Para someter a la democracia el espionaje local inventa denuncias penales. El caso del albañil y el abogado que denuncia en paralelo a la diputada Carrió como al legislador Vera junto a los jueces Rafecas y Casanello.
Por Lucas Manjon, integrante de La Alameda/Bien Común y coordinador de la Red Antimafia.
Todos los diarios digitales, este lunes 22 de mayo, dieron a conocer el fallo del juez federal porteño Daniel Rafecas que cerró la causa por enriquecimiento ilícito contra la diputada Elisa Carrió.
La decisión de Rafecas de no investigar a Carrió se debe a que el denunciante, un obrero humilde del partido bonaerense de Pilar, reconoció haber cobrado 1.500 pesos por estampar su firma en la denuncia. Es más afirmó que no tenía idea que se estaba firmando.
La denuncia contra la diputada nacional fue presentada en noviembre del año pasado y posteriormente archivada en marzo de este año.
Sin embargo, en marzo de este año, se presentó el abogado Mariano Noel Valdez, para denunciar de vuelta a Carrió, con exactamente los mismos argumentos que el obrero de Pilar.
El nuevo denunciante presentó la demanda con textuales de la causa ya desestimada por Rafecas.
Asimismo, la segunda denuncia se presenta el mismo día que llaman a ratificar al albañil que nunca se presentó. Entonces caída la denuncia ahí aparece el mismo día la denuncia del abogado Valdez.
Estos hechos demuestran la vigencia de la parainstitucionalidad, para llamar con más elegancia a la mafia, que utiliza a las personas más humildes para generar hechos judiciales que derramen en operaciones políticas de desprestigio.
El intentar deslegitimar las opiniones y acciones políticas de las personas mediante una persecución judicial viola cualquier intento democrático de transformar la realidad.
Este mecanismo por el cual se intenta distorsionar y disciplinar las posturas políticas de las personas es hartamente conocido y naturalizado. Son muchos los abogados que trabajan bajo los intereses de la ex SIDE, presentando denuncias varias en los pasillos de Comodoro Py bajo la excusa de tomar conocimiento de posibles delitos anteriormente publicados en los medios.
Nunca hasta ahora había pasado tanta repetición en el modus operandi como de los actores que las llevan adelante.
EL ABOGADO DE LA MENTIRA
El letrado Mariano Noel Valdez ya había presentado una denuncia del mismo tenor sobre el legislador porteño, Gustavo Vera, y los jueces federales porteños, Sebastián Casanello y Daniel Rafecas. Acusó este abogado a los tres por tráfico de influencias.
La denuncia contra Vera, Casanello y Rafecas se basa en una nota publicada por el diario Clarín donde el periodista Claudio Savoia, referencia un “asado secreto” entre los tres denunciados.
La nueva denuncia de estilo espionaje político tramita en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de la Dr. María Servini de Cubría.
Hasta acá, solo nos encontramos nuevamente con el aparato judicial al servicio parainstitucional de la ahora Agencia Federal de Investigaciones (AFI) conocida por todos como SIDE.
Sobre esta denuncia, la cual ya fue desestimada por el hoy fallecido Fiscal Patricio Evers, se presenta como querella el ex director de Operaciones Antonio “Jaime” Stiuso.
En una nota publicada el pasado 20 de mayo, el periodista Claudio Savoia se refiere a la falsa denuncia presentada contra la diputada Elisa Carrió. En la nota se desarrolla la teoría -por demás acertada- de que los servicios de inteligencia se encontraban detrás de esta maniobra.
Pero resulta más llamativo que casi llegando al final, se consigna que la Dr. María Servini de Cubría, le habría avisado al Juez Daniel Rafecas, que la denuncia era trucha.
Entonces bien, si como consigna el periodista de Clarín, Servini de Cubría tiene “el gesto” de avisar que la denuncia era trucha. ¿Por qué con el mismo denunciante -Mariano Noel Valdez- todavía no desestima la denuncia contra Vera, Casanello y Rafecas?
Si la denuncia está marcadamente direccionada por los servicios de inteligencia ¿Por qué Servini de Cubría acepta como querellante a Antonio Horacio Stiuso?
La parainstitucionalidad cada día consume nuevos espacios de la República. En los lugares que ya se encontraba con fuertes cimientos, decide elevar su juego e incurre en maniobras cada vez más burdas. La decisión de poder terminar con esto solo depende de los cuatro poderes. No solo no parece que esto vaya a terminar sino que cada vez se acentúa más.
El Ejecutivo decidió nombrar jueces de la Corte Suprema o camaristas a dedo, incurriendo en delitos y demostrando el total desprecio por las normas; colocó en la Agencia Federal de Inteligencia a un escribano sospechado con anterioridad de evadir impuestos y con posterioridad de cobrar coimas de empresarios extranjeros y a una mujer sin un currículum que solvente su designación y con un marido condenado por estafas.
El Poder legislativo no controla el rol que están tomando los servicios de inteligencia, puntualmente la Bicameral.
El Poder judicial intenta surfear las presiones gubernamentales y de la misma ex SIDE, la cual en muchos casos los nombró; y sectores de prensa que en busca de un interés económico y en menor medida periodístico, deciden colaborar con esas operaciones y sus actores para poder generar un polo de poder que logre dirigir las riendas del Estado.
Se espera un verdadero cambio.
Pero el sentido común siempre indica, que es el menos común de los sentidos.