PROTEX pone en conocimiento de esta información a la AFIP, a la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social de la Nación y a Dirección de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de que realice las correspondientes inspecciones. El oficio fue dirigido al Dr. Fernando Ezequiel Macchi, Director de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social del Gobierno de la Ciudad.
Según recibo de la PROTEX, el oficio mencionado fue recibido en la Dirección de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social el día 16 de junio del corriente. El 18 de junio del corriente la referida repartición del Gobierno de la Ciudad pidió que los datos de los domicilios fueran enviados en soporte digital., lo que fue realizado por la PROTEX al día siguiente, 19 de junio de 2015. Tengo entendido, por haber realizado las correspondientes constataciones, que efectivamente se envió una inspección al domicilio de la calle Yerbal 3514, la que resultó infructuosa a raíz de habérsele negado el acceso al local a los inspectores. También he podido constatar en el Ministerio Público de la Ciudad que no se reclamó ante la Justicia local la correspondiente orden de allanamiento.
Corresponde señalar, entonces, que continuamos en una situación en la que el Gobierno de la Ciudad continúa sin arbitrar una adecuada coordinación entre los requerimientos de la justicia para combatir el crimen organizado y la trata de personas y una eficaz organización de los procedimientos de inspección laboral para evitar desastres en razón de la violación sistemática de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
3) Prueba
A los fines de la comprobación de la presente denuncia solicitamos se requiera la información sobre lo actuado por la PROTEX respecto del informe de la seccional n° 40 de la Policía Federal Argentina del 28 de abril del corriente y en lo concerniente a la actividad de la Dirección de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Fernando EzequielMacchi.
Asimismo solicitamos se requiera un informe detallado a la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina respecto del incendio ocurrido el 7 de julio del corriente en el domicilio de la calle Yerbal 3514 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acompañaremos la documentación obrante en nuestro poder al momento de la ratificación de la presente y allí ampliaremos la información.
4) Petitorio
Por todo lo expuesto, solicito:
4.1. Se tenga por presentada la presente y constituido el domicilio
4.2. Se tenga por ofrecida la prueba
4.3. Se dé la correspondiente intervención al Ministerio Público Fiscal.
Proveer de conformidad.
                            Será Justicia.