Correo Argentino: “Forma parte de la corrupción estructural”

El historiador e investigador Alejandro Gaona Olmos afirmó este martes que la deuda de la familia Macri con el Correo al Estado “forma parte de la corrupción estructural, de la que participan y participaron las grandes empresas que usufructúan los bienes públicos de todas las épocas”.

 “Hay una diferencia grande entre la corrupción coyuntural y la corrupción estructural. Los negocios que pudieron haber hecho algunos en la gestión anterior forman parte de la coyuntura, algo de aventurero a través de alguna prebenda oficial. Pero de lo que no se habla es de una corrupción estructural, de la que participan las grandes empresas que usufructúan los bienes públicas del Estado en todas las épocas”, señaló Gaona Olmos al portal de La Alameda.

El también asesor del senador nacional por Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas sostuvo que “la deuda privada fraudulenta transferida al Estado nacional en 1982 era de casi 19 mil millones de dólares y cuando el Juzgado Federal número 2 le pidió al Banco Central que informara esa deuda actualizada en 1985 y resultó que eran 23 mil millones de dólares que los argentinos” siguen “pagando hoy”.

“De acuerdo a un cálculo, hoy esa deuda estaría arriba de 55 mil millones de dólares, y las empresas que las generaron son el Grupo Macri, Loma Negra, Pérez Companc, Loma Negra, Brida y varias más. Pero eso nadie lo dice y estamos mal”, señaló

Gaona Olmos remarcó que la negociación de la deuda del Correo Argentino con el Gobierno nacional tuvo “un ocultamiento porque a los medios no les interesa que se sepan, porque están relacionados con la deuda privada” y añadió que parte de la empresas privadas que están relacionadas directa o indirectamente relacionadas con lols medios “son las que transfirieron esa descomunal deuda y no quieren que salga a la luz”.

Asimismo, el historiador e investigador sostuvo que la gestión macrista tiene una protección mediática importante, ya que indicó que de haberse producido esto en el gobierno kirchnerista o alguno de sus integrantes hubiera tenido relación “hubiera salido en todos los medios, con letras impresionantes y diría algo como: ‘La Justicia implicada en un nuevo acuerdo con el kirchnerismo'”.

“Hubieran dimensionado la noticia de una manera terrible”, consideró y enseguida arremetió contra la Justicia argentina al calificarla como “cobarde”, porque “impulsa causas contra los funcionarios cuando ya no están en el Gobierno”.

“Nunca la Justicia impulsa causas contra los funcionarios que están en el poder y eso lo planteó genialmente el fiscal federal Federico Delgado. También salieron a decir que la jueza que entiende en la deuda del Correo Argentino, Gabriela Boquín, era de Justicia Legítima y en realidad no lo es”, aclaró.

El siguiente es el detalle del informe que dio a conocer Gaona Olmos y que tituló “Los negocios de la familia Macri, la transparencia y la ética”:

“Creo que todos nos acordamos que en las propuestas electorales del PRO y CAMBIEMOS, se enfatizó en lo importante de transparentar la gestión pública y terminar con la corrupción. Confiaron en la mala memoria que tenemos los argentinos y no recordaríamos algunas actividades que tienen que ver precisamente con los negocios de la familia del Presidente Macri, de los que él fue y es parte, aunque los subterfugios usados, puedan servir para disimularlos. Negocios que crecieron a costa de contratos con los gobiernos de turno, desde la dictadura cívico-militar en adelante

“Los argentinos tenemos mala memoria en general, y pronto olvidamos los estropicios que dañaron al país, votamos personajes mediocres, logreros de diverso pelaje, y una gran cantidad de sujetos que se sirven de la política para sus actividades personales (dinero, prestigio, favores diversos) y no hacen política para beneficio de toda la comunidad. Pero existen personas que recuerdan cómo se ha perjudicado al patrimonio público y como se han violado las leyes impunemente, no siendo esto privilegio de la década pasada.

“Lo ocurrido el año pasado con el acuerdo celebrado con el Correo Argentino, en el concurso, es un ejemplo de una forma habitual con la que se ha manejado siempre la familia del presidente, y aun él cuando era parte de esos negocios, utilizando recursos del Estado, en beneficio del grupo, sin importarles en modo alguno, en caer reiteradamente en la ilegalidad. Siempre había algún funcionario del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial para beneficiarlos, no sabemos a cambio de qué, pero no es difícil de imaginar.

“Los medios hacen comentarios sobre este acuerdo, pero no existe la menor referencia a los antecedentes del Grupo Macri y como se manejaron siempre con sus negocios. Es por eso que me parece oportuno refrescar la memoria a los olvidadizos de siempre, para que se tenga conciencia, que lo ocurrido recientemente no es un hecho aislado, sino que representa una continuidad.

“Simultáneamente con la Comunicación A31 del Banco Central que comenzó el procedimiento de la estatización de la deuda privada en junio de 1981, se constituyó la offshore Kagemusha, de la cual Mauricio Macri fue Vicepresidente, que está vigente, y sobre la cual no ha dado explicación alguna. 

“En la misma época y algunos meses después se constituyeron en Panamá otras cinco sociedades offshore, cuyos datos pusimos en conocimiento de la Fiscalía Federal, junto con el Senador Pino Solanas. La idea era hacer negocios y no declararlos en el país, por razones que solo los Macri conocerán. Una de las offshore fue Sideco Americana S.A. del mismo nombre de la empresa argentina. Para evitar algunas identificaciones pusieron como directivos a Orlando Salvestrini y Edgardo Poyard, aunque es bien conocido que son testaferros de la familia, ya que son directivos de sus empresas desde hace años.

“En ese procedimiento de estatización de la deuda privada, que permitió transferir a todo el pueblo argentino las especulaciones de gran cantidad de empresarios, quienes constituyeron deudas probadamente ficticias, la familia Macri se vio favorecida con la transferencia al Estado Nacional de las siguientes sumas:

Sevel 124.142.000 dólares

Sideco Americana 60.751.000 dólares

Fiat: 51.000.000

“En el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, se encuentran las pruebas de parte de la auditoría hecha entre 1983 y 1985 por auditores del Banco Central que mostraron la fraudulencia de las operaciones del endeudamiento privado.

“En una de las operaciones se detectó que también era parte de esos negocios espurios Cristiano Ratazzi, actual presidente de Fiat, que siempre hace gala de honestidad y transparencia, presumiendo que el olvido siempre juega en favor de estas acciones deshonestas.

“En el año 2001, las siguientes empresas de la familia Macri y de las cuales Mauricio era directivo y accionista fugaron al exterior las siguientes sumas

Sideco 27.128.866 dólares

Socma 9.316. 000 dólares

Socma Americana 6. 415. 344

Correo Argentino 4.891.000

“Todo lo cual fue debidamente documentado por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Fuga de Divisas en el año 2001. En su momento, y a pesar de la clara evidencia de una posible defraudación fiscal, nada se hizo, y no se puso en conocimiento de la justicia lo significativo de la investigación y las pruebas acumuladas. Todo quedó en el olvido.

“También cabe recordar, que siendo Mauricio Macri Presidente de Sevel en el año 1994, 42.000 vehículos fueron fabricados con fallas en su caja de dirección, provocando en un caso la muerte de unas personas, lo que determinó no solo que SEVEL pagará una indemnización, sino que se viera obligada a revisar todos los automotores fabricados y repararlos a los efectos de cumplir con un fallo inédito, dictado por la Justicia Nacional en lo Comercial.

“Tampoco los medios recuerdan el procesamiento de Franco y Mauricio Macri, por el delito de contrabando, ante la introducción de 1900 vehículos, mediante una serie de acciones claramente delictivas. La Corte Suprema de la mayoría automática del menemismo, los sobreseyó, no por inexistencia del delito, sino por un artilugio judicial, que fue fulminado en los dictámenes en disidencia de los Ministros de la Corte Carlos Fayt, Augusto C. Belluscio y Enrique Petracchi.

“Ahora nuevamente, y a través de la difusión del dictamen de la Fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Dra. Botin, pudo saberse sobre la existencia de un acuerdo en la quiebra de la empresa Correo Argentino, cuya concesión fuera revocada en el año 2003, por los sucesivos incumplimientos de la empresa.

“Acostumbrados los Macri a la permanente utilización de los recursos del estado en beneficio propio, hicieron diferentes y absurdas ofertas de pago durante años, que fueron rechazadas invariablemente por los representantes del Estado, hasta que el gobierno de CAMBIEMOS, realizó un más que sospechoso acuerdo condonando parte de la deuda real del grupo. Debemos apuntar aquí, que ese arreglo se hizo el 28 de junio del año pasado, y no trascendió de ninguna manera. Solo tomó ahora estado público, debido al ejemplar dictamen de la Fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Dra. Gabriela Boquín.

“Como había que obrar con disimulo, para mostrar algún tipo de prolijidad en los acuerdos, en la audiencia de ese mes de junio de 2016, se ofreció un pago en cuotas, a comenzar en diciembre de este año, lo que implicaba una quita del 99.16% del valor real del crédito reclamado por el Estado. En esa audiencia el representante del Ministerio de Comunicaciones, Dr. Mocoroa se opuso de vivía voz a aceptar tal oferta, y entonces el representante de los Macri solicitó un cuarto intermedio para mejorar la propuesta, lo que hizo posteriormente, y ahí si se aceptó la misma. Esa nueva propuesta, significó que la quita real sería del 98.82 %, lo que como puede observarse es una verdadera burla a los intereses del Estado.

“Ahora los representantes del Estado y algunos juristas han salido a justificar el arreglo, con argumentos dignos de mejor causa, ya que pareciera que siempre hay que beneficiar el interés privado.

“El acuerdo, como lo plantea la Agente Fiscal es cuestionable desde muchos puntos de vista, y vamos a sintetizar los puntos fundamentales:

1.- La deuda que era de 296 millones de pesos en el año 2001 (296 millones de dólares) pretende pagarse al valor histórico del crédito verificado, con intereses de 7%, en 15 cuotas anuales, la última con vencimiento en el año 2032. Es decir que una deuda verificada en el 2001, va a ser pagada cómodamente durante 31 años. La primera de las cuotas se pagaría en el mes de diciembre de este año.

2.- El gobierno dice que no hay quita, sobre la base de las cifras nominales que se van a pagar, con más los intereses, pero ocurre que la Fiscal de Cámara solicitó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración General de la Nación un análisis de la propuesta y la evolución de las cuotas fijadas. En ese análisis económico, se pone rigurosamente en evidencia, que el acuerdo, significa una quita velada del 98,82% sobre el capital real actualizado de la deuda. Es decir no se paga el valor presente de la obligación, sino en términos históricos.

3.- Eduardo Favier Dubois, que fue el primer juez de la causa, ha manifestado que hay que establecer el valor presente de la obligación, cosa que en el acuerdo no se ha hecho, y que es lo reclama la Fiscal Botín.

4.- Interesadamente se habla por parte del gobierno que no hay quita, y efectivamente en términos históricos no la hay, pero resulta un verdadera absurdo suponer que 296 millones del año 2001, tengan el mismo valor presente que en la actualidad.

5.- Otro de los elementos cuestionables del acuerdo es que fue firmado por el Dr. Juan Manuel Mocoroa, designado transitoriamente por 180 días en el cargo de Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones. No tenía un poder general o especial para actuar de la manera que lo hizo, tal como surge del artículo 8 del Decreto 1265/87, que establece que tales representantes…”Podràn con autorización expresa de las autoridades u órganos mencionados en el art. 1, o en su caso en el artículo 2, cuando también se les hubiere delegado esa facultad, formular allanamientos y desistimientos, otorgar, quitas, esperas, transigir y conciliar”. Tal normativa determina que el Dr. Mocoroa debió contar con la autorización expresa de la autoridad competente, para actuar de la forma que lo hizo, mucho más en un caso de enorme significación económica como este como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia en varios fallos.

6.- Otra de las cuestiones relevantes tiene que ver con la violación de la Ley de Ética Pública. En efecto, como está debidamente acreditado en la causa el 69,23 del paquete accionario del Correo Argentino era de Sideco Americana S.A. quien ejercía el control societario. Debido a ello en su momento el Juez en lo Comercial decretó la medida de interdicción para salir del país de los integrantes de su directorio: presidente: Ing. Ángel Calcaterra, vicepresidente: Roberto L. Maffioli, y a sus directores: Jorge Rubén Aguado, Arq. Justo Solsona, Dr. Manuel Sobrado, Sr. Giorgio Aldo Nocella, Dr. Néstor Osvaldo Grindetti, e Ingeniero Juan Garrone. No está demás señalar que Jorge Aguado fue gobernador de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar, que Justo Solsona, integró varias sociedades de Macri constituidas durante la estatización de la deuda privada y las negociaciones espurias con Ratazzi, y Néstor Grindetti, todavía no ha aclarado sobre los negocios de la offshore descubierta durante la publicación de los Panamá Papers

7.- El 95.5% de las acciones de Sideco Americana S.A. son de Socma Americana S.A., por lo cual ejerce el total control societario de la misma, teniendo Franco Macri el usufructo vitalicio de las acciones de Socma, por lo cual también se decretó oportunamente su interdicción para salir del país, junto con Mauricio, Sandra, Cristina, Gianfranco, Mariano y Florencia Macri, quienes tenían parte de las acciones de Socma Americana.

8.- Como Sideco Americana S.A. aparecía como acreedora del Correo, además de accionista del mismo, el juez rechazo integrarla al primer comité provisorio de acreedores.

9.- El actual Presidente de la Nación, cedió a sus hijos su participación accionaria en Socma Americana S.A.

10.- De acuerdo a la documentación obrante en la causa Socma Americana era accionista mayoritaria de Sideco Americana, controlante del Correo, hasta el año 2015, conforme documentación presentada en la Comisión Nacional de Valores, pero actualmente se desconoce la composición accionaria, debido que ese organismo, ha pedido de la empresa canceló la autorización para el régimen de oferta pública de acciones en la Bolsa. Esto se hizo el año pasado, cuando surgió lo de Panamá Papers, en consecuencia, no hay posibilidades de acceder a los libros de la empresa, ni conocer su actual composición accionaria.

11.- De acuerdo a la actual organización del Estado, el Dr. Mocoroa fue designado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Marcos Peña, quien depende del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y ya que existe dependencia jerárquica entre el firmante del acuerdo y el Presidente Macri, el conflicto de intereses resulta más que evidente. Aunque supuestamente el Presidente de la Nación transfirió sus acciones a su hijos, la totalidad del grupo familiar está involucrado en el concurso (padre, hermanos, hijos), al poder el control total dela empresa concursada.

12.- Para despejar cualquier duda sobre esto, se debió consultar a la Oficina Anticorrupción o a la Comisión de Ética Pública, cosa que no se hizo, más allá de lo que hubieran podido opinar, al tener también dependencia visible con el Poder Ejecutivo.

13.- Como bien señala la Fiscal: “La transacción aceptada – a más de perjudicar los intereses del Estado Nacional, lo que la hace inadmisible- podría implicar un beneficio directo para la concursada, en el cual integrantes de la familia del Presidente de la Nación tendrían intereses económicos directos e indirectos. En suma, la composición accionaria y la titularidad que se verifica en el expediente del concurso respecto de la familia del Presidente de la Nación haría inviable cualquier transacción por parte del Estado Nacional que implicara un beneficio para la concursada y sus controlantes y un perjuicio para las arcas de la Nación”.

LAS DILACIONES PROCESALES Y LA OFERTA

“El Correo ofreció en su momento emitir un título pagadero a 25 años, con un primer pago a 15 años, y un interés del 1% lo que demuestra la burla a los intereses del Estado por parte de los Macri. Nada de eso fue aceptado y así se continuó dilatando el proceso, a través de un “eterno concurso” como lo llama la Fiscal, logrando suspender durante 15 años el pago a sus acreedores.

“Se realizaron diversas audiencias, el estado se negó a aceptar el acuerdo, el Banco de la Nación no aceptó la propuesta, y se realizaron una serie de trámites procesales que siguieron entorpeciéndola causa para dilatarla indefinidamente.

“De conformidad de lo que surge del informe de la Sindicatura, sobre 375 acreedores del Correo, 361 aprobaron el acuerdo, cobrando montos insignificantes de 400, 500, 1.000, 2000, 3000 pesos (valores históricos después de 15 años), pero esas conformidades fueron prestadas mediante la cesión de créditos comprados “sugestivamente” por los que querían que esto terminara lo más rápidamente posible. Y lo sospechoso en que si bien las cesiones se efectuaron a diferentes personas, en todos los casos esas personas dieron un poder especial irrevocable a un señor Diego Martín Teglia, existiendo elementos para suponer que algunos de los apoderados están relacionados con la concursada o con el estudio que la patrocina.

“También es de destacar que entre los acreedores que aprobaron la propuesta se cuenta el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional.

“Finalmente y conforme lo estableció La Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en la Investigaciones del Ministerio Público Fiscal el valor presente de las propuestas efectuadas a los distintos acreedores es 1.18% para la categoría “A” (Estado Nacional) y 1.64% para la categoría “C” acreedores quirografarios, es decir que la quita real a lo que correspondería cobrar es de 98.82% para el Estado y 98.36 a los otro acreedores nombrados, lo que como indica la Fiscal, con abundantes citas jurisprudenciales, significa una propuesta abusiva, por equivaler a una condonación de la deuda.

“Debe esperarse que este acuerdo no sea homologado por la justicia, porque ello significaría una vez más defraudar los intereses del Estado por parte de grupos económicos que han hecho de ello un verdadero sistema de apropiación de fondos públicos. A fin de evitarlo la Agente Fiscal ha hecho todas las reservas del caso y ha comunicado su dictamen a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas”.