Escrachamos a la Inspección General de Justicia clandestina

Denunciamos que existe una Inspección General de Justicia (IGJ) paralela. Que no otorga la personería a organizaciones anti mafia y sí autoriza sociedades off shore radicadas en paraísos fiscales.

Este artículo fue publicado en el portal Noticias Urbanas

Organizaciones antitrata llevan años para conseguir la personería para su fundación o asociación civil en la Inspección General de Justicia (IGJ) mientras que las empresas radicadas en paraísos fiscales o asociaciones de barra bravas son avaladas por la IGJ en cuestión de días. Esta irregular situación fue denunciada en un escrache a la sede central de la IGJ que realizó la Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

“Es lógico los pasos administrativos en el ámbito de la IGJ pero en la mayoría de los casos y pese a las demoras propias de la burocracia estatal, cada expediente tramita por los carriles reglamentarios. Sin embargo, algunas carpetas se salen del carril y van a parar a un reducto mafioso y clandestino que funciona dentro de esa institución nacional. Esta verdadera escribanía del crimen organizado tiene dos funciones: autorizar sociedades fantasmas para el lavado de dinero y paralizar la inscripción de Fundaciones que luchan precisamente contra las organizaciones mafiosas”, expresaron en conjunto las organizaciones que marcharon este viernes, a partir de las 13, hasta Paseo Colón 285 donde finalmente fueron recibidos por el segundo de la IGJ, Pablo Larañaga, director de sociedades comerciales.

Larañaga explicó que no existía ningún impedimento legal y que en 48 horas sería aprobada la personería de la Fundación Alameda que unifica a las organizaciones de costureros y cartoneros que vienen desde el 2007 investigando y denunciando a redes de trata laboral, sexual y trabajo infantil como empresas de ropa y agrarias en todo el país.

Respecto a la IGJ paralela que denuncian las organizaciones sociales, el funcionario respondió que no tiene constancia. Entonces el abogado y fundador del MTE, Juan Grabois, le retrucó con una pregunta. “¿Hace cuánto es director de sociedades comerciales y cuántos reportes de operaciones sospechosas presentó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UFI)?. A lo que Larañaga respondió “desde hace un año y diez meses y jamás se denunció un ROS”.

Grabois añadió a Noticias Urbanas que “en la IGJ no se realiza ningún control fáctico sobre las actividades de las empresas off shore que se radican en la argentina, aunque sean de paraísos fiscales; solo controlan los papelerios que puede realizar cualquier contador. Es decir, les llega una solicitud, un estatuto con una firma, un domicilio y un balance certificado en el país de origen; y los funcionarios le dan autorización para funcionar en argentina sin chequear que sean sociedades verdaderas. De hecho jamás rechazaron una sociedad por actividad inexistente”.

Los trabajadores de la IJG reconocieron ante este medio que “cuando un expediente les interesa se lo llevan para arriba con Marcelo Mamertti, el titular de la IGJ” y recordaron el caso de la agrupación de barra bravas que quería legalizarse. “A los días la asociación de los barras fue aprobada” y agregaron que en la IGJ están “refugiado parte del ejército derrotado de Aníbal Fernández. En todos los departamentos tenes dos tipos que no laburan y vienen a espiar. Son todos abogaditos jóvenes”, aseguraron los trabajadores que se acercaron al escrache.
Sara Torres, presidenta de la Coalición Internacional contra la Trata de Personas, también estuvo en la marcha por el desmantelamiento de la IGJ paralela. “Desde el 2004 que estamos esperando la autorización de la personería por la IGJ”. Torres es una reconocida militante feminista y antitrata que el año pasado fue tildada por el jefe de gabinete nacional, en el Congreso Nacional, de “integrar una campaña antiargentina” producto de sus reuniones con la relatora de Naciones Unidas sobre trata de personas.

“El objetivo práctico detrás del eterno bicicleteo en el otorgamiento de la matrícula de la Fundación la Alameda es impedir que nuestra organización se constituya en querellante en las más de 140 causas penales que hemos iniciado contra esclavistas, tratantes, proxenetas y funcionarios corruptos. Que no podamos seguir las causas desde adentro y pedir todas las medidas correspondientes y así poder preparar sobreseimientos escandalosos sin levantar polvareda y a espaldas de la sociedad. Lo mismo ocurre con otras ONGs también postergadas en su matriculación, pese a haber cumplido todos los requisitos legales”, cerró el comunicado de las organizaciones.

FOTOS: Por Abi Ribot