El pasado 16 de septiembre, en el inicio de las audiencias orales, Gustavo Vera y Gabriela Burgos, una de las referentes de Alameda Jujuy, brindaron su testimonio. En el 2023 con la firma de Vera, entonces director del Comité de Lucha Contra la Trata, se formalizó la denuncia recibida de forma anónima y luego Burgos, quien era delegada de ese organismo, participó del allanamiento y posteriormente articuló la asistencia para los trabajadores.
El principal acusado es Guillermo Adolfo Ros, contador, empresario azucarero, dueño de las empresas Ital Norte y Finca Murcia SRL – donde se produjeron los hechos que ahora se juzgan – y de mucha influencia en el norte de nuestro país. La justicia formalmente le imputa ser autor del delito de “trata de personas con fines de explotación, bajo el supuesto de reducción a la servidumbre, agravado por abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por haberse consumado su explotación”, los hechos se extendieron por un período de casi 30 años.
La investigación se inició el 11 de agosto del 2023 a partir de una denuncia anónima recibida en la línea de WhatsApp que en su momento desde el Comité pusimos a disposición ( y que luego fuera incorporado al Protocolo de actuación), con esa información inicial se formalizó la denuncia ante la Protex -Procuraduría de Trata y Explotación de Personas- para, luego de una investigación preliminar, remitirla a la fiscalía correspondiente. El 20 de diciembre de ese mismo año se produjo el allanamiento, para el cual fue convocado el entonces Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Durante el operativo se pudo comprobar el cumplimiento de todos los parámetros que indican explotación y que se ordenan a partir de la extensión de la jornada, salario percibido y condiciones de contexto.
Dos trabajadores, J.C.V. y F.A.A. durante 25 y 31 años fueron obligados a trabajar en condiciones indignas, desde el inicio del vínculo debieron trasladarse a la finca ya que esto fue una condición para poder ser “empleados”, en el lugar les otorgaron una suerte de casilla, donde debieron vivir de forma hacinada, sin contar con agua potable, electricidad, gas y sanitarios acordes.
Los testimonios dan cuenta de que debían cumplir funciones durante doce horas diarias, de lunes a lunes, sin vacaciones, ni feriados. Además de no contar con elementos de seguridad, ni indumentaria adecuada para las actividades que debían realizar.
La jueza de Cámara, última revisión previo al inicio de la etapa oral, indicó que la retribución era exigua, alcanzando para julio del 2023 entre $ 79.000 y $100.00 mensuales, montos inferiores al salario de convenio e incluso al salario mínimo vital y móvil de entonces. Estos montos sin contar las sanciones y suspensiones que muchas veces significaban fuertes e ilegales descuentos. Es decir, que durante casi 30 años ambos trabajadores y sus familias, fueron reducidos a la servidumbre, en situación de pobreza pese a trabajar casi todos los días sin descanso.
La Hermana Gabriela Burgos luego de participar del allanamiento, y de acuerdo al protocolo vigente, elevó un informe a la justicia federal en el cual detalló sobradamente las condiciones de explotación y extrema vulnerabilidad a la que los trabajadores y sus familias eran diariamente expuestos. Pero su intervención no se limitó a una mera descripción, solicito y articuló con organismos de asistencia para que recibiesen una batería de programas económicos, como psicológicos, médicos y jurídicos. Herramientas que en ese momento aún estaban vigentes en nuestro país.
Posteriormente, continuó acompañando y asesorando a los trabajadores quienes, pese a ser víctimas de trata y explotación, siguieron siendo asediados por el empresario, al punto de desalojarlos y derribar la única vivienda con la que contaban con un tractor de la propia empresa.
Con respecto al juicio oral, la jueza de la Sala II de la Cámara Federal salteña destacó que el cálculo de reparación económica elaborado por los acusadores ascendía a $34.892.716,32 para F.A.A. y $64.388.855,69 para J.C.V., tomando en cuenta el salario de convenio por una jornada legal, las horas extras, el sueldo anual complementario y las vacaciones no gozadas, menos lo percibido durante el período de explotación. Por su parte, la fiscalía solicitó una pena de diez años de prisión efectiva más inhabilitación absoluta.
Cabe destacar que el cuerpo de abogados que trabaja para defender al empresario, son oriundos de Tucumán: Martín Ugrotte y Carlos Garmendía, este último integrante de la Fundación María de los Ángeles, intentaron demorar y frenar el proceso a través de diversos recursos judiciales, si bien todos ellos fueron desestimados.
Desde la Fundación Alameda colaboramos a cada requerimiento solicitado por la justicia y estamos expectantes por la resolución final del proceso, tanto en lo que respecta a la condena del empresario como a la reparación económica para los sobrevivientes.