La escena que hoy vive Mendoza no es nueva, pero sí decisiva. Una provincia históricamente golpeada por la escasez hídrica ve nuevamente amenazado su recurso más vital mientras avanza, entre condicionamientos y silencios, la aprobación de proyectos mineros como el denominado San Jorge. En ese contexto, múltiples organizaciones sociales, ambientales, comunitarias y de pueblos originarios difundieron un documento contundente: un llamado a la responsabilidad pública, a la defensa del agua y al respeto por la vida de las generaciones presentes y futuras.
El texto advierte, con datos precisos y argumentos jurídicos y científicos, que la Declaración de Impacto Ambiental condicionada que se busca aprobar es “ilegal e ilegítima”, porque vulnera el Principio Precautorio, la Equidad Intergeneracional, el derecho a un ambiente sano y la participación real de las comunidades originarias de Uspallata. Se desconocen observaciones del CONICET, de la UNCUYO y del Departamento General de Irrigación; se omiten datos críticos; se prometen controles imposibles de garantizar incluso en zonas urbanas; y se persigue a voces críticas, criminalizando la protesta social.
La advertencia es clara y sencilla: en Mendoza, el agua vale más que el oro, porque el agua es vida. Y su uso para megaminería a cielo abierto —una de las actividades extractivas más peligrosas del planeta— no sólo implica consumos exorbitantes, sino contaminación del agua, del aire y de la tierra, afectando ecosistemas enteros y la salud de la población.
Frente a este escenario, la Mesa de Diálogo mendocina no apela al temor, sino a la responsabilidad moral y política: proteger la Casa Común, preservar la Ley de Glaciares, consolidar el Área Natural Protegida Uspallata–Polvaredas y fortalecer el buen vivir de los pueblos. Es una invitación clara: escuchar el clamor social antes de cometer errores irreparables.
Una memoria viva: la rebelión del agua de 2019
Las advertencias de hoy dialogan directamente con un antecedente que todavía late en la identidad mendocina. En diciembre de 2019, la Legislatura provincial aprobó, casi por unanimidad, una reforma que habilitaba el uso de sustancias tóxicas como el cianuro para beneficiar a la megaminería. Esa decisión, tomada de espaldas al pueblo, desató uno de los estallidos socioambientales más masivos de la historia reciente del país.
Decenas de miles de mendocinos ocuparon las rutas, las plazas, los departamentos del interior y la capital. La movilización fue transversal: jóvenes, familias, docentes, trabajadores, comunidades originarias, organizaciones ambientales, parroquias y asambleas barriales. Esa marea humana obligó a la Legislatura a dar marcha atrás apenas una semana después de haber aprobado la ley.
En aquellos días, la percepción era nítida: las tendencias electorales no alcanzaban a reflejar la profundidad del sentido común ambiental que recorría Mendoza. Esa intuición, expresada en cartas enviadas entonces al Papa Francisco, señalaba que el pueblo mendocino estaba viviendo una toma de conciencia profundamente laudatista, atenta al daño socioambiental y dispuesta a defender su territorio, aun en soledad frente al poder político y económico.
La reacción popular no sólo revirtió la ley, sino que puso en foco la agenda ambiental argentina: las controversias de Chubut, la contaminación del río Jáchal en San Juan, y los riesgos de convertir a Vaca Muerta en una zona liberada para el fracking.
El 28 de diciembre de 2019 quedó escrita una frase que sintetizó ese espíritu:
“Hay que agradecer a Dios la oportuna reacción del pueblo de Mendoza.”
Tres días después, el Papa Francisco respondió desde Roma:
“ Hoy lei el correo sobre Mendoza, increíble! En todo el mundo se ve crecer la conciencia de los pueblos sobre el cuidado del ambiente. La tibieza del encuentro de Madrid decepciono a todos. Los jovenes son singulares protagonistas de este asunto,. Sigamos ayudando!” ( 31.12.19)
Esa correspondencia no fue un intercambio anecdótico: fue el reconocimiento explícito de que la lucha ambiental mendocina era parte de un movimiento mundial que asumía el mensaje de Laudato Si’: el agua no es un recurso más; es un derecho humano, un bien común y un límite ético frente a cualquier modelo extractivo.
El presente repite la historia: por qué Mendoza vuelve a decir “no”
La situación actual muestra una inquietante similitud con aquel 2019. Una Declaración de Impacto Ambiental incompleta y apresurada, informes técnicos ignorados, pueblos originarios no escuchados, y una sociedad que siente nuevamente que se la quiere arrastrar hacia decisiones irreversibles sin participación real ni garantías ambientales.
Pero esta vez hay un aprendizaje histórico:
el pueblo mendocino sabe que, cuando se organiza, puede frenar decisiones injustas y abrir debates más amplios sobre el modelo productivo, la salud pública y el cuidado del agua.
Por eso las manifestaciones que hoy recorren la provincia no son sólo protestas: son un ejercicio de democracia profunda, de defensa del territorio y de reafirmación de la dignidad social.
No se trata de romantizar la resistencia, sino de entender que la megaminería a cielo abierto en zonas de extrema fragilidad hídrica implica riesgos que ninguna promesa puede disipar. Y que la criminalización de la protesta, lejos de resolver conflictos, los agrava y erosiona la paz social.
Un llamado a la responsabilidad política y moral
El documento mendocino cierra con un llamado que interpela a toda la dirigencia:
escuchar el clamor social, proteger los bienes comunes, y caminar juntos hacia un destino construido soberanamente.
Ese llamado coincide con la enseñanza central del Papa Francisco:
ningún interés económico puede situarse por encima de la vida, del bien común y del derecho de los pueblos a un ambiente sano. La Casa Común no es negociable.
Mendoza lo ha demostrado antes y vuelve a demostrarlo hoy:
cuando un pueblo defiende su agua, defiende su futuro.
Cuando dice “sí” a la vida, obliga a la política a elevar la mirada.
Y cuando se planta colectivamente, marca un rumbo para todo el país.