El 8 de octubre de 1944, a instancias del entonces Secretario de Trabajo y Previsión, coronel Juan Domingo Perón, se sancionó el Estatuto del Peón Rural. Fue una de las medidas más revolucionarias de la historia argentina, un primer intento de dignificar la vida de los trabajadores rurales y sus familias, que hasta entonces vivían en condiciones de servidumbre y sin derechos reconocidos.
Desde La Alameda, reivindicamos esta fecha no sólo como una efeméride histórica sino como un recordatorio del camino que debe retomarse: el del trabajo con derechos, la justicia social y la erradicación de toda forma de explotación.
Una revolución en el campo argentino
La sanción del Estatuto del Peón Rural marcó un antes y un después. Hasta entonces, los trabajadores rurales estaban sometidos a la arbitrariedad de las patronales, sin salario mínimo, sin jornada establecida, sin descanso, sin vivienda digna ni derecho al reclamo.
El Estatuto —fuertemente resistido por las asociaciones agropecuarias— estableció derechos básicos como:
• Pago en moneda nacional y montos mínimos garantizados.
• Jornada laboral y descansos obligatorios.
• Vacaciones pagas.
• Provisión de vivienda, alimentos y ropa de trabajo.
• Prohibición de embargar los salarios.
• Reconocimiento de condiciones mínimas de higiene y salud.
Aunque en un inicio solo abarcó a los trabajadores permanentes, el impacto fue tan profundo que muchos historiadores lo consideran el punto de inflexión que selló la alianza entre el pueblo trabajador y el peronismo naciente. Fue también una de las razones por las cuales el poder económico comenzó a conspirar contra Perón.
De 1944 al presente: avances, retrocesos y nuevas conquistas
El espíritu del Estatuto se consolidó con la Ley 19.221 de 1947, que amplió sus disposiciones bajo el primer gobierno constitucional de Perón. Décadas después, distintas normativas lo modificaron o restringieron —como la Ley 22.248 de 1980, sancionada por la dictadura— hasta llegar al Nuevo Estatuto del Peón Rural de 2011, impulsado durante un período de restitución de derechos laborales.
Esa norma moderna incorporó conquistas como la reducción de la edad jubilatoria y los años de aportes obligatorios, además de una licencia por paternidad de 30 días, un avance inédito en el sector rural.
Sin embargo, los últimos años evidencian una regresión alarmante: el desmantelamiento de las políticas públicas contra el trabajo esclavo, la paralización de inspecciones y la caída del salario mínimo vital y móvil —uno de los tres indicadores para detectar explotación laboral— por debajo de la línea de pobreza.
Cuando un presidente se permite afirmar en un foro económico internacional que “los trabajadores le compran dinero a su empleador. Se acabó la Teoría de la Explotación”, no se trata de una provocación ideológica sino de una confesión de rumbo: la vuelta al preámbulo del Estatuto, cuando la dignidad del trabajador era vista como un obstáculo para el lucro.
Por eso, este 8 de octubre no puede ser solo una conmemoración: debe ser una jornada de reivindicación y de compromiso con la reconstrucción de lo que el país supo construir.
El aporte de La Alameda: dos décadas de lucha contra la explotación rural
La Fundación La Alameda lleva más de 23 años combatiendo las distintas formas contemporáneas de esclavitud. Desde sus orígenes, la organización incorporó el trabajo rural como una de sus principales causas.
Entre las intervenciones más significativas se destacan:
• 2010: Movilización al Ministerio de Trabajo aportando decenas de empresas que explotan directa o indirectamente a niños y adolescentes y marcha y denuncia ante la Mesa de Enlace, en pleno conflicto entre el campo y el gobierno por la Resolución 125, exigiendo la expulsión de empresas denunciadas por explotación de sus entidades.
• Movilización ante la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), reclamando que se expulsara a compañías que utilizaran trabajo infantil o en condiciones de servidumbre.
• Denuncia contra la empresa “Nuestra Huella”, tras la muerte del niño Ezequiel Ferreyra, que llegó a informes de Naciones Unidas y a documentales internacionales.
• Causa “El Frutillar”, en la que se logró la incautación de unidades productivas para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores antes explotados. Intervención en otras causas relevantes que van a juicio oral como Varacalli , Costa Mari, Compañía Frutihorticola Argentina.
• Denuncias en Mendoza contra empresas productoras de ajo en El Carrizal, Luján de Cuyo, a partir del testimonio de docentes rurales que alertaron sobre la deserción escolar de niños sometidos al trabajo ilegal.
– Campaña Nacional contra el trabajo esclavo junto a la CGT, que supuso actividades de formación y denuncias por explotación laboral, tanto en el ámbito rural como en el textil en conmemoración por la abolición de la esclavitud.
Estas acciones no sólo visibilizaron la esclavitud moderna en el campo argentino, sino que lograron precedentes judiciales y legislativos que fortalecieron la lucha contra la explotación.
Política pública y articulación institucional: el legado del Comité Ejecutivo (2020–2023)
Durante la gestión de La Alameda al frente del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, se otorgó al trabajo rural la misma centralidad que a otras formas de explotación.
Entre las políticas implementadas se destacan:
• Campañas nacionales de visibilización de la línea 145.
• Programas de asistencia y reinserción laboral para trabajadores agrarios explotados y sus familias.
• Operativos de registración conjunta con UATRE y RENATRE en todo el país.
• Acuerdos con SENASA para identificar a los titulares de campos con indicios de explotación.
• Matriz de riesgo territorial para prevenir focos de explotación en zonas de alta demanda de mano de obra.
• Fortalecimiento de la AFIP (División contra el Trabajo Ilegal, hoy ARCA) y la UIF como querellantes del Estado en causas de trata laboral.
• Campaña conjunta con la OIT para informar a trabajadores rurales sobre sus derechos, lista para ser implementada pero cancelada por la actual gestión.
• Otorgamiento de las primeras viviendas a víctimas de trata laboral rural en Santiago del Estero como parte de un plan de acceso a soluciones habitacionales para victimas de trata y explotación que se implemento en algunas provincias.
– Campaña por el trabajo decente en el ámbito rural, que integró en un mismo espacio al poder ejecutivo nacional, el Sindicato de Camioneros y la UATRE que articularon actividades, denuncias y operativos en todo el país.
Estas acciones no sólo visibilizaron la esclavitud moderna en el campo argentino, sino que lograron precedentes judiciales y legislativos que fortalecieron la lucha contra la explotación.
Política pública y articulación institucional: el legado del Comité Ejecutivo (2020–2023)
Durante la gestión de La Alameda al frente del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, se otorgó al trabajo rural la misma centralidad que a otras formas de explotación.
Entre las políticas implementadas se destacan:
• Campañas nacionales de visibilización de la línea 145.
• Programas de asistencia y reinserción laboral para trabajadores agrarios explotados y sus familias.
• Operativos de registración conjunta con UATRE y RENATRE en todo el país.
• Acuerdos con SENASA para identificar a los titulares de campos con indicios de explotación.
• Matriz de riesgo territorial para prevenir focos de explotación en zonas de alta demanda de mano de obra.
• Fortalecimiento de la AFIP (División contra el Trabajo Ilegal, hoy ARCA) y la UIF como querellantes del Estado en causas de trata laboral.
• Campaña conjunta con la OIT para informar a trabajadores rurales sobre sus derechos, lista para ser implementada pero cancelada por la actual gestión.
• Otorgamiento de las primeras viviendas a víctimas de trata laboral rural en Santiago del Estero como parte de un plan de acceso a soluciones habitacionales para victimas de trata y explotación que se implemento en algunas provincias.
– Campaña por el trabajo decente en el ámbito rural, que integró en un mismo espacio al poder ejecutivo nacional, el Sindicato de Camioneros y la UATRE que articularon actividades, denuncias y operativos en todo el país.
Estas acciones colocaron a la Argentina en el período 2020–2023 entre los países con mayor cantidad de rescates de víctimas de trabajo forzoso y explotación rural de América Latina, según los registros de la propia OIT y el Ministerio Público Fiscal. De las 5200 personas rescatadas de la trata, más de 3500 fueron por trata o reducción a la servidumbre laboral, mayoritariamente en el ámbito rural.
De la intervención de la Alameda en la gestión ejecutiva hay numerosos casos que van a juicio oral o están en proceso judicial.
Reconstruir lo destruido
Hoy, frente al desmantelamiento del Estado y el abandono de las políticas de inspección, prevención y asistencia, la tarea es monumental. Pero también está llena de sentido histórico: volver a levantar la bandera del trabajo digno y con derechos que Perón y el pueblo rural alzaron hace 81 años.
Desde La Alameda, reafirmamos que la familia rural ha sido y sigue siendo el corazón productivo de la Nación. Su trabajo debe ser siempre libre, digno y protegido por el Estado, porque como decía el propio Perón, “donde hay una necesidad, nace un derecho”.
Ese principio, y no el de la rentabilidad sin límites, es el que debe volver a guiar la reconstrucción de la Argentina.