Tal como se decidiera durante el II Congreso del Interior contra la Trata el pasado 12 y 13 de Marzo, la Declaración de Villa María firmada por más de 450 organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas, organizaciones de base y personas particulares, fue distribuida durante la 41° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en San Salvador.
Fernando Mao, coordinador de la RATT Mercosur & Países Asociados, entregó en mano al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, las conclusiones del Congreso de Villa María. Ello se produjo en el marco del Diálogo de los Jefes De Delegación y el Secretario General de la OEA con los Representantes de la Sociedad Civil sobre el Tema de la Asamblea General “Seguridad Ciudadana en las Américas”, el 5 de Junio de 2011.
El objetivo de esta presentación es que se produzca una “visita in loco” para que la OEA pueda tomar conocimiento, de primera mano, de la crisis de derechos humanos que implica la situación de esclavitud en la que se encuentran millones de personas en Argentina. Se está solicitando también el estudio de la posible designación de un relator especial para esta temática para Argentina.
El próximo paso será solicitar una audiencia con la OEA para octubre.
A continuación, el resumen ejecutivo que se presentó y distribuyo ante los asistentes a la 41° Asamblea General de la OEA
II DECLARACIÓN DE VILLA MARÍA
Anualmente las organizaciones no gubernamentales que combaten la trata de personas en Argentina organizan un Congreso que se desarrolla en la Ciudad de Villa María, Córdoba. Este año los días 11 y 12 de mayo, los más de 1000 participantes de todo el país, evaluaron la situación de la trata de personas en el país y elaboraron la II Declaración de Villa María. Este es el resumen de las conclusiones a las que se arribó:
1) En Argentina se presenta una situación de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos que afecta a cientos de miles de personas altamente vulnerables: mujeres, adolescentes, niños, niñas y migrantes, internos e internacionales. Frente a esta crisis el Estado no cumple acabadamente con los deberes de garantía y respeto de los derechos humanos. Esta situación ha sido ampliamente denunciada por las organizaciones presentes, es conocida por las autoridades y, en consecuencia después de tantos años, la inexistencia de un Plan Nacional de Combate contra la Trata de Personas y de Asistencia y Protección a las víctimas, es signo de la existencia de aquiescencia estatal.
2) Los niveles de impunidad en las causas relacionadas con la trata son excesivamente elevados. Así, frente a un número que supera las 2100 personas rescatadas por las autoridades, tan sólo 20 causas (aproximadamente) han obtenido sentencias condenatorias, con penas muy bajas y sin que, a la fecha, se haya condenado a funcionario público alguno. La inadecuación de la Ley 26.364, sumada a la corrupción entre las fuerzas de seguridad y a la impotencia del Poder Judicial permite afirmar que los remedios judiciales no resultan oportunos, eficaces y eficientes en los casos de trata en la Republica Argentina.
3) El Patrón de ataques sistemáticos a Defensores de Derechos Humanos que trabajan contra la Trata de Personas llegó al extremo de que el propio jefe del Gabinete de Ministros, Dr. Aníbal Fernández agrediera públicamente en una sesión plenaria del Congreso de la Nación que estaba siendo televisada, a Defensores y Defensoras que se habían atrevido a denunciar internacionalmente el estado de cosas reinante, diciendo que “estas personas trabajan contra la Argentina”. Ha habido ataques a sedes, incendios de casas, golpizas, seguimientos, espionaje electrónico, amenazas de muerte y toda clase de ataques contra Defensores y Defensoras de derechos humanos que trabajan contra la trata de personas, en muchos casos, incluso cuando éstos/as gozaban de protección judicial.
4) El dispositivo institucional diseñado desde el Ministerio de Justicia de la Nación de la Argentina para el combate contra la Trata de Personas y la asistencia a las Víctimas, conformado por la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina y la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, está integrado por personas denunciadas penalmente por colaborar con las redes de trata o por mal desempeño de sus funciones y resulta un obstáculo para la lucha contra al crimen organizado, facilitando su accionar.
Por lo tanto, las organizaciones sociales solicitaron a los tres poderes del Estado:
1) Que los legisladores hagan honor al Acuerdo Parlamentario firmado en 2010 a instancia de las ONGs para modificar la Ley de Trata (Nro. 26.364), particularmente modificando el tipo penal de la trata y aumentando las penas. Hoy, para el Código Penal argentino es más grave robar ganado que someter a una persona a una situación de servidumbre sexual o laboral. La trata de personas es una moderna forma de esclavitud que debe explicarse y tipificarse en función de la definición de esclavitud universalmente aceptada, considerada un delito de lesa humanidad, imprescriptible, y una norma imperativa del derecho internacional que no admite acuerdo en contrario.
3) Que salden una deuda constitucional que data de 1853, y tipifiquen como delito la compra y venta de seres humanos, prestando especial atención a la temática de la trata de bebés y al derecho de las personas a conocer su identidad y a la restitución de los niños apropiados por tratantes y apropiadores.
4) Que incorporen mecanismos ágiles y sumarios para la incautación y decomiso de los bienes habidos ilícitamente, producto de la trata de personas e incorporen medidas para detectar y evitar el lavado de activos. Es esencial también, dotar al país de más y mejores herramientas para el combate contra el crimen organizado que deberían incluir reformas al Código Procesal Penal de la Nación.
5) Que creen en forma urgente por ley un “Programa Nacional de Combate contra la Esclavitud y Asistencia y Protección a las Víctimas” que establezca claramente unos estándares mínimos de protección y asistencia integral, que aseguren la reinserción social de las víctimas y garanticen la no repetición de las violaciones sufridas. Las organizaciones sociales y muchos organismos estatales desconocen cuál ha sido el destino y en qué situación se encuentran la mayoría de las, aproximadamente, 2100 personas que el Estado ha rescatado. Se desconoce si las mismas han sufrido represalias, si han vuelto a ser captadas por las redes o si se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad que las ponen nuevamente en riesgo. Por ello es esencial que el Programa incluya un “mecanismo de seguimiento” de las personas tratadas que pueda ser supervisado por organismos de control y por las organizaciones de la sociedad civil.
6) En vista de los altos niveles de impunidad que se presentan, se solicita al Congreso que disponga la creación de una COMISIÓN PARLAMENTARIA ESPECIAL que investigue la situación e informe a la sociedad sobre las razones por las cuales los mecanismos judiciales no resultan eficientes, eficaces y oportunos en los casos de trata de personas.
7) Que se apoye la acción de los Defensores y Defensoras de derechos humanos que combaten la trata de personas, se generen mecanismos especiales de protección para los mismos y se sancione a los funcionarios y funcionarias que agreden, atacan, amenazan, discriminan, ponen trabas administrativas, realizan inteligencia o interfieren con la correspondencia, los teléfonos y los computadores de las organizaciones que, respetando la constitución y las leyes, ejercen una labor desinteresada y necesaria en la temática de la trata de personas.
Finalmente, las organizaciones acordaron presentar la presente Declaración ante la Asamblea General para solicitar que se disponga una visita “in loco” para que la OEA pueda tomar conocimiento de primera mano acerca de la situación de la trata de personas en Argentina y se estudie la posibilidad de designar un relator especial.
En nombre de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos que combaten la Trata en Argentina, muchas gracias por su atención,