La Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla, que había desaprobado los informes de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos (actualmente Juntos por el Cambio) desarrolló en la provincia de Buenos Aires para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2017, mientras María Eugenia Vidal gobernaba el distrito. Los miembros fundadores de la Alameda, Gustavo Vera, Ximena Rattoni y Tamara Rosenberg, fueron denunciantes de esa causa, por entender que los hechos constituyen un delito de asociación ilícita y lavado de dinero.
En la causa, el Poder Judicial investiga si el entonces gobierno provincial inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral, para las listas de candidatos diputados nacionales, encabezaba por Graciela Ocaña, y de candidatos a senadores, Esteban Bullrich y Gladys González.
En 2018 se conoció que al menos 205 personas de bajos ingresos, y que recibían planes sociales, figuraban llamativamente como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante.
En el nuevo fallo, el máximo tribunal electoral confirmó la sentencia de Ramos Padilla, que había sido apelada por Juntos por el Cambio y dispuso que se tramiten “las actuaciones pertinentes, a fin de determinar las eventuales responsabilidades personales que pudieran corresponder de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 146 y concordantes del Código Electoral Nacional”.
Asimismo, la Cámara Nacional Electoral dictaminó que se deberá “sancionar con la pérdida de aportes públicos extraordinarios para la campaña que hubieran correspondido a los partidos como integrantes de la alianza” y pidió investigar a los eventuales responsables de las “numerosas irregularidades” detectadas.
Cabe recordar que en febrero de 2022, el juez Alejo Ramos Padilla había desaprobado los gastos de campaña electoral de María Eugenia Vidal y determinó sancionar con multas a los partidos que conformaron la alianza Cambemos, entre ellos al PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, con sanciones por $34.395.
“Después de una investigación larga y a partir de datos públicos como la declaración jurada de Graciela Ocaña, hicimos una denuncia por enriquecimiento ilícito contra ella. Empezamos a investigar y tirar un poquito de la cuerda y pudimos saber que hay casos de aportantes que exceden a la campaña de 2017. Incluso de gente que no estaba en el país, porque tuvimos un caso de una aportante que estaba en España en una empresa de seguridad, que es contratista del GCBA y del Gobierno de la Nación, y ella explicaba que hay otros compañeros incluidos que no se animaron a denunciar”, había explicado en 2018 Tamara Rosenberg, al tiempo que agregó: “La aplicación virtual que armó la Alameda en base a los datos que los propios partidos entregan a la Cámara Nacional Electoral permitió a más de 1.500.000 de ciudadanos buscarse y gracias a ello decenas de estas personas se encontraron como falsos aportantes. Y muchos son empleados del propio Gobierno porteño que fueron usados para encubrir miles de pesos que no pueden justificar su origen. Fueron los trabajadores municipales que nos advirtieron que encubrieron los aportes a través de la planta política, subsecretarios y directores de los ministerios del Gobierno porteño y nos encontramos con que decenas de ellos figuran con montos muy elevados de aportantes a la campaña local, como bonaerense y nacional de Cambiemos”.
Por su parte, Ximena Rattoni, fundadora de la misma ONG, en julio de 2019 había explicado: “como miembro de La Alameda realicé el año pasado la denuncia penal correspondiente en lo que se conoce como Causa de Aportantes Truchos que abarcaba la campaña de Bullrich – Ocaña (Vidal) y también en Ciudad de Buenos Aires la que encabezó Carrió (Larreta). Impulsamos esta denuncia en el profundo convencimiento no sólo de la existencia de claros y graves delitos: asociación ilícita, lavado de dinero y sustracción de identidad. Sino porque además la consumación de estas prácticas lo que pone en jaque es al propio concepto de República y a la democracia en todas sus dimensiones. Gracias a la impunidad judicial que logró el gobierno partieron la causa en mil pedazos y la sacaron del fuero penal hacia el fuero electoral”.
Con respecto a la investigación, Rattoni agregó: “Aquí hubo asociación ilícita: porque se necesitó del concurso de muchas personas con diferentes niveles de acceso a información pública, triangulación de datos, utilización de herramientas del Estado, etc, para llevar adelante un modus operandi perfectamente diseñado y extendido a todos los distritos donde el PRO gobierna, y así consumar tamaño fraude. Aquí hubo sustracción de identidad: porque han robado los datos de miles de personas que jamás aportaron a su campaña electoral para hacerlos figurar como benefactores de su devenir proselitista. Y claramente hay lavado de dinero: la conclusión es simple, cuando uno no puede transparentar el origen del dinero y recurre a mecanismos como el de aportantes truchos para blanquearlo… es porque el dinero es ilícito”.