El ministro de Trabajo Nacional, Carlos Tomada, citó a La Alameda. Se discutió acaloradamente la pretendida derogación de la ley de Trabajo a Domicilio, que nuestra organización defiende y reclama que se ejecute en la realidad. Los defensores de la ley Tomada son el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg y varias marcas denunciadas por trabajo esclavo, como Cheeky.
Una hora esperaron los integrantes de la Fundación Alameda al Ministro de Trabajo Nacional, Carlos Tomada. Sin intermediar presentaciones formales, el funcionario comenzó su exposición en defensa de derogar la ley de Trabajo a Domicilio, normativa que pena desde 1941, aunque no se aplique, con la cárcel a los empresarios textiles que tercerizen en talleres irregulares.
“¡Este ministerio no está con las marcas! Hemos leído sus críticas y no es verdad que este proyecto de ley es el mismo que les presentó Noemí (por Rial, la perenne viceministra de Trabajo) en marzo”, gritó Tomada delante de los abogados de La Alameda, y su referente, Gustavo Vera, como así de sus propios colaboradores, entre ellos el subsecretario de Relaciones Laborales, Álvaro Ruiz.
“A grandes rasgos, el proyecto de ley es lo mismo que el borrador de marzo y al cual le hicimos críticas por escrito. Pasaron cinco meses de silencio del Ministerio y ahora nos enteramos que lo presentaron en el Congreso, y un proyecto que garantiza impunidad a los fabricantes con trabajo esclavo”, contestó Vera, de profesión docente que estuvo acompañado por el echado subsecretario de Trabajo porteño por investigar a Kosiuko, Alejandro Pereyra; el abogado en derechos humanos, Rodolfo Yanzón; y el especialista sobre tráfico de personas y prostitución de la Defensoría del Pueblo porteño, Mario Ganora.
Para los abogados de La Alameda hay tres ejes centrales de la actual ley 12.713 llamada de Trabajo a Domicilio que el Gobierno Nacional pretende eliminar y por la que cuenta con la aprobación de las cámaras empresarias textiles, que este jueves 28 se juntaron para festejar en La Rural, entre ellos el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg.
“No hay identificación de la mercadería que se confecciona con el proyecto que pretenden ley desde el Gobierno Nacional. Por lo tanto se nos va a complicar aún más obtener las pruebas de los delitos”, expresó Mario Ganora, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y uno de los pocos especialistas argentinos en el tema que es consultado desde el exterior como el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Otros de los puntos que pretenden omitir la gestión K es el capítulo II sobre delitos que señala en sus artículos 35 y 36 los tipos penales que condenan al fabricante con cuatro a dos años de prisión por violaciones de leyes en los talleres que terceriza su producción. “Con este proyecto están borrando de un plumazo los delitos. No aparecen directamente tipificados y esto es inaceptable”, aseveró el defensor de derechos humanos en el fuero Federal Rodolfo Yanzón.
“Los funcionarios quedaron atónitos sin saber como responder”, comentaron a este medio algunos de los presentes en el Ministerio de la calle Alem.
Otro de los pilares de la ley que cuenta con proyecto para ser derogada desde el 21 de agosto es la solidaridad entre el dador de trabajo (fabricante), talleristas y costureros.
Puntualmente en su artículo cuatro asienta el poder de policía y “ello es suficiente para que las inspecciones laborales se realicen y erradiquen de la industria el 75 por ciento de irregularidades que los mismos empresarios reconocen”.
Además el proyecto impulsado por el ministro Tomada y el jefe de Gabinete, Sergio Massa, señala en su artículo 17 que “deberán exigir a contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas laborales y seguridad social de aquellos dependientes”.
En tanto que para el ex funcionario porteño actualmente dedicado a su estudio privado, Alejandro Pereyra, “el artículo 17 encubre al fabricante. Ya que el talleristas deberá firmar un contrato en el que se compromete a respetar las condiciones laborales. Lo cual se firmará el contrato dejando enganchando al tallerista que no tiene la solvencia de la marca, mientras que los jerarcas de la industrias quedaron exentos de responsabilidades”.
La respuesta del ministro no se hizo esperar. “Cómo puede ser que ustedes digan esto. Estamos en el mismo campo. No pueden salir a defender a los talleristas. Nosotros estamos debatiendo con ustedes cuando podríamos haberlo sacado a libro cerrado”, espetó Tomada.
A lo que Vera retrucó: “Éste es el primer proyecto en la historia a favor de los trabajadores que agrada a los empresarios. Con los talleristas no tenemos simpatías, ya que ellos nos han querido prender fuego la sede nuestra y mi casa. Pero pensamos en frío y sabemos que los talleristas son simples capataces, los que toman el látigo para castigar a los costureros. Y que los responsables máximos son las marcas de ropa”.
La reunión entre funcionarios y militantes se extendió por una hora. Planteadaa las críticas sólo se escuchó un “vamos a ver” como respuesta.
Sin olvidar los comentarios ácidos, agregaron desde La Alameda: “No sabíamos que Blumberg (por Juan Carlos) está del mismo lado que el Gobierno. Sabemos que el falso ingeniero respalda la ley que Cristina Fernández les prometió el 11 de junio a los empresarios textiles”.
La mención de Blumberg es producto que éste estuvo presente en una exposición organizada por la Fundación Pro Tejer.
NOTICIAS URBANAS estuvo en la ponencia de La Rural y conversó con el padre de Axel. “La ley tiene que cambiarse entre otras medidas”, expresó Blumberg, que estuvo presente cuando el titular de Cámara Argentina de Indumentaria para Bebés y Niños (CAYBIN), Víctor Hugo Benyakar, celebró la iniciativa del Ejecutivo Nacional, un tema de incidencia a la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires donde se han radicado miles de talleres textiles clandestinos.
La firma “EL CARDON” utiliza la mano de obra más exclava.
Varios de sus productos en cuero, los realizan, los presos del penal de San Francisco ( Córdoba )