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Tras las denuncias de la Fundación Alameda y el trabajo incansable de personas de bien en la función pública como Ricardo Nassif es posible seguir avanzando en la libertad de los trabajadores y la dignidad de sus familias.
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Las empresas que registren antecedentes de labores con menores no podrán acceder a beneficios fiscales, impositivos, económicos, financieros o de cualquier otra índole dispuestos por la provincia.
La Legislatura de Mendoza aprobó una ley que dispone que las empresas que registren antecedentes de trabajo infantil o de mantener a sus trabajadores en condiciones similares al trabajo esclavo, no podrán acceder a beneficios fiscales, impositivos, económicos, financieros o de cualquier otra índole dispuestos por la provincia.
La ley fue impulsada con el objetivo de erradicar el trabajo esclavo y la explotación infantil y refiere a empresas que registren infracciones constatadas de carácter muy grave previstas en el Régimen General de Sanciones del Pacto Federal del Trabajo.
Además, dispone entre otros aspectos, que para acceder a cualquiera de los beneficios indicados, el empleador deberá acreditar mediante certificación de la autoridad competente que no está incluido en el Registro de Infractores Laborales. E indica que en el caso de las personas jurídicas ese requisito debe ser cumplido también por la totalidad de sus directivos.
El diputado peronista Gustavo Arenas señaló que “con esta ley se busca una solución de fondo a esta problemática, ya que actualmente el Estado sólo puede labrar actas de infracción ante la aparición de casos, los cuales se siguen repitiendo”.
“Los mendocinos les damos subsidios y otros beneficios fiscales e impositivos a las empresas. Ahora, lo único que les exigimos a éstas para que puedan acceder a esos beneficios es que no exploten a niños y no tengan en situación de esclavitud a los trabajadores”, expresó.
Según Arenas, el trabajo decente tiende a establecer la igualdad de oportunidades y en el trato para mujeres y hombres, “por lo que debe constituir la esencia de las estrategias globales, nacionales y locales para lograr el progreso económico y social de la población”.
“Por lo tanto, avanzar en este sentido es indispensable para profundizar los esfuerzos que estamos haciendo para reducir la pobreza y también se constituye como un medio para alcanzar en la práctica un desarrollo equitativo, global y sostenible”, finalizó.