Cuando se destapó la olla en Mar del Plata

En el diario Página/12 de hoy sale como segunda nota de importancia más detalles sobre la investigación que realizamos en Mar del Plata sobre la red narco-prostibularia.

Los 94 prostíbulos ya habían sido denunciados ante la Justicia en repetidas ocasiones, pero las causas no habían avanzado. Un fiscal investiga la protección policial. Una familia que controlaba un prostíbulo fue detenida, pero el local sigue abierto.

Por Carlos Rodríguez

Desde Mar del Plata

Mientras avanza la investigación judicial sobre la red de casi un centenar de prostíbulos marplatenses denunciada por La Alameda, la causa, publicada por Página/12, destapó la olla: no fue ésta la primera vez que la Justicia en Mar del Plata tomaba contacto con una presentación semejante. Los 94 prostíbulos que integran la red ya habían sido denunciados ante los tribunales federales de esta ciudad, pero sus causas se cocían a fuego lento sin que avanzaran o directamente derivaban al archivo. La denuncia desenmascaró el negocio policial y sus protecciones necesarias para el funcionamiento de semejante red, con prostíbulos que abren sus puertas a escasos metros del centro, o de otros que siguen funcionando pese a que sus dueños se encuentran detenidos por orden judicial. Por si faltara algo, se disparó una polémica judicial, entre fiscales que pretenden la clausura de los locales denunciados y jueces que sostienen que “no se puede hacer nada porque en Mar del Plata ser proxeneta no es delito”. Según estimaciones, el negocio que sigue funcionando a la luz del día bordea el millón y medio de dólares al mes.

El material aportado ahora, que incluye filmaciones con cámara oculta con el testimonio de mujeres que son víctimas de explotación sexual, aporta pruebas testimoniales de importancia que darán lugar a la adopción de medidas judiciales en los próximos días. Se cree que el negocio de la prostitución mueve, en Mar del Plata, cerca de 5,5 millones de pesos por mes en temporada alta (ver nota aparte). En un solo diario local se publican en un mes unos 12 mil avisos promocionando “privados” donde se estima que trabajan cerca de cuatro mil mujeres. Esto supone, para los proxenetas que lucran con la actividad, una inversión de seis mil pesos diarios. “Si pueden gastar 180 mil pesos por mes sólo en publicidad, es fácil deducir que es millonario el monto de las ganancias de una actividad que no paga impuestos, más allá de las coimas a funcionarios policiales”, comentó a Página/12 una fuente cercana a la investigación.

En una causa que fue elevada a juicio oral por las actividades clandestinas descubiertas en un “privado” de Alvarado 301, donde hay varios civiles procesados, el fiscal Andrés Guillermo Perés pidió que se forme una causa por separado para investigar la actuación policial. Se dejó sentado en el pedido de elevación a juicio que de las escuchas telefónicas y de los informes aportados “se desprende la posible comisión de delitos de acción pública, en la que podrían estar involucrados funcionarios policiales, tanto provinciales como federales, quienes exigirían sumas de dinero o ‘servicios’ sexuales gratuitos” para hacer la vista gorda. Por eso, el fiscal consideró que “corresponde obtener copias certificadas de las piezas procesales” reunidas en el expediente a los fines de abrir causas específicas para indagar sobre la corrupción policial.

En una de las causas que ya estaban avanzadas, próximas al juicio oral, como ya informó Página/12, uno de los imputados, con prisión preventiva, es el policía René Obdulio Villagra, junto con su esposa, Liliana Rosa Medina. Los dos están detenidos. Los integrantes del matrimonio son considerados los dueños del prostíbulo ubicado en Berutti 3574, mientras que Marcela Lucero está libre aunque imputada como “partícipe necesaria” de la explotación sexual de un grupo de mujeres, la mayoría de ellas traídas al país desde Paraguay. La pareja está acusada de “haber facilitado y promovido el ingreso y permanencia ilegal de las mujeres” en la Argentina “con el fin de someterlas al ejercicio de la prostitución, para su beneficio y con habitualidad”.

En el auto de procesamiento, el juez federal Rodolfo Antonio Pradas sostuvo que Villagra y su esposa eran quienes tenían “un sentido de autoridad respecto de las víctimas”. En el local de la calle Berutti se secuestraron “un cuaderno con tapa azul con puntos blancos, uno de tapa color rojo marca América y otro de tapa verde con espiral con anotaciones de nombres, días, horas, cantidad de servicios que prestaban cada una de las señoritas, el valor de los mismos, como así también cuatro cajas de preservativos marca Exotic completas y una de ellas posee, adherido a su tapa –con cinta de embalaje– un candado marca Macao con una llave, la cantidad de preservativos marca Exotic, tres prótesis peneanas de látex y prendas de ropa interior que se hallaban distribuidos en distintas habitaciones del domicilio allanado”.

El juez consideró probado que el matrimonio es responsable del reclutamiento de mujeres “mediante abuso de su situación de vulnerabilidad y con la finalidad de someterlas al ejercicio de la prostitución y de aprovecharse del comercio sexual”, tal como se desprende de los datos aportados por las víctimas, además de la prueba documental reunida. Una mujer llamada Gloria, que está como imputada en otra causa por el funcionamiento de un prostíbulo en la calle Alvarado 301, había trabajado antes en el local de la calle Berutti 3574, del que decidió irse junto con una amiga por el maltrato que recibían.

“En el lugar no las dejaban salir ni llamar por teléfono, ni dormir, porque cuando se acostaban las levantaban y las mandaban a sacarse fotos en contra de su voluntad y las mandaban a Internet”, relató la amiga de Gloria. Sobre el policía Villagra, la mujer declaró que “se enojaba con él porque las trataba mal, no las dejaba salir al centro, no retiraba las fotos de Internet que la dicente no quería que salieran porque su familia no sabía el trabajo que ella hacía” en la Argentina. En las fotos que publicaban en la web les ponían nombres de fantasía. “La dicente aparecía con el nombre ‘Rubí’ y después, cuando los clientes venían y pedían por ella, aparecía otra chica que no era la dicente.”

A todas las chicas “las tenían encerradas, dormían en un dormitorio con una cama cucheta para todas” y por esa razón “se turnaban para dormir y el baño era compartido por los clientes y por las chicas”. Las chicas tenían que pagar diez pesos por día para dormir y muchas aceptaban eso porque “no podrían pagar un alquiler en otro lugar”. Las testigos aseguraron que luego de la detención de Villagra y su esposa, el prostíbulo siguió abierto. Las que se pusieron al frente fueron las hijas de Liliana Rosa Medina, a las que identifican como Romina y Angie. En el allanamiento realizado en la calle Berutti se comprobó que era Medina la que retenía los documentos de todas las chicas extranjeras. La mujer admitió en ese momento que era “la encargada del lugar”. En su testimonio, algunas de las víctimas, a pesar de todo, dijeron que les parecía “injusta” la detención que sufre Medina.

El repaso de las principales causas por prostitución en Mar del Plata arroja como resultado que, por lo general, se trata de un negocio “familiar”, no porque la actividad que desarrollen esté dirigida a la familia sino porque los responsables pertenecen a un mismo clan. Tal el caso del policía René Obdulio Villagra y su mujer, Liliana Rosa Medina. Una vez que ambos son detenidos, las encargadas del comercio sexual pasaron a ser las hijas de Medina, Romina y Angie, pero no son la excepción, sino más bien la regla.

En La Casita Azul, que sigue funcionando como si nada en 20 de Septiembre 57, los que están detenidos, con prisión domiciliaria, son Graciela Carabajal y su hijo Cristian Nazar. En la misma investigación están prófugos Eduardo Muelas, quien sería el concubino de Carabajal, y su hermano Marcelo Luciano Muelas, mencionado como uno de los encargados de “vigilar” a las chicas para que cumplieran al pie de la letra los mandatos de su cuñada Carabajal. Por último, en el caso del prostíbulo de Alvarado 301, los detenidos son Raúl Andrés, un no vidente, y Gloria Raquel, su compañera en la explotación de un comercio ilegal y en la vida.

Todos juegan

Por Carlos Rodríguez

En distintas oportunidades, tanto el fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, como la Procuración General de la Nación, han expresado su preocupación porque los prostíbulos allanados y con sus responsables presos “continuaron en funcionamiento, ello a pesar de los distintos procedimientos” efectuados en los mismos. Adler sostuvo que “la gravedad del delito de trata de personas trae aparejada la necesidad de que sean arbitradas todas las medidas necesarias a fin de lograr el cierre de los locales, comúnmente denominados ‘privados’, en donde las víctimas resultan explotadas sexualmente, con el fin de lograr con ello el cese del delito”.

En su resolución, el fiscal general recordó que el ordenamiento jurídico “prohíbe en la ley de profilaxis antivenérea el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella (artículo 15 de la Ley 12.331). El velar por el cumplimiento de dichas disposiciones resulta ser una eficaz medida de prevención de la comisión de los delitos de trata de personas (artículo 9 inciso segundo del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; Ley 25.632)”.

Por esas razones, Adler recomendó a los fiscales de primera instancia “que una vez constatada la comisión del delito de trata de personas, peticionen al juez actuante la clausura de los lugares en los que las víctimas resultan explotadas, debiendo certificarse dicha circunstancia de modo fehaciente”. Algo similar hizo, en agosto del año pasado, el procurador general de la Nación, que dispuso “instruir a los fiscales en materia penal de todo el país que actúen en causas en las que se investigue la comisión de delitos de trata de personas (…) soliciten, frente a la posibilidad de disponerse un allanamiento en tales lugares por parte del juez competente (casa de tolerancia funcionando bajo la apariencia de un comercio lícito), la intervención de la agencia municipal del distrito a fin de concretar la clausura del local y promover la caducidad de la habilitación o inhabilitación, de acuerdo con las ordenanzas y reglamentaciones municipales que en el marco de la facultades preventivas y sancionatorias resulten aplicables”.

Se dejó constancia de que, a pesar de estas recomendaciones, “se ha verificado la violación de las clausuras y la continuidad del funcionamiento de los referidos prostíbulos, razón por la cual resultaría apropiado que la orden judicial o la autoridad policial disponga que para preservar la clausura del lugar se deje una consigna (policial en la puerta de acceso al prostíbulo) lo cual evitaría que el lugar pueda volver a utilizarse”.

Lo que está ocurriendo, en la práctica, es que los jueces de primera instancia que intervienen en las causas por trata de personas no disponen nunca la clausura del local, aunque sus responsables estén presos por orden de esos mismos magistrados. Cuando le toca intervenir a la Cámara de Apelaciones, sus integrantes rechazan por “improcedente” el pedido de los fiscales para que se cierren los locales y les dicen que, para lograrlo, tienen que dirigirse a los jueces de primera instancia que son, como se dijo, los que nunca adoptan la decisión de clausurar. La Municipalidad de General Pueyrredón nunca hizo un operativo para constatar qué tipo de negocio funciona en esos locales publicitados todos los días en el diario La Capital. Salvo los fiscales, nadie se hace cargo.

Un juez que no trata la trata

En una polémica declaración, el juez marplatense y titular del Colegio de Magistrados local, Manuel Fernández Daguerre, sostuvo que la ley impide la persecución de las redes de prostitución. Defendió la actuación policial y la reglamentación de la prostitución.

Por Carlos Rodríguez

El titular del Colegio de Magistrados local, Manuel Fernández Daguerre, hizo polémicas declaraciones sobre el tema de la trata de personas. “En Mar del Plata no se ha sido permisivo con la trata”, sostuvo Fernández Daguerre, en un momento en que llueven las denuncias sobre la existencia de prostíbulos que siguen funcionando aunque sus dueños estén presos. Hasta llegó a afirmar que la ley “no castiga la prostitución”, cuando hay 45 causas abiertas con 15 personas procesadas por la explotación de mujeres que son traídas, por lo general, de países limítrofes en forma ilegal. Gustavo Vera, de la organización La Alameda, denunciante de los proxenetas marplatenses, consideró que “lo que dice Fernández Daguerre demuestra por qué hay prostíbulos que fueron allanados y cuyos dueños están presos, que siguen abiertos como si nada hubiera sucedido, sin que los jueces hagan nada al respecto”.

En declaraciones al periodista José Luis Jacobo, en el programa radial “Noticias y Protagonistas”, que fueron reproducidas por el diario o El Atlántico, Fernández Daguerre también manifestó su “profundo respeto” por la gestión del cuestionado jefe del Distrito Centro de la Policía de Mar del Plata, Gustavo Salvá, aunque al mismo tiempo admitió que “sería muy inocente si pensara que no hay connivencia policial en alguna de estas cosas”. Según Fernández Daguerre, si un juez mandaba a allanar un prostíbulo, antes de la sanción de la Ley de Trata, “decían ‘ése debe ser el que no arregló’” porque en “una actividad de ese tipo, como la de los boliches nocturnos, parecería ser que si uno no tiene una muy buena relación con la policía, dos allanamientos en una semana acaban con el negocio. De hecho, a la tercera vez que allanamos un lugar, se mudó”.

Recordó que en la época en la que estaba al frente de un juzgado correccional “los jueces correccionales, Camadro, Dominella, Hooft y yo, todos coincidíamos en opinar: cuando hubo una modificación del Código Penal por el cual se mejoraron muchísimo las investigaciones de abusos sexuales”, sin embargo “se hizo más complejo para alcanzar a todos los casos de abusos”. Eso porque, según Fernández Daguerre, la Legislatura “decidió no punir al proxeneta”.

Insistió en que “cuando se modificó la ley de delitos contra la honestidad, ese delito desapareció. Creo que fue un acto expreso de la Legislatura de decir que ese tipo de actividad (la del proxeneta) no debía ser penado, a mi criterio equivocadamente”, opinó. Consideró que “una cosa es que una persona se dedique libremente a la prostitución, que decida ejercer la prostitución, porque para eso no hay límite legal, no hay delito ni contravención que lo pene. Otra cosa es que alguien lo explote y se sirva de eso”.

“Desde ese momento nosotros venimos diciendo: cada vez que dicen la barbaridad de los prostíbulos, de la prostitución en la calle, la actividad de los travestis, que mientras esas conductas sean autorreferenciales, que no causen lesiones o perjuicios a terceros o escándalos, eso no era punible y uno no podía meterse. Yo no podía como juez ni la policía debía ingresar a un privado para hacer ningún tipo de control ni castigar una actividad que estaba legalmente permitida.” Fernández Daguerre opinó que lo que habría que hacer es “reglamentar la actividad a nivel provincial y nacional” porque “si esa actividad existe, y no se puede evitar que una persona decida dedicarse a eso, hay que reglamentarla para prevenir contagio de enfermedades, para evitar este tipo de cuestiones que ahora está con ley de trata”.

Admitió sobre el final que sí hubo alguna permisividad con los “privados” donde se ejerce la prostitución. “Hemos sido permisivos absolutamente con la existencia de privados porque la ley no los castiga, salvo que produzcan escándalos. Me consta que Salvá, que también es abogado, venía a decirnos ‘doctor, tengo esta lista de privados, quiero ir…’ Entonces yo le preguntaba: ‘¿Producen escándalo? ¿Se quejan los vecinos?’ Más de una vez le dijimos ‘no Salvá, usted no puede entrar’.”

“A partir de algunas investigaciones, hechas precisamente por Salvá –resaltó–, nos encontramos con que sobre todo con las traídas de países vecinos, con engaños diciendo que era otro el trabajo y las usaban para la prostitución, empezamos a trabajar en este tema. Hacíamos el procedimiento, se detectaba algún tipo de coacción, algo que tenga que ver con la trata e inmediatamente lo pasábamos a la Justicia federal, que era la competente. Lo hacía Hooft, la doctora Fernández, lo hacía yo, todos los jueces correccionales.”

Precisó que se han “clausurado privados en cantidad donde había escándalos, íbamos con la Municipalidad y retirábamos las pertenencias. En Mar del Plata no se ha sido permisivo con la trata, pero la ley no castiga la prostitución”, insistió como si ignorara la existencia de redes dedicadas a la trata de personas. “Que vengan ahora desde afuera a decir que hubo complicidades judiciales, policiales y municipales, ofenden realmente”, concluyó.

El negocio de los proxenetas

Por Carlos Rodríguez

Es difícil establecer cuánto dinero recaudan, por mes, sobre todo durante la temporada de verano, los proxenetas locales. De acuerdo con lo que dicen los avisos publicados tanto en los medios gráficos como en algunas páginas de Internet, los precios por los servicios sexuales varían, de acuerdo con la chica que se elija. En las publicidades, los precios por “sesión” van de 20 o 30 pesos la media hora hasta 100, 150 pesos o más.

Algunas estimaciones realizadas por personas que están investigando desde hace tiempo el negocio de la prostitución, señalan que cada una de las mujeres que son explotadas en Mar del Plata “nunca recauda menos de mil pesos por día”. Si como se dice, como cada lugar tiene un plantel de entre seis y diez chicas cuando menos,la recaudación diaria global nunca sería menor a los seis mil pesos. Los proxenetas se quedan con el 50 por ciento de la recaudación, porcentaje que llega al 60 o al 65 por ciento porque les cobran el alquiler por la pieza miserable en la que duermen de vez en cuando y hasta por la comida.

Los cálculos que hacen los expertos en este tipo de investigaciones elevan a 5,5 millones lo que recaudan por mes, en forma global, todos los proxenetas de Mar del Plata durante la temporada alta. “Y estamos hablando sólo de lo que deja la prostitución. No hay que olvidar que, la mayoría de las veces, este negocio está ligado al narcotráfico”, explicó una de las fuentes consultadas.