Comunicado de la Alameda y el MTE:
La Alameda y el MTE con el apoyo de la Pastoral de Migraciones del Arzobispado realizaron una investigación en uno de los centros de trata y prostitución más emblemáticos del país. Nuestros compañeros, cuya identidad se reserva, se infiltraron en “Las Casitas” de Rio Gallegos, provincia de Santa Cruz, y registraron imágenes escalofriantes: mujeres que admiten no tener libertad para salir, algunas que necesitan autorización de sus padres, policias consitiendo la actividad en lugar de clausurarla, proxenetas que se jactan de la trata, taxistas que cuentan escandalizados trifulcas y asesinatos y quien sería el mismísimo Jefe de la Policía de la Provincia departiendo amablemente con encargados de prostíbulos en lugar de impartir la ley y la defensa de los derechos humanos. El Obispo que valientemente denuncia las mafias, un ex fiscal que admite que no hay nadie preso y periodistas que cuentan detalles sobre la trata, la falsificación de documentos y la red que encubren a estas mafias. Todo esto fue volcado a una presentación penal que se realizará en el día de hoy ante la Procuración General de la Nación para que instruya una urgente investigación y ante el Ministerio de Justicia a fin de que garantice el rescate y la asistencia a las victimas de trata. A las 18.30 horas en la Plaza Roma, Leandro Alem y Tucumán, se concentraran ambas organizaciones con el apoyo de la Iglesia Católica, la Fundación Judaica, los evangelistas luteranos y otros credos y organizaciones sociales para marchar hacia los organismos públicos a los cuales se les presentará la denuncia. La presentación penal irá acompañada de un video que registra gran parte de lo que se denuncia en el Clarín de hoy. La Alameda y el MTE que ya estuvieron en la primera línea de fuego contra el trabajo esclavo en la industria textil, contra la exclusión en los barrios marginales, el trabajo infantil en el campo y las redes de trata y tráfico en diversas partes del país, una vez más ratifican su compromiso de luchar por una sociedad sin esclavos, ni excluídos y por denunciar a los explotadores y a los esclavistas vengan de donde vengan y sea de la provincia que sea.
Informes:
Gustavo Vera (la Alameda) 1561584835
Juan Grabois (MTE) 1563843877
Copias de la presentación penal y los videos, disponibles en la Alameda desde las siete de la mañana para todos los medios de comunicación.
PROSTITUCION EN LA ARGENTINA
La Iglesia denuncia la trata de mujeres en Río Gallegos
El obispo de la ciudad dijo que “hay mucha mafia”
Por: Sibila Camps
El obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín, denunció el tráfico y la trata de mujeres en Santa Cruz, sobre todo en esa ciudad. Precisamente la Pastoral de Migraciones, que integra monseñor Romanín, apoyó una investigación realizada por La Alameda, una fundación que combate la trata de mujeres. Ese trabajo relizado en los cabarets-burdeles de las dos manzanas conocidas como Las Casitas —casas de tolerancia, eufemismo por prostíbulo— revelan que las chicas, varias de ellas adolescentes, se encuentran privadas de su libertad.
Hoy, Gustavo Vera, de La Alameda, acompañado por representantes de varios credos, presentará la denuncia ante el procurador general de la Nación, y pedirá asistencia para las víctimas al ministro de Justicia. Clarín tuvo acceso a la denuncia y al video adjunto.
“Estamos hablando de abuso sexual, abuso laboral, tráfico de personas, drogadicción y alcohol”, señaló Romanín. En diálogo con Clarín dio precisiones: “Las Casitas es la pantalla visible, pero Río Gallegos también tiene otros lugares —whiskerías—, donde el modus operandi es el mismo. El marco de la prostitución ilegal es enorme: ésta es una zona de mucha soledad, de trabajos petroleros y en el campo. Pasa lo mismo en Ushuaia, en El Calafate, Las Heras, Pico Truncado, Perito Moreno, y en las ciudades de la costa”.
La cooperativa y fundación La Alameda viene combatiendo desde hace tiempo el trabajo esclavo y la explotación sexual. En febrero pasado, tres voluntarios estuvieron en Las Casitas y, por primera vez, documentaron con cámara oculta las denuncias de la Iglesia.
Se trata de 35 locales no habilitados (figuran como domicilios particulares), que tienen alternadoras. Se acepta tarjeta de crédito para pagar los 50 pesos de una lata de cerveza, y de 70 a 80 más si se invita a la chica, con derecho al manoseo, contó Miguel (un nombre ficticio), quien participó en la investigación.
El “pase” por servicios sexuales cuesta 150 pesos los 15 minutos, 300 pesos por media hora, y de 500 a 600 la hora. Pero las chicas no ven un centavo, ya que ni siquiera pueden ir a comprar cigarrillos. “Mientras no reciba orden de mi papá, no puedo salir”, confiesa una menor captada en Formosa.
Están disponibles de 23 a 5 de martes a jueves, y hasta las 8 de viernes a domingo. “Aquí viene la Policía a las 8 a cerrar”, cuenta una chica. En efecto, a esa hora los jóvenes de La Alameda vieron llegar los patrulleros. Y en “Venus”, quien entró y se acercó a la madama Blanca Moyano fue un hombre que, según los denunciantes, sería el jefe de Policía de Santa Cruz.
Pese a que la ley 12.331 prohíbe los prostíbulos y castiga a proxenetas y madamas, no se trata de nada oculto: los horarios de cierre constan en un acuerdo firmado en 2007 entre los dueños de los burdeles y la comuna. Además, las chicas deben mantener una libreta sanitaria al día, con análisis y controles ginecológicos periódicos en el moderno hospital local.
En setiembre pasado, la Municipalidad intentó encuadrarlos como cabarets clase C, pero los dueños se negaron con gran escándalo: “Quieren cobrar impuestos para algo que no está permitido, como la prostitución”, dijo Mario Guerrero, propietario de un burdel.
La mayoría confiesa haber sido engañadas con falsas promesas laborales. “Son fumadoras compulsivas y a las 6 de la mañana están todas borrachas. ‘Si el cliente quiere tomar (cocaína), yo tengo que tomar’, me dijo una chica. En muchas se notan los moretones en piernas, pechos y brazos —señaló Julián—. En esos días las vimos con la misma ropa, sucia, y el pelo con olor a grasa. Limpian y viven allí: son esclavas”.
“Aquí se maneja mucho dinero, hay mucha mafia —afirmó el obispo—. El tráfico de personas es un delito aberrante. Hay que salvar la dignidad de estas personas, sobre todo las víctimas. Es un grito muy grande, pero también silenciado”.
Hoy, Gustavo Vera, de La Alameda, acompañado por representantes de varios credos, presentará la denuncia ante el procurador general de la Nación, y pedirá asistencia para las víctimas al ministro de Justicia. Clarín tuvo acceso a la denuncia y al video adjunto.
“Estamos hablando de abuso sexual, abuso laboral, tráfico de personas, drogadicción y alcohol”, señaló Romanín. En diálogo con Clarín dio precisiones: “Las Casitas es la pantalla visible, pero Río Gallegos también tiene otros lugares —whiskerías—, donde el modus operandi es el mismo. El marco de la prostitución ilegal es enorme: ésta es una zona de mucha soledad, de trabajos petroleros y en el campo. Pasa lo mismo en Ushuaia, en El Calafate, Las Heras, Pico Truncado, Perito Moreno, y en las ciudades de la costa”.
La cooperativa y fundación La Alameda viene combatiendo desde hace tiempo el trabajo esclavo y la explotación sexual. En febrero pasado, tres voluntarios estuvieron en Las Casitas y, por primera vez, documentaron con cámara oculta las denuncias de la Iglesia.
Se trata de 35 locales no habilitados (figuran como domicilios particulares), que tienen alternadoras. Se acepta tarjeta de crédito para pagar los 50 pesos de una lata de cerveza, y de 70 a 80 más si se invita a la chica, con derecho al manoseo, contó Miguel (un nombre ficticio), quien participó en la investigación.
El “pase” por servicios sexuales cuesta 150 pesos los 15 minutos, 300 pesos por media hora, y de 500 a 600 la hora. Pero las chicas no ven un centavo, ya que ni siquiera pueden ir a comprar cigarrillos. “Mientras no reciba orden de mi papá, no puedo salir”, confiesa una menor captada en Formosa.
Están disponibles de 23 a 5 de martes a jueves, y hasta las 8 de viernes a domingo. “Aquí viene la Policía a las 8 a cerrar”, cuenta una chica. En efecto, a esa hora los jóvenes de La Alameda vieron llegar los patrulleros. Y en “Venus”, quien entró y se acercó a la madama Blanca Moyano fue un hombre que, según los denunciantes, sería el jefe de Policía de Santa Cruz.
Pese a que la ley 12.331 prohíbe los prostíbulos y castiga a proxenetas y madamas, no se trata de nada oculto: los horarios de cierre constan en un acuerdo firmado en 2007 entre los dueños de los burdeles y la comuna. Además, las chicas deben mantener una libreta sanitaria al día, con análisis y controles ginecológicos periódicos en el moderno hospital local.
En setiembre pasado, la Municipalidad intentó encuadrarlos como cabarets clase C, pero los dueños se negaron con gran escándalo: “Quieren cobrar impuestos para algo que no está permitido, como la prostitución”, dijo Mario Guerrero, propietario de un burdel.
La mayoría confiesa haber sido engañadas con falsas promesas laborales. “Son fumadoras compulsivas y a las 6 de la mañana están todas borrachas. ‘Si el cliente quiere tomar (cocaína), yo tengo que tomar’, me dijo una chica. En muchas se notan los moretones en piernas, pechos y brazos —señaló Julián—. En esos días las vimos con la misma ropa, sucia, y el pelo con olor a grasa. Limpian y viven allí: son esclavas”.
“Aquí se maneja mucho dinero, hay mucha mafia —afirmó el obispo—. El tráfico de personas es un delito aberrante. Hay que salvar la dignidad de estas personas, sobre todo las víctimas. Es un grito muy grande, pero también silenciado”.
El video de la denuncia en www.clarin.com
Muchas chicas son menores
Varias de las chicas retenidas en los burdeles son menores de edad. En “Venus” se vio a quien sería el jefe de Policía de Santa Cruz, Alejandro Martín. Se acercó a Blanca Moyano, la madama, quien anunció que abrirá un nuevo burdel “con nuevas minas hermosas”, y que tiene “15 más para traer. Acá, la gente va rotando”, dijo.
35
Son los burdeles de la zona de “Las Casitas”.
5 Es el número mínimo de chicas en cada local.
OPINION
La pelea contra las lacras sociales
Por: Sergio Rubín
Algo no anda bien en el Estado en sus diversos niveles cuando la Iglesia debe salir a cada rato a denunciar directa o indirectamente delitos varios. En los últimos días fueron los “curas villeros” de la Capital Federal quienes advirtieron sobre la proliferación del paco en los asentamientos ante -dijeron- una casi total inacción de los organismos competentes (más bien, incompetentes). Cientos de sacerdotes porteños salieron ayer no solo a respaldar a sus colegas de las villas, sino que señalaron en un comunicado que la droga está instalada en toda la ciudad. “Lo único que cambia es el precio y la calidad”, dijo hace pocos días un dirigente católico local.
Ahora, se conoció el apoyo del obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín, y de miembros del área de migraciones de la Iglesia, a una investigación de una fundación en Santa Cruz sobre la proliferación de la prostitución y la esclavización de mujeres, entre ellas menores, con la presunta connivencia de sectores policiales. El Gobierno parece estar más preocupado por ver detrás de estas denuncias una supuesta ofensiva eclesiástica para perjudicar sus chances electorales, que por la desidia que se le achaca al Estado. El combate contra las lacras sociales debería estar por encima de la visión conspirativa a la que es tan afecto el kirchnerismo.
ANTECEDENTES
Marita Verón, un caso testigo que llegó a la TV
El 3 de abril de 2002 desapareció María de los Ángeles “Marita” Verón, quien vivía en Tucumán. La lucha de su madre, Susana Trimarco, por dar con el paradero de su hija, entonces de 23 años, desnudó una realidad a la cual, como dice el obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín, “la gente está acostumbrada, pero para nosotros, como Iglesia, nos cuestiona muchísimo, porque esa explotación atenta contra los derechos humanos”.
En busca de Marita, Trimarco participó en la liberación de casi 200 jóvenes y adolescentes, secuestradas por las redes de explotación sexual en todas las provincias. Gracias a la difusión de la problemática de la trata de mujeres y niñas se hicieron visibles las desapariciones de Fernanda Aguirre y Florencia Penacchi, cuyo destino aún se desconoce, como el de muchas otras jóvenes.
El año pasado, la telenovela Vidas robadas, inspirada en la historia de Marita, sirvió para que buena parte de la sociedad argentina tomara conciencia de la gravedad de este delito. Hace hoy un año, el Congreso sancionó la ley que penaliza el tráfico y trata de personas. Significó un avance en tanto lo considera delito federal; pero también un retroceso, porque establece que las chicas mayores de 18 años deben probar que están contra su voluntad, una voluntad doblegada a golpes y violaciones.
Varias provincias crearon una División Trata en su Policía. Así se liberó a jóvenes y adolescentes captadas sobre todo en Misiones, Corrientes, Tucumán, Salta, Santa Fe, Formosa, Santiago del Estero. También fueron rescatadas chicas traficadas desde Paraguay, Bolivia y República Dominicana.
Una de las ciudades donde más víctimas de trata se encontraron fue Río Gallegos, un agujero negro donde siguen desapareciendo chicas, incluso menores de edad. Se las encuentra en “Las Casitas” porque sus madres consiguen hacer la denuncia en la Justicia —las comisarías suelen tomarlo como fuga de hogar y no las buscan—, y no porque la Policía santacruceña busque detectar delitos. Las últimas liberadas, hace nueve días, fueron seis chicas, dos de ellas menores, gracias a la jueza federal subrogante Ana Cecilia Alvarez.