Gustavo Vera, titular de la Alameda, fue expositor en la jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana organizada en la Facultad de Derecho (UBA). El encuentro fue realizado para conocer los enfoques jurídicos que inspira el Papa Francisco.
Quisiera agradecer a los Dres. Gallardo y Moreno, a Monseñor Sánchez Sorondo, Canciller de la Academia Pontificia y también saludar a los hermanos Pepe Di Paola y Fernando Maletti. Voy a ser molesto, porque para eso me convocaron, para ser políticamente incorrecto.
En el ámbito privado cuando un servicio funciona mal, cada vez tiene menos ingresos y a la larga termina quebrando. En la política y en la justicia, tenemos la rara ecuación de que cuando peor funciona, más ganan. Tenemos jueces en todos los ámbitos que están cobrando arriba de los cien mil pesos, totalmente despreocupados de si hay una devaluación, hiperinflación, que no pagan impuesto a las ganancias, que tienen una vida bastante cómoda y que sin embargo nada les quita el sueño.
No me refiero a los que están acá que son las pocas excepciones que tratan de hacer justicia, que hoy en la Argentina es casi remar contra la corriente, o al extraordinario programa ATAJO que el propio gobierno quiso desmantelar. Les hablo desde la experiencia de estar tramitando más de 200 causas en Fuero Federal, de haber recorrido el país, de haber conocido muchísimos jueces y fiscales federales, de muchas causas que se han convertido en sentencia judicial firme y las conclusiones que fuì sacando en el camino.
EL DIOS DINERO
Lo primero es enmarcar lo que el Papa Francisco señala, estamos en una sociedad que lamentablemente prioriza al “Dios dinero”, un capitalismo salvaje, que pone el centro en el paradigma tecnocrático, donde el desarrollo de la tecnología descarta cada vez más gente. Que este descarte produce migraciones y concentraciones en grandes centros urbanos de un importante sector de personas que buscan desesperadamente trabajo y están en un estado de gran vulnerabilidad. Y que en esa situación de vulnerabilidad hay sectores que se aprovechan de la misma para desarrollar una especie de acumulación mafiosa de capital, a través de lo que se conoce como criminalidad organizada. ¿Organizada por quién? Organizada por los vivos que se aprovechan de la miseria y la pobreza y los que les dan, de alguna manera, una especie de zona liberada desde el propio Estado. La asociación de tratantes y narcos con funcionarios del estado que les liberan zonas a cambio de peajes se la llama en Italia, “mafiosidad”.
LA MAFIA
Hace algunos años en esta facultad, en el primer congreso de la red antimafia en abril del 2013, hablamos de mafia y a todos se les pararon los pelos y les parecía que era exagerado. Yo ayer leí en el diario La Nación una página entera donde escriben “sorprendidos” del vínculo entre el Estado y el narcotráfico, del vínculo del Estado con la trata de personas a través de intendentes, funcionarios, etcétera.
Y si bien el tema, gracias a la lucha que dieron las organizaciones de la sociedad civil, se ha convertido en leyes de trata, de asistencia a las víctimas y se ha instalado en la agenda pública, todavía estamos muy lejos de que se imparta justicia. Solo para darles un ejemplo, la Argentina durante muchos años, ha sido diagnosticada en el ranking anual de Naciones Unidad como el tercer exportador de cocaína a nivel mundial y el primer consumidor latinoamericano, segundo de América después de EE:UU. Y recuerdo que cuando estábamos organizando un coloquio de jueces sobre trata y narcotráfico en el Vaticano, vino un Juez de una de las salas del Penal Económico Federal, y me contaba que desde que asumió como magistrado en el Penal Económico Federal en el año 1995 hasta la fecha no recibió jamás una causa vinculada al narcotráfico y el puerto. Y los Juzgados y las cárceles están repletos de vulnerables, que son explotados a través de las redes del narcomenudeo, con los cuales los jueces que cobran 150 mil pesos o más, y ni siquiera pagan impuesto a las ganancias, hacen estadísticas y dicen que imparten justicia. Esta es la realidad.
LOS PUERTOS Y EL NARCOTRÁFICO
Hace tres días estaba participando de una especie de paritaria que hizo una multisectorial de gremios y organizaciones sociales de Mar del Plata, con los gremios de la pesca, camioneros, en el Puerto de allí, porque los compañeros no están trabajando, porque la pesca se está desplazando hacia la Patagonia, y ahí existe una especie de convención mediante la cual las empresas que tienen la cuota de pesca, cuando no pescan, pagan un salario garantizado de 7500 pesos, que por su puesto es una miseria que no alcanza ni para medio mes. El tema es que hay un montón de empresas que retienen la cuota de pesca, que incumplen y no pescan, y sin embargo la retienen, para mantener su presencia en el puerto, y sin embargo pagan el “salario” garantizado. La pregunta lógica que se hacían los trabajadores que están en tierra es ¿cómo hacen estas empresas para pagar el garantizado, si hace años que no pescan? Elemental, aprovechan su presencia en el puerto con “cuota de pesca” como pantalla para tráfico, narcotráfico, entre otras cosas. Presencia en el puerto, para pantalla de negocios ilícitos, y mientras tanto se sostiene a ocho mil personas en una situación de extrema vulnerabilidad.
Entonces, hay mucho debate, muchos fariseísmos respecto a las problemáticas sociales, a la trata, etcétera, desde los juzgados y particularmente desde la Justicia Federal, pero muy pocos resultados concretos y lamentables resultados cuando uno analiza a alguna causa que ha sido emblemática.
LA MAFIA DE LA MODA Y LA JUSTICIA FEDERAL
Por ejemplo, la primer causa que tuvo sentencia judicial firme sobre trata laboral, que es la causa “Salazar Nina ”, se inició en el año 2005, todavía no había ley de trata y se los juzgo por reducción a la servidumbre y violación a la ley de migraciones. Ocho años después, los responsables de estos talleres que explotaban a trabajadores indocumentados catorce a dieciséis horas, que estaban encerrados y solo les permitían salir un rato los fines de semana, que les pegaban y abusaban de las mujeres, están presos. Pero no eran más que los perejiles porque las marcas que se beneficiaban de toda esta explotación que eran Lacar (que quebró y luego fue recuperada por sus trabajadores en 2010) y Montagne (que sigue teniendo locales en todos los shoopings) jamás fueron investigadas a pesar de que eran solidariamente responsables según la Ley de trabajo a domicilio (12.713).
Y peor todavía: en el año 2007 Oyarbide, que era quien tramitaba la causa, hizo un allanamiento simultáneo a catorce talleres, cuyos dueños fueron después condenados con sentencia judicial firme en el 2013. En aquellos allanamientos no hubo la màs mínima preocupación por reparar a las victimas, ni por incautar las maquinas para darles trabajo a esas victimas. El Juez Oyarbide resolvió dejarlas tiradas en un galpón casi a la intemperie y a las víctimas en la calle. Años después, cuando la causa llega a Tribunal Oral, el Tribunal se da cuenta de que podía por lo menos hacer alguna mínima reparación a las víctimas y se resuelve reutilizar esas máquinas con las cuales se programa un polo textil con el INTI y la intendencia de la Matanza. La cuestión es que cuando el INTI va a ver el estado de las maquinas, el 90% de las maquinas ya no servían para nada porque habían estado bajo la lluvia, el viento y se pudrieron.
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE TRATA
Al día de hoy, las victimas que habían iniciado esa causa, porque todavía la Alameda no podía ser querellante, no había organizaciones que se encargaran del tema, no han tenido reparación alguna. No tuvieron trabajo, no fueron reparadas y los verdaderos culpables, que eran las marcas, siguen operando con absoluta y total impunidad, a pesar de que hay una ley que los liga y los hace solidariamente responsables de esas condiciones tremendas de esclavitud (ley de trabajo a domicilio 12.713). Al día de la fecha no hubo reparación, no hubo reinserción, no hubo nada.
Analicemos a otra causa con sentencia judicial firme, pero sobre trata sexual. Una mujer, que era tremendamente explotada, que había sido traída bajo engaños de la Republica Dominicana para trabajar en una supuesta peluquería, denuncia una red de trata en Mar del Plata, en la que estaba involucrado un alto funcionario de la policía, un alto funcionario de migraciones, porque aparte de ese prostíbulo funcionaba una especie de comando central de varios prostíbulos más. Gracias a los datos que aportó la víctima, fue desmantelada toda una red que traía mujeres de la Republica Dominicana, en una causa que tuvo sentencia judicial firme hace dos años y los proxenetas y tratantes están presos.
¿Qué paso con la víctima, que aportaba los datos y que arriesgo su vida? Le dieron algún hotel, alguna protección, alguna custodia. Pero lo que ella reclamaba más, era reencontrarse con sus hijos que estaban en San Juan de la Maguana, que era su lugar de origen, de donde había sido captada y donde estaba la mafia de origen que reclutaba mujeres hacia la Argentina. Al día de hoy, no se ha podido reencontrar con sus hijos, porque la Justicia no interpela al Poder Ejecutivo, el Ejecutivo no se hace cargo, y las demás víctimas ni siquiera fueron buscadas. Por lo tanto, reparación y reinserción te la debo, como diría el actual gobierno.
Vamos a otra causa, en la que la Justicia actúa bien, pero increíblemente el Poder Ejecutivo no hace absolutamente nada. 180 trabajadores en Batán, Sierra de los Padres, en una causa que se llama “Costa Mari”, que ahora ha pasado a Juicio Oral, 180 trabajadores estaban reducidos a la servidumbre más extrema, pibes trabajando, en una empresa frutihortícola, que trabajaba para el supermercado Toledo, una empresa importante. Esta vez el Juez con buen tino, interviene la empresa, detiene al empresario y ordena la continuidad laboral de esa empresa bajo la intervención del Estado. Entonces convoca a RENATEA, que en aquel momento existía, para que se encargue de articular con los demás sectores del Poder Ejecutivo para que los pibes vayan a la escuela, articular para que las casas donde vivían se conviertan en casas dignas, y articular para que sigan trabajando en forma cooperativa, cobrando el equivalente a un salario del Convenio Colectivo. El RENATEA lo hace con mucho entusiasmo, logra que los chicos vayan a la escuela, que mejoren las condiciones habitacionales de los trabajadores, que estos cumplan una jornada de trabajo normal. Pero tiempo después, resulta que el gobierno nacional que asume en el 2015 disuelve el RENATEA, y entonces tenemos en este momento el absurdo de que hay 144 hectáreas con 180 trabajadores, intervenidos por una ingeniera agrónoma que designo un Juez Federal, o sea un limbo absoluto y una incertidumbre para las victimas
En un país donde todos se llenan la boca hablando de la incautación, de devuelvan lo robado. Nadie se hace cargo de nada, puro humo mediático.
EXPLOTACIÓN INFANTIL
Veamos otra causa, que investigamos y denunciamos junto con Juan Grabois, en el 2008. En Nuestra Huella filmamos a los trabajadores en estado deplorable, a los niños a los cuales explotaban, consumían agrotóxicos, etcétera. Incluso se filmó al mismo chico que dos años después murió envenenado, Ezequiel Ferreyra. Esa causa fue pasando desde el Juzgado Federal de Zarate Campana, zona de puerto, donde no esperábamos que se imparta mucha justicia porque en los puertos es como les dije al principio. La cuestión es que la causa pasó a la Cámara Federal, de esta paso a Casación y finalmente determinaron que no había delito. Años después determinaron que sí había delito, así que recién se acaba de reabrir, diez años después, mientras tanto los trabajadores siguen siendo o explotados en otra granja, o algunos murieron intoxicados, o algunos tuvieron enfermedades graves y ninguno fue reparado.
INCAUTACIÓN QUE SE ORDENA Y NO SE REALIZA
Sigamos con más causas, acá en Recoleta, frente al cementerio, un prostíbulo que manejaba una mafia muy importante, donde una víctima muy valiente denuncia toda esa mafia y gracias a la denuncia que hace, un Juez Federal hace un allanamiento y ordena “bueno, que este lugar sirva para reparar a las víctimas, que sea incautado y reutilizado”. Pero ya pasaron casi dos años de esa resolución y el local del prostíbulo incautado sigue cerrado porque nadie se hace cargo, ni el Poder Ejecutivo, ni la Defensoría del Pueblo, nadie se hace cargo de tomar posesión del lugar que gentilmente les asigno el Juez para que por lo menos si no reparan a las víctimas, reparen a la sociedad.
Hoy a esa valiente víctima que hizo la denuncia y que permitió desmantelar una red de trata, ahora le están por ejecutar bienes porque cuando era víctima los mafiosos le hacían firmar pagares, y ahora tiene otro tipo de juicios. Y si bien en la ley de trata esta establecido que no se puede perseguir a una víctima de trata que haya cometido delitos mientras era esclavizada, como no hay ninguna conexión entre los Juzgados Comercial y Federal, si no avisa La Alameda, a la víctima la seguían ejecutando. O sea, había ayudado a desmantelar la red de trata, y no solamente no era reparada y reinsertada, sino que además la perseguía la justicia.
APRIETE A QUIENES DENUNCIAN
Bien, sigamos hablando de causas concretas. Narcotráfico. En Esteban Echeverría y en Paternal, se incautan dos bunkers donde había acopio de falopa, y se resuelve la reutilización social de esas propiedades. Entonces, de manera improvisada, la reutilización social se le dan a buenas ONGs que se dedican al tema. Pero las ONGs sin ninguna protección, por lo tanto cada vez que abren el boliche, naturalmente vienen las mafias. Atentado, apriete, etcétera, ergo, cerrado. Cerrado no funciona, no contesta. Tampoco el Estado contesta.
Oficina de Rescate de Víctimas de Trata. Nos cansamos de escuchar en este gobierno y en el anterior que había cerca de diez mil víctimas rescatadas de la trata. Eran ocho mil al final del gobierno anterior. La pregunta del millón era, y es, si tienen ocho mil víctimas rescatadas supongo que, como hoy presentaron los compañeros de ATAJO, tendrán una estadística de donde han sido reinsertadas laboralmente. Tantas trabajan en el rubro tal, tantas volvieron a su país con garantías etc. Esa pregunta del millón nunca la hizo nadie porque ochenta por ciento o más de las víctimas que fueron rescatadas, lo fueron solamente las semanas o los meses necesarios para que declaren y después fueron dejadas libradas a su propia suerte y la mayoría volvió a ser re victimizada. Es más, nosotros hemos tenido el caso de una víctima que la rescatamos tres veces en diferentes prostíbulos y diferentes años.
Ahora hay una acordada de la Corte sobre Incautación, pero aún no funciona. Veamos el caso vehículos. Ustedes saben que en la Provincia de Buenos Aires y en todas las provincias, hay miles y miles de vehículos incautados por distintos delitos que, en vez de ser reutilizados para ser usados por organizaciones sociales, por el propio Estado, por el ministerio de educación, el ministerio de salud, son amontonados en algún cementerio de autos. Se invierte dinero en cementerios de autos para que contaminen a los vecinos, se conviertan en desarmaderos ilegales con complicidad de policías asociados con delincuentes, etcétera. Una vez más, no se repara a la sociedad, se contamina, se malgasta presupuesto y encima el Estado fomenta el crimen organizado, además de dañar gravemente el medio ambiente. Esto está ocurriendo en la Provincia de Buenos Aires y en varias provincias de nuestro país con los vehículos incautados.
LA CORTE Y LOS BIENES INCAUTADOS
Hace dos años, se acordara el obispo Maletti aquí presente, hicimos una marcha con varias intendencias, entre ellas Merlo, en la que nos reunimos con el Presidente de la Corte, el Dr. Lorenzetti, y le planteamos esta problemática sobre cómo podía incentivarse la incautación de bienes secuestrados a referéndum de la sentencia judicial definitiva. Recién hace poquito tuvimos una acordada sobre el tema incautación, en la que la Corte ahora va a tener el monopolio de la decisión de todos los bienes incautados, pero como todavía no creo la oficina, entonces cada vez que se incauta un bien, tenes que esperar a que se cree la oficina, o sea aun es impracticable. Y bueno, una vez màs, tramite burocrático sobre trámite burocrático, en los que no se resuelve nada.
Este gobierno, se cansa de hacer propaganda electoral diciendo que había que recuperar lo robado, que había que sacar una ley de decomiso, pero la realidad es que no avanzan al igual que los miembros de la Corte siquiera en una simple oficina que ponga inmediatamente en funcionamiento la administración de los bienes incautados. Mientras tanto las victimas y la sociedad no es reparada y lo incautado se pudre en un galpón o se convierte en un desarmadero.
Recuerdo por ejemplo el caso Lázaro Báez. A Lázaro Báez, el Dr. Casanello le incauta un montón de propiedades mientras se tramita el juicio. En una oportunidad convoca al INTA y el INTI, y les dice bueno, tengo todas estas propiedades y estas empresas incautadas para que sean reutilizadas. Pero lo cierto es que salvo Vialidad Nacional, que utilizo algunos vehículos, el resto no contesta, no se quieren hacer cargo. No se reutiliza absolutamente nada, se está pudriendo todo ahí.
En conclusión, naturalmente Tierra, Techo y Trabajo requiere de un prerrequisito, que tengamos una sociedad justa, inclusiva y sustentable, para lo cual, según mi humilde opinión, creo que necesitamos reconstruir una comunidad organizada, que priorice al hombre por encima de la tecnología y que genere una especie de consejo económico social permanente donde podamos reorientar la economía para garantizar estos derechos elementales.
En lo que se refiere a la personas en estado de extrema vulnerabilidad, como por ejemplo las victimas de adicciones, los que han sido víctimas de trata sexual particularmente, por más que el estado acompañe, y muy pocas veces acompaña con una plena contención, recuperación y condiciones de reinserción, la reinserción después se convierte en una especie de quimera. Una quimera, porque una persona que estuvo cuatro años en un prostíbulo explotado y después estuvo cinco años en un proceso de recuperación, cuando va a pedir trabajo le van a pedir cuál es su curriculum, cuáles son sus antecedentes, y naturalmente no tienen antecedentes, tienen un bache de casi una década. Por lo tanto, nadie la va a emplear. Lo mismo pasa muchas veces con las víctimas de adicciones, que cuando las logran recuperar, a la hora de buscar trabajo tienen toda cantidad de años sin trabajo y son rechazados por los empresarios argentinos que no se caracterizan por el buen corazón y la misericordia Entonces esas víctimas recuperadas después de años, que son rechazadas de trabajos formales, se van frustrando . Y la suma de frustraciones puede llevarlo de vuelta a ser re victimizada o re explotada. Hace mucho tiempo que estamos planteando que con las víctimas de estos grados extremos de vulnerabilidad, tiene que haber un cupo de reinserción obligatoria en el Estado y un cupo de reinserción en el ámbito privado, en la cual exista algún tipo de incentivo para que se le de trabajo efectivo bajo convenio colectivo de trabajo, sea en el ámbito estatal o en el ámbito privado.
Alguno me objetará, no se puede porque “en el Estado ya tenemos mucha gente”. Miren, si se les da de baja la cantidad de ñoquis políticos que cobran y no van a trabajar entonces, alcanza y sobra para que tengamos cupos para víctimas de adicciones, para víctimas de trata laboral, para víctimas de trata sexual y no hay ningún tipo de inconveniente. Solamente en la legislatura porteña, recuerdo que había más de 3000 empleados. En mis cuatro años jamás vi esa cantidad empleados. Si veía un millar todos juntos en un día le pagaba un asado a cualquiera, francamente. Entonces digo, para que dejemos la hipocresía a un lado, porque acá yo creo que realmente hay gente comprometida, a veces lo veo a Gustavo Moreno luchando en soledad casi contra molinos de viento, otras veces lo he visto al Dr. Gallardo, a los compañeros de ATAJO, y tenemos que tratar de ver que el servicio está funcionando pesimamente mal, no hace estadísticas con los mas vulnerables y encima tienen salarios de Emiratos Árabes, para un servicio pésimo que cumplen, absolutamente pésimo.
Veo a la Dra. Liberatori, otra que también rema contra molinos de viento, pero esta es la situación.
MANI PULITE
La situación es que no tenemos ningún tipo de Mani Pulite, no hay ningún tipo de incautación de los bienes, y bueno, ni hablar cuando analizamos el combate al lavado de dinero, porque se investiga el narcomenudeo, se hace estadísticas con el perejil, pero cuando la plata llego al banco, listo, no se investiga más nada. Por eso las causas de lavado no existen, prácticamente no existen o existen con casos absolutamente pequeños, que obviamente no hacen a los problemas más generales que tenemos con todas estas mafias. Por eso acá, al revés que en Brasil, acá se persigue a Meireles, se pide que el que declaro en la causa Odebrecht vaya preso y no los empresarios que están involucrados, como por ejemplo familiares del mismo presidente. Esta es un poco la situación de esta triste justicia, que yo creo que no va inconexa a la triste situación que tenemos con la corporación política y la triste situación en general que está degradando nuestro país.
Francisco dice que solo se sabe cuándo se sufre, y probablemente de todo este sufrimiento, quienes están comprometidos para hacer el bien y quienes están comprometidos con el prójimo y el hermano, quienes entienden la política como forma más alta de caridad, es una oportunidad dentro del dolor inmenso de tratar de generar sabiduría, y esta sabiduría ojala que nos haga movilizarnos como el pueblo de Islandia, que unos cuantos jueces y unos cuantos políticos fueron presos, que se reformo la constitución, que recuperaron los recursos elementales de la economía al servicio del estado, y la verdad que estoy esperando ansiosamente el partido de Islandia contra Argentina, porque ahora que no hay Futbol Para Todos, me intriga saber que va a decir TyC Sports cuando explique que es Islandia, el país más censurado del año 2008, cuando los ciudadanos dijeron basta, hicieron una revuelta popular y muchos jueces y muchos políticos hoy están tras las rejas y yo creo que merecidamente.