El fiscal le pidió al juez Ercolini la colecta de pruebas sobre un terreno de la diputada que fue presuntamente subvaluado.
El fiscal Jorge Di Lello imputó a Graciela Ocaña por presunto enriquecimiento ilícito a partir de una denuncia que le hizo el referente de la ONG La Alameda, Gustavo Vera, mientras que para la diputada nacional de Cambiemos la causa se origina en “mentiras mediáticas”. Según informaron fuentes judiciales, la principal acusación de Vera contra Ocaña es que la diputada declaró ser propietaria de una parcela de mil metros cuadrados en el barrio privado Terravista en General Rodríguez, valuada en 900 mil pesos cuando en realidad poseería allí “una mansión valuada en casi un millón de dólares”.
En el marco de la causa, Di Lello le solicitó al juez federal Julián Ercolini que realice una batería de medidas de prueba entra las que solicitó que se le pida a la Oficina Anticorrupción (OA) las declaraciones juradas de la diputada nacional. Di Lello también solicitó que se le pida a los registros de la propiedad de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires información sobre los inmuebles y terrenos a nombre de Ocaña, según informaron fuentes judiciales.
Otra de las medidas solicitadas por el fiscal fue que las distintas legislaturas en las que trabajó Ocaña informen cuánto percibió de haberes a lo largo de su carrera. “Es llamativo tan brutal incremento (del patrimonio) ya que Graciela Ocaña, durante los últimos casi veinte años, el único trabajo que tuvo es en el Estado”, había dicho Vera tras presentar la denuncia a fines del febrero. Fuentes judiciales confirmaron a la agencia Télam que Ocaña ya se entrevistó con el juez Ercolini y el fiscal Di Lello y aportó documentación luego de que trascendiera la denuncia en su contra.