Editorial diario La Nación sobre el rol de la Alameda

Más allá del incorrecto término de “trata de blancas” que históricamente tiene una connotación discriminatoria (en realidad es trata de personas) , la editorial de La Nación del lunes 8 de marzo pasado traza un agudo diagnóstico de este flagelo en la Argentina.

Impedir la trata de blancas

La sociedad civil y la Procuración General de la Nación han roto la inercia oficial en la lucha contra este flagelo

Tanto la trata de blancas como la piratería son delitos mundiales, combatidos internacionalmente y que tienen convenciones que los reprimen, pero que no han impedido que ambos hayan cobrado fuerza en los últimos años, constituyéndose en una de las más claras formas de violación a la condición de las mujeres y de los niños, y a los derechos humanos.
El código penal argentino tipifica la trata de blancas como la facilitación o la promoción de la corrupción o prostitución de menores de edad, sin distinción de sexo, o de mayores de edad, mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de coerción. El Tribunal Superior de Córdoba, por su sala penal, ha dicho hace poco que se pena la actividad realizada por el autor tendiente a introducir a la víctima en el modo de vida que implica el ejercicio de la prostitución o a mantenerse e intensificar el que ya tenía.
Nadie ignora que en el país se “importan” mujeres y niñas de países vecinos, con falsas promesas de trabajo, que constituyen casi una opción única para las desdichadas y sus familias y, así engañadas, son ingresadas generalmente en forma ilegal al país, reteniéndoles los documentos y privándolas de la libertad para forzarlas a ejercer la prostitución, y a menudo se las introduce también en la droga.
Recientemente en Mar del Plata, la fundación La Alameda denunció la existencia de 84 prostíbulos y la jueza en lo correccional interviniente rechazó 60 allanamientos, pero ordenó 18 en los cuales se encontraron 14 casos de prostitución. Se estima que el número de establecimientos es mayor, y muchos de ellos se encuentran demasiado cerca de comisarías, lo que acrecienta la sospecha de protección policial a estas siniestras actividades.
En la mayoría de los casos, incluso en los que no se formó causa por trata de blancas, se pudo observar una evidente situación de vulnerabilidad de parte de las mujeres, ya sea por su precaria situación documental, por la ausencia de vivienda acorde con la dignidad humana, falta de higiene, promiscuidad y evidente explotación de sus personas por parte de quienes manejan el negocio de la prostitución (a quienes reportan más de la mitad del dinero que los clientes pagan por sus servicios).
Los hechos fueron puestos en conocimiento del procurador general de la Nación, doctor Esteban Righi, quien inmediatamente instruyó a los fiscales para que promuevan la clausura de prostíbulos en la Capital Federal. La Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y trata de personas (Ufase) registró la explotación de muchas mujeres en condiciones de cuasi esclavitud, algunas de las cuales serían víctimas de trata.
La provincia argentina que tiene la ley más tolerante hacia la prostitución es La Rioja; esa ley se encuentra tachada de inconstitucional por violar el convenio internacional para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución. Fue en esa provincia donde una testigo dijo haber visto a María de los Angeles Verón, incansablemente buscada por su madre Susana Trimarco, una abanderada de la causa en favor de las víctimas de la trata y la prostitución forzada.
No se trata de un descubrimiento ni de una novedad, sino de que la sociedad civil ha despertado y una vez más marca el rumbo en una auténtica cruzada en favor de los derechos humanos de personas sometidas a la peor de las esclavitudes. Sólo una firme actuación de las ONG que rompa la inercia oficial y la tolerancia o complicidad policial podrá lograr que se corten las asociaciones mafiosas que manejan este vil negocio.
Ojalá el ejemplo de Mar del Plata se extienda también a la Capital Federal (donde el año pasado se liberó a 70 personas extranjeras sometidas a explotación laboral y en algunos casos sexual, según informó la Fiscalía General local) y el conurbano, comprometiendo la colaboración del Inadi, la Gendarmería, Migraciones, la Cancillería y los países vecinos, para ejercer el control desde nuestras fronteras y así luchar eficazmente contra esta vergüenza común a toda la humanidad.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1240918