Desde La Alameda se repudia, con argumentos fundados, el nuevo proyecto gubernamental para modificar la Ley de Trabajo a Domicilio, que garantiza si es que no impedimos su sanción la “impunidad de las marcas” que denuncimos en la justicia federal. Los defensores del proyecto Nacional son los empresarios textiles que logran sus ganancias con la servidumbre de miles.
“Multiplicará los talleres clandestinos y el trabajo esclavo. Además dejará completamente impunes a las marcas que se benefician de ello. Por ello anunciamos que en breve lanzaremos un plan de movilizaciones y esclarecimiento ante la opinión pública a efectos de impedir la profundización del trabajo esclavo que vendría de la mano de la nueva ley”, señalaron desde la Alameda, integrada por reconocidos expertos en leyes derechos humanos y laborales, entre ellos Rodolfo Yanzón y Alejandro Pereyra, éste último ex subsecretario de Trabajo porteño.Los defensores del proyecto de reforma a la ley de Trabajo a Domicilio (que lleva el número 12.713) impulsado por el Ministerio de Trabajo Nacional son: la Asociación de Trabajadores Textiles, la Cámara empresaria del sector y el titular de la Cámara de Indumentaria de Bebés y Niños, Víctor Benyakar, quien en el mes de febrero se había reunido con la viceministra de Trabajo, Noemí Rial.
El empresario textil señaló que “el anuncio es excelente, y al fin se va a erradicar una ley que es de 1941. La nueva ley dice que una obrera a domicilio depende de la empresa que da trabajo” y que “lo que antes eran talleres ahora serán tomados como pymes, haciendo menos engorroso el papeleo para registrarse”.
La propuesta gubernamental obliga a los talleristas que reúnan trabajadores en un domicilio a constituirse como empresas, lo que logra deslindarlos legalmente de los fabricantes, y cumplir con todos los requisitos de la Ley de Contrato de Trabajo.
La Alameda es denunciante penalmente de 85 grandes marcas de ropa por basar su producción en talleres clandestinos y en más de 40 denuncias fue acompañada por el Gobierno de la Ciudad y la Defensoría. Además la ONG con sede en Parque Avellaneda cuenta con el respaldo de la Organización Internacional para los Migrantes (OIM), el cónsul boliviano, Alberto Gonxalez, y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con quienes viene trabajando diariamente para erradicar el trabajo clandestino.
Por esa trayectoria sumado a que lograron instalar el tema en la agenda pública a principios de marzo la eterna viceministra de Trabajo entregó a La Alameda una copia de las “bases” del proyecto que hoy se pretende impulsar para reformar la ley de trabajo a domicilio.
“En aquella oportunidad, la doctora Rial nos pidió inmediatamente observaciones al mismo. El 10 de marzo le entregamos formalmente el documento que por vez primera tendrá hoy la prensa, en el cual cuestionamos duramente al proyecto y sugerimos que se refuerce el poder de policía para hacer cumplir la legislación vigente, en lugar de cambiarla de acuerdo al paladar de los esclavistas. Vanamente esperamos cinco meses una respuesta y un debate al respecto. Mientras tanto, los mismos empresarios cuestionados de usar trabajo esclavo y los sindicatos que nada hicieron para defender a los miles de costureros encerrados en talleres clandestinos, aplauden rabiosamente la iniciativa”, señaló el titular de la Alameda, Gustavo Vera.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad se han definido las prácticas empresarias a través de la tercerización clandestina como una “violación sistemática de los derechos humanos”.
“El proyecto del Gobierno desregula la relación entre talleristas y fabricantes, al convertir a los talleristas en Pymes independientes de las marcas. Esto dejaría impune a las marcas por los lugares que escoge para su producción y a la vez desprotegiendo a los trabajadores que deberán litigar en los fueros laborales con talleristas en su mayor parte insolventes”, agregó Vera en un comunicado firmado por abogados especialistas en derecho laboral y penal.
La ley 12.713 actual contempla que el tallerista tiene un doble carácter. Es patrón de los costureros, pero a la vez empleado de las marcas. Entonces, en cada taller clandestino las marcas son doblemente responsables, tanto en lo atinente a las condiciones laborales como en lo referente a la situación penal.
“Por cada 100 pesos que sale una prenda, el tallerista recibe 3,25 y el costurero 1,89, quedando el grueso de la ganancia para los fabricantes. Tal estructura de costos es la madre del trabajo esclavo. Es a través de la fijación unilateral de los precios por parte de los fabricantes donde empieza la cadena de la explotación. De esta manera el fabricante explota al tallerista, pero peor que eso convierte, además, en el mismo acto al tallerista en explotador de los costureros. Esa necesidad de permanecer en el mercado es la que deriva en la superexplotación en condiciones indignas de los trabajadores y en los casos extremos en la esclavitud lisa y llana”, forma parte del comunicado de La Alameda remitida a los medios de prensa.
El 16 de febrero de 2008 se daba a conocer la inciativa del Estado Nacional con los empresarios textiles.
Textiles: Más cuestionamientos al trabajo en domicilios
Dos ex subsecretarios de Trabajo porteños, el abogado de la Defensoria del Pueblo, el abogado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos y los integrantes de La Alameda de Parque Avellaneda cuestionan un acuerdo entre el Gobierno y empresarios.
Por Lucas Schaerer
Las más importantes empresas de ropa denunciadas en la justicia federal, en total 85, quieren quedar impunes.La derogación de la ley de trabajo a domicilio dejaría impunes a los empresarios textiles por producir con empleados bajo reducción a la servidumbre e indocumentados como se demostró en distintos allanamientos a talleres textiles clandestinos.
Los empresarios del sector textil se reunieron este jueves con el ministro de Economía Nacional y la viceministra de Trabajo. Allí acordaron trabajar en la modificación de la ley de trabajo a domicilio, la cual señala las responsabilidades de los fabricantes con los talleres donde tercerizan las prendas.
Para los integrantes de la primera fundación contra el trabajo esclavo, La Alameda, “la reunión es insólita. Es como si el Gordo Valor pidiera despenalizar el robo de camiones caudales con el ministro de Justicia”, señaló el presidente de la fundación La Alameda, Gustavo Vera.
Lo sostenido por Vera es respaldado por los últimos subsecretarios de Trabajo porteños, Alejradro Pereyra y Ariel Lieutier, el abogado de la Defensoría del Pueblo, Mario Ganora, el referente de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, Rodolfo Yanzon, y de la Unión de Trabajadores Costureros (UTC), Néstor Escudero.
La Organización Internacional para los Migrantes (OIM), el cónsul boliviano, Alberto Gonzalez, y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) vienen trabajando diariamente con la Fundación Alameda, para evitar que el 78 por ciento de la industria textil se encuentre en negro, como bien sostuvo De Mendiguren en la reunión con los ministros nacionales, que cambiaría la realidad de miles de costureros en la Ciudad.
“Expresado de otra manera -prosiguió Vera-, De Mendiguren se sentó frente a los más altos funcionarios responsables de velar por el cumplimiento de las leyes que viola su sector y le declaro la gravedad de sus reiteradas faltas. Parece que evadir impuestos, tener trabajadores en negro, en algunos casos reducidos a la servidumbre y esclavitud y victimas de trata y tráfico de personas, no contar con las condiciones de higiene y seguridad, no es un delito en el sector de la indumentaria porque ningún funcionario público se asombró, ni ordenó la investigación judicial de la mayoría de los empresarios que se niegan a ser auditados por el INTI”.
Noemí Rial, viceministra de Trabajo Nacional, deslizó al pasar que los empresarios no pueden presentarse ante Economia “a pedir beneficios a su actividad cuando tienen a trabajadores en condiciones de esclavitud”.
Sin embargo fue la misma Rial la que les prometió a los empresarios presentar en quince días “una normativa que modifique integralmente la actual ley de trabajo a domicilio que data de 1945” que está elaborando junto a dos técnicas del Banco Mundial.
Con la modificación de la ley de trabajo a domicilio los empresarios pretenden no ser culpados “por su solidaridad penal y económica para con los talleres clandestinos en los cuales tercerizan su producción. De esta manera pretenden deslindarse totalmente de los delitos que se comente para producir los productos que comercializan como si ellos no fueran instigadores de dichos delitos”.
Desde hace dos años hay 85 grandes marcas denunciadas por la Defensoria del Pueblo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Alameda ante el juzgado federal de Norberto Oyarbide.