Pulseada por las víctimas de trata

Este es un artículo publicado hoy por Página/12 sobre nuestros compañeros Concepción y Oscar, dos víctimas de trata para talleres clandestinos, que en pocas horas estarán junto al defensor oficial  ante un juez porteño y una comitiva de funcionarios macristas. El periodista Eduardo Videla cuenta de qué se trata el tema.

El proyecto, que se trata en la Legislatura, crea una Oficina contra la Trata. Tiene el apoyo de oficialistas y opositores, pero cuenta con un informe negativo del Ejecutivo. Denuncian que el gobierno no cumple con una ley sancionada hace un año.

La Legislatura porteña tiene en tratamiento un proyecto redactado por una diputada del PRO que crea una Oficina contra la Trata y Explotación Infantil en el ámbito de la Jefatura de Gobierno porteña, pero desde el Ejecutivo se envió un informe negativo respecto de esa norma. La contradicción revela una interna dentro del oficialismo respecto de un tema crítico, como la atención de los casos de trata de personas. El proyecto intenta subsanar la demora en la reglamentación de una ley, sancionada hace casi un año, que obliga al Estado porteño a brindar atención a las víctimas de ese tipo de delitos, y cuya aplicación ha generado críticas y hasta un fallo judicial en contra del Ejecutivo. Justamente está prevista para hoy una audiencia judicial entre el gobierno de la ciudad y una pareja de víctimas para definir qué tipo de asistencia van a recibir por parte del Estado.

El proyecto de ley que crea la Oficina contra la Trata fue redactado por la diputada María Eugenia Rodríguez Araya en coautoría con Gabriela Alegre, de Diálogo por Buenos Aires. Pero también tiene la firma de otros diputados del PRO, como Mónica Lubertino y Gerardo Ingaramo. Crea una oficina cuya finalidad sería “organizar y administrar instrumentos y recursos para asistir, proteger y reinsertar a las víctimas, a sus hijos nacidos en cautiverio y a sus familiares”.

La nueva dependencia, que dependería orgánica y funcionalmente de la Jefatura de Gobierno, funcionaría en el marco de la ley 2781, sancionada en julio de 2008, que obliga al Estado porteño a la “asistencia integral de las víctimas de trata”, tanto en lo que hace al albergue como a la atención sanitaria y la capacitación para su reinserción laboral. Esa norma se sancionó por unanimidad, a partir de un proyecto de la diputada socialista Verónica Gómez.

La mencionada oficina tendría las funciones de “diseñar, coordinar y ejecutar programas destinados a la asistencia, protección y reinserción de las víctimas”, realizar un seguimiento de las medidas de asistencia, desarrollar “políticas de prevención destinadas a erradicar la trata de personas” e informar a la autoridad competente sobre las denuncias de hechos vinculados con esos delitos.

El proyecto de Rodríguez Araya ingresó en noviembre en la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y desde allí fue enviado al Ejecutivo para que aporte su informe técnico. El 4 de mayo último llegó a la Legislatura el informe con la firma del subsecretario de Derechos Humanos, Helio Rebot, con una opinión desfavorable sobre el proyecto: se opina allí que la conformación de una oficina ad hoc sería inviable, ya que “la creación de estructuras de organismos de la administración compete al jefe de Gobierno” y no a la Legislatura. Por esa razón, se sugiere modificar el proyecto para crear “un plan o programa para la aplicación de la ley de asistencia a la trata” en lugar de una oficina.

“Una oficina creada por ley le otorgaría más garantías de continuidad a la atención a las víctimas que un plan o un programa, que puede ser reemplazado o desfinanciado”, argumentó la diputada Rodríguez Araya, autora del proyecto, a Página/12. “Proponemos la creación de un área donde haya personal que se especialice en el tema, darle un marco institucional a la atención a las víctimas”, agregó.

El proyecto de la diputada macrista apunta a “que se cumpla la ley 2781 (de asistencia a las víctimas), porque a un año de ser sancionada todavía no ha sido reglamentada”. Cuenta con las firmas de los diputados Alegre, Patricia Walsh (Nueva Izquierda), Liliana Parada (Igualdad Social), Diana Maffía (Coalición Cívica), Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) y Silvia La Ruffa (Frente para la Victoria), además de Lubertino e Ingaramo, del PRO.

El incumplimiento de la ley sancionada hace un año quedó de manifiesto en el caso de dos ciudadanos bolivianos que fueron despedidos por una taller que trabajaba para la firma Kosiuko, se convirtieron en denunciantes por el presunto delito de reducción a la servidumbre y fueron víctimas de persecuciones, según denunciaron. La pareja tuvo que recurrir a la Justicia para solicitar al gobierno porteño la asistencia que marca la ley y un juez hizo lugar al reclamo. Esta situación, sumada a la demora en la reglamentación de la norma sancionada hace un año, dio pie a un pedido de informes al Ejecutivo.

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, su titular, Helio Rebot, aseguró a Página/12 que la ley se cumple y que ya elaboró un protocolo para la atención de casos de trata que “está siendo analizado por la Procuración”. Según Rebot, a la pareja de ciudadanos bolivianos se le ofreció “alojamiento transitorio en un centro de refugiados de La Boca, pero ellos lo rechazaron y prefirieron quedarse en la Fundación La Alameda”. Desde esa organización, que los asistió legalmente, aseguran que las víctimas de trata no pueden alojarse en paradores destinados a familias sin techo, ya que son personas cuya seguridad personal está en riesgo y, en principio, el juez les dio la razón (ver recuadro).

Con respecto al proyecto de ley, Rebot dijo a Página/12 que “la Legislatura no puede crear estructuras o entes descentralizados dentro del Ejecutivo, pero sí puede crear un programa”. Sin embargo, Gabriela Alegre, presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia –donde el proyecto va a comenzar a tratarse mañana–, refutó este argumento al sostener que “la Legislatura ha creado muchos organismos, como el Instituto de la Policía o el Consejo de la Memoria o la Oficina de Asistencia a la Víctima”.

Alegre defendió el proyecto de su colega del PRO al sostener que “la atención de las víctimas de trata requiere de políticas trasversales, que involucran a distintas áreas, como Desarrollo Social, Salud o Educación. Por su parte, Rodríguez Araya se preguntó: “¿Por qué las ONG tienen que suplir al Estado en su obligación de atender a las víctimas?” La iniciativa que comienza a tratarse esta semana cuenta con apoyo de los diputados de la oposición, pero la opinión negativa del Ejecutivo hace peligrar el apoyo de los legisladores oficialistas que habían expresado su adhesión a la iniciativa.

El pedido de asistencia llegó a la Justicia

Hoy se llevará a cabo la segunda audiencia judicial en la causa en que el gobierno porteño fue demandado por no asistir a una pareja de jóvenes costureros bolivianos, víctimas de la trata de personas. La pareja quedó en situación de desamparo después de haber sido despedidos de un taller que trabajaba para una firma de ropa de primera marca. Un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Guillermo Treacy dispuso que la asistencia se hiciera en los términos de la ley 2781, sancionada en julio del año pasado, que obliga al Ejecutivo a brindar alojamiento a las personas víctimas de redes de trata “hasta tanto cese su situación de vulnerabilidad”.

Las dos víctimas fueron despedidas la primera semana de enero del taller donde trabajaban –que a la vez les servía de vivienda– y hasta mediados de abril fueron asistidos por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). A partir de ese momento se albergan en forma precaria en la Fundación La Alameda.

Los dos costureros se convirtieron en denunciantes del taller que los empleaba y de la firma Kosiuko, para la cual trabajaba el taller, y a la cual le reclaman una indemnización por despido. La firma Kosiuko negó en un comunicado “cualquier participación en la contratación de trabajo esclavo”. Sin embargo, su titular, Federico Bonomi, está imputado en una causa por el delito de “reducción a la servidumbre”, con pedido de indagatoria por parte de la fiscalía.

Ahora, según el fallo del juez Treacy, la situación que viven Oscar Mamani y Concepción Pajarito Marca los encuadra en la figura de “víctimas de trata de personas”. Por eso, el juez consideró admisible el recurso de amparo contra el gobierno de la ciudad para que se les brinde a ambos “protección integral”.

En el gobierno porteño, primero les pidieron que buscaran presupuestos de hoteles y luego les ofrecieron un lugar en un centro de refugiados en La Boca. Con el asesoramiento judicial de la Fundación La Alameda, ambos rechazaron esa propuesta al considerar que no estaba garantizada la seguridad de las víctimas. Al final, les dieron un colchón y frazadas.