En la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña, que integra el legislador Gustavo Vera, se viene discutiendo un proyecto del oficialismo, autoría de Daniel Presti, que quiere modificar la actual ley Nº 2062, artículo 11, sobre cámaras que imposibilitaría a los legisladores y los organismos de control conocer su ubicación y su difusión.
Aquí damos a conocer el fallo judicial por una demanda que entabló el asesor en seguridad del legisladora Pablo Bergel del Bloque Verde/Alameda. El juez le ordenó el Jefe de Gobierno Mauricio Macri a entregar la información sobre las cámaras de vigiliancia
El juez subrogante en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA, Darío E. Reynoso, dictó sentencia ordenándole al Gobierno Porteño que brinde en 30 días “la información sobre la ubicación física de las cámaras de video vigilancia privadas incorporadas a la red pública” y recordándole que debe reestablecer el mapa de cámaras públicas de la ciudad por constituir “publicidad calificada que, por su vital importancia, no sólo debe estar disponible para quien la solicite, sino que es el Estado quien la debe ofrecer y publicar permanentemente actualizada”.
La demanda fue originada por el sociólogo Andrés Pérez Esquivel, miembro de la Red Latinoamericana de Tecnología, Vigilancia y Sociedad, luego de que la Metropolitana se negara a cumplir la Ley 2602 de videocámaras, que obliga al Gobierno a publicar la ubicación de las mismas en el territorio de la ciudad.
“Las cámaras son útiles dentro de un marco integral y planificado de políticas públicas de seguridad. Sino es pura propaganda electoral”, explicó el sociólogo y aclaró: “Lejos de planificar, el Ministro de Seguridad Montenegro, propone a los vecinos votar por Facebook o por twitter (ver imagen adjunta) donde quieren poner cámaras, sin ningún tipo de correlación con el mapa de criminalidad. E incluso en varias esquinas instalaron cámaras en los mismos sitios que ya tenía Nación (ver imagen adjunta)“. Por eso Pérez Esquivel remarcó que “sin esta información, la ciudadanía, los organismos de control y el Poder Legislativo no podemos controlar el uso legal de las cámaras, ni aportar a una planificación racional en favor de la seguridad de todos”.
La Ley de Videocámaras fue votada en forma unánime, y el año pasado todos los legisladores, incluidos los del PRO, hicieron un pedido de informes (Res. 292/LCABA/13) pidiendo a la Metropolitana la ubicación exacta de las cámaras porque no las tenían. Sin embargo, cuando algunos de ellos fueron este 28 de abril a buscar los datos el Superintendente de Comunicaciones, Jorge Eduardo Martino, se negó a entregar la información. Además, este funcionario puesto por Jorge “Fino” Palacios, primer jefe de la fuerza, hoy procesado junto a Mauricio Macri por escuchas ilegales, también le negó la misma información a la Auditoría General de la Ciudad (Proy. 10.11.01/13) y a la Defensoría del Pueblo (CPDP-DP Dict. Nº 04/13).
“No es nada del otro mundo, Rosario, París e Inglaterra también publican los puntos de sus cámaras, es un objeto tan público como un cesto de basura, incluso más, mientras la Metropolitana se niega a cumplir la Ley, Nación sí entregó su listado de 1200 cámaras en la ciudad a algunos Legisladores tal como establece su protocolo”, explicó el sociólogo.
En este sentido, Pérez Esquivel afirmó que Macri tiene dar explicaciones de manera urgente sobre sus políticas de vigilancia, porque estamos en las puertas de un nuevo escándalo como el de las escuchas: “Llegó el momento de hacer varias preguntas ¿Dónde están las cámaras de la Metropolitana? ¿Por qué se niegan a inscribirlas en la Defensoría del Pueblo como obliga la Ley de Protección de Datos Personales (Nº 1845)? ¿Son realmente 2000? ¿Por qué cuestan 125.000 pesos cada una? ¿Por qué entregan imágenes a la TV si la Ley dice que es información confidencial? ¿Por qué producen en secreto drones que filman?”, interrogó el asesor en seguridad.
Mientras funcionarios de la policía le piden a los legisladores del Pro que se retracten de la Ley que votaron y le quiten garantías de transparencia, los legisladores Pablo Bergel y Gustavo Vera (Verde Alameda), Virginia González Gass (PSA) yAlejandro Bodart (MST) insisten en que deben entregar esa información a los legisladores como dice la ley y como hace Nación, y presentaron un proyecto de Ley para que además se informe a las juntas comunales, que están en contacto permanente con los vecinos.
“La Policía Metropolitana, creada por el Poder Legislativo, ahora le quiere dar órdenes sobre qué puede, y que no puede legislar. La situación es grave, parece que pedirle a esta policía que cumpla la Ley es mucho pedir. Esperamos que al menos le hagan caso a la justicia”, finalizó el sociólogo.
Fallo completo: “PÉREZ ESQUIVEL CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (Art. 14 CCABA)” EXP. A67410-2013/0.