2 de diciembre – Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud

Memoria activa, presente doliente, futuro en disputa

El 2 de diciembre recuerda la aprobación, en 1949, del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, uno de los instrumentos internacionales más determinantes del siglo XX en la lucha contra la esclavitud y la cosificación del ser humano. Décadas después, en 1985, la ONU institucionalizó oficialmente esta fecha como Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. No se trata de un rito conmemorativo: es una advertencia. Porque la esclavitud que los pueblos creen haber derrotado sigue respirando bajo nuevas formas.

Hoy adopta nombres distintos: explotación laboral, trabajo forzoso, servidumbre doméstica, prostitución bajo coerción, trata sexual, endeudamiento que esclaviza, trabajo infantil en sus peores formas, matrimonios serviles, reclutamiento armado de menores. Cambian los métodos, no la estructura. Las cadenas se volvieron económicas, tecnológicas, digitales. La violencia ya no siempre encierra: precariza, naturaliza, borra derechos hasta que la víctima ya no pueda huir.

Millones de personas continúan atrapadas en situaciones de esclavitud moderna. Y cuando hay coerción, engaño o abuso de poder, no hay consentimiento posible. Por eso este día convoca a los Estados, la sociedad civil, las organizaciones y las empresas a reforzar la prevención, la sanción y la reparación. La memoria de las víctimas históricas —de la trata transatlántica a los ingenios del siglo XIX— convive con la de quienes hoy son explotados en talleres clandestinos, prostíbulos, campos productivos, plataformas digitales y circuitos financieros internacionales. La esclavitud moderna atraviesa fronteras, sectores y clases sociales: por eso la respuesta debe ser colectiva, sostenida y guiada por una ética de derechos humanos.


Radiografía 2024: la trata como fenómeno global

El Informe Global sobre Trata de Personas 2024 (GLOTIP), elaborado por UNODC, ofrece una radiografía de la magnitud del fenómeno. Es la octava edición del relevamiento mundial y reúne datos de 156 países entre 2019 y 2023. La información que presenta es concluyente: la trata no disminuye, se transforma.

Durante 2022 la detección global de víctimas aumentó un 25% respecto al período pre pandemia, y los casos que involucran a niñas, niños y adolescentes crecieron un 31%. Casi cuatro de cada diez víctimas identificadas eran menores. Las modalidades de explotación se diversifican: ya no se trata solamente de explotación sexual, sino también de trabajo forzoso industrial o rural, servidumbre doméstica, captación mediante redes sociales, estafas digitales, transmisión sexual por streaming y uso de criptomonedas para ocultar ganancias criminales. Las víctimas provienen de 162 nacionalidades distintas y fueron identificadas en 128 países destino. El 74% de los tratantes condenados integraba redes de crimen organizado. Y aunque el número global de condenas creció un 36% en comparación con 2020, las sentencias por trabajo forzoso siguen siendo excepcionales frente a la explotación sexual, lo que revela una persistente ceguera judicial respecto a las formas laborales de esclavitud moderna.

La matriz de vulnerabilidad es estructural: pobreza, desigualdad, migraciones forzadas, guerras, crisis climáticas y Estados debilitados facilitan la captación y el sometimiento. África concentra el flujo transcontinental más alto, lo que evidencia la dimensión geopolítica del fenómeno y la necesidad de corresponsabilidad internacional. GLOTIP confirma algo que en territorio se vive con crudeza: la trata es un delito mutante, híbrido, conectado a la economía global, a los circuitos digitales y a la precarización del trabajo. Para quienes intervienen en la temática —organizaciones, defensorías, políticas públicas, territorios y movimientos sociales— el informe constituye una base empírica imprescindible para diseñar estrategias de prevención, asistencia, persecución penal y cooperación regional.

Argentina en alerta: retroceso estatal en la lucha contra la trata

En este escenario global de expansión del delito, Argentina enfrenta un retroceso institucional severo. Durante quince años el país sostuvo políticas federales con planes bienales, campañas masivas, articulación interministerial, mesas provinciales y acuerdos binacionales. Todo ese andamiaje comenzó a desarticularse en 2024 con el DNU 195/2024, que trasladó el Comité Ejecutivo y el Consejo Federal bajo la órbita exclusiva de Seguridad. El desplazamiento debilitó el enfoque integral y silenció mecanismos históricos de prevención y asistencia. El Plan Bienal 2025–2026 aún no fue publicado. La Línea 145 perdió visibilidad. Las campañas se detuvieron. Cuando baja la prevención, caen las denuncias; cuando caen las denuncias, descienden los rescates. Y las víctimas quedan más solas.

El impacto ya es medible. En 2024 se rescataron solo 400 de las  1.372 víctimas detectadas y sólo 48 presuntos tratantes fueron procesados, cifras muy por debajo de los registros históricos. El Fondo de Reparación fue desactivado, los programas de asistencia reducidos y la protección integral se diluyó. Muchas sobrevivientes evitan declarar e incluso se niegan a dejar los lugares de explotación porque saben que el Estado ya no garantiza acompañamiento ni restitución de derechos. La desarticulación también alcanzó a fronteras y transporte: la Disposición 166/2025 liberó de responsabilidad a las empresas para verificar permisos de menores, abriendo flancos graves para el tráfico infantil. Sin control económico, sin unidad financiera querellante, sin articulación federal, el territorio queda expuesto a redes más rápidas, flexibles y violentas que la respuesta estatal.

Las nuevas formas de esclavitud —digital, reproductiva, coercitiva— avanzan a mayor velocidad que la capacidad estatal de reconocerlas, tipificarlas y enfrentarlas. La explotación reproductiva, con compra-venta de bebés y gestación comercial, ya ubica a Argentina como destino de turismo reproductivo. El Papa Francisco la definió como “deplorable” y solicitó su prohibición mundial.

Memoria y lucha

Este día exige memoria, pero también exige nombrar la realidad que duele. En noviembre de 2025, el Estado nacional ofreció 250 millones de pesos para obtener datos que permitieran hallar a Acaí, la yaguareté desaparecida en El Impenetrable. Por Lian Gael, de tres años, la recompensa fue de 20 millones. Por Loan Peña, de cinco, apenas 5 millones. Las cifras no son opinión: son jerarquías morales. Allí donde un animal se valora cincuenta veces más que un niño, la escala ética se invierte. En la superficie es un número. En el fondo es un país que naturaliza vidas descartables.

Pero la deshumanización no se expresa sólo en el sistema de recompensas. También avanza por la vía económica. El aumento acelerado de importaciones durante 2025, impulsado por desregulaciones arancelarias, apertura comercial y consumo orientado por plataformas extranjeras como Shein y Temu, está dejando un tendal dentro del mercado interno. Se multiplican los cierres de empresas, caen las ventas, se retrae la producción, se paralizan talleres. La industria textil atraviesa una de sus peores crisis; el calzado cerró plantas completas; la metalurgia ya registra suspensiones y despidos, como Essen con más de treinta desvinculaciones recientes. IPA estima que hasta 25.000 pymes podrían cerrar en los próximos meses, con la pérdida potencial de 300.000 empleos. Cuando la importación sustituye la producción, no sólo se destruye industria: se desintegra comunidad, oficio, tejido social.

Y cuando se destruye empleo, nace la precarización. Sueldo bajo, pago en negro, contrato flexible, monotributización forzada. Primero como excepción, después como única opción. La reforma laboral propuesta por el gobierno refuerza este camino. Presentada como modernización, avanza sobre indemnizaciones, períodos de prueba prolongados, flexibilización horaria, tercerización encubierta y teletrabajo sin garantías. Lo que hoy se llama libertad de contratación mañana puede ser disciplinamiento laboral. Y donde el trabajo pierde derechos, crece la servidumbre. La precarización es la antesala de la explotación: un escalón más y el trabajador es mercancía.

Por eso memoria y lucha son una misma palabra. Porque la esclavitud moderna no vuelve con cadenas, vuelve con flexibilización. No entra por la fuerza, entra por necesidad. No se impone en un día, se instala de a poco, como quien baja la luz hasta que la oscuridad parece normal. Cuando un niño vale menos que un animal, cuando una fábrica cierra para importar más barato, cuando la reforma laboral convierte la inestabilidad en regla, estamos frente a un país que no está recordando para no repetir: está repitiendo porque dejó de recordar.

El 2 de diciembre no celebra una abolición. Denuncia la que falta. La libertad no es un hecho histórico, es una tarea diaria. La memoria es incompleta si no se vuelve acción. El desafío no es recordar que hubo esclavitud: es impedir que regrese disfrazada.