Aquí la columna de opinión que publicó el diario Tiempo Argentino del legislador porteño, titular de la Comisión de Trata y presidente de la ong Alameda, Gustavo Vera.
La doble desaparición de Nadia Rojas, hallada en el mismo lugar donde los familiares decían que estaba con su proxeneta, y la de Layla Nayeli Sainz Fernández, el año pasado, se produjeron en la Ciudad que gobierna hace diez años el PRO, que en este período sumó más de 1200 prostíbulos, sin olvidar que los laboratorios de producción de cocaína se instalaron en la Ciudad PRO y que nuestro país tiene una penetración del narcotráfico que nos ha posicionado como el tercer exportador de cocaína en el mundo. Tampoco nos olvidamos que el propio presidente Mauricio Macri tiene estrechos vínculos con la mafia de la trata internacional, como demuestra la foto que se tomó en el narco-prostíbulo Mix, de la ciudad de Cancún, México, junto al condenado por explotación sexual Gabriel Conde, quien comandó hasta fines de los ’90 el prostíbulo Shampoo, en el barrio de Recoleta, hasta que lo metió preso el fiscal José María Campagnoli.
Desde la Legislatura y desde nuestra ONG en la calle podemos decir que la desaparición de adolescentes, jóvenes y mujeres es un negocio del crimen organizado, porque tras la captación de las chicas, vienen la explotación sexual y el narcotráfico, que usa a estas víctimas no sólo para captar clientes prostibularios sino también en lo que respecta al consumo de drogas. Tanto para usar a las drogas como esclavitud química para sus víctimas, como para multiplicar sus ganancias con los prostituyentes/clientes.
Desde nuestro bloque hemos avanzado en un reclamo histórico, que consiste en poner fin a las habilitaciones en comercios (boliches, whiskerías, pubs) donde se explota sexualmente a las mujeres, mal llamadas coperas o alternadoras. Ahora también tenemos que lograr la aplicación del cierre de los prostíbulos con la adecuada asistencia a sus víctimas, para tener una exitosa reinserción social.
Esto debe construirse de abajo hacia arriba. Ya que en la Ciudad no es política pública la lucha antimafia. Y esto es notorio: los dos jefes de policía que eligió el propio jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, José Pedro Potocar y Guillermo Calviño, terminaron presos por corrupción en las zonas liberadas.