Federico Bonomi, dueño de la marca Kosiuko, solicitó hace unos meses a la Alameda tener una reunión. La intención de Bonomi es salvar su imagen con respecto al uso de trabajo esclavo, que habíamos denunciado tiempo atrás. El riesgo de asumir un compromiso con Kosiuko, no atemorizó a la Utc-Alameda, pese a visualizar las intenciones de fondo del empresario textil. Por ello para apartar toda sospecha de claudicación nuestra organización que defiende a los costureros puso dos condiciones. No recibirían pago o subsidio alguno para la auditoría, o sea todo sería voluntario. Segundo la presencia de veedores. Lo que nunca pensó Bonomi, padre de familia y asiduo asistente a misa dominical, es que La Alameda tendría como imparciales veedores, al titular del Departamento de Migraciones del Arzobispado, Mario Videla, y por la Fundación Judaica al rabino Damián Karo.
Luego de fuertes discusiones le dijeron a Bonomi que tenía que ir al Centro Textil del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y lograr el certificado ‘libre de trabajo esclavo’. En el transcurso de las cinco reuniones entre Kosiuko y La Alameda se fueron acordando los pasos a seguir para realizar la auditoria a la marca. Se había acordado que todo taller que se encuentre con irregularidad, rápidamente se debería revertir la situación y realizar la denuncia correspondiente.
Todo esto avanzo hasta principios de enero, que es cuando a la sede de La Alameda, llegó una pareja de costurero, Concepción Pilar Pajarito y Oscar Mamani Mamani vinieron a denunciar cómo habían vivido y trabajado en condiciones inhumanas dentro de un taller que abastecía a Kosiuko. El taller «14», según la numeración interna de Kosiuko, ubicado en la calle Crisóstomo Álvarez 391, barrio de Flores, estaba a cargo de Walter Moya. Este hombre, de nacionalidad boliviana, es quien los sometió a largas jornadas de trabajo «empezábamos desde las 6 de la mañana a las diez de la noche. Cobrábamos 600 pesos al mes. En la semana no podíamos salir y sí después de los sábados al mediodía y domingos. Al principio dormimos en el depósito de las prendas y después nos construimos nuestros cuartos de dos por dos», figura en la declaración de los costureros ante la Defensoría del Pueblo.
Como se venia acordando en las reuniones, esta situación debía revertirse rápidamente, lo cual no sucedió, según ratificaron el cura y el rabino en su declaración en la defensoria del pueblo. Kosiuko quiso pagarles $10.000 a los costureros, cuando la suma era mucho más, además Kosiuko levantó el taller “14” para no dejar rastros y no hicieron ninguna denuncia. Obviamente la mesa de diálogo entre la empresa y nuestra organización con sus veedores no continuó. Ahora seguirá por las malas, y ello significa la vía judicial y el escrache público.
El lunes 2 de marzo se hizo un importantísimo escrache al local de Kosiuko ubicado en Santa Fe y Callao. La actividad salió en la mayoría de los diarios y los noticieros, y logró poner ante los ojos de toda la población, todo lo que se esconde detrás del glamour de estas marcas esclavistas. Las imputaciones de nuestros abogados contra la firma Kowsef S.A.(que maneja la marca Kosiuko) es por reducción a la servidumbre, trata de personas, violación a la ley de trabajo a domicilio, trabajo infantil y a la ley nacional de migraciones. En semejantes términos también hizo la denuncia la Defensoria del Pueblo.
A raíz de esta denuncia en los medios y la justicia por la Alameda, el jueves 5 de marzo el juez federal (Julian Ercolini) allanó la sede central de la marca de ropa Kosiuko, además de su sede comercial y un taller textil clandestino.
Pero no nos quedamos en el escrache. Por eso la UTC-Alameda sigue aportando más pruebas y testimonios a la causa contra Kosiuko. Propusimos que declaré el ex subsecretario de Trabajo porteño, que en el 2006 fue echado por denunciar trabajo esclavo. Además exigimos al juez Ecolini que no cometa el mismo error que el primer juez en la causa, Norberto Oyarbide. Cuando Kosiuko entregó los falsos domicilios de los talleres la fiscalía imputó por delito de encubrimiento al presidente de Kowsef S.A, Aníbal Marcelo Terra. Pero el juez Oyarbide a los pocos días le dio sobresimiento, esto quiere decir que no es culpable hasta tanto no haya más pruebas. Esperemos que el nuevo juez Ercolini sepa impartir la justicia que necesitan las víctimas de trabajo esclavo y por fin empezar a juzgar a los máximos culpables de la esclavitud en pleno siglo XXI.
Sumamos el artículo publicado en el diario crítica al otro día del escrache.
Sociedad / Edición Impresa
la defensoría del pueblo denunció a KOSIUKO
Esclavos con marca
Los testimonios de una pareja de bolivianos que trabajaban desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche por 700 pesos al mes impulsaron la causa que tramita en el Juzgado 10. Las explicaciones de la empresa.
Mauro Federico
03.03.2009
Escrache. La Fundación La Alameda y algunos ex trabajadores manifestaron en un local ubicado en la avenida Santa Fe.
“Trabajábamos de siete de la mañana a diez de la noche y nos pagaban 700 pesos por mes. Dormíamos en un depósito de dos por dos con otras dos mujeres en camas marineras. La patrona nos trataba mal, no nos dejaba ir al baño y en una oportunidad me tuve que hacer encima (…) Nos daban de comer ahí mismo en el taller, desayunábamos un té con un pedazo de pan, almorzábamos un guiso de arroz o fideos con agua de la canilla. No nos dejaban salir porque decían que nos podía ver la gente.”, contó Concepción, ciudadana boliviana empleada de un taller textil ubicado en la calle Crisóstomo Álvarez 3914 de la ciudad de Buenos Aires, donde se confeccionaban prendas para la marca Kosiuko y cumplian labores otros tres hombres y cuatro mujeres en condiciones de esclavitud. Su testimonio forma parte de la denuncia penal presentada por la Defensoría del Pueblo porteña y la fundación La Alameda contra la firma Kosiuko por violación a la Ley de Migraciones, a la Ley de Trabajo a Domicilio y tráfico de personas.
En el escrito –que tramita en el Juzgado 10 a cargo del doctor Julián Ercolini– se incluye el testimonio del cura Mario Videla, miembro de la Comisión Pastoral de Migraciones del Episcopado, y del rabino Damián Karo, de la Fundación Judaica, quienes participaron del frustrado intento de monitoreo que esta empresa intentó promover para descartar cualquier posibilidad de trabajo en condiciones de servidumbre, con la auditoría de organizaciones sociales.
Para el juez Ercolini el tema no es novedoso: desde septiembre de 2006 investiga a esta firma a raíz de una denuncia realizada por el gobierno de la ciudad por la presunta infracción de “obstrucción de inspección”. “Cosíamos para la firma Kosiuko por las etiquetas que nos hacían pegar y porque la persona que retiraba las prendas –Andrea Miyawawa– dijo que trabajaba para esa firma”, aseguró la denunciante que desarrollaba tareas en un taller perteneciente a la firma Kowseff S.A.
Según la Defensoría, allí “no se cumplen con las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, ni con las obligaciones de registración de los operarios, de las mercaderías y del pago de los salarios establecidos por convenio”.
En la denuncia se sostiene que “tanto el tallerista como el fabricante promovieron el ingreso ilegal de personas al país con el fin de beneficiarse con la explotación de su trabajo y facilitaron su permanencia ilegal mediante su ocultación con el mismo propósito en sus establecimientos”.
Y agrega: “Esta conducta habría tenido por víctimas a personas menores de dieciocho años, quienes habrían sido obligadas a someterse a un sistema de intimidación, encierro y clandestinidad en perjuicio de su salud física y mental, de su educación y socialización”.
Qué dice la empresa
En un comunicado enviado a esta redacción, Kowzef S.A. negó terminantemente “cualquier participación en la contratación de trabajo esclavo”. La firma aseguró “no tener relación alguna con el taller que contrató a los trabajadores bolivianos que denuncian haber sido empleados en condiciones de servidumbre”. En tal sentido, la firma recordó que “fuimos los que propusimos la creación de la Mesa de Trabajo con dirigentes y representantes legales de La Alameda, con el objetivo de promover el saneamiento de la cadena productiva textil”. La empresa admite que “rompió recientemente su relación comercial con la Sra. Andrea Miyagawa S.A., apenas tuvo conocimiento de que parte de su producción estaba siendo tercerizada”.
hola,qiusiera ver el catalogo y los percios al x mayor