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FOTO: Regenteador de Burlesque y un prostituyente
Publicado en el diario El Atlántico de Mar del Plata este viernes 5:
La fundación La Alameda armó dos cámaras ocultas donde quedaron registrados el funcionamiento de sitios que “explotan a mujeres y violan la ley nacional de Profilaxis, el Código Penal y la norma municipal de suspensión”
La Fundación La Alameda, que desde hace años lucha contra la trata de personas, presentó una nueva denuncia penal en la Fiscalía Federal a cargo de Claudio Kishimoto; esta vez, contra tres prostíbulos, cuyos funcionamientos quedaron registrados en dos cámaras ocultas.
En estas cámaras ocultas quedó en evidencia, según sostiene la fundación, “la explotación de mujeres, muchas de ellas inmigrantes, y el funcionamiento que viola la ley nacional de Profilaxis, el Código Procesal Penal y la propia normativa municipal que ha quitado las habilitaciones de los prostíbulos encubiertos, boliches o confiterías”.
Las dos cámaras ocultas fueron realizadas en los prostíbulos: “Burlesque” y “Maxja”, sumando en la denuncia a “Marisu”, el cual no cuenta con registro fílmico.
El video titulado “todavía quedan antros de explotación sexual” se registró en “Burlesque”, ubicado en Bolívar entre Buenos Aires y Entre Ríos. Desde La Alameda afirmaron que allí las mujeres cobran la mitad de las copas que se consumen y son explotadas de martes a domingo en un hotel a unas cuadras del lugar.
En la segunda cámara oculta, llamada “Hasta cerrar el ultimo prostíbulo”, aparece el regenteador y custodio de “Burlesque” y un vendedor de sahumerios y perfumes en prostíbulos, donde detallaron sus operatorias y se lamentaron de los avances judiciales, señalaron desde la fundación. “Por trata de blancas y violencia de género, le pegas a tu mujer, te meten una denuncia y te vienen unos quilombos”, afirmó en el video el regenteador. También explicó que “las mujeres son llevadas en una traffic de una casa al prostíbulo. De veinte a veinticinco paraguayas, la más vieja tiene veintitrés y veinticuatro años”.
En la filmación el vendedor de aromas recuerda que “hace dos años estaba plagado de prostíbulos en departamentos llamados privados” y que ahora las autoridades solo van a prostíbulos que no coimean.
En el prostíbulo “Maxja”, ubicado en avenida Peralta Ramos al 1300, los “pases” son llevados a cabo en el mismo establecimiento, y en el patio del inmueble los clientes consumían abiertamente marihuana, afirmaron desde La Alameda. “Allí son víctimas dos mujeres presuntamente argentinas y otras cinco provenientes de la República Dominicana”, agregaron.
En el tercer prostíbulo, de nombre “Marisú”, ubicado en Belgrano al 2300, las víctimas son cinco mujeres de nacionalidad presuntamente argentina, afirmaron desde la fundación.
En la denuncia que La Alameda presentó al fiscal, resaltaron la “particular importancia en el relato de las mujeres acerca de la relación existente entre la policía y los dueños del establecimiento Maxja. La policía pese a tener conocimiento de que es un prostíbulo no procede de conformidad con las disposiciones de la ley 12.331 (arts. 15 y 17)”.
La fundación, en el texto de la denuncia, le pidió al fiscal “medidas concretas de protección y asistencia social de las presuntas víctimas de esos delitos las que pueden ser privados del lugar en que viven, y de sus escasos medios de subsistencia sino se adoptan los recaudos necesarios con la urgencia que el caso amerita para impedir que se vean en una situación de desamparo generada a partir de la intervención de la Justicia. En ese sentido corresponde exigirle al Estado que se haga cargo de la protección de esas personas en los términos de los arts. 6, 7, 8 y 9 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por ley 25.632 y de los arts. 6 y concordantes de la ley 26.364. De acuerdo con el referido Protocolo y la ley 26.36 el Estado tiene el deber de prestar en estos casos la correspondiente asistencia jurídica, médica, psicológica y social de modo tal de no empujar a las personas de escasos recursos a situaciones extremas o al riesgo de una revictimización”.
Desde La Alameda, afirmaron que “pese al importante avance de la Justicia desde el 2010 con la primera denuncia de la fundación sobre 94 prostíbulos, y la ordenanza municipal contra las falsas habilitaciones de los prostíbulos, todavía siguen en pie en Mar del Plata algunos antros de la trata de mujeres y explotación por la complicidad del poder policial y municipal”.
La primera denuncia de La Alameda fue en 2010, y a partir de allí se clausuró un centenar de prostíbulos y hubo 16 procesados, entre abogados, gestores, y policías, sumado a ello el freno a la oferta prostibularia en el diario La Capital.
Redacción El Atlántico