“Este fallo en términos legales es muy fuerte. Porque revoca el sobreseimiento de los empresarios de SOHO, dice que la aplicación de la Ley de Trabajo a Domicilio es competente y pide que se investigue todo el paquete de presuntos delitos descubiertos en los talleres”, aseveró a NOTICIAS URBANAS el abogado Rodolfo Yanzón, que por su expresión en los ojos azules deja entrever las dimensiones de un fallo, que se convertirá de aquí en más en otro hito de la lucha contra el trabajo esclavo, en la cual Yanzón está involucrado desde el 2003 junto a La Alameda.La causa contra la empresa de ropa SOHO la inició el Gobierno de la Ciudad, a través del entonces subsecretario Ariel Leutier, con el acompañamiento de la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini.
En base al aporte de pruebas por los trabajadores de SOHO se practicaron allanamientos (Balbatro 2468 y Tandil 4575, entre otros) donde según el fiscal de ese entonces, Patricio Evers, “con el objeto de lograr mayores ganancias, han tercerizado parte de la confección de las prendas de vestir en talleres donde trabajan extranjeros indocumentados, realizando extensas jornadas laborales e incluso viviendo en el mismo lugar. SOHO utiliza a las sociedades Gilmer y Rayda para su giro comercial, y el velo de las sociedades comerciales es responsabilidad principal de Alejandro Sánchez Anterino, propietario del depósito en la calle Díaz Colodrero”, aseguró el fiscal en su pedido de indagatoria.
Nelson Alejandro Sánchez Anterino, y sus socios Gabina Sofía Verón, de la firma Gilmer SA, y Hermes Raúl Luis Provenzano, apoderado de la firma Radya SA., finalmente fueron sobreseídos, a mediados de mayo, por el juez federal Norberto Oyarbide.
Desde entonces el escándalo volvió a la vida del magistrado. La Alameda denunció públicamente supuestas dádivas al juez por parte de la empresa de ropa. La acusación se produjo en un escrache en los tribunales de Comodoro Py donde se crucificó simbólicamente un costurero.
Esta vez no fue Spartacus lo que llevo a Oyarbide a la agitación mediática-política sino haber citado como jurisprudencia un fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que concibe el modo de producción en talleres textiles ilegales como “herencia de costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano”.
El otro argumento esgrimido por Oyarbide para sobreseer a los empresarios imputados es que no se encontraría probada la finalidad de los acusados de “obtener directa o indirectamente un beneficio” económico.
A raíz de la apelación al sobreseimiento de SOHO, la Cámara de Apelaciones realiza una audiencia a fines de junio para dirimir las apreciaciones sobre las comunidades Ayllu.
En la audiencia en Comodoro Py estuvo desde el cónsul boliviano Alberto Gonxalez Samaniego, Gustavo Vera de La Alameda, el licenciado en antropología de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Abduca, el Departamento de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y dos organizaciones representantes de la comunidad de pueblos originarios.
De esa audiencia es que los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah advirtieron “la excesiva premura” de Oyarbide y recuerdan que “no se ha citado a declarar en testimonial a las víctimas de explotación en los talleres” y tampoco se demostró la situación de residencia de los costureros al momento del allanamiento. “Las diligencias han sido insuficientes”.
El reproche también alcanza a la “prematura incompetencia al respecto del delito penado en el artículo 35 de la ley de trabajo a domicilio (12.713). La investigación además de Migraciones y Trabajo debe contemplar la falta de higiene e instalaciones mínimas, ausencia de ventilación donde vivían de manera deplorables y reducidos a la servidumbre”.
Los camaristas creen que fue una “confusión” de Oyarbide al querer “extrapolar estructuras propias de pautas culturales del Altiplano para intentar explicar el funcionamiento de talleres textiles en los que se confeccionan productos que serán luego comercializados en la lógica de mercado que rige en esta urbe”.
“La falta de mérito significa que se debe investigar el origen de las denuncias”, sintetizó en el bar La Paz el querellante y titular de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, Rodolfo Yanzón, que minutos antes había dado la novedad del tema a Gustavo Vera.
OYARBIDE SE ALEJA Y BALLESTEROS AL FRENTE
El titular del juzgado Nº 2, Norberto Oyarbide, vio a través de los medios la gravísima acusación sobre su persona, que le realizó La Alameda durante el escrache en su contra. Invocando “violencia moral” pidió apartarse de todas las causas donde estuviera Vera y Yanzón. El tema pasó a otro juez, Jorge Bellesteros.
Éste tampoco quiso estar envuelto en la causa contra una importante marca de ropa. Por lo tanto la inhibitoria tuvo que ser resuelta por los camaristas Freiler y Farah. Estos, pese a la negativa de Balleteros le endilgaron, la causa SOHO.
El tiempo y la justicia dirán.