La crisis del Parque Indoamericano y la composición de la toma expresan el profundo estado de exclusión y descomposición social del Área Metropolitana de Buenos Aires. La política habitacional del macrismo y la ausencia del estado porteño en la zona sur de la Ciudad expresan un nivel de desidia incompatible con una sociedad justa y democrática, fenómeno que se reproduce en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, la tragedia que hoy enluta a los sectores populares tiene otra cara: la penetración de un poder mafioso que extiende sus tentáculos en el subsuelo de la patria, esclavizando, oprimiendo, manipulando y llevando a la muerte a miles de familias humildes y migrantes sumidas en la desesperanza y el desamparo estatal.
El Juez Andrés Gallardo –a pedido de el líder de los curas villeros Pepe Di Paola, del premio Nobel de la paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, de la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y el asesor Tutelar de Cámara, Gustavo Moreno- dispuso una serie de medidas absolutamente racionales y progresivas para lograr una solución pacífica al conflicto, minimizando la exposición de vidas humanas inocentes y liberando el legitimo reclamo de viviendas de la dirección mafiosa que hoy ejerce su imperio sobre la mayor parte del Parque Indoamericano, pese a las ridículas pretensiones de representatividad de algunos políticos que, a sabiendas que no conducen el conflicto, sólo quieren servirse de éste y amoldar una compleja realidad a su conveniencia.
La heterogeneidad de la toma, donde los patrones del crimen organizado se agazapan detrás de las profundas exclusiones que sufre nuestro Pueblo, hace imprescindible un marco institucional de dialogo como el propuesto por Andrés Gallardo. La anomia actual, lejos de representar un triunfo de la organización popular, constituye el escenario propicio para el avance de transas, punteros y esclavistas. Si bien hay presencia de diversos movimientos populares, está claro que la hegemonía esta fragmentada entre un grupo pequeño pero poderoso de rufianes de esa laya. Llamamos a las organizaciones sociales hermanas a evitar la tentación oportunista, separar tajantemente la paja del trigo y exigir una resolución que neutralice a la minoría mafiosa que hoy dominan el Indoamericano. El Poder del Pueblo es incompatible con el Poder Mafioso, y debe combatirlo frontalmente.
Conocido defensor de los derechos sociales, el Dr. Andrés Gallardo, titular del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 y subrogante del nº 6 fue descalificado públicamente por Aníbal Fernández en su conferencia de prensa de las 10am. El jefe de gabinete, que dirige desde hace años la corrupta Policía Federal –columna vertebral del crimen organizado en la ciudad- afirma livianamente que las medidas dispuestas por el magistrado suponen la reiteración de una formula represiva promovida por Macri y Duhalde. Nada dice de la innegable participación de narcotraficantes y esclavistas en la toma, personajes que hoy ejercen un control para-estatal sobre centenares de familias, imponiendo la ley del más fuerte y oprimiendo a los humildes. Es particularmente notoria la presencia de dueños de talleres clandestinos, aquellos que frente al despacho de la Dr. Alicia Pierini –quien denunció a las grandes marcas y garantizó la asistencia de centenares de migrantes victimas de trata- amenazaban públicamente con movilizar 10.000 esclavos textiles e incendiar la Alameda si se tocaban sus espurios intereses empresarios. También resulta sugestiva la súbita aparición de algunos oscuros diplomáticos de la embajada boliviana atacando la actuación de la Defensora y desandando los pasos del querido Gringo Gonzáles, histórico cónsul de la hermana república en la argentina (hoy embajador en Brasil) y militante comprometido con la lucha contra el trabajo esclavo. Aparición concordante con los intereses de los empresarios bolivianos que explotan a sus paisanos y que no quieren someterse al ordenamiento laboral argentino.
Fernández indica que la orden de Gallardo es de “cumplimiento imposible” cuando el juez, lejos de solicitar un desalojo, simplemente está pidiendo una medida para prevenir nuevos derramamientos de sangre y garantizar la estructuración de una mesa de dialogo. El doble discurso de Fernández –que ordenó masivos despliegues policiales para el desalojo del Centro Cultural La Alameda en 2004 y el Centro Cultural de Almagro (MTE-FOL) en 2008, entre otros tantos- es un peligroso guiño al poder mafioso. La intervención del Estado Nacional para proteger la integridad, la vida y los derechos sociales es una obligación constitucional que el juez no hace más que exigir.
La crítica situación del Indoamericano requiere la urgente pacificación de la zona de Lugano-Soldati, la instauración de una mesa institucional de dialogo bajo control judicial, la neutralización de los elementos mafiosos y una salida habitacional digna para las familias necesitadas de la Ciudad de Buenos Aires en terrenos adecuados a tales efectos (la ciudad cuenta con terrenos fiscales dentro y fuera de su ejido suficientes para realizar miles de viviendas). Se puede, si los hombres y mujeres de buena voluntad dejamos de lado las mezquindades y afrontamos la realidad con un espíritu de genuina solidaridad y justicia. El Estado Nacional no debe reprimir indiscriminadamente ni escapar negligentemente pues ambas conductas generarán muerte y sufrimiento en nuestro Pueblo, en sí mismos intolerables, pero también funcionales a la verdadera reacción.
Juan Grabois (MTE) 15 6384 3877 / Gustavo Vera (Alameda) 15 61584835
Me pareció muy extraño escuchar ayer por canal 26 a Alfredo Ayala apoyando a quienes tomaban las tierras del supuesto parque IBEROAMERICANO. Este señor si mal no recuerdo no esta muy bien conectado con los talleres textiles que utilizan trabajo exclavo?
Si alguien sabe de este tema son ustedes por eso mi pregunta