En una nueva muestra del aceitado funcionamiento que la para – institucionalidad tiene con la justicia, la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martin Irurzun y Eduardo Farah, decidieron apartar al Fiscal Federal, Federico Delgado, de la causa conocida como la “Tragedia de Time Warp”.
Artículo por Lucas Manjon, miembro de Bien Común y la Alameda
Los abogados del acusado por encubrir el atentado a la AMIA y ser uno de los responsables de la muerte de los cinco jóvenes en el predio de Costa Salguero, lograron que la Cámara Federal apartara al fiscal Delgado, quien apoyando la investigación del Juzgado dirigido por Sebastián Casanello, en una investigación exhaustiva y en poco tiempo, logró comprobar materialmente la responsabilidad del empresario Víctor Stinfale y varios de sus socios.
Un entramado de empresas que carterizaron las fiestas de música electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, organizaron la fiesta en el predio perteneciente a la Ciudad de Buenos Aires el 16 de abril pasado, donde murieron cinco jóvenes por causa de los estupefacientes, la enorme cantidad de gente que había ingresado al predio (el juzgado pudo demostrar en la causa que ingreso el doble de lo permitido), además de la negligente respuesta sanitaria que pudo darse en el lugar. Una centena de testigos se acercaron espontáneamente al juzgado en el cual tramita la causa y declararon la existencia de una zona liberada para la comercialización de estupefacientes, la relación oculta que existe entre las empresas imputadas, los demás imputados y Víctor Stinfale. Que esto no era algo nuevo, que sucedía reiteradamente en las distintas fiestas que organizaban los imputados.
Desde el principio, los imputados con Stinfale a la cabeza, intentaron obstruir al Juez y al Fiscal de la causa. Solo pudieron lograr su cometido junto a los miembros de la Sala II de la Cámara Federal, que junto a los acusados demoran la elevación a juicio de la causa. Para una delación todavía mucho mayor, en el día de ayer se decidió apartar al Fiscal Delgado. De esta manera no solo se retrasa la posibilidad de celebrar un juicio oral, sino que las defensas plantearan una enorme cantidad de nulidades apoyándose en la decisión que tomaron Martin Irurzun y Eduardo Farah. Reiteradamente la Sala II hostiga la causa y la justicia, haciendo lugar a pedidos injustificados de la defensa, la cual intentando demorar el avance de la causa, llena de testigos el expediente, para lo cual debió encontrar este tipo de complicidad en Irurzun y Farah.
Con un fallo totalmente contrario a la postura que los camaristas Irurzun y Farah tuvieron en otras causas, acusaron al Fiscal Delgado de que en la causa “su objetividad en el caso no esté conservada”.
Esta misma cámara ha tomado parte en causas donde los fiscales que intervienen, públicamente se manifestaron por la “necesidad” de encarcelar a posibles imputados, “de tenerla al paso de la detención”. En ninguno de estos casos Irurzun y Farah siquiera llamaron la atención del fiscal. Sobre esto mismo, la mayoría de las quejas presentadas por aparente imparcialidad ante esta cámara fueron negadas, ni siquiera se permitió el avance de la presentación. En este caso, los magistrados decidieron dar lugar y facilitar a los imputados la delación del juicio, tanto de los empresarios como de los funcionarios públicos, a los cuales, también esta Cámara les disminuyo la imputación.
La política tomada por el poder judicial para enfrentar al narcotráfico se termina materializando en un verdadero fiasco, vuelve a demostrar la complacencia con la cual se muestran algunos actores judiciales, frente a poderes verdaderamente importantes del narcotráfico en Argentina. Cinco jóvenes murieron en una fiesta que debía ser una diversión; hoy la justicia para esos cinco jóvenes se encuentra cada vez más lejos y con culpables cada vez más libres. Los miembros del poder judicial que intentan avanzar sobre los poderosos del crimen organizado son reiteradamente condicionados para desestructurar su trabajo.
La para – institucionalidad vestida de institucionalidad es la forma más perversa de defraudar a la ley y la sociedad.