Poco a poco se hace justicia en la causa que injustamente mantiene, hace un año y medio, procesado a nuestros compañeros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), a uno de la Alameda, docentes y vecinos que recuperaron un abandonado predio convirtiéndolo en el Centro Cultural Almagro. Aquí la nota periodística que informó porque fue apartado de la causa el juez PRO, Carlos Alberto Bentolina, esposo de la ex diputada nacional, Nora Ginzburg.
LINK del video por la protesta en los juzgadores contravencionales porteños: http://www.youtube.com/watch?v=1Ua7ccuUEjQ&feature=share
DESALOJO AL CENTRO CULTURAL
Apartan al juez Bentolilla
El juez Carlos Bentolila pretendía condenar a aquellos que recuperaron un predio abandonado y lo reconvirtieron en el llamado Centro Cultural Almagro. Hace un año y medio que tramita la causa contra docentes, vecinos y militantes.
Por Lucas Schaerer
La Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero Penal, Contravencional y Faltas apartó al juez que desde hacia un año y medio impulsaba la causa para condenar a docentes, militantes y vecinos que fueron detenidos por orden del fiscal tras un desalojo de la Policía Federal de un inmueble abandonado por años que reconvirtieron en un centro cultural comunitario.
Dos de los tres camaristas consideraron en la causa titulada “Grabois, Juan y otros infr. art. 181 inc. 1” que el juez Bentolila está “sospechado de imparcialidad” y llegan a ese análisis los jueces del tribunal de alzada Marcela De Langhe y Pablo Bacigalupo, debido a que la recusación contra el magistrado fue realizada el 11 de marzo, en la última audiencia, y recién veinte días después fue remitida la recusación a la Sala de Apelaciones. Esto excedió el plazo de los cinco días que señala la ley para que el juez de primera instancia envíe a los camaristas la recusación en su contra.
El apartamiento del juez se dio a conocer mediante el fallo Nº 14020 y se difundió este viernes en una nueva audiencia por el desalojo del centro cultural que se ubicaba en Medrano al 400. En esta audiencia para elevar la causa a juicio oral varias organizaciones sociales protestaron en el hall de los juzgados contravencionales de la calle Tacuarí 138.
El Centro Cultural Almagro funcionaba hace años en el barrio de Almagro realizando diferentes actividades: un comedor para trabajadores cartoneros, asesorías legales gratuitas, actividades orientadas a los niños y a la juventud como talleres gratuitos de malabares, taller de lecto-escritura, tango, teatro, entre otros. Era un espacio abierto en donde docentes de diversas áreas colaboraban en forma voluntaria, con el objetivo de desarrollar la cultura y el arte en el Barrio. Hoy es un edificio de altura. Por lo que terminó en un negocio inmobiliario.
“Durante los primeros años de desarrollo del Centro Cultural, algunos de sus colaboradores realizaron denuncias a la Comisaría 9ª por cobrar coimas a los cartoneros para poder trabajar en ‘su zona’. Estas denuncias significaron el cierre de una importante caja de recaudación ilegal”, según informó el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
El día 11 de agosto de 2009, alrededor de las 00, los vecinos alertaron que una persona que decía ser dueño del lugar y sin mostrar papel alguno había comenzado a levantar una pared en la vereda del Centro Cultural, utilizando la calle como obrador. Inmediatamente se hicieron presentes un grupo de colaboradores que, a pocos minutos, a partir de una cadena de solidaridad, alcanzaron alrededor de 50 personas entre docentes y vecinos. Una vez en el lugar, llamaron a la policía para informar que una persona anónima, después de violentar la cerradura del Centro Cultural, se había dispuesto a tapiarlo en la mitad de la noche. Más tarde, luego del desalojo, trascendería que el autodenominado dueño era Blas Harriot, abogado del propietario del lugar que mediante una estafa a su cliente se había quedado con el terreno del Centro Cultural.
Luego de la llegada de personal policial de la Comisaría 9ª de la Federal se generó un intercambio de palabras. Durante un primer momento la fuerza policial mantenía una actitud mediadora, reconociendo la existencia previa del Centro Cultural. La promesa de no interrumpir el funcionamiento del Centro Cultural y el compromiso de investigar la presencia del extraño intruso, generó que buena parte de los docentes se retirara del lugar quedando sólo un grupo dialogando en buenos términos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo (con llamadas por medio), la actitud policial cambió, extendiendo por horas la discusión.
Desde el MTE consideran que el armado de esta causa tuvo como primer protagonista a la Federal, y encontró en el Fiscal Walter López su complemento ideal. López, sin más argumentos que un breve informe telefónico de la policía, y sin verificar ni el titulo de propiedad ni el funcionamiento del Centro Cultural, ordenó el desalojo y la detención de todos los docentes, militantes y vecinos. Allí la policía secuestró como pruebas de posibles “armas” un gancho para chorizos, un tramontina y un cucharón, pertenecientes al comedor del Centro Cultural.
López es conocido en el ámbito judicial como el “fiscal de los limones”. Según una nota publicada en el portal La Vaca, el fiscal, también vía telefónica, pudo desbaratar la red de los limones ordenando a efectivos de la comisaría 10 secuestrar 40 limones que vendía una mujer inmigrante en Parque Rivadavia.
Los abogados defensores Omar Dib, Juan Echeverry y Rodolfo Yanzón pedirán la nulidad de la causa. Distintas personalidades y de amplios sectores, como el defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim, la defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini, el secretario de derechos Humanos de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Julio Piumato y una extensa lista de movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles han prestado solidaridad con los imputados por el desalojo del Centro Cultural.
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