La Fundación Alameda denuncia al Fiscal Juan Manuel Pettigiani

ByLa Alameda

Jul 9, 2024



La Fundación La Alameda, con la firma de su presidente Gustavo Vera, denunció al Fiscal General ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, ante la Procuración General de la Nación.

El presidente de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, presentó la denuncia  luego de haber tomado conocimiento de sendas irregularidades cometidas por el fiscal federal que revictimizan a las víctimas del delito de trata de personas con fines de explotación laboral ya que afectan seriamente sus derechos amparados por tratados internacionales, nuestra constitución nacional y las leyes 26.364 y 26.842.

La denuncia fue presentada ante la Procuración General de la Nación, en la actualidad dirigida por el Procurador Interino, Dr. Eduardo Ezequiel Casal.

Dicha denuncia hace un raconto sobre la deficiente intervención del fiscal en causas de trata de personas con fines de explotación laboral que menoscaban los derechos humanos de las víctimas de trata.

Asimismo, en esa presentación se detallan antecedentes de otras denuncias similares que ha acumulado el fiscal y que fueron iniciadas por sus propios colegas de la PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y otras denuncias realizadas contra el fiscal Pettigiani por los propios empleados de la fiscalía que le dependen.

Es de destacar que esta no es la primera denuncia que presenta el Sr. Gustavo Vera, quien efectuó una denuncia similar cuando desempeñaba el cargo de Director del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas en la causa conocida como “Caso Varacalli”. En ese momento, la denuncia hacía hincapié en el cierre irregular de la causa en franca violación a los principios de unidad de actuación, de objetividad y de orientación a la víctima. Pero particularmente en la circunstancia de haber puesto en riesgo la seguridad e integridad de las víctimas que habían sido rescatadas de una finca en la que se evidenciarían claros indicios de explotación laboral. Aquellos hechos, entonces, fueron investigados por la justicia federal. Por tal motivo, se había ordenado la prisión preventiva de los presuntos explotadores y la elevación de la causa a juicio oral.

En la precitada instancia procesal, el Fiscal General ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dictaminó la inexistencia de delito, hecho que impidió que se llevara adelante el Juicio oral, y en consecuencia, privó así a las víctimas a que sean oídas por un tribunal. Esta situación fue apelada por los abogados del Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas del Ministerio Público de la Defensa ante Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, la que resolvió dejar sin efecto la sentencia apelada que sobreseía a las personas acusadas del delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Entre los votos de los jueces se destaca el del Dr. Mariano Borinsky que sostuvo que la solución adoptada por el fiscal y el tribunal evidenciaba un claro perjuicio para las víctimas del caso y resultaba incompatible con el deber de obrar con debida diligencia en la prevención, investigación y juzgamiento de este tipo de comportamientos, acorde con las obligaciones asumidas por el Estado argentino al suscribir los tratados internacionales que nos obligan a garantizar los Derechos Humanos.

En síntesis, la Fundación La Alameda denuncia que el Fiscal General ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, rechaza la política criminal de la Procuración General de la Nación para combatir crimen organizado, revictimiza a las personas rescatadas del delito de trata con fines de explotación laboral vulnerando su Dignidad y afectando los derechos humanos más elementales que les garantiza nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales y la normativa vigente. Es decir, el fiscal Pettigiani llega al extremo de omitir la aplicación de normas procesales vigentes sosegando así las voces de los más vulnerables, privándoles -incluso- de un juicio justo, vaya Dios a saber con qué motivaciones.

Descargue el texto de la denuncia

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