Tapa del diario El Atlántico: La caída de la red tratante del prostíbulo “La Posada”

En el diario El Atlántico de Mar del Plata la tapa de hoy es una
excelente noticia. La justicia procesó a la banda criminal que traficó mujeres de Paraguay hasta el prostíbulo “La Posada” ubicado a 5 cuadras de la intendencia. La Alameda investigó desde adentro al prostíbulo, las pruebas fueron aportadas a la justicia y a su se escrachó al tugurio de la explotación sexual junto a otras organizaciones, entre ellas HIJOS y Madres de Plaza de Mayo.
Aquí el artículo periodístico:

Por Belén Cano
bcano@diarioelatlantico.com

Hay siete personas procesadas y dos prófugas. Se constató que al menos 16 mujeres paraguayas fueron captadas. El prostíbulo, el hotel donde eran explotadas y el bar donde se había trasladado el negocio ilícito fueron clausurados. El testimonio de las víctimas
Las mujeres explotadas sexualmente en La Posada fueron más de 40. En 16 casos se pudo comprobar el delito de trata de personas. De esta manera, seis hombres y una mujer fueron procesados, y dos personas permanecen prófugas: el dueño del lugar, y su mujer paraguaya, que facilitaba la captación de las víctimas, todas traídas desde su país.
La causa de La Posada, el prostíbulo ubicado en 11 de Septiembre 3030 -casi Catamarca- fue iniciada en 2008. Con el avance de la Justicia en los últimos meses, “el monumento a la impunidad se desmorona”, lo graficó Patricia Gordon, psicóloga e integrante de la fundación Alameda, que denunció el lugar y organizó escraches al prostíbulo y a la vivienda del abogado del dueño, Roberto Montecchia.
El juez federal Santiago Inchausti dio lugar al pedido de allanamientos, secuestros e indagatorias pedidos por la Fiscalía, que en su momento el juez subrogante Rodolfo Pradas no había dado, por lo que la causa debió llegar a la Cámara Federal de Apelaciones, que conforman Jorge Ferro y Alejandro Tazza. En la Fiscalía Federal local actuó Pablo Larriera e intervino en la causa también Marcelo Colombo, titular de la Ufase de la Procuración General de la Nación.
Cuando el magistrado llegó al Juzgado Federal Nº3 debió ordenar nuevas tareas de vigilancia. El modo de operar había tenido algunas variantes, luego de que La Posada cerró sus puertas. Para ello fue necesaria una movilización de distintas agrupaciones y organismos de derechos humanos y una consecuente clausura por parte del Municipio.
Según se pudo constatar, las jóvenes traídas desde Paraguay eran alojadas en una vivienda situada en 20 de Septiembre al 3500 -“en condiciones de hacinamiento y falta de higiene”, según se desprende del expediente judicial-, desde allí eran llevadas en taxi o combis hasta el prostíbulo y eran explotadas sexualmente en el hotel lindero “El Paraíso”, que habría sido construido especialmente para ese fin. Ese inmueble figura como propiedad de Dieluc S.A. Esta firma, tal como se desprende del Boletín Oficial del Gobierno de la Provincia, se constituyó en febrero del 2006, con Juan Carlos Motillo y Aníbal Soria como socios. El primero permanecería prófugo, el segundo está procesado en esta causa.
“Tanto el local como el hotel conformaban una unidad comercial para que el negocio de la prostitución fuese más redituable y atractivo para los ocasionales clientes. A tal punto esto es así que el propio Soria reconoció que se construyó el hotel cuando ya el local estaba en pleno funcionamiento como una inversión”, detalla el escrito.
Cerrado el prostíbulo, sin luces de neón ni cartelería, el lugar de explotación cambió. Las chicas, se pudo comprobar, eran llevadas al bar Nycoux’s -ubicado en Catamarca entre Luro y 25 de Mayo-, hasta allí acudían los clientes/prostituyentes y los ‘pases’ eran en el hotel Cannes situado en Balcarce al 3100. Motillo, detalla el magistrado, “intentó trasladar el negocio ilícito a un nuevo local cercano”.
En agosto de 2008 y febrero de 2009 se allanaron La Posada y el hotel lindante. Ni en uno ni en otro lugar las víctimas encontradas tenían dinero en su poder. También se hicieron inspecciones en la vivienda de la calle 20 de Septiembre y en la casa de Motillo, ubicada en Rodríguez Peña al 3600. A partir de estas actuaciones, se encontraron más de 40 mujeres en los distintos domicilios de la asociación.
El juez Inchausti comprendió que “en todos los casos se dan condiciones objetivas de vulnerabilidad: falta de instrucción, necesidades económicas que las llevaron a ejercer la prostitución, familiares a cargo, lejanía del núcleo familiar y social, situación migratoria irregular, sometimiento al adoctrinamiento y control de los responsables del local nocturno, alojarse y trabajar para los mismos dueños, etcétera”.
En este sentido, marcó que la tarea de apreciación de las declaraciones de las víctimas -“las que muchas veces están influenciadas por los explotadores”-, exige una “rigurosa valoración” para separar las razones por las que ellas creían que estaban en el lugar, sus estados de ánimo o sentimiento respecto a imputados, de “aquellos datos objetivos que aportaron sobre el modo en que llegar al local nocturno, las condiciones en las que debían ejercer la prostitución y el trato al que eran sometidas”.
La supuesta voluntad que pudieron expresar para “trabajar” allí, comprendió el magistrado, “no implica la ausencia de indicadores de trata, sino la presencia de otros medios comisivos como abuso de autoridad, amenazas o violencia que, a lo largo de un tiempo, pudieron generar en las mujeres la idea de estar por su propia decisión en el lugar cuando, en verdad, ese es un efecto de la explotación misma a lo largo de muchos años y de no tener una salida mejor a su situación desgraciada”.
A través de las investigaciones realizadas, se pudo dar por acreditada la mecánica para conseguir mujeres con el mismo origen. “La esposa o concubina de Motillo, aprovechando sus relaciones en Paraguay por ser de esa nacionalidad, contactaría personalmente a las mujeres de ese origen y en situación de pobreza y necesidad y las convencería para que se dedicasen a la prostitución en La Posada, a algunas con la promesa de mejor remuneración, a otras bajo el engaño de que trabajarían en el servicio doméstico”, detalla el escrito judicial.
“En algunos casos, junto a quien era el encargado o conserje del hotel y prestaría funciones en La Posada, iba a buscar mujeres a Paraguay en un vehículo de la propiedad de la sociedad Dieluc S.A.”, determina luego.

PERDER LA LIBERTAD
El delito de la trata con fines de explotación sexual es considerado como “una moderna forma de esclavitud”. Implica captar, transportar/trasladar, acoger/recibir y explotar sexualmente a las víctimas. Basta la realización de cualquiera de estas conductas para que se configure el delito.
Hacerse de la voluntad de las víctimas para su captación y traslado puede ser a través de medios comisiones como engaño, coacción o abuso de una situación de vulnerabilidad, con la finalidad de que esa persona sea explotada, en este caso, sexualmente.
Para mantener a las mujeres sometidas, expresó el juez, “se ha recurrido a engaños, violencia psíquica e intimidación, abuso de autoridad y sobre todo, abuso de una situación de vulnerabiliad”.
Al respecto, señaló: “No podían decidir irse sin antes cobrar, y con ello se les limitaba el margen de libertad. A partir de ello, no era necesario en varias de las víctimas ejercer ningún tipo de violencia física o amenaza, pues los encartados sabían que difícilmente podrían abandonar el negocio sin dinero y a miles de kilómetros de su hogar. Esto explicaba que muchas de las mujeres pudiesen salir libremente del local, pues habían perdido de modo considerable la libertad de elección y de decisión respecto de continuar, cesar o alejarse de aquella actividad”.
En este sentido, dejó en claro que se recurrió a “la servidumbre por deudas”, y que “se las mantenía prácticamente aisladas del contexto social para reforzar la sumisión”. Y aseveró: “El consentimiento prestado en condiciones de necesidad y vulnerabilidad carece de cualquier valor”.

ESCUCHAS TELEFÓNICAS REVELADORAS
Escuchas telefónicas, que forman parte de la investigación judicial, dan cuenta de discursos armados y cómo sacan del prostíbulo a una joven que reveló su situación en una cámara oculta realizada por Alameda.
Una de ellas, del 10 de febrero de 2011, desde la casa de Motillo revela a un masculino que llama y un femenino que atiende: “Escuchame, decile a Sonia que se prepare las cosas y que la escracharon en la cámara oculta, dicen que la trajeron para empleada doméstica y que la pusieron a laburar, decile que se prepare las cosas y que se vaya”.
Otra conversación entre Estela y Motillo, evidencia cómo se dan órdenes para adoctrinar el relato de las mujeres: “Va a ir Orlando para allá, y que la lleve para la casa hasta mañana, que se vaya directo mañana… Ahora dentro de un rato va Ariel… Van a llevar a todas las chicas a la Fiscalía a prestar declaración testimonial, nada más que testimonial… bueno… así que andá preparándolas…cómo ellas lo han dicho ayer, así que no tienen por qué errarle, que vienen acá porque conocer el lugar y van y vienen, lo que es verdad, eh, pegales una, una…”.
En relación al armado de discursos, la causa cuenta con la declaración de una psicóloga del programa de Atención y Prevención de la Violencia de Género de la Municipalidad, que señaló: “Se evidencia un discurso unificado e impuesto en todas las entrevistadas, con respecto a su situación de ‘buen trato’, ‘libertad de movimientos para entrar y salir’. Las mujeres con menos tiempo de estadía se mostraban más espontáneas y con un discurso no tan contaminado”, expresó la profesional.
En el mismo sentido, se expresaron desde la Oficina de Rescate, en un informe elaborado el 4 de abril del 2011: “Con mínimas diferencias, se repiten los discursos de manera casi idéntica lo que permite suponer cierto aleccionamiento”.
“DEJÁ DE JODER Y PONETE ESTA ROPA”
“Acá vas a tener que trabajar de prostituta. Dejá de joder y ponete esta ropa”, le dijeron a Y. Momentos después la subieron -junto a otras chicas- a un taxi y la llevaron a La Posada. “A partir de ahí comienza a vivir una historia de maltrato y sometimiento increíble (…) El primer día de trabajo debió acostarse con 17 personas”, detalla el expediente judicial.
La mujer de Motillo la contactó en febrero del 2009 y le había ofrecido trabajo como empleada doméstica. Ella declaró que uno de los sujetos que trabajaba en el local, le dio las “pautas de comportamiento”: le dijo que no podían hablar con los clientes sobre las situaciones personales; que podían hablar con familiares una vez por semana acompañadas de alguien responsable de la organización; tenían prohibido comentar a sus familiares la realidad que pasaban, no podían salir de la casa ni levantarse de la cama antes de las 16.
Incluso, dejó asentado que sufrió amenazas. Según se desprende del expediente, “le decían que secuestrarían a su hijo o a alguien de su familia si contaba la realidad de la situación, y que si no cumplían las órdenes las dejaban sin comer”.
Sumergida en una “situación horrorífera”, tal como ella la definió, y en medio de la desesperación, el 21 de enero de 2009, luego de tener relaciones sexuales con un joven, le pidió que le prestara su celular. Así se comunicó con su hermana, quien le sugirió que escape. Al otro día lo pudo concretar junto a otra joven.
Su caso se repite. S. tiene una hija de 13 años, que había dejado al resguardo de su madre en la ciudad de Colonia Yuquyty, en Paraguay. Vino a la Argentina hace seis años en busca de un trabajo que le permita subsistir y ayudar a su familia. Una amiga, en situación de prostitución, la contactó con “Estela”, dueña de La Posada. Sería la mujer de Motillo. Fue ella quien le pagó los pasajes.
La joven dijo que no recibían buenos tratos. “Si pedíamos diez pesos para comprar algún remedio porque te dolía la muela o la cabeza ellos te puteaban, decían que estabas inventando para no trabajar. Te cobraban multas de 300 pesos si no queríamos ir con un cliente”, relató.
N. conoció en Paraguay a una señora llamada Estela. “Me dijo que el trabajo consistía en acercarse a los clientes y ofrecerles el servicio sexual, que se llama ‘pase’.Yo la acepté porque no tenía otra salida económica y me servía para mantener a mi familia. Junto a mí, también ingresaron otras seis chicas”, mencionó. Ella relató que durante los primeros tres meses no recibió dinero alguno porque le decían que era para costear pasajes y ropa, y que la mujer les retenía su documentación personal.
A. llegó a Argentina para ir a La Posada. Explicó que allí “fue explotada durante más de un año sin obtener dinero y siendo constantemente humillada por sus dueños, reteniéndola en el lugar con el engaño de una supuesta deuda por pasajes, comida, alojamiento, que nunca podía cancelar”.
Historias similares, cruzadas por la pobreza y la necesidad, que tuvieron un mismo destino.
LOS PROCESADOS
Aníbal Soria y su mujer M del C.C. “intervinieron como capitalistas de la actividad ilícita investigada, aportaron recursos materiales, económicos y logísticos”. Fueron procesados como coautores, prima facie, responsables del delito de trata agravado, por el delito de explotación económica de la prostitución ajena, facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país y de sostenimiento de casa de tolerancia.
Soria, junto a Motillo eran “los principales responsables de la actividad de prostitución que se desarrollaba en La Posada y El Paraíso. También prestó su camioneta para un viaje a Paraguay para traer a presuntas víctimas”, sostiene el expediente. M. del C.C. era la dueña de la Posada desde 2003 y “participaba de las ganancias de la actividad ilícita”.
AHS, HAS, JAP y GAC (de apellido Carmona) están procesados como partícipes necesarios del delito de trata. Eran empleados dentro de La Posada y El Paraíso y cumplían funciones de “conserje del hotel, seguridad, administrador de la barra o de la caja, traslados de las mujeres, control de los servicios sexuales, control de las salidas e ingresos de las mujeres, atención de clientes”.
“Obsérvese que el lugar funcionaba normalmente sin requerir la presencia constante de ninguno de los dueños, pues estaban estos empleados que cumplían las tareas necesarias”, marcó el magistrado.
O.D.E. habría prestado el local nocturno de Catamarca a Motillo para que traslade allí su negocio de la prostitución. “Los extremos acreditados permiten afirmar que sostuvo una casa de tolerancia en los términos del artículo 17 de la ley 12.331”, indica el escrito.