Una investigación conjunta de la Fundación Alameda y el programa GPS, que conduce Rolando Graña, sobre la extensa red de 70 prostíbulos de La Plata donde hay trata, menores, droga y explotación sexual reveló que el negocio es protegido por la DDI (la policía judicial), División Moralidad, a cambio de coimas, que alcanzan al mes 200 mil pesos.
Chávez y Pupillo, dos altos funcionarios de la DDI platense fueron filmados cobrando coimas in fraganti. Este viernes presentamos La Alameda y el Movimiento de Trabajadores de Excluidos (MTE) la denuncia penal ante Juzgado Federal 3, a cargo de Arnaldo Corazza, y escrachamos la sede de la DDI donde tuvimos apoyo de los vecinos, otras organizaciones y los medios locales.
La semana que viene las imágenes obtenidas serán vistas en televisión.
DENUNCIA EN LA JUSTICIA FEDERAL DE LA PLATA
Acusan a policías de “vender” protección a locales nocturnos
Uno de los denunciantes es un conductor de TV, que asegura que el pedido de coimas está filmado
La justicia federal platense investiga, a partir de una denuncia, si policías de nuestra ciudad presuntamente cobraban coimas a dueños de locales nocturnos a cambio de “protección” para poder funcionar.
La investigación surgió en base a una denuncia radicada ayer en el Juzgado Federal Nº 3, por el conductor televisivo Rolando Graña y por Gustavo Javier Vara, representante de la Fundación “La Alameda”, en la que se acusa a policías de la DDI La Plata por el supuesto cobro de coimas, y la existencia de presuntas maniobras, para proteger a locales en los que existirían situaciones de explotación sexual.
De acuerdo a lo que dice la denuncia, a la que accedió este diario, al parecer todo comenzó con un llamado telefónico recibido en la productora televisiva “El Galeón”. En la comunicación, una persona, cuya identidad se mantuvo en reserva, aseguraba que empleados de un local de diversión nocturna tenían que pagar protección a dos integrantes de la Brigada de Moralidad, perteneciente a la DDI local.
ENTREGA SEMANAL
Según consta en la denuncia, “la maniobra consistiría en exigir una suma de dinero de alrededor de 400, 600, 700 pesos o más, según la clase de local, que presuntamente deben entregarse semanalmente”.
Siempre de acuerdo al mismo documento, supuestamente el dinero sería recogido los días viernes o sábados, en un operativo denominado “la juntada”, y al parecer, sería recolectado en beneficio de los jefes de la DDI.
La denuncia subraya además que “el monto de las sumas de dinero exigidas también estaría en relación con la circunstancia de que se explote la prostitución de menores en los locales”, y que el número de “los locales que estarían aportando a este sistema de protección serían alrededor de cincuenta”.
Relacionado con esta denuncia, durante la tarde de ayer, un grupo de personas realizó un escrache en la puerta de la DDI, en 61 entre 12 y 13, manifestando su disconformidad por la supuesta corrupción policial.
CAMARA OCULTA
Como elemento de prueba, los denunciantes aportarían el lunes una filmación, perteneciente a una investigación periodística que sería emitida en próximas ediciones del programa “GPS”, conducido por el propio Rolando Graña.
Al parecer, la investigación revela que dos efectivos de la mencionada dependencia, exigirían a los dueños de un local de calle 526 y 28, “que les hicieran entrega de la suma de 400 pesos en concepto de “protección”, se afirma en la denuncia. Y, presuntamente, lo mismo estaría sucediendo con otro local, ubicado en ruta 36 y 517, que pertenece a los mismos dueños.
Además, el presunto dueño de esos locales está involucrado en una causa por “tentativa de homicidio”, y según refiere la denuncia, los agentes de la DDI le habrían pedido 20.000 pesos para que la misma no prospere.
En tal sentido, en la denuncia se afirma que “la producción de “El galeón” realizó una cámara oculta en donde se habría podido comprobar “prima facie” la entrega de dinero en concepto de protección y la relación existente” entre los policías y el presunto dueño de los locales nocturnos.
FORMULA DENUNCIA
Señor Juez:
Rolando Graña y Gustavo Javier Vera, con domicilio en Av. Directorio 3998 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambos por derecho propio, conjuntamente con nuestro letrado patrocinante, Mario Fernando Ganora, inscripto al Tomo 36 Folio 227 del CPACF, constituyendo domicilio procesal en los estrados del tribunal nos presentamos respetuosamente ante V. S. y decimos:
I.-OBJETO.-
Venimos en tiempo y forma a formular denuncia contra Oficial Principal Facundo Chávez, alias “el Chino” y el Suboficial Juan Pupillo por los delitos de encubrimiento calificado (art. 277 inc. 1° apartado d) e inc. 3° apartados b) y d)) y concusión (art. 268 C.P.), sus cómplices y encubridores.
Asimismo venimos a formular denuncia por la presunta existencia de una red de crimen organizado que explota la prostitución ajena en la Ciudad de La Plata con la protección de elementos de la policía local. Dicha red de crimen organizado, que contaría con la complicidad de las personas mencionadas en el párrafo anterior, incurriría en los delitos previstos y reprimidos en los arts. 145 bis, 145 ter y 210 C.P. y 17 de la ley 12.331.
II. HECHOS
Como consecuencia del llamado de un llamado efectuado en mayo de 2010 por una persona cuya identidad se resguarda en virtud de lo dispuesto en el art. 43 tercer párrafo C.N., tomamos conocimiento de que empleados de un local de diversión nocturna tenían que pagar protección a dos integrantes de la Brigada de Moralidad de la DDI de La Plata, dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para llevar a cabo su actividad comercial.
Esto determinó que el personal de la productora “El Galeón”, solicitara autorización a sus autoridades para constatar a mediante de material fílmico las presuntas irregularidades por parte del personal de la Brigada de moralidad de la División de Investigaciones de la Ciudad de la Plata.
Mediante las investigaciones preliminares se supo que el personal policial involucrado, serían el Oficial Principal Facundo Chávez, alias “el Chino” y el Suboficial Juan Pupillo. Dichos funcionarios exigirían a los dueños del local sito en la intersección de las calles 526 y 28 de la Ciudad de La Plata, que les hiciera entrega de la suma de pesos cuatrocientos ($400), en “concepto” de protección. Esta protección consistiría en omitir la realización de las denuncias del caso a las autoridades competentes, permitiendo que dicho local sirviera para la explotación de la prostitución de las mujeres que allí ejercían el meretricio.
Los referidos funcionarios policiales también estarían exigiendo la misma suma de dinero y por los mismos motivos respecto de otro local que explota la prostitución ajena que estaría ubicado en ruta 36 y 517, Barrio Abasto, Partido de la Plata perteneciente a las mismas personas. La persona que estaría siendo objeto de esta maniobra sería un individuo de nombre Omar Nuñez, presuntamente detenido a disposición del Dr. Atencio, Juez Penal de la Provincia de Buenos Aires, y con intervención del señor Fiscal, Dr. Cartasegnia, por estar imputado en una causa seguida por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Marcelo Cingolani.
Según los comentarios de las fuentes consultadas, los nombrados policías habrían reflotado la mencionada causa por intento de homicidio contra el mencionado Cingolani quien es el dueño de otro cabaret, cuyo local está ubicado en la ruta 6 y Avenida 44 de la Ciudad de la Plata. También se le habría exigido a Omar Nuñez la suma de veinte mil pesos ($20.000) para que el sumario no prosperara.
Esta conducta de los referidos policías respondería a un modus operandi que se repetiría con los dueños y explotadores de los locales de prostitución de la Ciudad de La Plata. La maniobra consistiría en exigir una suma de dinero de alrededor de cuatrocientos pesos ($400), seiscientos ($600), setecientos ($700) o más, según la clase de local, que presuntamente deben entregarse semanalmente. La “puesta” del dinero sería recogida los días viernes o sábados en un operativo denominado “juntada”. Este dinero sería recolectado en beneficio también de otro policía de nombre Juan Domingo Ibarra que sería el responsable de la DDI de la Ciudad de La Plata. Según las referidas fuentes el monto de las sumas de dinero exigidas también estaría en relación con la circunstancia de que se explote la prostitución de menores en los locales. Los locales que estarían aportando a este sistema de protección serían alrededor de cincuenta.
La producción de “El Galeón” realizó una cámara oculta donde se habría podido comprobar “prima facie” la entrega de dinero en concepto de protección y la relación existente entre los mencionados policías y el tal Omar Nuñez, presunto dueño de dos de los prostíbulos de marras imputado en una causa penal.
Las maniobras mencionadas no revelarían solamente la existencia de una trama de corrupción policial sino que, además, confirmarían las peores sospechas existentes en la ciudadanía. Esto es que determinados elementos de la policía servirían de protección a las redes de crimen organizado que explotan el negocio de la prostitución y la trata de personas. Estaríamos así en presencia de lo que en el derecho norteamericano se denominan “racketeering activities”, según la “Racketeering Influenced and Corrupt Organizations Law” ejercido por funcionarios de la policía de la Provincia de Buenos Aires en beneficio de conductas reprobadas por la Convención sobre la Eliminación de toda Discriminación contra la Mujer” (art. 6) que tiene rango constitucional, el “Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena” ratificado por la ley 11.925 y el llamado Protocolo de Palermo ratificado por la ley 25.632.
III. MEDIDAS DE PRUEBA
Como medidas de prueba se ofrece el material fílmico recabado en la investigación periodística que se acompaña a la presente.
IV. COMPETENCIA
Estas características de los hechos relatados son más que suficientes como para justificar la intervención de la Justicia Federal atento lo dispuesto en el art. 33 inc. e) del C.P.P.N en función de los arts. 145 bis y 145 ter C.P.
Por lo demás no podemos pasar tampoco por alto que la Ciudad de La Plata se encuentra en una de las rutas de la trata de personas. En efecto, las mujeres explotadas por las redes de prostitución son distribuidas desde esta localidad hacia el resto del país por lo que la existencia de una estructura de protección enquistada en la policía local revela un peligrosísimo entramado criminal que sólo puede ser combatido por la justicia federal.
V. PETITORIO
Por todo lo expuesto, solicitamos:
1) Se tenga por presentada y por constituido el domicilio.
2) Se de cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 194 y concordantes del Código de forma.
Proveer de conformidad. Será Justicia.
esto se sabía muchachos todos los de la DDI son delincuentes recaudadores, al chino lo conoce toda la cana, drogadicto y delincuente tienen lo que se merecen