60 mil mujeres son presas de la explotación sexual

Excelente artículo del diario Popular ayer domingo. El periodista Sergio Tomaro hizo un mapa con el tráfico de personas y los puntos del país con explotación sexual. Fue recuadro de tapa y este es el diario que más trascendencia dio al caso Soledad y Camila. No es menor teniendo en cuanta la llegada a los sectores masculinos de la clase trabajadora, y que los domingos es el tercero en ventas. Igual en la página web de Popular faltan varias partes de la nota, entre ellas un recuadro titulado “El caso de Soledad puso otra vez en foco a Santa Cruz”, otros dos recuadros de “Patagonia caliente” con testimonio del cura de Las Heras, y “La Argentina es tránsito de la trata”.

Ayer también pero en el diario Tiempo Argentino un artículo respecto a los talleres textiles esclavos y la experiencia del Polo Textil en Barracas. Aquí las notas:

ONG especula que en todo el país funcionan unos 8 mil prostíbulos

60 mil mujeres son presas de la explotación sexual

“En la Capital, las autoridades actúan para la tribuna y cuando pasa la marea mediática, todo vuelve a la normalidad”, señaló Gustavo Vera.

Por SERGIO TOMARO

Unos 8 mil prostíbulos diseminados por todo el país son hoy la cara visible de una monstruosa actividad que arrastra a cerca de 60 mil mujeres víctimas de la explotación sexual y que se plasma a través de redes que no sólo operan para un vasto mercado autóctono sino que también se encargan de extender este infame negocio más allá de las fronteras.

Distintas organizaciones vinculadas a la lucha contra la trata de personas hacen hincapié sobre el avance logrado en los últimos años por el negocio montado en torno a la esclavitud sexual, donde otro de sus perfiles lacerantes es la rama de la pornografía infantil, en una oscura realidad que no logra respuestas efectivas por parte de las autoridades competentes.

El referente de la cooperativa La Alameda, Gustavo Vera, destacó que los casos que la entidad que representa denunció el año pasado ante la justicia, cuando señaló que en la Ciudad de Buenos Aires funcionaban 613 prostíbulos, “tan sólo conforman la punta de un iceberg”.

Con la base de la investigación que realizó la ONG que preside, a su entender en el país “hoy funcionan por lo menos unos 8.000 prostíbulos” y eso significa, dijo, que entre 55 mil y 60 mil mujeres en el cálculo más acotado -a razón de 7 chicas promedio por cada uno de los burdeles- “están forzadas a ejercer la prostitución”.

En diálogo con este diario, Vera aseguró que la denuncia que el jueves pasado hizo la titular de la ONG Madres de Constitución, Margarita Meira, acerca que en la actualidad en la Capital Federal tienen actividad unos mil prostíbulos, encuadra dentro de lo lógico porque se trata de una actividad en crecimiento que no encuentra control por parte de las autoridades.

“Si cuando hicimos la investigación en la ciudad sumamos 613 locales donde se ejercía la prostitución y aportamos 178 teléfonos relacionados con prostíbulos -manifestó Vera- es lógico que en este tiempo hayan aumentado tal como lo plantea Margarita”.

Por todo el país

Una aguda observación de Vera es que el fiscal pidió la realización de allanamientos en 41 de esos 613 locales, “pero hasta el momento no se concretaron” por lo que a su modo de ver la inacción del estado frente a esta problemática juega a favor de los intereses de las redes que manejan la prostitución.

En ese contexto, sintetizó lo que ocurre en la ciudad cuando se registra algún procedimiento policial en algún prostíbulo al señalar que “el local sale de circulación pero sólo por un tiempo, ya que vuelven a abrir sus puertas en el mismo lugar donde funcionaban o, en el peor de los casos, no muy lejos de donde estaba”.

Para el titular de La Alameda la justicia, la policía y en el caso de la ciudad, el gobierno porteño, son responsables de una situación que en el interior del país se expresa en los grandes centros urbanos aunque los puntos rojos de la prostitución se sitúan sobre Mar del Plata, La Pampa, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, las provincias del Litoral y Santa Cruz.

Sobre la forma de captar las mujeres que son explotadas sexualmente por las redes de prostitución, Vera manifestó que el engaño a través de promesas de trabajo digno, el que luego termina convirtiéndose en una pesadilla, es la vía más común y en la que suelen ser víctimas chicas en situación de vulnerabilidad social.

El mercado de la explotación sexual, añadió, no sólo se abastece de chicas procedentes del interior del país que son engañadas o literalmente forzadas a ejercer la prostitución, sino que las redes de la trata tienen vínculos con el exterior tanto para la captación de mujeres como para ubicarlas fuera del país.

“Dos ejemplos los constituyen las chicas que llegan aquí procedentes de Paraguay y República Dominicana -indicó Vera- dos países en los que no hay ley de trata y en la que las redes tienen contactos para la captación de las mujeres que tentadas con ofertas de trabajo, dan un paso hacia lo que será su calvario”.

En el caso de las dominicanas, precisó, antes ingresaban al país como turistas pero ahora, dijo, las redes “ofrecen contratos de trabajo como camareras, en peluquerías o trabajo doméstico, para el que deben devolver a sus contactos hasta 6.000 dólares por gastos relativos al viaje y a la documentación”.

En esos casos no habrá tal trabajo digno, la relación laboral que se establece para afrontar esa deuda es a través de la explotación sexual y “en muchos casos -enfatizó Vera- la red en la que cayeron le asigna un destino europeo. Si la Policía y Migraciones harían bien su trabajo -observó- este proceder no sería de tan fácil ejecución”.

LOS NIÑOS TAMBIEN ESTAN EN PELIGRO

La integrante de la ONG Madres de Constitución, Margarita Meira, aseguró que los hijos de las mujeres que son captadas por estas redes de prostitución son utilizados para el mercado de la pornografía infantil y que hay sujetos que incluso fuerzan a sus víctimas a atender clientes aún estando embarazadas.

Meira recordó a este diario que Camila, la hija de 5 años de Ivana Soledad Pedraza, la chica que reapareció en un prostíbulo de Santa Cruz tras ser captada por segunda vez por una red de prostitución, le contó detalles aberrantes de las situaciones que debió atravesar mientras su madre era obligada a trabajar en seis “privados”.

“Lo que Cami me contó tenía que ver con situaciones relacionadas con otra rama del negocio de la prostitución, la pornografía infantil”, afirmó Meira, quien también puntualizó cómo Soledad reconoció en las fotografías de chicas que se encuentran actualmente desaparecidas, a otras víctimas de la explotación sexual a las que vio en distintos prostíbulos de la Capital Federal.

Por último, planteó el caso de una joven madre de un chiquito de menos de un año y que estaba embarazada de más de seis meses, que era obligada a ejercer la prostitución por los sujetos que tenían su cargo burdel de mala muerte en el barrio de Constitución.

http://tiempo.elargentino.com/notas/hay-mas-de-5000-talleres-textiles-clandestinos-capital-y-gba

Datos del Centro Demostrativo de Indumentaria

Hay más de 5000 talleres textiles clandestinos en Capital y el GBA

Por Claudio Mardones

Pese al incendio que destruyó uno en 2006, cuando murieron seis personas, aún hay muchos lugares donde se padecen situaciones de servidumbre y hacinamiento. Cifras de un negocio glamoroso, millonario y de explotación.
 

Aunque la industria textil nacional registra un crecimiento que la dejó al borde de la euforia, la cantidad de talleres clandestinos en el Área Metropolitana no ha disminuido, especialmente desde marzo de 2006, cuando un incendio consumió uno en el 1200 de la calle Luis Viale, en el barrio de Flores, dejando a seis personas muertas. La tragedia desnudó la precariedad de unos 50 mil trabajadores argentinos, y extranjeros, bolivianos sobre todo, que sobreviven reducidos a servidumbre.
Cuatro años después del siniestro que puso al sector en el ojo de la tormenta, el total de talleres que fabrica ropa en condiciones ilegales no baja de los 1700 en la Ciudad de Buenos Aires y de los 3500 en el conurbano bonaerense. La estimación pertenece al Centro de Demostrativo de Indumentaria (CDI), la fábrica  y laboratorio textil que funciona en el barrio de Barracas desde hace un año. Comenzó a trabajar en julio de 2009 y desde entonces emplea a costureros rescatados de talleres clandestinos. Su objetivo: intervenir en el mercado y estudiar la cadena de valor de una actividad que, este año, reunirá inversiones por 300 millones de dólares y que exportará otros 650.
La evolución de semejante negocio es observada y analizada detalle desde un viejo galpón ubicado en la calle Melgar al 38, en el sur de Barracas. En su interior hay 120 puestos de trabajo que utilizan máquinas de costura incautadas por la justicia federal.
Todas provienen de talleres clandestinos denunciados por la cooperativa La Alameda, una ONG dedicada al combate del trabajo esclavo que acusó en los tribunales a más de 80 grandes marcas por vender prendas, de alta calidad, realizadas en talleres ilegales, y a precios incongruentes.
Luego de tres años de allanamientos e investigaciones, el juez federal Sergio Torres cedió las máquinas al CDI.
 Hace dos años esa sigla sólo era el nombre de un proyecto diseñado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y La Alameda. En la actualidad es un hormiguero, habitado por un centenar de costureros que trabajan reunidos en cinco cooperativas. Atienden pedidos de grandes marcas, confeccionan uniformes para los cartoneros porteños y dentro de poco lo harán para los de todo el país.
Los costureros cooperativistas reciben un salario que ronda los 1600 pesos mensuales por 8 horas diarias, casi el doble de lo que cobraban cuando eran reducidos a servidumbre junto a su familia.
“Los fabricantes están eufóricos y dicen que son el sector que genera más empleo, pero pagan el salario más bajo de todas las ramas industriales y  tienen al 75% de sus trabajadores en negro”, denuncia Néstor Escudero, miembro de La Alameda y auxiliar técnico de la planta ubicada en el galpón que compró el Ministerio de Desarrollo Económico y la Corporación Buenos Aires Sur del gobierno porteño.
Al techo y la refacción aportada por la gestión PRO, se sumaron máquinas nuevas y aportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La experiencia, única en su género, fue considerada un ejemplo “innovador” por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y es destacado como una “alternativa de empleo a trabajadores rescatados de situaciones de trabajo forzoso”, según el informe 2009 de la Oficina de Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y Tráfico Humano de la Casa Blanca.
Para los militantes de La Alameda esos apoyos fueron cruciales para poder enfrentar a las mafias de los talleres clandestinos que, según las denuncias que realizaron ante la justicia, cuentan con protección policial para poder explotar a familias enteras, seis días a la semana y a razón de 14 o 16 horas diarias.
“La industria paga tan poco en el mercado negro, que el costo de mano de obra para cada prenda no supera el 3% del precio de venta en las grandes tiendas”, afirma Escudero con los números elaborados por el INTI.
Esos datos le permiten desenredar la compleja e intrincada trama de explotaciones que compone el costado menos conocido de la pujante industria textil.
“Pudimos crear un modelo alternativo frente al modelo natural de los talleres clandestinos que proveen a la gran industria textil”, grafica Hernán Zunini, coordinador de Unidades Productivas Tipo del INTI y responsable del CDI. Para él, la nueva planta-laboratorio, “le demostró a las grandes marcas que no es tan difícil confeccionar ropa en forma legal”, dice Zunini, mientras muestra la cartera de clientes privados que tiene el centro fabril.
En el primer año de trabajo, los costureros ya trabajaron para Ona Saez, Port Said y Yagmour, además de confeccionar uniformes Mind, una marca creada por el INTI que disputa licitaciones en todo el país.
Debajo del viejo techo de la calle Melgar, sus trabajadores reclaman a los industriales textiles que “sinceren los números”, porque ya los padecieron en carne propia, como obreros altamente calificados de una actividad en expansión que, sólo en 2009, facturó más de 6000 millones de pesos, pero que todavía paga salarios que no superan los 2000 pesos mensuales.

Las actividades ilegales migraron al conurbano, donde hay menos controles

La producción crece, pero el trabajo esclavo no se erradica

Ahora tenemos 40 puestos vacantes en la fábrica, porque hay una altísima rotación de costureros debido al crecimiento de la industria”, explica Hernán Zunini, del INTI. Según la Fundación Proteger, la producción de indumentaria creció un 35% en el primer semestre de 2010. Sin embargo, para los especialistas del CDI, ese incremento no impactó en la erradicación del trabajo esclavo.
De acuerdo a denuncias de la Cooperativa La Alameda y los datos que recopila el CDI, el tejido clandestino de la industria textil tiene contornos cambiantes. “Antes del incendio de Luis Viale, la mayoría de los talleres estaban en la Capital Federal, pero desde entonces, empezaron a trasladarse a lugares menos controlados del conurbano, para seguir manteniendo su producción”, explica Gustavo Vera, referente de La Alameda.
El 10 de julio de 2009, diez días después de la inauguración del CDI, un grupo de dueños de talleres ilegales lo golpeó por las denuncias que realizó en su contra. Pero a pesar de los ataques, las investigaciones sobre el comportamiento de la red clandestina textil nunca se detuvieron.
Según calculan, la zona porteña que más talleres concentra es la que abarca los barrios de Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, Mataderos, Lugano, Villa Luro y Liniers. En el caso bonaerense, se circunscribe, en especial, a los partidos de La Matanza, Lomas de Zamora y San Martín. “La mayor cantidad de denuncias que nos llegan provienen de la zona que rodea a La Salada”, detalla Néstor Escudero, para quien en los últimos años “hubo una migración de talleristas desde la zona sudoeste de la ciudad hacia el otro lado del Riachuelo. Esa constelación de galpones que emplea de 10 a 20 personas por taller tiene mucho trabajo pero “el nivel de informalidad se mantiene, porque las grandes empresas tuvieron que ampliar su capacidad productiva y recurrieron a la tercerización”.
Según el economista de La Alameda y ex subsecretario de Trabajo Ariel Leutier, contratar talleres clandestinos mercerizados abarata costos, licúa responsabilidades legales y transfiere riesgos empresariales. Por ejemplo, los salarios pagados en talleres clandestinos son más bajos que los pagados en el sector formal de la industria, porque no hay cargas sociales, indemnizaciones ni cesantías.
A pesar de ello, la reactivación textil creó oportunidades de trabajo que podrían reducir la zona gris de la reducción a servidumbre, una práctica caracterizada por “una extrema vulnerabilidad de los costureros, explotación de inmigrantes indocumentados, jornadas de trabajo extensísimas, bajos salarios, hacinamiento, ausencia de condiciones mínimas de seguridad e higiene, niños y niñas encerrados en pequeñas habitaciones para no obstaculizar la producción y hasta la trata y tráfico de personas”, concluye Leutier.

Protección policial y primeras marcas

Desde que las denuncias públicas comenzaron a complicar la imagen de varias marcas de primer nivel por la contratación de talleres clandestinos, las autoridades del gobierno porteño y de la provincia de Buenos Aires comenzaron a incrementar las inspecciones y clausuras de este tipo de establecimientos.
En lo que va del año, la Subsecretaría de Trabajo porteña logró cerrar, al menos, una decena de galpones, y mantiene el Registro de Dadores de Trabajo a Domicilio, un programa que busca la regularización de los trabajadores de la industria textil por la Ley de Contrato de Trabajo y por la Ley 12.713 del Trabajo a Domicilio.
Pero los investigadores del trabajo esclavo sostienen que esta práctica no es posible sin la colaboración de las comisarías de la Policía Federal ubicadas en cada zona.
Para La Alameda, una de las más polémicas es la Comisaría 40 ubicada en Remedios 3748 del barrio porteño de Parque Avellaneda, que ya fue denunciada por brindar protección a talleres de instalados en esa jurisdicción.
Pero el grueso de las acusaciones recae sobre las 80 marcas señaladas por comprar prendas confeccionadas con trabajo esclavo.
En la lista que posee la justicia federal, se destacan algunas marcas de primer nivel como Kosiuko, Montagne, Lacar, Rusty, Awada, Akiabara, Normandie, Adidas, Gabucci, 47 Street, Cheeky, Bensimon, Tavernitti, Fila, Le Coq Sportif y Lecop-Arena, entre otras que no sólo son de origen nacional, sino también licenciatarias de firmas de capitales extranjeros.