La siguiente nota fue publicada por Página/12 el viernes 3 de octubre. 
La cooperativa La Alameda, una organización que se forjó en la lucha contra el trabajo esclavo en talleres de costura y prostíbulos, reinauguró el viernes pasado su local, en la esquina de Directorio y Lacarra, en el barrio de Parque Avellaneda. La obra de remodelación del viejo edificio fue financiada por la Corporación del Sur. Allí funcionan un taller de costura y moldes, un comedor comunitario y una panadería, además de realizarse actividades culturales y debates sobre temas de actualidad.
En el acto de inauguración estuvieron presentes funcionarios nacionales, como la directora de Investigaciones Especiales de Anses, Isabel Lovinsevich, y Hernán Zunini, por el INTI; por el gobierno porteño asistieron el jefe de gabinete de Ambiente y Espacio Público, Fabián Rodríguez Simón, y el subsecretario de Trabajo, Jorge Ginzo, y Raúl Uncal, jefe de Programación y Coordinación Operativa de la Agencia de Gubernamental de Control (AGC). También estuvo el ex ministro de la Producción, Enrique Rodríguez, los legisladores Verónica Gómez y Julián D’Angelo, del Partido Socialista; el juez en lo Contravencional Norberto Tavosnanska; Mario Ganora, Pablo Corradini, Ricardo Dios y Gustavo Pane, de la Defensoría del Pueblo. En representación de las comunidades religiosas asistieron el responsable de la Pastoral Social de Buenos Aires, Carlos Acaputo, el represente de un rabino. También concurrieron representantes de organizaciones sociales, comedores, cooperativas de cartoneros y asambleas barriales.
El local de La Alameda comenzó a funcionar en diciembre de 2001, después del estallido de la crisis. El espacio –un viejo bar abandonado– fue ocupado por vecinos y militantes, que empezaron por armar un comedor popular. Los asambleístas resistieron varios intentos por desalojo, hasta que la Legislatura aprobó un permiso de ocupación a favor de la Cooperativa.
Además del trabajo social, la Cooperativa instaló en la agenda pública la denuncia del trabajo esclavo en talleres de costura clandestinos, donde se reduce a la servidumbre a inmigrantes ilegales de nacionalidad boliviana. A partir de sus denuncias, hay varias causas judiciales en trámite. Dirigentes de la Alameda constituyeron además la Unión de Trabajadores Costureros, que pretende sindicalizar a los trabajadores del sector.