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La lista de Precios Cuidados que lanzó el Gobierno Nacional incluye a la marca avícola Nuestra Huella S.A. denunciada en reiteradas oportunidades por trabajo infantil y esclavo, allí murió Ezequiel Ferreyra a los seis años por tumor cerebral provocado por agrotóxicos. El propio Ministerio de Trabajo provincial multó con 634 mil pesos a Nuestra Huella S.A., uno de los principales exportadores avícolas del país, y hasta e INADI fue testigo en el primer allanamiento a la empresa en el 2008 donde se comprobaron que las cercas de las granjas estaban electrificadas. Y la fiscalía antitrata, a cargo de Marcelo Colombo, verificó la trata de personas. La presidenta de Nuestra Huella S.A., López Camelo, es la prima hermana del actual intendente de Pilar, Humbetto Zúccaro, y además cuñada del delegado gremial de Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Jorge Herrera. Además el ex intendente de Pilar, Sergio Bivort, es abogado de la empresa esclavista.

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En una finca de esa empresa se contaminó y murió un niño que se transformó en ícono del trabajo esclavo. Pero el gobierno la tiene en cuenta en el plan “Precios cuidados” contra la inflación.

Un producto de la empresa avícola Nuestra Huella, imputada por trabajo infantil y trabajo esclavo, luego de la muerte del niño Ezequiel Ferreyra hace 4 años, fue elegido por el gobierno para participar del acuerdo de precios cuidados lanzado oficialmente hace casi un mes: Los huevos producidos por esta empresa, cuyo nombre comercial es Avicoper, fueron detectados por MDZ en el listado oficial presentado de manera conjunta por el ministro de Economía, Axel Kicillof, proveedores y representantes de diversas cadenas de supermercados.

El hallazgo coincide de manera nefasta con la denuncia que la organización La Alameda y un grupo de empleados nucleados en ATE del Ministerio de Trabajo, realizaron a este medio, señalando que desde esa cartera, se hace caso omiso de las denuncias de trabajo infantil y mano de obra esclava. “Que un producto de esta empresa de la que hasta tenemos la filmaciones que mostraban a los menores trabajando en lugares sumamente inapropiados para un chico como un gallinero industrial que resultó imputada por la muerte de Ezequiel Ferreyra, víctima de los tóxicos que manipulaba y estaba en contacto mientras trabajaba, figure como aliada en el esquema de precios cuidados, es una clara muestra del desprecio del estado por la problemática”, aseguró Gustavo Vera, legislador de UNEN y titular de la organización La Alameda al ser consultado.

Para Vera, la aparición de Nuestra Huella en el acuerdo de precios con el gobierno es una muestra más de la desidia que reina en materia de explotación infantil y de que el acuerdo de precios, no se realizó con los cuidados y la seriedad declarada ya que el propio Ministerio Público Fiscal de la Nación había elevado una acusación a la avícola por trata de personas y trabajo esclavo: “No hay políticas activas contra el trabajo infantil, hay chicanas de ocasión para rivales políticos, inclusive en pleno conflicto con el campo, llevamos un listado de denuncias vinculadas al sector y no hicieron absolutamente nada”, recuerda Vera, quien sobre el rol de UNICEF Argentina, solamente remarca que “no han hecho ningún tipo de denuncia”.

Ezequiel se convirtió en el triste símbolo de la explotación infantil rural. Oriundo de Misiones, a los cuatro años fue filmado recolectando huevos en un inmenso galpón. A los siete, fue internado con una afección cerebral provocada por el uso de agroquímicos para el guano y el veneno fosforado que se usa para espantar moscas y murió a los pocos días de pasar a terapia intensiva.

“Las denuncias llegan y los jefes no autorizan a continuarlas y darles curso legal, literalmente, hacen caso omiso de todo lo relacionado al trabajo infantil, lo cajonean, existe un organismo contra el trabajo infantil pero está pintado”. “Hay explotación de niños, sobre todo en trabajos vinculados la agricultura, los hornos de ladrillos, algunas explotaciones relacionadas al ajo, los arándanos”, describe Vera y señala que la explotación mayor reside en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, Entre Ríos y en Mendoza.

Según un informe del Ministerio de Trabajo y la OIT en 2003 había un millón de niños trabajadores. Y ese, es el último dato oficial en cuanto a estadísticas. “No hay políticas contra el trabajo infantil por parte del Estado y cada vez más se ve el caso de trabajadores bajo el régimen de objetivos por producción, que son inalcanzables para una persona entonces el patrón les dice que lleven a la familia y los chicos terminan siendo trabajadores, trabajan cuatro o cinco personas por el jornal de uno solo”, explicó Ezequiel Conde, abogado de la ONG quien remarcó “el atroz ahorro que significa para algunas empresas tener a niños trabajando en sus filas”. “Todas las denuncias que llegan sobre esta problemática van al pozo ciego. No se conocen avances desde el caso de Ezequiel, los compañeros que trabajan en el ministerio, nucleados en ATE, son los que nos pusieron al tanto de que ninguna denuncia sobre trabajo infantil se investiga, de que todo queda cajoneado por órdenes de sus superiores”, refirió Conde finalmente.

En el video, la ONG La Alameda muestra irregularidades en un allanamiento a un establecimiento de Nuestra Huella.