En el día de ayer 6 de julio de 2022 y mientras La Alameda y la Multisectorial 21F de Jujuy junto a diversas organizaciones que conforman un bloque de frente único de organizaciones sociales nos movilizábamos exigiendo el desprocesamiento de las jóvenes militantes Ana Julia y Marisol a un año del armado de una causa totalmente falsa en su contra, nos llegaban las noticias de múltiples allanamientos en domicilios de referentes de FOL, del Movimiento Evita, Nuestramerica, Tupac Amaru, CTEP y Frente Darío Santillán como así también en comedores comunitarios.
Este nuevo movimiento de la Justicia jujeña se realiza por un pedido de oficio del fiscal, es decir sin que medie una denuncia concreta. De hecho, el fiscal Funes dice en su dictamen que un grupo “de personas a establecer, bajo un esquema de organización delictiva (asociación ilícita), con una división de roles dentro la misma banda y dividiéndose las tareas relacionadas con la empresa delictiva, amedrentaban a personas de escasos recursos que cobran planes asistenciales y los amenazaban con quitarles sus beneficios sociales si no concurrían a las marchas y abonaban a la organización una suma de dinero de manera periódica (…) un grupo se encargaba de ofrecer los planes Potenciar Trabajo, Contingencia, etc, otros se encargaban de controlar la asistencia y marchas y protestas organizadas por diferentes organizaciones sociales, otros de cobrar el dinero y recaudar mensualmente la renta (…) otros ejercían directamente intimidaciones”. Luego, también por iniciativa propia, le agrega el cargo de “extorsión”.
Los antecedentes de armados de causas que vienen denunciando y sufriendo sistemáticamente las organizaciones en esa provincia norteña y los endebles argumentos esgrimidos por el fiscal hacen inferir que con esta persecución y amedrentamiento sólo se busca seguir golpeando a las organizaciones populares. Asimismo, denuncian las organizaciones jujeñas, que estos allanamientos se realizaron en muchos de los casos de forma violenta, impidiendo la asistencia de los abogados defensores.
Así como viene instalándose como “costumbre”, tanto en Jujuy como a lo largo y ancho del país, la instrumentalización de la justicia para atacar a los trabajadores y sus organizaciones se da a través del armado de causas por asociación ilícita y extorsión, con lo cual apuestan al encarcelamiento de los referentes, a forzar su prisión preventiva y a intentar desarticular la lucha de nuestro pueblo en momentos de tremenda angustia y carestía de la vida. Es de una gravedad institucional y social que no se puede dejar pasar.
Esta misma semana en Provincia y de Buenos Aires y CABA también hubieron procedimientos judiciales y allanamientos en locales y comedores de la CCC, supuestamente derivados de causas que fueron iniciadas durante el gobierno de Mauricio Macri.
Desde nuestra organización que tiene un fuerte compromiso con el respeto de los derechos humanos en su integralidad, con la construcción de una sociedad pacífica y democrática, que trabaja para construir un país con justicia social, sin esclavos ni excluidos, repudiamos enérgicamente cualquier utilización del aparato judicial para perseguir a las organizaciones del pueblo y hacemos un llamado a todas las organizaciones libres del pueblo de nuestro país para exigir el más estricto respeto a la verdad y la justicia y el fin de este “lawfare” contra los pobres.
Las organizaciones sociales junto a buena parte de las organizaciones sindicales y los militantes populares somos parte de lo mejor que tiene nuestro pueblo. En la pandemia quedó más demostrado que nunca. Sin embargo asistimos a una ola creciente de acusaciones indiscriminadas, armado de causas, allanamiento a comedores, encarcelamiento de delegados, etc.
En Jujuy seguiremos organizándonos y movilizando pidiendo la absolución de Ana Julia y Marisol, el cese de la persecución a los dirigentes sociales y una mesa de diálogo para poder tratar no sólo la provisión de alimentos básicos allí donde se necesitan sino fundamentalmente una agenda alrededor de la necesidad de Tierra, Techo, Trabajo.
Nuestra solidaridad con aquellos compañeros, compañeras y organizaciones que injustamente estén siendo perseguidos y atacados. Nuestro llamado a construir una sociedad pacífica, democrática, con justicia social y sin presos ni perseguidos políticos.
La “culpa” no está abajo.