El vicepresidente de la Fundación Alameda, el abogado penalista de reconocimiento internacional Mario Ganora detalla en la siguiente entrevista la denuncia penal sobre la marca de ropa infantil Cheeky, propiedad de Juliana Awada.
AWADA DE MACRI, NO ES POPULISTA.
“El taller clandestino trabaja para la firma de la familia Awada”
Mario Ganora de Fundación La Alameda habla de las denuncias por explotación laboral en talleres clandestinos vinculados a la marca Cheeky. Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada, cómplices.
LA PACO URONDO: Hubo un escrache y una presentación contra los locales de Cheeky. Quisiéramos que nos cuentes de qué se trata.
Mario Ganora: Lo que ocurrió fue lo siguiente: Las investigaciones que realiza la fundación permitieron determinar que había un establecimiento que era un taller clandestino ubicado a unas 10 cuadras de donde está la sede de La Alameda, tenía alrededor de 13 trabajadores en condiciones de trabajo forzoso, con violación de la ley de trabajo a domicilio y además, con el agravante de que era gente que proviene de países limítrofes por lo cual, tendríamos una violación de la ley de inmigraciones y probablemente la ley de trata. Las condiciones del lugar de trabajo eran sumamente deplorables, fueron filmadas, hay un testigo que, está dispuesto a declarar. Se hizo la correspondiente denuncia, que se presentó en la Justicia Federal y estamos esperando en este momento la ratificación.
Este taller clandestino, está trabajando con exclusividad para la firma Cheek S.A. que es la dueña de la marca Cheeky. Nosotros habíamos hecho varios años atrás junto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una denuncia contra esta firma que tenía talleres clandestinos. Sin embargo parece que las cosas no cambian, esta denuncia que fue en su momento muy importante termina en un sobreseimiento que consideramos escandaloso. Nos preocupa porque era una ligazón muy directa entre esa firma y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la firma es propiedad de la familia de la esposa del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
LA PACO URONDO: ¿El taller funciona para Cheeky?
MG: Exclusivamente para Cheeky. Cheeky es la marca, la firma es Cheek S.A.
LA PACO URONDO: ¿Esa firma es la que ahora Juliana Awada está dirigiendo?
MG: Exactamente. Ese es el problema, que estamos viendo que la autoridad que tiene a su cargo el control del cumplimiento de la ley de trabajo a domicilio 12.713 tiene problemas, porque el jefe de todo el sistema del ejercicio del poder de policía, especialmente de policía del Ministerio de Trabajo, es el Jefe del Gobierno de la Ciudad, cuya esposa es la que evidentemente estaría involucrada.
LA PACO URONDO: ¿Realizaron una presentación judicial contra la empresa y no contra Juliana?
MG: Contra la empresa y contra la gente del taller. Acá ustedes no tienen que pensar solamente que está la empresa en sí misma sino que tenemos el tema del taller. La ley de trabajo a domicilio establece una solidaridad respecto a la responsabilidad y a las obligaciones laborales, seguridad, higiene en el trabajo, etc., tanto del tallerista como del fabricante, en este caso la empresa para la cual trabaja y, desde el punto de vista penal, habría una complicidad de estos delitos que está contemplada en los artículos 45 y 46 del Código Penal.
LA PACO URONDO: Entonces la cuestión del control estaría en dos ventanillas. ¿Te parece que a través de esta denuncia penal y de las denuncias públicas que ustedes hacen se puede llegar a generar una reacción?
MG: Lo que nosotros entendemos es, básicamente, que existe una colusión entre el poder político y el poder económico. Esta situación que estamos viviendo de funcionamiento de empresas contratando talleres clandestinos que explotan a los trabajadores en condiciones infrahumanas no puede suceder de no existir una colusión con el poder político y todo lo que tiene que ver con las inspecciones. En este caso concreto, la visibilidad de la relación entre el poder político y el económico es muy grande porque hay una unión personal –como diríamos en Derecho Internacional- , hay, incluso, una violación del principio ético, o sea: El Jefe de Gobierno tendría que apartarse en este caso o, por lo menos, plantear seriamente ante la sociedad qué es lo que está pasando.
LA PACO URONDO: ¿Cómo ven que se controla el trabajo esclavo en estos últimos años, hubo alguna mejora en 2009, 2010?
MG: No, lo que vemos es un enterramiento y esto lo puedo afirmar sin temor. Respecto a lo que fue la gestión de Jorge Telerman –que lo hizo por dos razones, el escándalo por el incendio en Luis Viale 1269 en 2006 y porque, en su equipo tenía gente comprometida-. En ese momento hubo una mejora objetiva de la situación en el aspecto de la investigación, en tratar de poner coto al fenómeno, denunciar que el trabajo esclavo mata y en la investigación de la llamada “cadena de valor”. A partir de la asunción del ingeniero Macri en la gestión de la ciudad de Buenos Aires hay una desarticulación de todo lo que significa la política anterior.
Empieza a tratar de regularizar esos talleres –lo que no es posible dadas las condiciones en que trabajan-, cesa la Ciudad de promover las acciones penales correspondientes –que es una obligación legal- y, por otra parte, empieza a darse la vinculación personal entre el poder político y el poder económico en lo que tiene que ver con la explotación de los trabajadores. Eso es lo más grave porque se puede tener la mejor ley del mundo pero, si hay esa complicidad, la cosa no va a ir a ningún lado.
LA PACO URONDO: Es complicada la presencia de la mujer en este caso y tampoco se ve el tema trabajado en los medios.
MG: Es un problema ligado a las marcas porque éstas tienen una influencia muy grande en los medios de comunicación, en los intereses políticos y en la sociedad civil porque son los que financian un montón de campañas, torneos, actividades de ese tipo.