FOTO: autos de la División Trata de Personas en la granja “La Escondida”.
Las marcha a los juzgados, los bloqueos a granjas y molinos de la empresa, las cámaras ocultas y filmaciones en los medios de comunicación y las presentaciones judiciales de la Alameda y el MTE contra la explotación infantil en las granjas Nuestra Huella S.A. van teniendo algunos resultados. Ayer viernes 3, por segunda vez en menos de un mes, se realizó por orden de la justicia allanamientos a catorce granjas de la empresa esclavista, incluida aquella dónde vivía Ezequiel Ferreira, el niño de seis años que falleció luego de haber sido sometido a trabajos forzosos y manipulación de agrotóxicos desde sus tempranos 4 años.
FOTO: policias tomando testimonio.
El juez Adrián Charvay, a cargo del juzgado Federal N° 2 en Campana, ordenó un importante despliegue de policías y funcionarios de ministerios nacionales para llevar adelante los allanamientos de ayer. Esta vez, la fuerza de seguridad asignada para el allanamiento fue la Policía Federal a través de tres de sus áreas (División Trata de Personas, Superintendencia de Investigaciones y Dirección Ambiental) porque la Prefectura fue separada por el cuestionado allanamiento anterior producido a mediados de noviembre mientras Ezequiel Ferreyra agonizaba.
Por supuesto, la Federal no es garantía de justicia, máxime su división de trata de personas que fue gravemente denunciada por la Alameda en la causa donde patrocinamos a Nancy Miño, la oficial de Policía que denunció a esa dependencia por plantar y fraguar pruebas en una complicidad de cohecho y corrupción con las redes de trata. El juzgado hizo intervenir en los allanamientos a tres ministerios nacionales: el Ministerio de Trabajo nacional mediante su delegación de San Martín en lugar de la cuestionada delegación local que en el anterior allanamiento se había ocupado de avisarle antes a la empresa. También participó el SENASA a solicitud de la Alameda, que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería, y otorga la habilitación para comercializar y controla la calidad de producción. Por el Ministerio de Justicia estuvo presente la Dirección Nacional de Promoción para el Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia y la Dirección Nacional de Migraciones.
FOTO: Móvil de la Policía Ambiental.
Durante los allanamientos se inspeccionaron las granjas, se relevó a todo el personal presente y se secuestraron venenos de diverso tipo. Sin embargo, los trabajadores denunciantes advirtieron que al menos en las granjas màs tristemente celebres conocidas, la patronal ya estaba de sobreaviso y dos días antes estuvo llevando adelante un proceso de limpieza. La conocida y fuerte vinculación de la empresa con el poder local le garantiza frecuentemente información reservada del juzgado, antes que este se disponga a intervenir. Cuando los allanamientos llegan, la limpieza de evidencias y el ocultamiento de trabajadores en negro o indocumentados se hace previamente y sin disimulo. Esa es la razón por la cual la empresa nunca es pescada in fraganti y quizás por ello en los allanamientos no se dispuso ni la clausura, ni la intervención judicial de las granjas.
Los resultados del allanamiento, particularmente del estudio de los venenos y de los testimonios recogidos, se sabrán en los próximos días. Sin embargo, nos preocupa seriamente que el Juzgado se retrase en otorgarnos la calidad de querellantes de los trabajadores denunciantes, habida cuenta de que hemos presentado con antelación toda la documentación requerida. Las razones burocráticas que esgrimen para firmar la resolución que nos otorgaría ese carácter y que nos permitiría tener acceso al expediente y pedir medidas, resulta sugestiva. Mientras la empresa se entera con antelación de todos los procedimientos, a la Alameda se le siguen poniendo palos en la rueda para intervenir directamente sobre el expediente.
FOTO: Taboada hablando con policias.
La Alameda y el MTE consideran un paso adelante que el Juzgado Federal haya realizado allanamientos en las granjas, tomado testimonios y secuestrado venenos. Pero se mantienen en estado de alerta y movilización porque la impunidad de Nuestra Huella sigue merodeando por el expediente y no vamos a permitir otro cuento del tío. El juzgado debe tomar medidas con quienes filtran constantemente la información a la empresa si su objetivo realmente es impartir justicia. Debe otorgar a los abogados de la Alameda su calidad de querellante y dejarse de excusar en el papeleo burocrático. Debe intervenir sobre las 70 granjas de la empresa y no solamente sobre 14. Debe dictaminar rápidamente el grado de peligrosidad de los venenos y la contaminación del aire, agua y suelo de esas granjas y proceder a la intervención judicial de las mismas y un urgente examen psicofísico de todas las familias que viven en ellas, particularmente los menores. Seremos prudentes, pero no tontos.
FOTO: En el allanamiento los trabajadores seguían recolectando huevos. Sentado ante la mesa un policía.
Esperaremos los resultados de los allanamientos y que se nos deje querellar en el expediente a nombre de las victimas, pero no permitiremos que se burle la confianza popular haciendo allanamientos “como si” fueran a impartir justicia para que luego la empresa continúe funcionando como si nada. En tensa espera por los resultados de los allanamientos, la Alameda y el MTE ya van preparando las nuevas acciones judiciales, de lucha y movilización para erradicar el trabajo esclavo e infantil de esa empresa y para que el crimen del niño Ezequiel Ferreira no quede impune. Las filmaciones que vio todo el país durante estos tres años son claras: los chicos trabajaban en esa empresa y lo admitían a viva voz. Los chicos no mienten, pero muchas veces los funcionarios políticos y judiciales si.
Están todos comprados!!!. Estos hijos de puta de Nuestra huella tienen que ir todos a la cárcel y pagar e idemnizar a todos los afectados. Es terrible lo que pasa…. Pero esto , si el pueblo se une, no debe quedar impune.