El diario El Mundo de España por el día internacional contra el Trabajo Infantil publicó un lapidario informe sobre el trabajo esclavo en nuestro país.
http://www.elmundo.es/america/2012/06/13/argentina/1339616621.html
La industria textil es la que más mano de obra esclava utiliza con un 78%. Apuntan a un mínimo de 500.000 víctimas, aunque podrían ser millones. Denuncian la complicidad de la clase política, la policía corrupta y la justicia.
Nazaret Castro | Buenos Aires, miércoles 13/06/2012
Las estimaciones más modestas calculan que 500.000 personas trabajan en Argentina en condiciones análogas a la esclavitud, aunque podrían ser millones. Esa es la contundente cifra que aportan asociaciones como la fundación La Alameda o el programa Esclavitud Cero, basándose en datos oficiales y en sus propias investigaciones, que dan fe de que esta lacra no deja de crecer en Argentina, a la sombra de mafias que mezclan con naturalidad los dos negocios ilegales más lucrativos del mundo: la trata de personas y el narcotráfico.
El sector que más mano de obra esclava emplea en Argentina es el textil: el 78% de los talleres son informales, según cifras de la propia industria. Sólo en el Gran Buenos Aires se estima que existen unos 15.000 talleres clandestinos, cada uno de los cuales emplea a entre siete y diez costureros; la gran mayoría de ellos son inmigrantes bolivianos. La fundación La Alameda ha denunciado a Puma, Adidas y un centenar de firmas más por empleo de mano de obra esclava.
Le sigue el campo. El 60% de la mano de obra rural es informal, según la Unión Argentina de Trabajadores. Rurales y Estibadores (UTRAE). Las condiciones de esclavitud abundan en cultivos que requieren mano de obra intensiva, como el ajo, la vid, la fresa o el sector avícola. Muchas de las víctimas, a menudo menores de edad, provienen de las provincias del noroeste argentino, como Santiago del Estero, Tucumán o Jujuy. También es intenso el flujo de la trata de personas desde Paraguay: ellos llegan para trabajar en el sector de la construcción; ellas son masivamente reclutadas como esclavas sexuales para los 8.000 prostíbulos del país.
En todos los casos, “predomina la captación por engaño: les prometen un sueldo en dólares y unas condiciones laborales que nunca se cumplen; una vez están lejos de su hogar, se les somete a la servidumbre mediante la deuda que contraen por los gastos del viaje y del alojamiento”, explica Gustavo Vera, presidente de La Alameda.
Su situación oscila del trabajo forzoso, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define como jornadas de más de 12 horas y ausencia de derechos sindicales, al trabajo esclavo, cuando además la víctima duerme en el lugar de trabajo y carece de libertad para entrar y salir del local. En el campo argentino se han documentado casos en que los trabajadores no podían salir de la finca ni sabían hasta cuándo debían permanecer allí; en los talleres textiles del conurbano bonaerense las jornadas de trabajo oscilan entre 14 y 16 horas al día, seis días a la semana, a cambio de salarios de miseria. Perciben unos dos pesos por tejer una prenda que se venderá en las tiendas de Palermo por 300 pesos (unos 55 euros), o en las ferias informales por unos 100. Además, trabajan en precarias condiciones higiénicas y de seguridad.
Una mafia internacional
El traslado de las víctimas de trata desde su lugares de origen requiere “un amplio abanico de complicidades”, señala Vera. Las mafias, intrínsecamente ligadas a los cárteles internacionales del narcotráfico, compran las voluntades de legisladores, policías, inspectores y jueces. “Dicen que en Argentina, al contrario que en otros países sudamericanos, no existe crimen organizado: es absolutamente falso”, apunta Mercedes Assorati, coordinadora del Proyecto Esclavitud Cero. “La policía no ha tomado conciencia de que la gravedad del problema está aumentando”, añade.
“Para combatir a la mafia hay que quebrar sus estructuras económicas”, señala Vera. En ese sentido, La Alameda demanda una ley que garantice la incautación de bienes para que, por ejemplo, cuando se detecte un taller clandestino que utiliza mano de obra esclava, esa maquinaria sea incautada por el Estado y puesta a disposición de las víctimas, que pueden así organizarse en cooperativas. Existen algunas experiencias en ese sentido, como el Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI), que agrupa a cinco cooperativas en las que trabajan más de 100 personas. Pero la incautación de bienes sigue siendo la excepción a la norma, y la norma es la impunidad.