Las víctimas de Trata cuentan con una ley en la Ciudad de Buenos Aires

Tras la tragedia del taller textil de la calle Luis Viale en el año 2006, La Alameda impulsó un proyecto de ley de asistencia a las víctimas traficadas para la explotación laboral que casi siempre son sometidas a la servidumbre y hasta con sus hijos. Hace una semana la Legislatura porteña por unanimidad convirtió el proyecto presentado por la legisladora Verónica Gómez en ley. Ahora queda pendiente su aplicación y además que se convierta en ley el proyecto que cede a cooperativas costureras las máquinas secuestradas de los talleres clandestinos clausurados.   

El poder político porteño reaccionó tarde y perezoso para sancionar una ley que asista de manera integral a las personas y familias traficadas con fines de explotación laboral, que tanto beneficia a la poderosa industria de la indumentaria.

Sucede que tras el fallecimiento de seis personas, entre ellas cuatro menores de edad, en el incendio del taller textil clandestino de la calle Luis Viale 1269 en el respetable barrio de Caballito, La Alameda impulsó un proyecto de ley de asistencia integral a los trabajadores traficados a nuestro país.

Este proyecto fue presentado por la legisladora del Partido Socialista, Verónica Gómez, y sus autores fueron primordialmente funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Defensoría del Pueblo porteña se basaron en los lineamientos de convenios internacionales como el Protocolo de Palermo y la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

El proyecto tuvo pronto despacho en la Comisión de Derechos Humanos, y durmió una siesta muy larga en la Comisión Presupuesto que finalmente decidió un dictamen favorable. Pese a haber sido aprobada en dos comisiones y contar con el visto bueno del bloque Socialista, la Coalición Cívica y algún kirchnerista como Sebastián Gramajo, muchos legisladores no les interesaba el tema y hasta llegaron a mufarse de la cuestión, por lo que a lo largo del año 2007 nunca llegó a reunirse las voluntades necesarias para que el tema sea discutido por el pleno de los parlamentarios de la Ciudad de Buenos Aires. Con la renovación legislativa el proyecto a favor de las víctimas de Trata cayó y volvió a presentarse este año.

Pero la actitud de la mayoría de los legisladores dio un vuelco. Para que se produjera el compromiso fue necesario que los medios masivos instalarán el tema de la trata mediante la novela “Vidas Robadas” o un informe de La Liga; que el Congreso Nacional sancione una ley que castiga la captación y el traslado de personas con fines de explotación, sea para prostitución o trabajo forzado, y la Iglesia Católica que hace meses viene dando homilías sobre el punto, recuerden el martes 1º de Julio en la Iglesia de los Migrantes; todo ello sumando a la campaña de La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que instaló en la agenda pública la zona protegida de la Policía Federal Argentina (PFA) para la prostitución y tráfico de drogas.

Entonces cuando Verónica Gómez relanzó el proyecto con respecto a la Trata súbitamente se “despertó” el interés de los mismos que antes ni se molestaban en discutirlo en el recinto.

Legisladores macristas, ibarristas y de izquierda, en la Comisión de Derechos Humanos que preside el kirchnerista Juan Cabandié, hasta llegaron a involucrarse en el tema como si fueran “expertos”. De allí sólo salió el dictamen favorable y el jueves de la semana pasada diputados capitalinos votaron sin observaciones a la hoy ley de Asistencia Integral de Víctimas de la Trata.

El que debe hablar es el titular del Ejecutivo porteño, Mauricio Macri. El ingeniero debe aprobar la ley y determinar la autoridad de aplicación de la norma, que debe abordar la urgencia con respecto a la problemática que afecta a las víctimas de trata de personas y la reducción a la servidumbre que, ante la ausencia de respuestas alternativas y el temor que les infunden los mismos explotadores, se ven forzados a aceptar condiciones indignas de trabajo, vivienda y salubridad, que sin la intervención de la justicia favorece delitos que se comenten en su contra quedando impunes y que se perpetúen en el tiempo y multipliquen sus alcances.

La OIM y la Defensoría reconocen que la “complejidad del entramado de las organizaciones delictivas a las que se ven sometidas, requiere en contraposición una amplia red de acciones que permitan el desmantelamiento de estas organizaciones y la actuación efectiva de la justicia. En ese sentido, la Ciudad debe impulsar la concreción de un conjunto de acciones destinadas a asistir de manera integral a estos trabajadores y a sus familias, favoreciendo la denuncia y la condena de estos hechos para romper el círculo vicioso de impunidad y explotación en el que se encuentran inmersos”.

Ese es el objeto de la reciente ley, que se plantea como un marco para garantizar a las personas afectadas respuestas y contención desde lo psicológico, jurídico, social, sanitario, habitacional, económico y educativo.

De acuerdo con los datos calculados por la Unión de Trabajadores Costureros (UTC), en la Ciudad de Buenos Aires aún existen más de 25.000 costureros trabajando en las mismas condiciones que el taller incendiado en Luis Viale y otros 150.000 en la provincia de Buenos Aires.

LA LEY COMPLETA

ASISTENCIA INTEGRAL PARA LAS VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

Artículo 1º.- Objeto. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza la asistencia integral a las víctimas de trata de personas a efectos de contener la situación de emergencia social que las afecta, en el marco de lo establecido por la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su  protocolo para “Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños”.
Art. 2º.- Acciones. A fin de dar cumplimiento al objeto previsto en el artículo 1º, la autoridad de aplicación de la presente ley desarrolla  las siguientes acciones:
Generar mecanismos tendientes a favorecer la detección de casos de trata de personas que pudieran tener lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires así como la identificación fehaciente de las personas y grupos familiares afectados;
Brindar la asistencia médica y psicológica y el patrocino jurídico adecuados a la víctima de trata de personas y en particular, en oportunidad de realizar todas las tramitaciones policiales y/o judiciales  que pudieran corresponder;
Generar mecanismos eficaces de protección y refugio contra eventuales actos de represalia e intimidación, a favor de los victimas de situaciones de trata de personas y  sus familias, con independencia de la formulación de una denuncia;
Brindar cooperación y asistencia personalizada para la obtención gratuita y con carácter de urgente de la documentación necesaria a efectos de regularizar la situación migratoria de las personas extranjeras afectadas;
Brindar a las personas y grupos familiares afectados, en consonancia con lo establecido en la Ley 114, alojamiento inmediato y durante el periodo en que permanezcan en situación de vulnerabilidad.
Promover acciones tendientes a  desarrollar emprendimientos productivos, de modo de incorporar a las víctimas al empleo formal y generar fuentes genuinas de recursos económicos que garanticen su subsistencia;
Garantizar la incorporación de los niños, niñas y adolescentes afectados al sistema formal de educación.
Facilitar el contacto con representantes diplomáticos y consulares del Estado de nacionalidad de las víctimas a fin de viabilizar eficazmente lo establecido en el artículo 5 incisos  e, h, i, j de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, o con las autoridades provinciales o municipales correspondientes en caso de tratarse de víctimas argentinas, con el objeto de facilitar el retorno de las víctimas que los soliciten en sus lugares de origen.
Implementar las medidas que garanticen los medios necesarios para que las víctimas puedan mantener una comunicación segura y constante con familiares o personas afines
Elaborar campañas de conscientización pública en relación a la problemática de la trata de personas con perspectiva de género y derechos humanos, como así también tendientes a desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas;
Establecer los mecanismos de cooperación entre las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad involucradas a efectos de recopilar datos estadísticos relativos a la trata de personas;
Protocolizar la detección, asistencia y protección integral de las víctimas.
Art 3. – Capacitación. Con los fines de dar cumplimiento a la presente ley, la autoridad de aplicación deberá llevar a cabo las siguientes tareas de capacitación, investigación y divulgación:
Realizar talleres de formación y reflexión, con una orientación interdisciplinaria, dirigidos a aquellos profesionales que se desempeñen en el ámbito del Gobierno de la Ciudad, con perspectiva de género y de derechos humanos.
Sensibilizar y capacitar a los empleados y funcionarios, en particular los encargados de ejercer el poder de policía y aquellos que deban intervenir en la asistencia y protección integral de las víctimas, con perspectiva de género y derechos humanos.
Promover la realización de actividades de estudio, investigación y divulgación entre organismos e instituciones estatales y ONGs vinculadas a la protección de los derechos de las víctimas.
Art. 4º.- Autoridad de Aplicación. Recursos. El Poder Ejecutivo define la Autoridad de Aplicación, debiendo ésta articular los programas existentes e implementar acciones intersectoriales junto a los Ministerios de Educación, Salud y las áreas de gobierno que resulten pertinentes para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 5º. – Comuníquese, etc.