A tres meses de la denuncia de trabajo infantil en las plantaciones de ajo en Mendoza radicada ante el juzgado federal de esa provincia, el Ministerio de Trabajo de la Nación y la OIT, la Alameda y el MTE regresaron a la zona de Rodeo del Medio, Guaymallen y Carrizal a verificar si se habían erradicado o al menos si se estaba combatiendo fuertemente las prácticas de trabajo infantil masivo que habíamos denunciado en febrero. Para nuestra sorpresa, la explotación de niños no solamente continuaba en el ajo, sino que además se extendía a otras plantaciones como las de zapallo, vid, cebolla y tomate, entre otros cultivos.

Miembros de la Alameda se infiltraron en esas plantaciones, entrevistaron a menores y registraron imágenes y testimonios escalofriantes que fueron volcados en un video que hoy se presenta ante la justicia y se distribuye a los medios de comunicación. En esta oportunidad, además de ampliar la denuncia ante el juzgado federal de la provincia, nos movilizaremos a las 19 horas a las oficinas de la Sociedad Rural (Florida 460) para solicitar audiencia con dirigentes de la Mesa de Enlace y reclamarles que expulsen de sus filas a las empresas denunciadas por trabajo infantil.

Esta a disposición de los medios un video de 12 minutos sobre el contenido de la denuncia que pueden pasar a retirar por la Alameda (Directorio 3998, esquina Lacarra)

Acompañamos:

1. Notas de Página 12 de hoy

2. Texto de la ampliación de la presentación penal

3. Carta dirigida a los miembros de la mesa de enlace

NOTA DE PÁGINA/12

Reclaman sanciones para productores que usan trabajo infantil 

La Justicia de Mendoza investiga el delito de trata de personas en chacras donde explotan a niños. La Fundación La Alameda se moviliza hasta la sede de la Sociedad Rural para reclamar sanciones a los productores que infringen la ley.

Por Eduardo Videla

La denuncia sobre trabajo infantil en chacras de la provincia de Mendoza llegará hoy a Buenos Aires. Organizaciones que luchan contra el trabajo esclavo, como la Fundación La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, entregarán en las oficinas céntricas de la Sociedad Rural Argentina (SRA) un reclamo dirigido a la Mesa de Enlace para que se excluya de esa organización a “los productores agropecuarios denunciados por reducción a la servidumbre y trata de personas”. El reclamo se apoya en la denuncia realizada por La Alameda en febrero último, tras una investigación realizada en fincas mendocinas que incluyeron grabaciones de videos, en los que quedó registrado el trabajo de niños y adolescentes en edad escolar y que dio pie a una causa judicial. La directora de una escuela de El Carrizal, departamento de Luján de Cuyo, confirmó a Página/12 que decenas de chicos han faltado a clase semanas enteras para participar en la cosecha y otras tareas rurales.

La nota, que será presentada hoy a las 19 en la sede de la Sociedad Rural, en Florida al 400, considera que “la Mesa de Enlace debe ser anoticiada formalmente acerca de la existencia de formas contemporáneas de esclavitud y de trata de personas, que son practicadas por productores de Mendoza en perjuicio de los sectores más vulnerables”. Y pide que el tema sea tratado en las reuniones con el gobierno nacional, en las que se discuten reivindicaciones del sector.

“Reclutan a chicos y a adolescentes porque sus manos más chiquitas son más aptas para manipular el ajo”, relata a este diario Patricia Farina, orientadora psicopedagógica de la escuela media de El Carrizal, una localidad rural ubicada a unos 70 kilómetros de la capital mendocina, donde concurren unos 400 chicos que cursan entre 8º grado y tercer año del polimodal. Farina explica que, con gran esfuerzo, en esa escuela han logrado que la retención de alumnos llegue al 89 por ciento el año pasado. “Los vamos a buscar a las casas, tenemos un equipo de trabajadoras sociales que hacen ese trabajo. Y contamos con un régimen flexible de asistencia que permite que los chicos no queden libres”, relata. Es que muchos alumnos “comienzan las clases recien en abril, cuando termina la vendimia, pero en octubre empieza el trabajo manual fuerte con el ajo y entonces dejan de venir o no rinden las evaluaciones globales”. Y advierte que otras escuelas no cuentan con ese régimen de flexibilidad.

A mediados de febrero, una cronista de Página/12 recorrió chacras del departamento de Godoy Cruz y Guaymallén y comprobó cómo los niños son cargados junto a sus familias en camiones y trasladados a las fincas, donde trabajan en la separación y limpieza del ajo. Las grabaciones con una cámara oculta que obtuvo un trabajador de La Alameda registraron esas escenas que fueron presentadas en la Justicia federal de Mendoza.

El juez federal Walter Berto inició un sumario en el que investiga el posible delito de “trata de personas” que, de acuerdo con la ley 26.364, consiste en “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación”. “En esa causa hay mucha prueba, videos, fotos y declaraciones de testigos, entre ellas las del actual ministro de Gobierno, Mario Adaro, quien asegura que cuando se desempeñaba como subsecretario de Trabajo detectó numerosos casos de trabajo infantil”, dijo a Página/12 el abogado Pablo Salinas, de la Fundación Liga por los Derechos Humanos.

En esa misma causa, los abogados Rodolfo Yanzón, Alfredo Guevara, Rodolfo García y Salinas presentarán una ampliación de la denuncia con nuevos casos, registrados entre abril y mayo en los mismos lugares denunciados en febrero, como la plaza de Rodeo del Medio, donde son reclutadas las familias, con sus niños, y trasladadas en camiones. Un nuevo video incluye además los testimonios de la directora de la escuela y de numerosos niños que trabajan o trabajaron en las plantaciones de ajo.

Esta vez, la cámara oculta que portaba una militante de La Alameda que logró ser reclutada para el trabajo rural registra imágenes en plantaciones de cebolla y calabaza. “La denuncia original tuvo la suficiente repercusión pública como para esperar que el fenómeno denunciado hubiera mermado”, cosa que “no ha ocurrido: todo continúa como antes, lo que revela el grado de impunidad con el que pueden actuar los productores frente a la inocua actividad gubernamental”, expresa la denuncia.

En la presentación ante la Justicia se incluye un informe del gobierno mendocino sobre “Erradicación del Trabajo Infantil”, donde consta que las autoridades provinciales han detectado niños y adolescentes trabajando en cosecha de uva, manzana, tomate, galpones de empaque, pero además en aserraderos y hornos de ladrillos. “No surge que el gobierno haya dispuesto la formulación de las correspondientes denuncias contra los patrones por los graves delitos contra la libertad de las personas en perjuicio de los trabajadores.”

Las organizaciones denunciantes resolvieron además reclamarle a la Mesa de Enlace de productores agropecuarios que “excluya a los empresarios de la provincia de Mendoza que están denunciados por reducción a la servidumbre y trata de personas”, reveló a Página/12 Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda.”

La nota sostiene que muchas de esas empresas, en distintos departamentos mendocinos, recurren a una práctica “fraudulenta” que consiste en “presentar a los trabajadores como integrantes de presuntas cooperativas de trabajo que contratan con los productores la recolección”, lo que les permite “eludir sus obligaciones respecto de los trabajadores”.

De acuerdo con el documento, esos productores “recurren al expediente de contratar familias y ubicarlas en fincas de su propiedad o alquiladas donde desempeñan su trabajo en condiciones más que precarias y sin la protección de las leyes”. De esa manera “se reclutan los niños, que colaboran con sus padres en el trabajo, sin percibir ninguna clase de remuneración”. “Los niños están sometidos a servidumbre a través del cabeza de familia varón y no se les otorga la consideración de trabajadores como tales.”

Esos trabajadores, según el reclamo, “no son provistos de lo básico y necesario para un ser humano, como la provisión de agua potable y baños. Deben concurrir a comprar bebidas o alimentos a lugares que son de propiedad de los productores y lo adquirido para su consumo es descontado cuando se les hace la liquidación semanal”. Para eliminar el trabajo infantil, La Alameda propone “otorgar a las familias un subsidio para que los niños vayan a la escuela en lugar de trabajar”.

“Si denuncian, los echan”

El trabajo infantil “ha sido siempre característico del sector agrícola tradicional”, reprocha en su documento la Fundación La Alameda a las entidades rurales. Las familias son contratadas justamente porque pueden trabajar como unidad productiva: se le otorga al jefe de familia un cuadro (o porción de terreno) y se le paga por producción. El trabajo, entonces, involucra a todo el grupo familiar, para aumentar el rendimiento. Por eso, cuanto más chicos tiene, mejor para el patrón.

La mayoría de los trabajadores que están bajo ese régimen son de nacionalidad boliviana, algunos indocumentados. Sus hijos, en su mayoría, son argentinos. Casi todos son trabajadores golondrina: cuando terminan con la producción de ajo van a la vendimia y luego a la cosecha de hortalizas. “A ninguno de ellos, grande o chico, se le ocurriría denunciar la situación de explotación, ya que automáticamente perdería el trabajo: nadie los contrataría”, revela Patricia Farina, psicopedagoga de la Escuela de El Carrizal.
Para el abogado Pablo Salinas –quien fue secretario de Derechos Humanos del gobierno mendocino– el hecho de que el juzgado federal de Mendoza haya decidido encuadrar la causa en el delito de trata de personas “nos porporciona una herramienta importante para luchar contra el trabajo infantil”, ya que las empresas no están ante una infracción laboral sino cometiendo un delito.
Por lo pronto, ya hay empresas que están implementando mecanismos para que los adultos puedan trabajar sin sus hijos. “Como una bodega, que desde hace tres años pone en funcionamiento un lugar recreativo para niños de 2 a 14 años de las familias trabajadoras. Según ellos, la productividad aumentó un 30 por ciento”, relata Alicia Montoya, de La Alameda, quien viajó a Mendoza para hacer un seguimiento del caso

DENUNCIA

Señor  Juez:
  Rodolfo N. Yanzón, en mi carácter de Presidente de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos; con domicilio legal en Juan D. Perón 853 bis, 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Alfredo Guevara por la Asociación por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos XUMEK, con domicilio legal en Rivadavia Nº 680 de Mendoza, constituyendo domicilio en Rivadavia 680 de la Ciudad de Mendoza, juntamente con los letrados patrocinantes Pablo Salinas y Rodolfo C. García; me presento ante VS y digo:    I. Objeto:
Por el presente vengo a ampliar la denuncia penal formulada por los delitos de reducción a servidumbre, trata de personas y violación a la ley nacional de migraciones, todos en concurso real (artículos 45; 55, 140, 145 bis y 145 ter del Código Penal, y 116, 117 y concordantes de la ley 25.781).
II. Hechos.
En el escrito de denuncia original se relató la actividad ilícita llevada a cabo por productores agrícolas mendocinos basa en la explotación laboral sistemática de los migrantes y del trabajo infantil, en la producción del ajo. En esa oportunidad, como producto de la labor llevada adelante por miembros de la organización La Alameda, se obtuvo material de video y fotografías en las que se puede observar el accionar desplegado por quienes resultan imputados y de los que son víctimas niños, mujeres y hombres. 
Con idéntico procedimiento se ha procedido a registrar que el mismo modus operandi se lleva a cabo en la producción de hortalizas: cebolla y calabaza en los establecimientos denunciados. Nuevamente aquí la producción se concentra en grandes galpones donde se procesa y empaqueta para su posterior comercialización y exportación lo cosechado en las fincas.
El material en videograbaciones que se acompaña al presente es suficientemente elocuente y prueba de lo expuesto más arriba.
No obstante, esta ampliación de denuncia no puede omitir mencionar hechos que comprometen la responsabilidad institucional de las autoridades nacionales y locales encargadas de ejercer el poder de policía en materia de trabajo y de migraciones.
En efecto, la denuncia original tuvo la suficiente repercusión pública como para esperar que el fenómeno denunciado hubiera mermado o al menos actuado con un poco más de pudor. Esto no ha ocurrido y todo continúa como antes lo que revela el grado de impunidad con el que pueden actuar los productores frente a la inocua actividad gubernamental.
Esto se advierte claramente de la mera lectura del “Informe Ejecutivo sobre la Erradicación del Trabajo Infantil” de marzo de 2009 elaborado por el gobierno de la Provincia de Mendoza que en este acto se acompaña. En dicho informe surge nítidamente que el gobierno ha constatado la explotación del trabajo infantil en numerosas ramas de la producción:
Trabajo en la agricultura: cosecha de uva, manzana, tomate, zanahorias, cebollas, ajo, galpones de empaque, etcétera.
Trabajo en los aserraderos, en hornos de ladrillos, metalúrgicas mecánicas, trabajo en la industria, en la construcción.
Trabajo en la vía pública: cuidacoches, limpiavidrios, recolección de cartones, mendicidad, basurales.
Con la excepción más que relativa del llamado “Trabajo en la vía pública”, el resto de los trabajos se realizan evidentemente en relación de dependencia y con un empleador que es responsable de la explotación de los niños.
Sin embargo de dicho informe no surge que en ningún momento, el gobierno haya dispuesto en el conjunto de las medidas y programas que adopta, la formulación de las correspondientes denuncias contra los patrones por los graves delitos contra la libertad de las personas y migratorios en perjuicio de los trabajadores que detecten las inspecciones y trabajos de inteligencia. Los tipos penales fueron acuñados con la finalidad de proteger los derechos de las personas y establecer un modo de convivencia civilizado que proscribiera las formas más brutales de explotación del ser humano. Es deber del estado hacer respetar y cumplir esas leyes para que ese orden social sea eficaz. No hacerlo valer cuando las víctimas son los trabajadores entraña en si mismo una grave discriminación contra esas personas por cuanto se vulnera así el principio de la igual protección de las leyes (arts. 7 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

    
  VII.
  Por lo expuesto, solicitamos:
 1) Tenga por formulada denuncia penal.
 2) Por constituido domicilio junto a los letrados patrocinantes.
 3) Nos tenga en calidad de querellante en el carácter consignado.
 4) Por acompañada la prueba.
 5)  Se corra vista al Sr. Fiscal según art. 180 del CPP.
 
PROVEER DE CONFORMIDAD
          SERÁ JUSTICIA

Carta a las entidades de la Mesa de Enlace 

Elevamos la presente nota a la Comisión de Enlace a los fines de poner en su conocimiento la gravísima situación en la que se encuentran los trabajadores agrícolas de la Provincia de Mendoza.

            Esta Fundación entiende que la entidad que reúne a los productores agropecuarios de la República Argentina, que dice representarlos y que peticiona a las autoridades en nombre de los intereses del sector, debe ser anoticiada formalmente acerca de la existencia de formas contemporáneas de esclavitud y de trata de personas que son practicadas por productores de la Provincia de Mendoza en perjuicio de los sectores más vulnerables. Esta Fundación ha puesto estas circunstancias en conocimiento de las autoridades nacionales y provinciales, tanto en sede administrativa como judicial,  de los sindicatos y de la opinión pública. Ha formulado también la correspondiente denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, esta tarea resultaría incompleta si no se dirigiera también a las entidades empresarias apelando a su sensibilidad y a  su responsabilidad social.

            Está documentado que en la Provincia de Mendoza los productores agropecuarios explotan en sus campos el trabajo de menores de dieciocho años en condiciones verdaderamente penosas y en abierta violación de las disposiciones la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 32).  de los Convenios de la OIT N° 138 (ratificado por la ley 24.650), N° 182  (ratificado por la ley 25.255) y N° 184 (ratificado por la ley 25.379) y de las leyes nacionales 26380 y 26.061. Como prueba de la veracidad de nuestras afirmaciones aportamos junto con la presente la copia de las videograbaciones y de las denuncias mencionadas más arriba.

                El “modus operandi” de las explotaciones agrícolas ubicadas en distintos departamentos mendocinos  para la producción y cosecha de los productos regionales (vid, ajo , calabaza) consiste en emplear trabajadores en infracción a las normas laborales relativas a su registración contempladas en la ley 25191 (Registro Nacional de Trabajadores Rurales) con la finalidad de incumplir las disposiciones previsionales y tributarias mediante mecanismos de fraude laboral. Este fraude  consiste habitualmente en presentar a los trabajadores como integrantes de  presuntas cooperativas de trabajo que contratan con los productores agropecuarios la recolección. Este mecanismo de seudo intermediación permite a los productores agropecuarios eludir sus obligaciones respecto de los trabajadores.

                             Los productores mencionados, para obtener un máximo de ganancia y de producción, recurren al expediente de “contratar familias” y ubicarlas en distintas fincas de su propiedad o alquiladas, donde desempeñan su trabajo en condiciones más que precarias y sin la protección de las leyes. Mediante esta contratación de las familias se reclutan los niños que colaboran con sus padres en el trabajo sin percibir, por supuesto ninguna clase de remuneración. Se trata de una forma de trabajo en servidumbre de carácter indirecto  que ha sido siempre característico del sector agrícola tradicional. Los  niños están sometidos a servidumbre a través del cabeza de familia varón y no se les otorga la consideración de trabajadores como tales. Resulta importante  remarcar que “el modo que se llevaba a cabo para la producción y recolección de los distintos productos de las fincas” no es una excepción sino una regla que se viene cumpliendo desde años y ocurre sin aparente interferencia de los funcionarios encargados de la policía del trabajo:

                                Las empresas productoras y sus contratistas, reclutan a los  trabajadores y a sus familias en la vía pública siendo esto algo “normal” instituido en la sociedad y que obviamente está avalado por los funcionarios públicos municipales y provinciales. Así, el reclutamiento se suele hacer en la  plaza pública de Rodeo del Medio y los camiones o camionetas cargan como si fuesen ganados a los niños, mujeres y hombres. Luego, los trabajadores son distribuidos a distintas fincas para la recolección de distintos productos.- 

                                 Las tareas comprenden tanto la recolección de los productos, como así también la  carga y descarga de camiones, selección embolsado y empaque de los productos.- Vemos así que a los productores, sólo les interesa que el grupo familiar  alcance un determinado nivel de producción que satisfaga sus expectativas.

                                   Para llegar a esa producción el trabajo se realiza en jornadas que van de las 5 hs. de la mañana hasta las 21 hs. Luego los trabajadores que son llevados nuevamente a la plaza pública, Estos trabajadores no son provistos de lo básico y necesario para un ser humano como la provisión de agua potable y baños. Deben concurrir a comprar bebidas o alimentos a lugares que son  propiedad de los productores y lo adquirido para su consumo es descontado cuando se les hace la liquidación semanal, lo que habitualmente se presta a todo tipo de manipulaciones.-

                                    El desempeño de las tareas se lleva a cabo sin respeto de las normas relativas a la higiene y seguridad en el trabajo. 

                        La gravedad de los hechos que se describen trascienden las cuestiones que hacen a la reglamentación legal del derecho trabajar y a ejercer industria lícita (art. 14 C.N.). En puridad estamos en presencia de formas contemporáneas de la esclavitud y de trata de personas tal como son definidas por el derecho internacional en tratados que han sido ratificados por la República Argentina y que, por ende, tienen una jerarquía superior al derecho interno (art. 75 inc. 22 C.N.).

            La “Convención Suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud” considera expresamente como institución o práctica análoga a la esclavitud “toda institución o práctica n virtud de la cual un niño o un joven menor de dieciocho años es entregado por sus padres o uno de ellos, o por su tutor, a otra persona, mediante remuneración o sin ella, con el propósito de que se explote la persona o el trabajo del niño o del jóven” (art. 1 inc. d). Asimismo, se considera trata de personas “las captación, el transporte, el traslado, la acoida o la recepción de un niño con fines de explotación” ( art. 3 inc. c del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional”, ratificado por ley 25.632). Estos hechos son reprimidos severamente por los arts. 140 y 145  ter del Código Penal.          

                           Si bien la responsabilidad de los funcionarios nacionales y provinciales que no ejercen el  poder de policía en materia de trabajo de es muy grande, esto no excusa, ni mucho menos a los productores que se valen de estos procedimientos en contra de la ley, la moral y las buenas costumbres, propias del estado actual de nuestra civilización. 

                En este sentido de nada vale invocar prácticas inveteradas de explotación de la mano de obra infantil puesto que la costumbre contra legem no es admisible como  fuente del derecho (art. 17 del Código Civil), máxime cuando la ley internacional con jerarquía constitucional califica a estas costumbres como un crimen y obliga a los Estados Partes a combatirlas y modificarlas (arts. 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). 

                      Por todo lo expuesto, solicitamos:

Que se excluya de la Mesa de Enlace a los productores agropecuarios de la Provincia de Mendoza denunciados por la reducción a servidumbre y trata de personas toda vez que sus intereses no son lícitos y cualquier reclamación que se haga en su nombre refuerza los mecanismos de explotación de la mano de obra infantil consolidados en esa Provincia.

Se incorpore a las conversaciones relativas a la planificación de la producción agropecuaria la eliminación de todas las formas contemporáneas de eslavitud y de trabajo forzoso.

Gustavo Vera de la Alameda y Juan Grabois del MTE