En Río Gallegos, el conocido barrio de “las casitas”, prostíbulos apenas encubiertos como bares o whiskerías, ubicado en la zona de la terminal de la ciudad santacruceña
En Río Gallegos, el conocido barrio de “las casitas”, prostíbulos apenas encubiertos como bares o whiskerías, ubicado en la zona de la terminal de la ciudad santacruceña, que en junio pasado fueron clausurados por orden de la jueza federal de Río Gallegos Ana Cecilia Alvarez, se mudó a pocas cuadras de su sitio original. Así lo hizo saber Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda, quien junto con el abogado Mario Ganora se presentaron ante la jueza para informarla acerca de la continuidad de esos sitios donde decenas de mujeres son explotadas sexualmente.
Las mujeres que allí se encuentran provienen fundamentalmente de las zonas más pobres de la Argentina y de países limítrofes. Víctimas de la miseria, estas chicas son obligadas a prostituirse día y noche a cambio de comida, en una situación de reducción a la servidumbre. Muchas otras fueron directamente “chupadas” de distintas regiones de nuestro país. Son víctimas de trata de personas.
Insistiendo ante la magistrada sobre la urgencia en adoptar medidas que pongan fin a este delito, también se denunció el peligro de la proliferación de enfermedades de trasmisión sexual en la población, ya que muchas mujeres son obligadas a tener relaciones con sus clientes sin cuidarse, debido a las normas impuestas por los dueños de estas casas, que de esta forma cobran más caros “los servicios”.
Argentina ratificó convenios internacionales como la Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación Sexual Ajena de 1949, que marcan una postura totalmente clara al respecto.
Gustavo Vera también se reunió con el obispo Romanin y trabajaron en varios puntos para atacar de manera conjunta las redes mafiosas de proxenitismo y trata de personas con fines de explotación sexual, que existen en Río Gallegos y el resto de la provincia de Santa Cruz, y acordaron promocionar una legislación que derogue el uso de habilitaciones de bares, whiskerías, o locales clase C para el ejercicio ilegal de la prostitución. Hay experiencias en este sentido en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, y en la propia Santa Cruz, en la localidad de Piedra Buena. También impulsar un protocolo de ley de asistencia a las víctimas de las redes de trata, similar al aplicado en la ciudad de Buenos Aires, apuntando a una política de Estado que beneficie con salida laboral, asesoramiento jurídico, psicológico y de viviendas a las víctimas de las poderosas mafias que operan en toda la provincia. Asimismo, se motorizarán políticas culturales y sociales en una ciudad como Río Gallegos, que no cuenta con un cine, centro cultural, biblioteca, y en cambio está promoviendo masivamente la explotación sexual y juegos de azar como el casino.
http://www.cronica.com.ar/diario/2009/10/22/26637-una-bochornosa-mudanza-de-prostibulos.html