La concesión al Complejo Costa Salguero fue investigada en una causa penal iniciada por el legislador porteño Gustavo Vera de Bien Común, el partido de la Alameda.
La fiscal del caso, Paula Asaro, emitió un dictamen que en el punto 20 señala que “la concesión del Complejo Costa Salguero sito en la avenida Rafael Obligado 1221 de esta ciudad abonaría un exiguo canon de $ 166.652,72 y habría sido otorgada a la firma “Telemetrix S.A.” –cuyos dueños serían Federico Bensadon, Alberto Gutiérrez, y Enrique Pichón Riviére, cf. fs. 478 y vta.- la cual, a su vez, subconcesiona los predios que integran el complejo (diecinueve locales, dos centros de convenciones, cuatro estacionamientos, tres salones de conferencias y un hotel) a otras empresas o particulares. A su vez, veintitrés subconcesionarias le abonarían a “Telemetrix S.A.” un promedio de un millón de pesos mensuales sin contemplar los ingresos de esta firma por publicidad. Dentro de las empresas subconcesionarias de los predios integrantes de Costa Salguero se hallaría “TEB SRL”, explotadora de un salón de fiestas; también “Centro Costa Salguero S.A.” –presidida por Fernando Adolfo Polledo Olivera- que explota el centro de exposiciones utilizado por la fuerza política PRO como búnker o comando de campaña electoral, siendo que Polledo Olivera es el esposo de la legisladora y presidenta del bloque PRO en la legislatura porteña, Carmen Polledo. Parte de estas circunstancias fueron constatadas a través de una auditoría realizada por la AGCBA que determinó, además, que parte de los involucrados en la firma “Telemetrix” habían sido indagados por la jueza Servini de Cubría por presunta violación del corralito financiero (ver fs. 442)”.
En el dictamen la Fiscal Asaro agrega que “las irregularidades y existencia de subconcesiones de la firma “Telemetrix” hacia terceras subconcesionarias fueron constatadas en el marco de la Auditoría llevada a cabo por la AGCBA; entre ellas, la circunstancia de que la firma “Telemetrix” abonó al GCBA un canon mensual irrisorio de $ 30.190 por la explotación del predio Costa Salguero (ver fs. 147 y ss.). Asimismo, dentro del predio, los locales bailables no se hallaban legalmente habilitados para funcionar por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, circunstancia obviada por la Dirección General de Concesiones que omitió todo control al respecto”.
En la causa N° 12.885/2014 se señala que el actual Procurador porteño “Gabriel María Astarloa, titular de la Dirección de Concesiones del Gobierno porteño que ejerció desde 1° de agosto de 2013 hasta diciembre de 2015, realizó junto a otros investigados diversas maniobras de defraudación en perjuicio de la administración pública nacional y local cometidas”.
La fiscal Asaro, que investigó a partir de la denuncia penal del legislador porteño Gustavo Vera, afirmó que Astarloa, y sus predecesores en el cargo Ezequiel Sabor (a cargo del área de concesiones entre el año 2009 y el 1° de octubre de 2011), Silvia Martha Imas (a cargo de esa área entre el 1° de octubre de 2011 y el 1° de agosto de 2013) “con personal integrante del área habrían actuado en asociación ilícita para conceder predios o explotaciones aparentemente a gratuidad o bien bajo aparentes cánones exiguos, tras lo cual se sospecha que recibirían dinero, dádivas, promesas directas o indirectas, favores o dinero en efectivo de las firmas y personas físicas beneficiadas por las concesiones para omitir la actualización de los cánones o la cesación de las concesiones”.
En el dictamen la fiscal Asaro aseveró que “la práctica sistemática, de los respectivos directores de la Dirección General de Concesiones, era eludir el procedimiento legal establecido en la Constitución porteña para la concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles de dominio público de la Ciudad que se extienda por más de cinco años, el cual, según la normativa específica (cf. arts. 104, incs. 23° y 24°, 82, inc. 5° y 89, inc. 5°) requería la aprobación por parte de dos tercios del total de los miembros de la legislatura porteña”.
En su investigación consideró la fiscal Asaro que para esquivar a la Legislatura los directores de Concesiones, entre ellos Astarloa, recurrían al otorgamiento de las concesiones, permisos o adjudicaciones por períodos menores a los cinco años establecidos, los que renovaban nuevamente previo a su vencimiento.
Esta metodología permitió a la Dirección General de Concesiones una absoluta discrecionalidad sobre el otorgamiento de los inmuebles de dominio público y sus respectivas renovaciones a favor de diversas empresas y personas físicas.
EL ÉXTASIS MATA
El Gobierno de la Ciudad en el 2010 editó el libro “Nocturnidad y consumo de drogas sintéticas”. A partir de una tarea de campo en los boliches y fiestas electrónicas de los miembros del Observatorio de Políticas Públicas en Adicciones. En base a este libro, uno de los pocos que se refiere a la problemática en la CABA, se asegura que “el éxtasis, MDMDA, Popper, Ketamina son drogas sin olor y pequeñas que matan. Reiterados casos de jóvenes muertos vinculados a las grandes fiestas electrónicas, por ejemplo Creamfields que se realizará el próximo 9 de noviembre en Costanera Sur donde ya hubo muertes allí. Estas fiestas cuentan con el apoyo del GCBA por la falta de control, la impunidad por parte de la PFA y el auspicio de empresas multinacionales dedicadas a bebidas.
Este libro observó en las fiestas a los jóvenes entre 15 y 35 años. Casi el 70 por ciento de los jóvenes de todos los níveles económicos salen en la semana. Y la salida a la noche se extendió a 5 o 6 hs en los días de semana. Sobre todo para los adolescentes en secundario. Cuando no existe el control familiar, y sin laburo crece el consumo. De hecho los boliches que siguen abiertos los domingos a partir del mediodía. Siguen todo el día.
Estas drogas sintéticas ya no son como en los setenta para experiencia intelectuales y artistas urbanos. Se masificó por miles primero en la década del 90, y explotó a partir del crecimiento económico del 2003.