Artículo escrito por el abogado Rodolfo Yanzón, publicado en el diario BAE
Las marcas de indumentarias –muchas de ellas reconocidas internacionalmente- utilizan mano de obra esclava. Las víctimas son especialmente inmigrantes de origen boliviano en situación irregular, en un estado de extrema vulnerabilidad y desprotección. Existe una causa penal por denuncia de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que denunció la comisión de delitos de reducción a la servidumbre, a la ley de migraciones y a la ley de trabajo a domicilio. Interviene el juez federal Norberto Oyarbide. En ese proceso la Cámara Federal había ordenado al magistrado que realizase una investigación sobre todo el sistema de producción textil en la Ciudad de Buenos Aires. A ello se suma la participación –por acción u omisión- de agentes estatales –policías y de migración- y también la del anterior cónsul boliviano, Alvaro González Quint. Este sistema de producción, denominado de “cama caliente”, por el que los trabajadores junto a sus familias son obligados a vivir y trabajar en el mismo lugar, sin condiciones mínimas de alojamiento, salud e higiene, por pagas miserables y jornadas laborales extenuantes, no es exclusivo de la ciudad de Buenos Aires ni de la producción textil. Tampoco es privativo de la Argentina, sino que se trata de un modo de producción que ha sido adoptado en todo el mundo, aprovechando la movilidad de numerosos sectores que escapan del hambre y la falta de trabajo.
La investigación del juez Oyarbide se ha centrado sobre los que aparecen como responsables directos de los talleres textiles. Hemos reclamado insistentemente que esa investigación ascienda hacia los que se benefician económicamente. En diciembre de 2007 el fiscal Patricio Evers solicitó al juez que indagara a los dueños de la marca Soho. En abril pasado el juez Oyarbide decidió sobreseer a esos empresarios con tres argumentos: no estaba probado la permanencia irregular de los trabajadores inmigrantes –lo que es falso-, ni el ánimo de lucro –los empresarios buscan ese objetivo-, y el modo de producción responde a una cuestión cultural del pueblo boliviano. Este último es sencillamente desatinado. No se puede justificar la semiesclavitud con argumentaciones antropológicas o culturales. La resolución de Oyarbide fue apelada y deberá resolver la Sala I de la Cámara Federal. Estamos en un momento crucial en la lucha contra el trabajo esclavo. Se trata de decidir si el Estado argentino honrará sus compromisos internacionales (especialmente aquellos contra la trata de personas), velará por las víctimas y encauzará la investigación sobre los que verdaderamente se aprovechan de la debilidad de los inmigrantes: los empresarios dueños de las grandes marcas.