Libro de Fundación Alameda

LUCHA CONTRA LA TRATA EN LA ARGENTINA

BALANCE DE LOS AVANCES LOGRADOS POR EL COMITÉ EJECUTIVO

Gestión Gustavo Vera (2020-2023)

DESMANTELAMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
BAJO EL GOBIERNO DE MILEI Y DESAFÍOS ACTUALES

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INDICE

Introducción

 Antecedentes

Capítulo I

Evitar la revictimización de las víctimas

1. Contexto general. El día después
2. Un puente de políticas públicas entre el momento del rescate y la reparación
3. Medidas en el corto plazo: Potenciar Trabajo o Acompañar, Prestación extraordinaria por explotación laboral de RENATRE, acompañamiento terapéutico, patrocinio jurídico
4. Medidas en el mediano plazo: capacitación e inclusión laboral y acceso a soluciones habitacionales
5. Colaboración de provincias, municipios y sociedad civil
6. Medidas en el largo plazo
7. Ejemplos virtuosos. Historias de vida

Capítulo II

Persecución: seguir la ruta del dinero

1. Creación de la división de trabajo ilegal de AFIP
2. Convenio y papel del SENASA
3. Convenio de cooperación con UATRE y RENATRE
4. Cambio en el Protocolo Único de Articulación con UIF y AFIP
5. El trabajo con la Asociación de Jueces Federales y la Federación Argentina para la Magistratura
6. Ejemplos virtuosos: caso Varacalli y fallos de Cámara de Casación Penal Federal

Capítulo III

Trabajo en red y federalización

1. Federalización del Comité, rol de los delegados
2. Creación de las mesas interinstitucionales
3. Actividades masivas de sensibilización simultáneas en fechas emblemáticas
4. Leyes provinciales y ordenanzas municipales
5. Trabajo en red y multicontrol: cómo dificultar el surgimiento de zonas liberadas y compartimentos estancos

Capítulo IV

Trabajo en red y regionalizaciones

1.  Creación de la Plataforma regional junto a la OIM y PROTEX
2. Objetivos estratégicos de la plataforma
3. Principales acuerdos de la plataforma surgidos en los primeros dos encuentros
4. Primeras mesas interinstitucionales en las fronteras

Capítulo V

Nuevas modalidades

1.  Tipificación del delito penal de compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes
2. Microtráfico de drogas y trata
3. Indicios de explotación en organizaciones coercitivas
4. Proyecto para penalizar a los prostituyentes. Obstáculos institucionales
5. Trata y virtualidad, trata y grooming
6. Matriz de riesgo en casos de trata laboral
7. Prevención en tráfico de órganos, tejidos y fluidos
8. Prevención en las escuelas

Capítulo VI

Prevención

1. Campaña por la difusión masiva del 145: a) con los sindicatos; b) con los municipios y las ordenanzas; c) con las organizaciones de la sociedad civil
2. Campaña con la Asociación del Fútbol Argentino
3. Campañas masivas de sensibilización de Ushuaia a la Quiaca, dos veces al año en fechas emblemáticas
4. Capacitaciones masivas para funcionarios y sociedad civil: balance
5. Campaña por el trabajo decente con UATRE y Camioneros junto a la OIT

 

Evaluación del trabajo de la Argentina en materia de lucha contra la trata

 

1. Conclusiones de las evaluaciones 2020, 2021, 2022 y 2023.
2. Tareas pendientes
3. Intervenciones en las reuniones de máximas autoridades en materia de trata en Argentina (virtual 2021) y en Washington (2024)
4. Menciones del Secretario General de las Naciones Unidas

Capítulo VII

Graves retrocesos con el cambio de gobierno

 

1. Parálisis de las políticas públicas de asistencia
2. Despidos en organismos claves
3. Traspaso del Comité y el Consejo Federal al Ministerio de Seguridad de la Nación. La gravedad que representa dejar a cargo de las fuerzas de seguridad la elaboración e implementación de las políticas públicas contra la trata de personas
4. Reclamos, despido y denuncia penal
5. Desafíos en la etapa actual
6. Solidaridad con los despedidos del Comité y rechazo a su desmantelamiento
7. Conclusión

 

Introducción

“La trata es a menudo invisible. Los medios de comunicación, gracias también a reporteros valientes, arrojan luz sobre las esclavitudes de nuestro tiempo, pero la cultura de la indiferencia nos anestesia. Ayudémonos recíprocamente a reaccionar, a abrir nuestras vidas y nuestros corazones a tantas hermanas y tantos hermanos que son tratados como esclavos.

Nunca es demasiado tarde para decidirse a hacerlo”.
-Mensaje de Su Santidad el Papa Francisco para la X Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, 8 de febrero de 2024

 

Desde el 17 de marzo del 2020 hasta el 17 de marzo del 2024 fui el director operativo del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas, un organismo que tiene como misión planificar junto a  los tres estamentos y poderes del Estado la elaboración y ejecución de planes bienales que mejoren los estándares de intervención en materia de persecución, prevención, protección y asistencia a las víctimas y como así también el  fortalecimiento institucional. El organismo fue creado por la ley 26.842 y en el cual convergen los Ministerios de; Seguridad, Trabajo, Justicia, Desarrollo Social y Mujeres, Géneros y Diversidad; es decir, todos los que tienen competencia cotidiana y responsabilidad primaria, en diferentes planos en la lucha contra la trata, la explotación de personas y en la asistencia a las víctimas.

 

Durante los cuatro años en los que fui director, la Argentina rescató más de 5200 víctimas de trata y fue calificada ininterrumpidamente en la máxima categoría internacional (Tier 1). Ese reconocimiento ha sido compartido en Latinoamérica con Chile y Colombia y con un puñado de 28 países, sobre un total de 188 evaluados anualmente a nivel mundial por la Oficina de Monitoreo contra la Trata del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

 

Dieciocho años atrás, había fundado la ONG la Alameda que se dedica, hasta el día de hoy en todo el país, a combatir la trata y todas las formas de esclavitud. A su vez, entre 2013 y 2017 había presidido la Comisión Especial de Trata y delitos conexos en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires como diputado. En ese camino, junto al resto de los integrantes de la Alameda, denunciamos miles de prostíbulos, talleres clandestinos, campos con explotación rural, y fuimos denunciantes y querellantes en numerosas causas judiciales.

 

Desde 2008 contamos con la estrecha colaboración del entonces cardenal Jorge Bergoglio. Junto a él, se pudo proteger a un importante número de  sobrevivientes y también  se hizo más visible la lucha gracias a las misas que se realizaban en  favor de las víctimas en la Plaza Constitución de la ciudad de Buenos Aires, en las que  se denunciaba la explotación.

 

Francisco, ya como Papa, masificó el tema en sus discursos, homilías, encíclicas y en la convocatoria a coloquios internacionales en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, donde jueces, fiscales, religiosos, activistas, funcionarios de organismos multilaterales, intendentes, gobernadores y académicos tomaron mayor conciencia de este gravísimo delito contra la humanidad y los desafíos que teníamos por delante.

El Sumo Pontífice promovió internacionalmente la lucha contra la trata de personas como un grave crimen contra la humanidad, y teniendo  el privilegio, decenas de veces, de ser el  organizador de coloquios internacionales contra la trata y el crimen organizado, que se desarrollaron en la Academia Pontificia para las Ciencias Sociales.

 

El acompañamiento del Papa Francisco a La Alameda fue permanente, y así lo hizo saber con motivo del 20º aniversario de la organización: “Quiero hacerte llegar mis sentimientos de cercanía por la celebración de los 20 años de La Alameda. Hoy los tuve presente en la misa, en la oración. Gracias por el testimonio de buscar la justicia, de palabra, de obra”.

 

Con respecto a mi labor en el Comité, el 30 de julio de 2023, en ocasión de conmemorarse el Día Mundial contra la Trata de Personas, en carta privada, el Papa Francisco reconoció una vez más la tarea realizada: “Gracias por la campaña de concientización contra la trata de personas y el trabajo esclavo. Has hecho una buena siembra. ¡Gracias!”.

 

Cuando asumimos la Dirección del Comité, sabíamos que había que resolver tres problemas estructurales que habíamos constatamos durante los años previos.

 

El primero, era evitar la re victimización; para ello era de suma importancia que existan políticas públicas de restitución de derechos que fueran desde la ayuda económica inmediata hasta la reparación judicial, pasando también  por el acompañamiento terapéutico, el patrocinio jurídico, la asistencia económica directa, los planes de capacitación e inclusión laboral, la reparación económica a través de un fondo fiduciario, e incluso planes de acceso a soluciones habitacionales; partiendo de la base de que, sin acompañamiento terapéutico que garantice un mínimo equilibrio emocional, el acceso al empleo y a la vivienda era, y sigue siendo, impensable para los y las sobrevivientes de trata.

 

El segundo problema se vinculaba con la persecución penal, y más específicamente, con seguir la ruta del dinero y desmantelar de raíz la base económica de las redes de trata. Es importante puntualizar que  este sigue siendo el tercer delito más rentable a escala mundial, junto al tráfico de armas y de drogas. Sin embargo, en las sentencias judiciales firmes en casos de trata, rara vez se escalaba más allá del eslabón más precario en la cadena de explotación, y se solía dejar impunes a quienes se beneficiaban,  con la explotación.

 

Y el tercer desafío era construir numerosas redes interinstitucionales en las provincias, en las fronteras e incluso, con los países hermanos latinoamericanos. El objetivo propuesto estaba claro: crear un eficaz sistema de controles cruzados y, a la vez, un recurso lo suficientemente amplio para intervenir en situaciones de emergencia con la mayor celeridad posible.

 

Al mismo tiempo, durante los cuatro años de mandato, nos enfrentamos a nuevos emergentes y modalidades que agravaron la situación de trata, por lo cual  era menester estudiar para poder intervenir. Uno de estos desafíos fue la pandemia, que aumentó considerablemente la pobreza y la vulnerabilidad de millones de seres humanos en el mundo, incluida la Argentina. Ese aumento, a su vez, se vio agravado por los fenómenos climáticos extremos, producidos por el cambio climático, y por las consecuencias de las numerosas guerras en el mundo, y  las sucesivas migraciones forzadas y desesperadas.

 

Otro de los desafíos fue detectar situaciones de trata en el contexto de la mutación del crimen organizado al ámbito virtual, que invisibilizaba muchas veces a la figura del reclutador y a quienes auspiciaban las captaciones y los traslados con fines de explotación. Por último, debíamos estudiar y tener políticas públicas para combatir las nuevas modalidades en que se presentaba la trata; entremezclada con el narcomenudeo o disimulada en organizaciones coercitivas pseudo-terapéuticas, pseudo-religiosas o pseudo-filosóficas, y además mejorar los protocolos de actuación y la capacitación de funcionarios  en modalidades de trata como la laboral, los matrimonios forzados, la compra y venta de niños, el tráfico de órganos, tejidos y fluidos, puesto que la mayoría de los funcionarios, e incluso de la población en general, solían creer que la trata era solamente con fines de explotación sexual.

 

El Comité, como principal responsable de diagramar las políticas públicas en materia de lucha contra la trata;  mediante planes bienales, concertados con todos los poderes del Estado y las provincias, debía planificar teniendo en cuenta los desafíos y el contexto al que se hizo  referencia, con la dificultad de no contar con presupuesto propio e incluso  iniciando la gestión simultáneamente con el comienzo de la pandemia.

 

Entre los objetivos de esta publicación, realizada colectivamente por quien suscribe y los principales cuadros de la Alameda que me acompañaron, está, por un lado, acercar la información de lo realizado a todas las provincias, para mantener viva la llama de la lucha contra la trata en un momento no solamente de abandono de las víctimas, sino también de la esterilización de varias áreas claves. No sólo han desmantelado al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, también han despedido a los talleristas del Programa de Inclusión y Capacitación Laboral; en varias provincias, al personal del Programa Nacional de Rescate, y prácticamente están vaciando la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), con lo cual, la cancelación de estas políticas públicas se manifiestan no solamente en la ausencia de asistencia, sino en la falta de personal capaz para poder garantizarla.

 

Nos proponemos, con esta publicación, subrayar todo lo que se puede hacer desde un Estado presente eficientemente, trabajando en red entre los tres poderes y estamentos del Estado y junto a la sociedad civil, para combatir la esclavitud y restituir derechos a las víctimas y, además, nuestra intención es que sirva como punto de partida de todo lo que hay que reconstruir el día que retorne un gobierno con mirada humana a la Argentina.

 

Gustavo Vera,
Presidente de la Fundación la Alameda,
ex Director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Ex Legislador de CABA (2013-2017)

Buenos Aires, mayo 2024.

 

Antecedentes

 

Si nos retrotraemos al año 2012, la Alameda tuvo un rol protagónico y activo en la sanción de la Ley 26.842 contra la Trata de Personas. Desde un principio nos opusimos a muchos de los artículos de la Ley 26.364 de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, sancionada en el año 2008. Las críticas y desacuerdos quedaron plasmados en un artículo publicado por la Alameda titulado “La Ley del como si”, porque efectivamente fue una ley que había surgido por la presión internacional para que se legislara sobre trata, pero en realidad era prácticamente imposible encarcelar a los tratantes ya que,  se le exigía a la víctima que demuestre que no había consentido su explotación si era mayor de edad. O sea, la trata solamente era considerada automáticamente cuando se trataba de menores, pero si se trataba de personas  mayores, tenían que demostrar que no habían consentido su explotación.

Con las falencias que presentaba la Ley de anti trata del 2008;  para el tratante o explotador con un buen estudio de abogados era relativamente sencillo argumentar falsamente que la víctima había consentido su explotación.

 

En segundo lugar, resultaban ridículamente exiguas las penas por la trata. Para tener dimensión, basta recordar que el abigeato duplicaba las penas respecto a la trata; es decir, robarse una vaca era un delito infinitamente más grave que la trata de seres humanos.

 

Y, en tercer lugar, el problema que nosotros veíamos era la ausencia de controles cruzados.  La trata es un fenómeno que se nutre de la complicidad del Estado, no hay trata si no hay zona liberada, no hay trata si no hay negligencia y complicidad respecto a los tratantes; por lo tanto, sólo el trabajo articulado y en red podía desterrar las zonas liberadas.

 

En ese contexto, recordamos que entre 2008 y 2012, período en el cual se reformó la Ley de trata, fuimos los que denunciamos a la División de Trata de la Policía Federal, cuyas autoridades tuvieron que renunciar a sus cargos en 2010. Cabe recordar aquí, la valiente denuncia de una agente de la propia fuerza. También, iniciamos una mega causa en la que fueron imputados, procesados, separados de sus cargos y pasados a disponibilidad, sesenta altos comisarios de la Policía Federal por estar vinculados, justamente, a actividades de encubrimiento, cohecho y protección de prostíbulos.

 

Además, participamos activamente de los debates que se iniciaron en 2010 en la Cámara de Diputados, que llevaron a la sanción de la Ley 26.842, una de las más consensuadas  que se conocen en la Argentina, porque en 2012 la oposición era mayoría en Diputados, y el oficialismo era mayoría en el Senado. Hubo mucha participación de la sociedad civil, con víctimas sobrevivientes que expusieron sobre trata sexual y  laboral. Todos señalábamos tres cuestiones fundamentales: a) la eliminación del consentimiento, porque en estado de vulnerabilidad el consentimiento está totalmente viciado; b) el aumento de las penas y c) la creación de un sistema de controles cruzados, por el principio según la cual todos somos buenos, pero si nos controlamos, vamos a ser mejores, especialmente cuando se trata de luchar contra el crimen organizado.

 

En sintonía con la cuestión del los controles cruzados o multicontrol, la Ley de 2012 crea dos organismos: el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la  Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas y el Consejo Federal contra la Trata de Personas. El Comité Ejecutivo estaba bajo la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros, con autonomía funcional; es decir, solo dependía administrativamente, nunca un Jefe de Gabinete indicó qué teníamos que hacer, o qué no teníamos que hacer porque nuestro “jefe” era el Plan Bienal que debíamos consensuar con los tres poderes y estamentos del Estado, y debía ser aprobado y supervisado por el Consejo Federal. Al implementar dicho plan, se debía presentar un informe de ejecución al primer año y otro una vez finalizado, todos documentos de carácter público.

 

El Consejo Federal es integrado por todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal, el Parlamento, otros ministerios del Poder Ejecutivo nacional, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es decir, se encontraba sometido a un riguroso control cruzado y evaluación, tanto interna como externa.

 

En este orden de cosas, el rol de la Jefatura de Gabinete de Ministros era claro: debía habilitar, proveer y controlar la gestión administrativa para que el Comité Ejecutivo pudiera cumplir con sus funciones y con las acciones detalladas en el Plan Bienal, puesto que el organismo no contaba con presupuesto propio para el pago de salarios, gastos de desplazamiento o compra de materiales de trabajo.

 

A su vez, el trabajo del Comité era evaluado anualmente por la Oficina de Monitoreo del Departamento de Estado de los EEUU. Durante los cuatro años de gestión se mantuvo, dentro del ranking de dicho organismo, en la máxima categoría (TIER 1), cabe destacar que aquellos países ubicados en las últimas categorías (TIER 3 y 4) presentan restricciones para acceder a créditos y asistencia económica por parte de entidades multilaterales.

 

En este sentido, es un retroceso el reciente DNU (195/2024) que traspasa de la órbita de Jefatura de Gabinete al Ministerio de Seguridad, tanto al Comité Ejecutivo contra la trata, como al Consejo Federal. Los primeros pasos que se dieron desde la entrada en vigencia de dicho DNU indican algunas situaciones que revisten gravedad institucional. En primer lugar, se produjo la pérdida de la autonomía funcional que establece la Ley, esto implica un claro retroceso, puesto que la fuerza de seguridad tiene ahora el monopolio de la elaboración e implementación de la política pública en materia de trata y explotación de personas. Anteriormente, el Ministerio de Seguridad integraba el Comité, tenía preponderancia en el aspecto de persecución, aunque subordinado en un esquema de controles múltiples y recíprocos. Esta nueva condición podría derivar en situaciones graves como las ocurridas entre los años 2008 y 2012.

 

Tiempo atrás, desde La Alameda comenzamos a descubrir que detrás de los talleres clandestinos había marcas de ropa importantes y contrabando de Aduana; empezamos a advertir  que detrás de las explotaciones del campo en ocasiones había situaciones vinculadas al narcotráfico, y que no solamente dentro de la policía se daban casos de corrupción, sino que había además jueces, fiscales, políticos de diversos partidos vinculados. Esta situación comenzó a generar problemas importantes.

 

La Alameda logró descubrir y presentar con pruebas denuncias resonantes. En primer lugar, gracias a las investigaciones realizadas en 2009 se logró cerrar uno de los lugares más comprometidos que había en materia de Trata Sexual: las 39 “casitas” de Río Gallegos, 39 prostíbulos que estaban en terreno fiscal y pagaban Alumbrado, Barrido y Limpieza a la Municipalidad de Río Gallegos que los toleraba y hasta cierto punto, regulaba. Ese procedimiento se llevó a cabo corriendo grandes riesgos, se identificó que era un lugar donde se reducía a las víctimas a la servidumbre sexual y luego muchas de ellas eran trasladadas, a través de la localidad de Punta Arenas, para ser esclavizadas sexualmente en Europa.

 

También, se descubrieron talleres vinculados a la familia Awada en 2007 y 2012, tanto a Juliana como a Daniel Awada: esto se logró documentar a través de filmaciones desde el interior de los talleres de costura, con costureros que se infiltraron con cámaras ocultas. Tanto en el caso de Cheeky como en otras de las firmas de Juliana Awada, se  demostró sucesivamente que basaban su producción en talleres clandestinos con trabajo esclavo.

 

Además, a través de investigaciones, se consiguió comprobar la responsabilidad de Raúl Martins, un ex agente de la SIDE, hasta lograr su encarcelamiento. Se visibilizó que Martins había financiado la campaña del futuro Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según lo denunció su  hija. Además fueron  fotografiados en un prostíbulo en Cancún, llamado  Mix Sky Lounge, junto a Gabriel Conde, hijo del candidato a dirigente de Boca; una relación que venía desde hace muchísimo tiempo. Es importe  recordar que las candidaturas para presidir dicha entidad deportiva, fue lanzada en el local Shampoo que pocos años después sería allanado y clausurado por explotación sexual,  incluso de menores, demostrando la vinculación al mundo de la explotación sexual y de la trata.. Martins al día de hoy está privado de su libertad, esperando la extradición solicitada por la jueza Servini de Cubría.

 

Otro caso emblemático fueron los seis prostíbulos descubiertos en 2011 en departamentos que eran propiedad de un Ministro de la Corte Suprema de Justicia, y cuyos “contratos de alquiler” con los proxenetas eran firmados por el apoderado, quien era intimo amigo del juez y vivía en la casa del magistrado. Pese a la presión mediática de entonces, la justicia probó el delito de violación a la ley de profilaxis y, dicho representante jurídico tuvo que pagar una multa en los primeros meses del 2013. La causa probablemente hubiera escalado más ya que existía explotación de migrantes y una red de prostíbulos interconectada en donde operaba un jefe de la federal. Increíblemente todo es ocultado con solo  una multa, pero la explotación sexual por cuenta ajena fue acreditada.

 

Podríamos escribir otro libro solo sobre casos emblemáticos en los que políticos de todos los colores, fiscales, jueces, policías, gendarmes , personajes de la farándula , renombrados empresarios y marcas fueron imputadas y salpicadas por hechos vinculados a la trata y el trabajo esclavo, demostrando que el crimen organizado atraviesa transversalmente la superestructura estatal y empresarial, pero aqui nos concentraremos en las herramientas para combatirlo y erradicarlo.

 

Capítulo I

Evitar la revictimización de las víctimas

Contexto general

El aumento del delito de trata a escala global quedó recientemente reflejado en un documento de UNODC con estadísticas del año 2022, que da cuenta de cómo creció la cantidad de víctimas de trata de 40 a 50 millones de personas, como consecuencia de la pandemia.

 

Las situaciones de trata aumentan por migraciones forzadas que surgen a partir de fenómenos climáticos, sequías o inundaciones, y como consecuencia de la guerra. La frontera entre Ucrania y Polonia es un caso paradigmático en este último factor.

 

 

El día después

 

Lo que pasaba el día después quedaba claro en la estadística sobre la cantidad de víctimas rescatadas entre el 2008 y el 2019, según la cual, la Procuraduría especializada en trata y explotación de personas (PROTEX) aseguraba que el 70% de esas víctimas muy probablemente habían vuelto a ser revictimizadas, volviendo  al circuito de explotación por carecer de medios de sustento.

Cualquier funcionario que intervino en situaciones inspectivas, judiciales o allanamientos entre  2008 y 2019, tiene una anécdota referida a que se han encontrado con las mismas víctimas en otros campos, en otros talleres o en otros prostíbulos por la sencilla razón de que no había ningún tipo de contención por fuera de la primera asistencia inmediata del Programa Nacional de Rescate (PNR), que se extiende hasta la primera declaración testimonial. Según el Protocolo Único de Actuación (PUA), el PNR lo que tiene que hacer es una entrevista a las presuntas víctimas, determinar que efectivamente hay indicios para considerarlas víctimas de trata, darles contención en algún refugio o lugar seguro, brindar asistencia médica, psicológica y alimentaria, cumplimentando las asistencias hasta la primera declaración testimonial en sede judicial

 

Luego de la declaración testimonial, son derivadas al punto focal provincial de trata (PFP): en la provincia de donde son oriundas, o a la provincia donde quieren quedarse, porque esto es decisión de las víctimas. El PFP tiene que garantizar la asistencia necesaria, concretamente hasta el momento de la reparación que llega con la sentencia judicial firme, si llega, porque hay un gran número  de víctimas de trata que fueron rescatadas y acreditadas como tales, que nunca tuvieron ninguna sentencia judicial firme y, por lo tanto, tampoco percibieron  reparación.

 

Por lo tanto, se presentaban dos problemas. Primero, las víctimas que eran rescatadas, y acreditadas como víctimas, pero nunca tuvieron sentencia y no tenían reparación de ningún tipo. Y segundo, las víctimas que sí tuvieron reparación, la obtuvieron apenas 75 sobre un total de casi veinte mil víctimas rescatadas, pero recién de 8 o 9 años después; con lo cual había que tender un puente de acompañamiento y protección entre la intervención del Programa Nacional de Rescate y el momento de la reparación.

 

Y ese puente le corresponde al Estado Nacional primariamente y, convergentemente, a las provincias.

 

El Estado Nacional tenía que contar con un conjunto de políticas públicas que garantizaran, en el corto y en el mediano plazo, que la víctima llegue en condiciones dignas hasta el momento de la reparación, que sería a largo plazo.

 

 

Un puente de políticas públicas entre el rescate y la reparación

 

Las medidas en el corto plazo, llamadas del día después, son las que tienen que ver con decisiones que van tomándose entre los tres y seis meses posteriores al momento del rescate, y se relacionan con la posibilidad de contar con dinero para vivir mientras se lleva a cabo el acompañamiento terapéutico, el patrocinio jurídico, la inclusión en el programa Reparar y la búsqueda de resolución de situaciones habitacionales.

 

Es decir, mientras se recibe esa ayuda económica, hay un tiempo de seis meses que es el periodo en el que tiene que activarse el Programa REPARAR y tratar de resolver el problema habitacional. En ese punto se complementa la ayuda económica directa con el acompañamiento terapéutico y el patrocinio jurídico.

 

En el caso de los trabajadores que son rescatados de explotación laboral en el ámbito rural, tenían doble ayuda económica porque cuentan, por única vez, con la prestación por Explotación Laboral de Renatre y, además, podían acceder al Programa Potenciar Trabajo si eran varones (sin contraprestación por tratarse de población vulnerada por trata/explotación) o al Programa  Acompañar si eran mujeres o diversidades. Se utilizaron el Potenciar y el Acompañar porque eran las herramientas disponibles; sin embargo, desde el Comité se insistió durante toda la gestión en generar un programa específico de asistencia económica para sobrevivientes de trata y/o explotación. La entonces Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, anunció la creación del programa denominado Restituir, hacia el final de la gestión. Dicho programa nunca llegó a ejecutarse dado que está supeditado a que todas las provincias implementen el registro de asistencia a las víctimas de trata (REDAVIT), que es un sistema integrado. Consiste básicamente en  un  legajo electrónico de cada persona asistida, tanto desde el Punto Focal Nacional como desde los PFP, mediante el cual todas las provincias, sin violar la confidencialidad de los datos de la víctima, tienen que informar qué han hecho con respecto a las víctimas/sobrevivientes que son asistidas. Pero la puesta en funcionamiento del REDAVIT en las provincias es un proceso lento que llevará bastante tiempo universalizar, en parte por la resistencia de algunas provincias y en parte, porque la presión ejercida por el  actual gobierno nacional  para que ello no ocurra.

 

Resulta interesante el origen de las medidas, sobre todo las de corto y mediano plazo: consistió en  una discusión muy fuerte durante los primeros cuatro meses del gobierno del entonces presidente argentino Alberto Fernández, entre marzo y agosto del año 2020, ya que había una resistencia muy grande en todos los organismos para reconocer que las víctimas estaban siendo revictimizadas y que lo que se llevaba a cabo era un “como si”, cuando en realidad se trataba de un círculo vicioso.

 

 

 

Las medidas en el corto plazo: potenciar, acompañar, acompañamiento terapéutico, patrocinio jurídico

 

El Comité, durante la gestión a cargo de su director ejecutivo Gustavo Vera, en el corto plazo puso en funcionamiento diversos programas como el Subsidio de ayuda económica urgente por única vez (Ayuda urgente), Programa Potenciar Trabajo (Potenciar), Programa Acompañar.  De hecho, fueron otorgados más de 3.200 Acompañar, más de 330 Potenciar, 40 Ayuda urgente, 1.300 prestaciones por explotación laboral de Renatre. Hubo una ayuda económica inmediata después del momento de la primera declaración. Y además, en lo inmediato también se empezaba a activar una acción de corto, pero también de mediano y largo plazo como, la línea de acompañamiento terapéutico, a cargo de la Dirección de Salud Mental de la Nación en coordinación con los Institutos de Salud mental de las provincias, y la línea de Patrocínio Jurídico, a cargo del Ministerio Público de la Defensa. Esto tiene que ver específicamente con el derecho de la víctima a tener Patrocínio Jurídico, no solamente en relación a la causa específica de trata, sino a también a todos los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de este delito, que son múltiples.

 

En este contexto, el día después se relaciona con lo que se hacía inmediatamente luego del rescate, de la intervención del Programa Nacional de Rescate hasta el 2019, y con la figura del “rescatado-desaparecido”. Es decir, rescatado y luego desaparecido porque los puntos focales provinciales eran una formalidad, a veces designaban a un funcionario o funcionaria en las provincias como puntos focales, que no tenían ninguna herramienta, ni nacional ni provincial para poder asistir y, por lo tanto, más allá de algunas acciones de buena voluntad, pero de suma precariedad, como entrega de mercadería o el otorgamiento de una beca por un mes, no

 

había ninguna otra asistencia concreta. No había ninguna política planificada para tender ese puente entre el PNR y la reparación: un periodo de siete u ocho años, en el que se debería garantizar cómo reconstruye cada sobreviviente de trata un horizonte de vida en base a la dignidad y autonomía, fundadas en tres pilares básicos: acompañamiento terapéutico, trabajo y vivienda digna.

 

A partir del acuerdo entre el Comité y la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos del MDS (agosto de 2021), se planificó un Sistema Federal de Acompañamiento Terapéutico, destinado a las víctimas directas de trata sexual y laboral, que incluyó también a los familiares (en especial a los hijos) que también podrían estar afectados por dicha problemática.

 

El dispositivo estuvo planificado teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, las consecuencias psíquicas perduran en el tiempo y afectan diversas esferas de la vida de las personas: su capacidad de trabajar, de sostener vínculos interpersonales y, en definitiva, todo el desarrollo de sus aspectos vitales.

De la evaluación realizada, podemos afirmar que todos los turnos se brindaron con un tiempo mínimo de espera en todo el país. Los espacios de acompañamiento fueron pensados y llevados a cabo todo el tiempo que la persona los necesitara, ya que nunca se conoce de antemano cuál es la dimensión y el alcance, de un efecto que puede resultar traumático.

 

Se trabajó con la idea de que los profesionales y los equipos sean un sostén ante la pérdida de confianza, que muchas veces se instala en las y los sobrevivientes de trata. La modalidad de derivación y la co-responsabilidad asumida nos ha permitido trabajar desde el conocimiento de la situación, estableciendo un nexo fundamental entre los delegados provinciales del Comité y los agentes de salud.

 

A modo de reflexión, podemos decir que pudimos acercarnos a un nivel óptimo de eficacia en la atención, con celeridad y debida diligencia. Y que tuvo un impacto real y concreto.

 

Las medidas en el mediano plazo: capacitación e inclusión laboral (Programa Reparar) y acceso a soluciones habitacionales

 

En el mediano plazo se ubica el Programa Nacional de Reparación de Derechos y Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las y los afectados por los delitos de Trata y Explotación de Personas (Reparar), que posibilitaría la capacitación e inclusión laboral; el Programa está dirigido a personas mayores de 18 años que no posean un empleo formal y que hayan sido relevadas, detectadas, rescatadas o asistidas como víctimas o posibles víctimas de situaciones de trata o de explotación de personas por un Organismo Público Nacional, Provincial o Municipal, o bien por una Organización No Gubernamental (ONG) debidamente habilitada por la autoridad competente; además, se hace extensivo a integrantes del grupo familiar de la persona identificada como víctima. El programa consiste en dos instancias: la primera es  “Recuperación de Derechos e Identificación, Evaluación, Mejora y Fortalecimiento de las Competencias Laborales”, mientras que la segunda se denomina “Apoyo y Asistencia a la Inserción Laboral y al Desarrollo Ocupacional”.

 

Durante la primera instancia se desarrolla una articulación y coordinación interinstitucional para dar apoyo, acompañamiento integral y contención psico-social a las víctimas, con el objeto de lograr la restitución de sus derechos vulnerados e identificar sus competencias laborales previas. Esto se ha llevado a cabo a través de talleres que se realizaron semanalmente durante 4 meses, coordinados por talleristas formadas en técnicas gestálticas, de yoga y de desarrollo personal, junto a la coordinación del programa y de la dirección ejecutiva del Comité. En la segunda instancia, se concreta la vinculación a los programas, proyectos, acciones, prestaciones o líneas programáticas del MTEySS (hoy Secretaría de Trabajo, Ministerio de Capital Humano) que se consideren más adecuados, teniendo como horizonte la reinserción estable en el mundo del trabajo. En la práctica, se complementa con leyes de inserción laboral sancionadas en varias provincias, otras que aún se encuentran en estado parlamentario, y con ordenanzas de cupo y/o inserción laboral sancionadas en decenas de municipios de diversas provincias de nuestro territorio nacional. El programa tiene una duración de hasta un año en el cual los beneficiarios y beneficiarias reciben una prestación dineraria equivalente a un SMVyM.

 

Desde la creación del Programa Reparar en julio de 2021, se han realizado 3 convocatorias en las que participaron 117 beneficiarios y beneficiarias. Mucho del trabajo realizado permanece trunco porque las Agencias territoriales de las diferentes provincias quedaron sin autoridades, que son quienes deben dar continuidad a la segunda etapa del programa. Las opciones de inclusión, a grandes rasgos, se dividen en inserción formal en el mercado laboral en relación de dependencia o a través de emprendimientos autogestionados.

También, se trabajó en el mediano plazo para brindar soluciones habitacionales prioritarias a las víctimas de trata y/o explotación, de acuerdo a los programas nacionales y/o provinciales disponibles en cada jurisdicción. Esto se comenzó a implementar a partir de un convenio con el entonces Ministerio de Desarrollo Territorial y H

Hábitat de la Nación, en el mes de julio de 2021 y refrendado en la 94ª asamblea de la Comisión Nacional de la Vivienda en Chubut en marzo de 2022, por todos los institutos provinciales de vivienda. A partir de allí, se empezó a trabajar en un mecanismo de derivación de algunos de los casos más urgentes, y se lograron diversas soluciones habitacionales en las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, entre otras. Dichas soluciones van desde la construcción integral de viviendas en terrenos cedidos por municipios a familias que vivían precariamente en los mismos, hasta refacciones de viviendas, adjudicación en comodato de viviendas de programas provinciales o nacionales y entrega de módulos habitacionales, entre otras.

 

 

La colaboración de provincias, municipios y sociedad civil.

 

Existieron prácticas relacionadas con este punto en una provincia del NEA, donde una víctima fue rescatada de un contexto de explotación sexual y se le otorgó rápidamente una vivienda, pero al no tener  acompañamiento terapéutico y dadas las graves secuelas de la situación de explotación a la que fue sometida, intentó suicidarse y tuvo que ser  internada; nunca pudo gozar de esa vivienda.  Otra experiencia que nos dejó un intenso aprendizaje acerca de la importancia de trabajar integralmente los pilares de acompañamiento terapéutico y la inclusión laboral, y que  cada caso requiere de un abordaje particular,  fue el proceso de una sobreviviente que, en el marco de la aplicación de la Ley de inclusión laboral para víctimas de trata en una provincia del norte de nuestro país, fue incorporada a una fábrica textil sin ningún tipo de contención, ni preparación para el trabajo. La mujer no se adaptó ni al horario de trabajo (aclarando que era menor al de la situación de explotación) ni a los hábitos y tampoco a  la cultura de un trabajo registrado. La incorporación de los hábitos laborales se trabaja en el Programa REPARAR antes mencionado y también se aborda en los espacios de acompañamiento terapéutico.

 

Es muy frecuente que la mayoría de las personas sobrevivientes de explotación, en especial en la modalidad sexual, donde no hay horarios, no hay día o noche, tengan más dificultades para insertarse al mercado laboral formal; este es uno de los motivos por los que, en el marco del programa REPARAR, observamos la preferencia de las beneficiarias hacia optar por un empleo autogestionado, en detrimento de un empleo en relación de dependencia. No obstante ello, se trabajaba mucho en la cultura del trabajo registrado y los deberes y derechos que ello implica.

 

Las medidas en el largo plazo

 

En el largo plazo se desarrollaba la reparación, que en general se resolvía por la vía del Fondo de Asistencia Directa para Víctimas de trata, un fondo fiduciario integrado por los bienes recuperados de los delitos de trata explotación y lavado de activo; con esos recursos se repararía de forma directa a las víctimas de trata y explotación laboral y sexual, o por los juzgados hasta el año 2021, ya que el Fondo de reparación, si bien fue sancionado y reglamentado por ley en 2019, recién empezó a implementarse en 2021.

 

El objetivo del Fondo de reparación es que,  los bienes decomisados de los delitos de trata y explotación sean liquidados, y por ende convertidos en dinero, y no sean devaluados al momento de la sentencia  judicial. Solía ocurrir que se allanaba y se secuestraba una cantidad importante, por ejemplo, de máquinas textiles, que se dejaban a la intemperie y cuando se quería reparar, esos bienes se encontraban destruidos o devaluados.

 

Al momento de escribir este libro, hay una polémica en la que se aprovecha la falta de información fidedigna que circula entre la población: La Nación y otros grupos de medios de comunicación, tratan de instalar que el fondo fiduciario es deficitario. Esto se relaciona con los intereses, los gastos de mantenimiento, la lentitud de los procesos judiciales y con las condiciones que estableció el BICE, la entidad bancaria que lo acoge.

 

Resulta relevante destacar que la reparación no es por arbitrio del Poder Ejecutivo, sino que se realiza en función de una sentencia judicial firme, no es que quien conduce el fondo el que puede resolver a quién repara y a quién no, sino que tiene que hacerlo de acuerdo a la sentencia judicial que le indica los montos y a qué víctimas le corresponde.

 

Ejemplos virtuosos

¿Cómo rompió el Comité ese circuito mediante el cual luego del rescate al poco tiempo las victimas volvían a ser mayoritariamente revictimizadas por falta de asistencia? Durante la fase 1 de la cuarentena, producto de la pandemia de Covid-19, desde el Comité Ejecutivo se solicitó información respecto a 105 personas rescatadas de las regiones NOA y NEA de un total de 300. Esta consulta fue formulada a los Puntos Focales Provinciales, las respuestas obtenidas fueron generalidades, sin mayores detalles, expresiones de deseo, términos tales como “habría”, “podríamos”, “quizá” y en muchos casos se informaban situaciones que no eran ciertas. Desde el Comité Ejecutivo, en articulación de los delegados y delegadas con organizaciones sindicales, parroquias y otros organismos estatales, se realizó un informe paralelo sobre los 105 sobrevivientes que fue remitido por circuito institucional al entonces ministro de Desarrollo Social, al ministro de Trabajo y al jefe de Gabinete de Ministros. En el mismo se indicaba lo informado por los Puntos Focales y el contraste con la realidad.

 

Por lo tanto, la realidad indicaba que las víctimas no habían sido asistidas. Por ejemplo, podemos mencionar el caso de un gobierno de una provincia del NOA, el 30 de julio de 2020, el Día Internacional Contra la Trata, realizó un operativo que es informado en todos los diarios, nacionales e internacionales. Desde la prensa se señaló que se había desmantelado una Red de Trata. Esta situación no pudo ser corroborada por el Comité, puesto que no había llegado la denuncia a Procuraduría de Trata ni a la línea 145. Se trató de una denuncia formulada por un grupo de 5 o 6 mujeres de más de 35 años, que estaban cansadas de la persecución y pedido de coimas por parte de la Policía. Finalmente, habían resuelto juntar plata entre ellas y alquilar un espacio para ejercer la prostitución. Lo que pagaban de alquiler era un monto menor al que pagaban de coima. El dueño del espacio que alquilaron también era responsable, según la Ley de trata, por facilitar la prostitución, naturalmente, pero no era proxeneta sino facilitador de la prostitución. No cobraba más dinero que el del alquiler, pero conocía la situación, sabía que en el lugar funcionaba un prostíbulo, por lo cual no era inocente. Sin embargo, estábamos en presencia de una violación a la Ley de profilaxis, de facilitación de la prostitución por cuenta ajena y no de trata de personas.

 

Después del allanamiento, y del espectáculo que hizo el gobierno de la provincia del NOA, aprovechando el 30 de julio, que es el día internacional contra la trata, las víctimas quedaron sin ningún tipo de protección. Recibieron asistencia de las organizaciones sociales organizadas que proveyeron polenta, fideos, arroz. Estas mismas organizaciones se comunicaron con el Comité, realizaron un contacto directo para ingresarlas al Programa Acompañar y a otros programas de asistencia, luego de una presión intensa.

 

Otro caso que sirve para ilustrar la situación en la que se desarrollaba la asistencia sucedió también durante la fase 1 de la pandemia en una Provincia del NEA donde una madre, que tenía prisión domiciliaria, explotaba a su hija de 12 años, prostituyéndola  en el barrio. El Comité realizó una denuncia, rápidamente Protex derivó la causa a la fiscalía correspondiente, se hizo el allanamiento y se descubrió in situ que efectivamente era real lo denunciado, por lo tanto a la madre le otorgaron prisión efectiva y a la niña la rescataron; pero tenía seis o siete hermanitos, uno de ellos con leucemia. El grupo de niños quedó en la casa de un vecino, bajo su cuidado. Lo paradójico es que el punto focal había informado por escrito que habían recibido asistencia, que habían sido entrevistados y que estaban en contacto con las áreas de minoridad. Todo esto era falso porque se encontraban librados a su suerte, en la casa del vecino que misericordiosamente los cuidaba.

 

Estas eran las condiciones y situaciones cotidianas en las cuales se construyó nuestro primer plan bienal, a partir de las que se debieron plasmar esos tres objetivos estratégicos, a sabiendas de la necesidad de modificar el paradigma de lucha contra la trata: las políticas del corto, mediano y largo plazo para restituir derechos; la profundización de la persecución penal y la red de articulación federal que implique cooperación y controles cruzados.

 

Gracias a la información de sindicatos, organizaciones de sociedad civil, entre otros actores con trabajo territorial, se logró ordenar y clarificar la situación. Todo pudo ser acreditado y comunicado en forma institucional a la gestión de entonces, y se logró que el ministro de Trabajo, Desarrollo Social y el Jefe de Gabinete tomaran consciencia de la magnitud del problema y de las medidas a adoptar. El ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aprobaron avanzar en los cambios propuestos por la dirección del Comité.

 

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tuvo un rol importante porque instruyó a los equipos técnicos para que crearan un programa de inclusión y capacitación laboral que se comenzó a ver en detalle con el viceministro de trabajo, Marcelo Bellotti, cuando parte de la estructura técnica del mencionado ministerio consideraba como absolutamente imposible de concretar en el aparato del Estado.

 

Con respecto al acceso a la vivienda fue más largo el proceso, porque se comenzó a negociar con la entonces Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, que renunció casi finalizando el 2020. Posteriormente, el Comité tuvo que consensuar todo de nuevo con su reemplazante, el ministro Jorge  Ferraresi, con quien  recién se logró dar inicio al programa al año siguiente, a partir de la firma de un convenio.

 

En abril del año 2022 se organizó la asamblea de la Comisión Nacional de la Vivienda en la provincia de Chubut y allí se logró acordar un plan de soluciones habitacionales para sobrevivientes de trata.

 

Había una demanda enorme de viviendas y muy pocas para construir; de hecho, el gobierno de Alberto Fernández construyó alrededor de 160 mil viviendas en todo su período: muchas, comparadas con el gobierno anterior, pero escasas respecto a la demanda. A esta situación se le sumaba otra; había cupos de todo tipo: para pueblos originarios, para población del colectivo LGTBIQ+, para personas discapacitadas, etc. Desde el Comité Ejecutivo se planteó que, a diferencia de los otros casos en los que también se alcanza a población vulnerable, en el caso del Comité, además, se estaba creando un programa único de acceso a la vivienda para víctimas de trata que iba a ser reconocido internacionalmente, porque sería el primero de su tipo. Esto efectivamente sucedió ya que el Secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, en su intervención al momento de presentar el informe anual  mundial de trata 2023, mencionó y destacó específicamente el sistema de vivienda de la Argentina.

 

Por otra parte, el presidente de la Comisión Nacional de Vivienda, Augusto Dubois, se involucró con estas circunstancias para tratar de tender lazos con los presidentes de las Comisiones Nacionales de Vivienda. Los invitó al programa, y se logró el financiamiento nacional y/o provincial. Formosa, mucho antes de ese programa, fue la provincia que primero cedió viviendas porque, según explicaron luego, les parecía de sentido común que una persona que fue víctima de trata, tenga vivienda. Dos viviendas fueron entregadas allí antes de que existiera el programa. Santiago del Estero le dio impulso luego, al entregar cuatro viviendas, a familias muy numerosas. También hay que incluir a grupos familiares con secuelas como partícipes de la situación de explotación y esclavitud. Catamarca y Misiones entregaron viviendas a las víctimas de un caso que fue, en su momento muy difundido. En definitiva, empezó a haber soluciones habitacionales que tenían que ver con cuatro aspectos:

 

Primero: generar la posibilidad de un alquiler social, es decir que el gobierno alquile un bien y se lo otorgue en comodato al municipio, donde estará instalada la persona sobreviviente y su familia; entonces, el municipio se lo cede en comodato a ese sobreviviente y sus familias.

Segundo: producir la construcción de módulos habitacionales, que es la construcción de lo que se conoce en el interior como la edificación base de una casa, que implica living, cocina, comedor, baño, con los servicios básicos; y la posibilidad de ampliar por parte de la persona que después lo habite con el tiempo.

 

Tercero: propiciar la reconstrucción o refacción integral de viviendas.

Cuarto: impulsar la inclusión en el Programa Casa Propia, en el que se realizaba la construcción de viviendas desde cero. Se entregaban por lotes a 300 personas, entre las cuales se incluían algunos destinados a personas que habían sido víctimas de trata.

 

A lo largo de su labor, el Comité logró entregar módulos habitacionales, realizar refacciones integrales de vivienda, otorgar Programas Casa Propia y aumentar el alquiler social en algunas provincias; por ejemplo, en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

 

El Consejo Nacional de la Vivienda, a partir de que se implementara el programa en 2022, integró al Comité en todas las asambleas que se celebraron. Las mismas se desarrollaban cada dos meses y se hacía un balance y un seguimiento, primero en fase piloto antes de universalizarlo.

 

En la fase piloto, la primera vivienda se entregó un día después de la consagración de la Argentina como campeón del mundo, sin contar las viviendas que ya se habían cedido en Formosa. Y después se entregaron unas cuantas viviendas más.

 

La fase piloto estaba finalizando y comenzaba la fase de universalización cuando quedó todo inconcluso por el cambio de gestión presidencial y la paralización de la obra pública. Podemos referenciar historias de vida muy profundas en ese período. Por ejemplo, hay una víctima de trata de Catamarca que había sido vendida por la tía. Ella quería ir a trabajar a Tucuán para ayudar a los padres, a la familia, y la tía le prometió que iba a conseguir trabajo. Resultó que la sacó de Catamarca y se la entregó a unos transportistas que la violaron. Luego, la vendieron a un prostíbulo de Salta. En un operativo se logró rescatar a la víctima y volvió a su lugar de origen. A partir de allí, se le brindó un acompañamiento terapéutico, fue integrada en los Programas Acompañar, Reparar y Casa Propia. Hoy tiene un microemprendimiento en su casa. Encontramos aquí un ejemplo de círculo virtuoso, se cerró la historia ejemplarmente,  en una situación que antes culminaba, con la revictimización.

 

 

Podemos encontrar otro caso de círculo virtuoso en Formosa. Allí una joven que fue explotada sexualmente en la frontera de Clorinda y Asunción, fue rescatada, recibió acompañamiento terapéutico, patrocinio jurídico, formó parte del Programa Acompañar y Reparar. Cuando finalizaron los programas comenzó a trabajar en la municipalidad, que tenía cupo de inserción laboral por ordenanza. Actualmente, está trabajando con derechos, con una casa propia, acompañamiento terapéutico, patrocinio jurídico y a la espera de la reparación económica. Este es otro caso de inclusión virtuosa.

 

Una de las últimas entregas de vivienda fue para una familia que estaba conformada por 18 personas. Se contaba con una construcción por la mitad, y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de  Santiago del Estero, además de darle la casa, se comprometió a terminar esa construcción para que pudieran vivir todos.

 

El acompañamiento terapéutico es clave, no es una cuestión abstracta en la vida cotidiana de una persona, es una razón concreta. Si no hay acompañamiento terapéutico no hay acceso a los derechos de manera sustentable, porque el desequilibrio emocional, traumático que genera la trata, es tan grande, que resulta casi imposible que se pueda sostener una persona regularmente en un trabajo o que acceda a los beneficios de la vivienda y pueda sostener esos derechos de manera estable.

La colaboración con las Provincias

La colaboración de las provincias y de los municipios puede verse plasmada en las cuatro leyes de inclusión laboral. Primero fue Catamarca, luego Chaco, Salta y Tierra del Fuego. Incluso, bajo la era Milei, nueve provincias tienen proyectos de ley en estado parlamentario. La novedad es que se logró salir de alguna manera de la zona de confort que era simplemente pensar que esta problemática se resuelve solamente con la intervención del  Estado. Comenzó a existir una interacción con el mercado privado, ya que toda empresa que contratara personas que eran víctimas de trata, podía tener beneficios impositivos o exención de las cargas sociales durante un año, como también premios de responsabilidad social solidaria.

 

Al mismo tiempo, el Comité dialogaba con las empresas para incentivarlas a contratar sobrevivientes de trata. De hecho la cámara de construcción firmó un convenio mediante el cual en Santiago del Estero se incorporaban jóvenes que salían de la trata laboral con registro en la construcción. Antes de su desguace en 2024, el Comité estaba por firmar un convenio con la Cámara de la Construcción a nivel nacional, cuando todavía había obra pública.

 

La propuesta era que todos los jóvenes que salían del ámbito de la trata laboral sobre todo, los transitorios, los erróneamente llamados “golondrinas”, serían incorporados en sus respectivas provincias en un oficio.

 

Cuando llegaba a la reparación, la persona tenía trabajo, acompañamiento terapéutico y solucionada la situación habitacional, por lo tanto la reparación llegaría a ampliar el horizonte de derechos.

 

Historias de vida

 

Para resguardar la confidencialidad de las víctimas, si bien se citan casos reales, los lugares y nombres han sido modificados y/o no son mencionados.

 

Testimonio de una sobreviviente de explotación sexual. Fue asistida con el Programa Acompañar, con acompañamiento terapéutico y participó del programa REPARAR. Se había iniciado la gestión por solución habitacional, que quedó trunca con el cambio de gobierno:

 

“Tenía 16 años cuando me captaron. Yo estaba viviendo en la calle, porque en mi casa sufría abusos, y mi mamá no me creía, entonces me escapé. Estuve dos años viviendo en la calle. De esos dos años, estuve 4 meses adentro de un prostíbulo. Me captaron llamándome por teléfono. Me llamaron por teléfono, yo estaba buscando trabajo, me preguntaron si sabía hacer masajes, yo les dije que no, me dijeron que ahí me podían enseñar, me pasó la dirección y fui al lugar. Era un departamento, había dos lugares, uno que tenía una cama de masajes y arriba había otra cama de masajes y una cama grande. Ese día me ultrajaron, me violaron ahí adentro. Yo no sabía, no reaccioné, no sabía qué decir, ni qué hacer… me sentía estúpida… Ese día me dieron 500 pesos y me dijeron que yo podía elegir si me daban 500 pesos todas las semanas o si me pagaban por cada “sesión”. Yo no sabía qué hacer, estaba en la calle. Sabía que tenía para comer ese día, pero no sabía si iba a tener para comer mañana… Por inocencia, quizás, le dije que quería 500 pesos por semana, porque pensaba que si podía hacer que me pagaran eso y podía tratar de que no me violaran cada vez que tenía que atender a alguien, la podía pasar mejor. A mí me dejaban salir de ahí, yo salía de ahí todas las tardes, a veces a la noche, y me iba a dormir a un parque. Comía algo que me compraba por ahí y me dormía en la calle. Ellos me dejaban salir porque pensaban que mis papás me esperaban en mi casa, es lo que yo les había contado.

Cuatro meses estuve ahí adentro. Llegué a estar con personas que cuadruplicaban mi edad. Cada vez que terminaban los turnos, me encerraba en el baño, me miraba en el espejo y me ponía a llorar… No entendía cómo me podía estar pasando todo eso… yo sabía que no quería eso. Cuando logré salir de ahí, me pagué un boleto y me fui de mochilera, casi durante un mes.

Cuando volví, volví con muchas ganas de estudiar, de progresar, de salir adelante y de no volver ahí, pero ellos me seguían llamando, querían que fuera, querían que volviera, me decían que era para ayudarme para que yo tuviera plata, y yo les dije que no, porque quería estudiar. Me insistieron mucho tiempo, hasta que ya no me mandaron más mensajes.

Tiempo después, me encontré a una chica por casualidad en la calle y me dijo que estaba contenta de verme y que tenía suerte de no haber vuelto porque me estaban buscando para llevarme a otras provincias. Me agarró un escalofrío y me empecé a hiperventilar pensando en todos los riesgos que hubiera corrido, pero acá estoy, y ya no estaba en ese lugar.

Aprendí a hacer malabares, para poder mantenerme, volví a estudiar. Gracias al Programa de Rescate para víctimas de trata, gracias a la ayuda psicológica y económica que recibí, tuve las herramientas necesarias para poder terminar mi secundario y empezar mi universidad. También me ayudaron a poder construir mi microemprendimiento… Teníamos muchos proyectos más, pero no pudimos concretarlos por el cambio de gobierno y porque  prácticamente no hubo más ayuda. Pero no bajo los brazos y sigo luchando para poder salir adelante… por mí y por todas las chicas que están en esa situación… porque yo pude salir, pero hay otras chicas que no pueden… porque no me gustaría que a nadie más le pase eso, y por eso no hay que quedarse callado y hay que denunciar”.

 

Testimonio de F., explotado laboralmente, participante del Programa Reparar:

 

“Quiero compartir la situación que viví de trata y explotación laboral. Yo necesito trabajar, no quiero que me estén dando cosas, yo necesito trabajar. Yo trabajé en una avícola que explota a gente, fui explotado, maltratado, humillado, hasta me levantó la mano este Sr… él no se fija si vos estás enfermo, paga lo que quiere, no te da la comida…. El agua que se bebía ahí es de un pozo donde hay ratones, víboras, gallinas muertas y otras especies de animales que caen al pozo y mueren ahí adentro y se pudre el agua… te maltrataba e insultaba, no tenía piedad si estabas cansado, lastimado… yo tenía las manos lastimadas, se me hacían tajos en las manos porque no te quería dar guantes, ni calzado, si le pedías te escupía la cara, y lamentablemente tenía que agachar la cabeza porque era el único ingreso que tenía, y hay muchas personas que siguen padeciendo con este hombre, que siguen trabajando desde hace 20 años ahí, siguen siendo explotados, están con problemas respiratorios por el polvillo que larga el guano de la gallina.

 

Hay un químico que se utiliza para la gallina, eso es malísimo para el consumo humano, ese químico es para que las gallinas produzcan más, pero eso lo aspiramos y no nos dan máscaras para protección. Es un trabajo insalubre y a él no le importa si te enfermás, te contagiás o te agarras una infección, no es problema para él; y tiene pagados a los médicos acá para que no te den días de reposo o carpeta médica. Yo fui maltratado y explotado por ese hombre, el dueño de la avícola.

 

Recibí ayuda del Polo de la Mujer y del Ministerio de Trabajo, participé en los talleres que hacíamos, donde aprendí mucho (Programa REPARAR), ojalá que vuelva ese taller y se pueda ayudar más gente que es maltratada y explotada. Ojalá que el taller vuelva, estoy muy orgulloso de las profesoras y profesores, la pasé muy bien y aprendí muchas cosas, estoy muy agradecido por eso”.

 

Testimonio de un trabajador rural del Noroeste argentino:

 

“Tengo 38 años vivo en el interior de una provincia del norte de nuestro país, soy trabajador rural. En el mes de junio del año 2021, fui víctima de explotación laboral, en un campo en la provincia del centro de nuestro país. Fui contratado por un señor, para realizar tareas de limpieza en el campo. Al llegar allá en un vehículo contratado para el grupo, nos recibió el encargado del campo, quien nos dirigió hasta un lugar dándonos un par de nylons para realizar el alojamiento, ya que no tenía una casa para nuestra comodidad, desde ya que eso no era lo acordado, porque había prometido alojamiento.

 

Ese día se armó un rancho para pasar la noche y los días siguientes. De esa manera se empezó a trabajar, ya que no nos quedaba otra, no teníamos cómo regresar a nuestros hogares, porque no contábamos con dinero suficiente. Los días pasaban, el trabajo no rendía, el supuesto dueño no se hacía presente para llegar a un acuerdo con el precio, ya que no se llegaba a cubrir el dinero que se debía ganar por día; así llegamos hasta el día 21, hasta que se hizo presente y se acordó el precio final por hectárea. Los días pasaron hasta llegar al día 32, donde decidimos no seguir trabajando, porque nuestro cuerpo ya tenía fatiga muscular, porque el trabajo era muy sacrificado. Así que le informamos al encargado la decisión de regresar de inmediato a nuestros hogares. El tomó esta decisión de muy mala manera tomándonos de vagos y se negó a pagar lo acordado. También recibimos amenazas verbales y fuimos encerrados en su predio, sin agua ni comida durante ese día. Así fue que me puse en contacto con personal de UATRE, enviando la ubicación precisa del lugar. Al día siguiente, se hicieron presente para el rescate del grupo. Al principio éramos 16 personas, pero quedamos 9 porque este señor nos obligó a desalojar al resto bajo amenazas.

El rescate se realizó junto al Comité de Lucha contra la Trata, que nos trasladó hasta nuestro pueblo. Ahí fui atendido y contenido por la delegada de dicho organismo. Hace dos años que cobro el Potenciar Trabajo. También fui recomendado por una trabajadora social del Punto Focal para formar una cooperativa, ella nos asesoró y la creamos en el año 2023. Hoy estamos a la espera de la matrícula para realizar trabajos en un proyecto de viviendas de Cáritas. Actualmente soy parte de La Alameda, porque me cambió la vida al brindarme apoyo continuo en todo sentido, me abrió el camino de fuente de trabajo para mí y mi grupo”.

 

Testimonio de un adulto mayor que vivió por décadas en situación de explotación laboral, en el noroeste argentino:

 

“Vine del campo, vivía mal en el campo, el dueño no me pagaba, ni me daba nada de comida, me tenía muy mal atendido, hasta que fueron a rescatarme y pude volver a la ciudad. Y ahora estoy viviendo en una casita que me dieron, ando solito y sin problemas, me ayudan para ir al médico y voy a la escuela y agradezco a todos los que me han ayudado. Hice muchos amigos acá en Casa Activa, tengo un perro, canto, hago tortillas, hago gimnasia y muchas cosas gracias a RENATRE, que me rescató, estoy muy agradecido. Le agradezco también al Comité de Trata, a los abogados, a la asistente social, a todas las personas que me han ayudado, tengo muchos amigos acá. Gracias”.

 

Capítulo II

Persecución: seguir la ruta del dinero

 

Creación de la División de Coordinación contra el Trabajo Ilegal de AFIP

La trata de personas se ubica entre los tres delitos más rentables del crimen organizado a nivel mundial, junto con el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Factura más de 150 mil millones de dólares. Así consta en un documento de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos (por sus siglas en inglés, UNODC) del año 2022. Por lo tanto, está estrechamente vinculada al lavado de activos.

La finalidad económica de la trata es, en primer término, la acumulación mafiosa de capital. Una acumulación rápida que transgrede todas las leyes y cosifica a las personas para obtener ganancias rápidas y astronómicas.

Desde la sanción de la Ley 26.364 en el año 2008 a la actualidad, hemos observado que todas las investigaciones judiciales por el delito de trata de personas siempre se circunscriben al primer eslabón de la cadena delictual. O sea, se termina condenando al denominado “perejil” y no a quien realmente se beneficia económicamente con el delito. A modo de ejemplo, cuando se denunciaba por trata de personas con fines de explotación laboral al responsable de un taller textil, generalmente clandestino, la justicia no avanzaba, pese a

 

que muchas veces existían pruebas más que abundantes, contra los dueños de la marca de indumentaria que se beneficiaba con la explotación de los trabajadores, ni se investigaba la ruta del dinero, ni su eventual lavado.

Lo mismo suele ocurrir en los casos donde se denuncia trata de personas con fines de explotación laboral en el ámbito rural. La justicia sólo suele condenar al cuadrillero/baqueano que reclutó a los trabajadores, pero no a los dueños del establecimiento rural y/o de la explotación comercial del predio. Nuestra experiencia nos indica que en la trata de personas con fines de explotación sexual se corre con la misma suerte que en la explotación laboral. Quienes van a juicio oral suelen ser únicamente los proxenetas. Vale aclarar que también nuestra experiencia indica que el primer eslabón de la cadena –cuadrillero/baqueano/proxeneta, etc. – resulta ser una víctima que logró la confianza del explotador y, para salir de ese calvario, se vuelve “cómplice” o parte de la red criminal.

 

Estas situaciones impulsaron nuestro interés en encontrar la forma de poder actuar como parte, en los procesos penales donde se investiga esta modalidad delictual. Con el objetivo de instar la investigación de toda la cadena criminal, solicitando medidas cautelares para inmovilizar los bienes patrimoniales y la investigación del lavado de activos. Fue así que desde el Comité Ejecutivo propiciamos vincular a dos organismos en el protocolo único de articulación para que, a partir de sus misiones y funciones; se presentaran como querellantes en las causas por trata de personas que llegasen a su conocimiento, o bien que éstos denunciaran. El objetivo consistía en

 

poder desarticular financieramente las organizaciones criminales, condenar a toda la cadena de la organización y que las víctimas reciban la correspondiente indemnización a través del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que se conforma con los bienes decomisados en las sentencias judiciales por trata de personas y lavado de activos que tengan como precedente el precitado delito.

 

Es importante resaltar que en el año 2020 la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) creó la División de Coordinación contra el Trabajo Ilegal. Esta oficina depende de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social y tiene un rol esencial en la detección y posterior denuncia de casos de trata de personas con fines de explotación laboral, trabajo infantil prohibido, reducción a la servidumbre, trabajo forzado, entre otros, a partir de las facultades delegadas por la normativa para investigar y fiscalizar el cumplimiento de las leyes del trabajo y la seguridad social. Recordemos que, la AFIP es un organismo que tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria, aduanera y de recaudación de los recursos de la seguridad social de la Nación bajo lo que se conoce como Modelo de Agencia Única. Esto le permite obtener una gran fuente de información de toda la vida económica de cualquier ciudadano y la convierte en uno de los organismos capaces de colaborar en la detección temprana de la trata de personas, especialmente en lo que respecta a la explotación laboral y en poder recabar información de la ruta del dinero y su lavado. La División efectuó varias denuncias penales de relevancia, lo que motivó que al poco tiempo fuera jerarquizada a nivel de Departamento.

 

Otro organismo fundamental es la Unidad de Información Financiera (UIF). Fue creado a partir de tratados internacionales con el fin de investigar y denunciar el lavado de activos del crimen organizado internacional. Mientras la UIF estuvo a cargo del abogado Carlos Cruz, se llevó adelante una política muy activa en la lucha contra este flagelo. Se brindaron capacitaciones a los funcionarios, se propiciaba que se asumiera el rol de querellante, se elaboraron recomendaciones prácticas para tener presente en los allanamientos para proteger la prueba y evitar futuras nulidades, entre otras acciones de relevancia.

Al igual que con la asistencia a las víctimas, nos encontrábamos en un círculo vicioso en el que rescatábamos a personas que al poco tiempo volvían a ser re victimizadas por no recibir la asistencia comprometida por el Estado. Advertimos que lo mismo ocurría con los allanamientos e investigaciones donde el Estado incurre en un gasto extraordinario en movilización de fuerzas de seguridad, del personal del Programa Nacional de Rescate, de la PROTEX, etc. para terminar después circunscribiendo la causa al último eslabón de la cadena de verdugos y, por lo tanto, no tocar de raíz el aparato mafioso, al cual solamente se lo desmantela siguiendo la ruta al dinero y obviamente decomisando todos sus bienes y llevando a juicio a todos los responsables.

 

Por lo tanto, si bien durante los cuatro años de nuestra gestión ocurrieron sendos cambios en las gestiones políticas, reconocemos que la AFIP y la UIF fueron decisivas en los avances y logros obtenidos para alcanzar las máxima calificación que otorga anualmente el Departamento de Estado de los Estados Unidos a los países que suscribieron los tratados internacionales para luchar contra el crimen organizado que se financia económicamente con la trata de personas.

 

Desde un principio promovimos la sinergia de todos los recursos con los que cuenta el Estado Nacional, Provincial y Municipal como la única forma eficaz de lograr resultados concretos. En particular con la AFIP, participamos de operativos conjuntos con diversos organismos públicos como fueron el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, RENATRE, Fuerzas Federales de Seguridad –Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Aeroportuaria-, Secretarías de trabajo de las provincias, UATRE, Migraciones, entre otros.

 

Convenio y papel del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

 

Una frustración a la que nos enfrentábamos constantemente era ante los casos de explotación laboral en el ámbito rural debido a que nos resultaba muy engorroso detectar quiénes eran los dueños/empleadores del predio rural donde se detectaba la trata de personas. Participábamos de operativos coordinados por la AFIP, u otros organismos con poder de policía en el trabajo, y detectábamos trata de personas o delitos conexos, pero luego de la denuncia y posterior allanamiento y rescate de los trabajadores, la justicia sólo detenía al cuadrillero y no avanzaba         –como ya dijimos– contra los verdaderos responsables. A partir de esta situación, fue que incorporamos también al SENASA. Este organismo, además de tener presencia en todo el país y recorrer sus zonas más inhóspitas, cuenta con información sustancial y estratégica para avanzar contra los verdaderos responsables del delito. El SENASA posee una base de datos alimentada por los productores que tienen la obligación de declarar quiénes son los dueños del predio rural, quiénes lo arriendan, qué van a producir, cuántas hectáreas van a destinar y la posición georeferenciada del predio.

 

Asimismo, podíamos obtener una serie de datos que también podrían aportar mucho para individualizar o para hacer el legajo de cada empresa, de manera de que, tarde o temprano, cuando llegara el momento de la contratación masiva de trabajadores temporarios, ya estuvieran individualizados claramente quiénes eran los actores que contaban los billetes en cada uno de los establecimientos. Además, esta información resultaba vital para las investigaciones judiciales.

 

Por dicho motivo, el 15 de septiembre de 2021, con el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Carlos Paz, suscribimos un convenio marco de colaboración con el objetivo de implementar acciones que promovieron el intercambio de información para prevenir tal delito y dar con los verdaderos responsables.

 

El convenio, firmado en la sede central del SENASA, también dispone la difusión de la línea telefónica 145, gratuita, anónima y nacional para denunciar casos de trata de personas. Asimismo, establece que el Comité brindará al personal del SENASA capacitación sobre la problemática de la trata y explotación de personas con las principales herramientas conceptuales, normativas e institucionales. Ambas partes, además, deberán intercambiar información que permita prevenir y/o realizar denuncias penales por la trata y explotación de personas que se presenten ante las autoridades competentes, conservando la confidencialidad de la información que compartan.

 

Cambio en el Protocolo Único de Articulación con UIF y AFIP de querellantes

 

Fue una de las cosas más significativas de los cambios que ocurrieron a nivel de los protocolos, porque una de las funciones del Comité también es modernizar los protocolos de actuación. En el protocolo central, que es el Protocolo Único de Articulación, en el Decreto 1 del 2023, se logró reformar, después de un debate con muchos ministerios durante varios años, la habilitación para que tanto la AFIP como la UIF, sean querellantes en toda causa vinculada a la trata, con fines de explotación laboral o con fines de explotación sexual.

 

Muchas veces se daban discusiones que giraban en torno a qué ocurría cuando se detectaban, por ejemplo, 200 trabajadores en una situación de esclavitud en un campo. Es una catástrofe social sacar a 200 trabajadores, por más que tengan asistencia. En esos casos existían varias alternativas. En el peor de los escenarios, una de ellas podía ser directamente enviar a prisión o detener al dueño y a los encargados e incautar ad referéndum el campo. Es lo que se hizo, por ejemplo, en el establecimiento Costa Mari que se encuentra ubicado en la localidad de Batán, provincia de Buenos Aires. Allí se rescataron a 180 trabajadores y a sus familias que eran presuntamente víctimas de trata laboral. El juez ordenó incautar el campo ad referéndum de lo que resulte del juicio oral (aún pendiente) y detener al presunto explotador. El magistrado también dio instrucciones a distintos organismos del Estado, como el INTA, por ejemplo, u organismos de Salud, o funcionarios de Vivienda, para que se mejoren las instalaciones, las viviendas de los trabajadores, las condiciones de seguridad, de manera tal que –mientras se lleva a cabo el proceso judicial– los trabajadores y sus familias puedan ser autosustentables, al trabajar y vivir en el mismo establecimiento rural donde eran explotados laboralmente, y que no queden en el mientras tanto, librados a su suerte con la consecuente catástrofe social.

 

Otro caso virtuoso fue el de la Compañía Frutihortícola Argentina, cuyos dueños resultaron procesados por trata de personas. Se presentaron ante el juez y se comprometieron a regularizar inmediatamente la situación de sus trabajadores. Entonces, lo que quedó es, desde el allanamiento hacia atrás, la causa por trata; pero del allanamiento hacia delante se realizan inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de lo comprometido. Como resultado, los trabajadores fueron regularizados y se les abona el salario según el convenio, les brindan mantenimiento a sus viviendas de manera mucho más digna, y por la aproximación de su sensibilidad, se va gradualmente regularizando su situación. Esto, sin perjuicio de que se juzgue a los empleadores por el delito de trata de personas aunque, obviamente, el juez tenga cuenta la buena voluntad al momento de fijar –de corresponder– la pena.

 

La tercera variante fue en la incautación de maquinaria. En numerosas ocasiones se ha incautado maquinaria para que pueda ser utilizada por otros trabajadores o por la propia víctima de trata. Eso fue lo que ocurrió en el año 2008 con el Centro Demostrativo de Indumentaria, conocido popularmente como Polo Textil, donde trabajan una decena de cooperativas con máquinas que fueron en su momento incautadas en procedimientos judiciales, más otras máquinas complementarias que aportó Desarrollo Social.

 

Asimismo, por ejemplo, el centro de refugio para víctimas del Centro de Guadalupe, en Mendoza,  recibió maquinaria incautada para enseñar el oficio textil a las personas en situación de prostitución que fueron rescatadas de la calle. Y también se colaboró y se armaron talleres textiles cooperativos, con el pueblo Qom, en Formosa y con el pueblo Qom en el Chaco. Además, se ha colaborado con los Hogares de Cristo al brindar maquinaria para poder trabajar, justamente, con los chicos que eran víctimas de adicciones.

 

El objetivo entonces era no solamente conformarse con el allanamiento y la cuestión punitiva, sino también encontrar soluciones sociales al interior del mismo proceso judicial que tramita la investigación penal.

 

Convenio de cooperación con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE)

 

También fue destacado el trabajo mancomunado con los sindicatos, particularmente con UATRE y RENATRE. Más de una tercera parte de las víctimas rescatadas fueron a partir de inspecciones proactivas que realizamos en conjunto con la UATRE, en las cuales detectamos indicios de explotación laboral. Por supuesto que también otros gremios han colaborado y fuertemente en la difusión de la lucha contra la trata, como Camioneros, Peaje, docentes y  otros.

 

Con UATRE, particularmente, hicimos un acuerdo respecto de un plan de inspecciones que resultó bastante exitoso en cuanto a cantidad de gente rescatada. Así consta en los informes de gestión que se presentaron a partir del 2020-2021, en los cuales se da cuenta de cuántas personas, del total de personas liberadas, se rescataron a partir de inspecciones que realizó la UATRE, mucho antes de una denuncia judicial.

 

Los sindicatos cumplen un rol esencial en la detección y denuncia de esta modalidad delictual, ya que detentan facultades de control que le son delegadas en sus estatutos o en los convenios colectivos de trabajo. El punto más alto de esta lucha fue ir de menor a mayor, primero con UATRE, Camioneros, Peajes, entre otros, en tareas de prevención, y alguna de inspección, hasta realizar la firma de un convenio de cooperación entre la Confederación General del Trabajo (CGT), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Consejo Federal del Trabajo y el Comité Ejecutivo. Es dable destacar que el Consejo Federal del Trabajo es el organismo que reúne a todos los secretarios y ministros de trabajo provinciales, que son quienes detentan el poder de policía delegado por mandato constitucional. El objetivo que perseguíamos con la firma de este convenio era el de planificar operativos de fiscalización conjuntos con el fin de optimizar los recursos humanos, materiales y logísticos para chequear todas aquellas actividades económicas donde es frecuente la trata de personas. Sólo para nombrar algunas, podemos citar la industria ladrillera, cultivos que requieren mano de obra intensiva como la cosecha de arándanos, frutillas, entre otras, la industria avícola, la textil. Es decir, que no queden empleadores sin ser fiscalizados al menos una vez.

Asimismo, la idea era constituir una suerte de “Mesa Interinstitucional”, con la máxima cantidad de actores posibles para controles cruzados, ya que pudimos observar con tristeza que muchas provincias, sin distinción de color político, no cumplían con su rol de policía en el control del cumplimiento de las leyes del trabajo. Las excusas que nos brindaban fueron de las más variadas, como falta de recursos humanos, de logística, presupuesto. Vale aclarar que esto no ocurría en todas las provincias, pero en varias nos encontrábamos con una reticencia muy grande al llevar adelante inspecciones laborales en las que se pudieran encontrar presuntas situaciones de explotación laboral. Sin perjuicio de ello, pudimos coordinar inspecciones con el gremio de UATRE o con el RENATRE. Este último organismo es autárquico, de derecho público no estatal y es administrado por un Directorio integrado por representantes del sindicato UATRE y por las entidades empresarias de las diversas actividades económicas rurales que, a su vez, eligen anualmente a un presidente. Es decir, son los trabajadores y los empleadores los responsables de controlar el cumplimiento de las leyes laborales de los trabajadores rurales y, según nuestro mejor saber y entender, la forma más eficiente de control mutuo.

 

 

El trabajo con la Asociación de Jueces Federales y la Federación Argentina para la Magistratura

 

El Comité realizó también un importante trabajo con la Asociación de Jueces Federales, con la Federación Argentina de Magistrados y con la Asociación de Fiscales Federales.

 

Con las dos primeras se firmaron convenios de cooperación. Con la tercera, se estuvo en contacto regularmente, lo que permitió la articulación con fiscales de todo el país. De hecho, los fiscales de la gran mayoría del país participan a través de sus secretarios o funcionarios de sus fiscalías dentro de las Mesas Institucionales que hay en cada una de las provincias.

A los fines de profundizar el combate contra delito complejo de trata y explotación, y considerando las particularidades del mismo, en los distintos encuentros con estas instituciones se reiteró el compromiso de trabajar de manera mancomunada en la capacitación continua, la integración en las mesas interinstitucionales, y el contacto fluido con cada uno de los delegados del Comité en las distintas provincias de la República Argentina.

Muchos funcionarios judiciales lamentaron el descabezamiento y desmantelamiento de la estructura federal del Comité Ejecutivo bajo el gobierno de Milei. Como señaló una jueza federal  que resume las decenas de mensajes de apoyo recibidas desde el ámbito judicial “era un organismo que ayudaba mucho a las personas más vulnerables y muy útil en la articulación con la justicia. Para los jueces de primera instancia era una gran herramienta a la hora de los allanamientos y el rescate a las víctimas”

 

Ejemplos virtuosos: caso Varacalli y fallos de Cámara de Casación Penal Federal

 

El caso Varacalli marcó un hito importante en nuestra gestión en el Comité Ejecutivo. Tuvo su origen en una inspección llevada a cabo por la AFIP en un predio rural ubicado en la localidad de Sierra de los Padres, provincia de Buenos Aires, en el que trabajaba una familia de origen boliviano, conformada por una pareja y su hijo de 11 años. Los tres trabajan para los Varacalli, quienes llevaban adelante una producción frutihortícola en escala menor. La familia de trabajadores manifestó a los inspectores de la AFIP que trabajaban extensas jornadas laborales por un magrísimo salario mensual que estaba muy por debajo del salario mínimo, vital y móvil. Vivían en el predio rural en una improvisada “vivienda” de madera y lonas. No contaban con servicios mínimos. Por éstas y otras razones, los funcionarios del organismo nos consultaron y les sugerimos que realizaran la denuncia penal ante la Fiscalía Federal de turno con jurisdicción, la que inmediatamente le dio intervención al juez federal quien, a su vez, ordenó el allanamiento del predio y le dio intervención al Programa Nacional de Rescate para que entrevistara a las presuntas víctimas. El allanamiento se llevó adelante y concluyó con la detención de los esposos Varacalli y el ingreso de la familia de trabajadores al programa de asistencia que tiene prevista la ley 26.842. Sin perjuicio de ello, este caso tuvo muchas particularidades especiales. Al poco tiempo, los Varacalli comenzaron a hostigar permanentemente a la familia de trabajadores y a su hijo. Ello motivó que la justicia ordenara su arresto domiciliario. Asimismo, dispuso la incautación ad referéndum del predio rural y que la familia recibiera ayuda y cooperación de la Secretaría de Agricultura Familiar y de otros organismos. Durante la sustanciación de la instrucción judicial, tanto la fiscal como el juez estuvieron de acuerdo en que se encontraban frente a un claro caso de trata de personas con fines de explotación laboral. Por este motivo, el juez ordenó el procesamiento y la elevación del caso a juicio oral. No obstante ello, tuvimos que intervenir nuevamente, ya que nos hicieron saber que la mujer que era víctima había sido visitada por un funcionario judicial que la llevó a declarar ante la fiscalía, sin que se cumplieran con los protocolos para estos casos. Esto nos motivó a presentarnos en el expediente como terceros interesados, con el objetivo de defender a las víctimas. También tramitamos ante el Ministerio Público de la Defensa el patrocinio jurídico a las víctimas. Al poco tiempo, el Fiscal Federal del Juicio solicitó el archivo de la causa por inexistencia de delito. Esto resultó ser –según nuestro parecer– un claro caso de revictimización ya que a las víctimas se les negaba la posibilidad de acceder a un juicio justo y a ser oídas. Afortunadamente para las víctimas, la sentencia del tribunal oral fue apelada ante Cámara de Casación Penal que resolvió dejar sin efecto la sentencia y que se lleve adelante el juicio oral, que a la fecha siguen esperando.

 

Un caso similar ocurrió en la provincia de Corrientes. Durante una inspección de la AFIP en un predio rural, se detectó que un grupo de trabajadores eran explotados laboralmente bajo la figura de una presunta cooperativa de trabajadores. La AFIP realizó la denuncia penal por trata de personas y se presentó como querellante. Los trabajadores fueron rescatados. Durante el proceso penal se resolvió liberar de responsabilidad a los imputados bajo maniobras extrañas. Nuevamente, para fortuna de los trabajadores, el fiscal de juicio apeló el fallo del tribunal oral Cámara de Casación Penal que ordenó que se lleve adelante un nuevo juicio y se condene a los responsables.

 

Nuestra conclusión es que las víctimas tienen que tener acceso garantizado al patrocinio letrado gratuito y que el Estado debe garantizarlo en todos los casos en los que, una vez ofrecido, las víctimas lo acepten.

 

Capítulo III

Trabajo en red y federalización

 

Federalización del Comité, rol de los delegados

 

Una de las funciones más importantes que tiene el Comité, que está establecida en la Ley 26.842 en el capítulo sobre el Comité Ejecutivo, es la de elaborar un diagnóstico con los tres poderes de Estado y con los tres estamentos del Estado para construir un Plan Bienal, y en ese plan contemplar acciones que mejoren los niveles de prevención, de persecución, de asistencia y de fortalecimiento institucional.

 

Son cuatro áreas en las cuales cada dos años hay que pensar y consensuar, con los organismos respectivos, diferentes acciones que ayuden a mejorar los estándares de intervención en materia de lucha contra la trata.

 

El diagnóstico no se elabora en base a piezas sueltas y compartimentadas, ni tampoco es posible elaborarlo correctamente si no se tiene presente la territorialidad y la extensión y las características o las tácticas particulares que la trata adquiere, según la geografía y la coyuntura socio económica, según cada población, según las características de cada estado provincial, entre otras particularidades distintivas.

 

Hay una cantidad de factores que hacen que, si no se tiene una mirada federal y no se conoce la problemática de cada sector, difícilmente se pueda planificar cómo combatir a la trata de manera eficaz. Por ejemplo, si uno no tiene vínculos con la realidad del Alto Valle, nunca podría haber reconocido que detrás de los rescates que se hacían de trabajadores temporarios, quedaba una causa judicial impune y, en última instancia, el Estado estaba colaborando objetivamente, sin quererlo, como la última etapa de la fase de la explotación; es decir, la parte en la que se le paga el pasaje para el micro de vuelta y se brinda asistencial trabajador temporario, como una especie módica de indemnización. Así, estaba quedando el Estado, involuntariamente, como parte de un proceso de explotación, en vez de ser parte de un proceso de liberación y de justicia. Y esto era así, porque generalmente las causas judiciales que se iniciaban quedaban en un limbo sin individualizar a los responsables de la explotación que al año siguiente volvían con sus tropelías. Tampoco se puede trabajar la complejidad del delito y del fenómeno social de la trata de personas con una visión, sin saber lo que ocurre en los puertos, sin saber lo que ocurre en las fronteras más calientes, sin conocer las modalidades que va adoptando en cada localidad, según sus características y según sus situaciones económicas.

 

Es importante conocer cómo se desarrolla la explotación sexual en zonas petroleras en el norte de Santa Cruz o en las comunidades próximas  de Vaca Muerta, por ejemplo. Resulta relevante conocer cómo se vincula la trata con el narcotráfico, particularmente en el norte caliente de Salta, Orán, Bermejo, Aguas Blancas o en la frontera de Villazón y Yacuiba, o en la frontera seca de Clorinda, Las Lomitas, Asunción. Se deben tener presentes las características culturales e históricas en que la trata puede desenvolverse para saber cómo combatirla. Por lo tanto, a la hora de elaborar un diagnóstico, no es un tema que se pueda resolver con teóricos sentados en un escritorio en la Capital Federal especulando sobre cuestiones de prevención, asistencia o persecución, sin tener contacto con la realidad territorial e integral de toda la República Argentina.

 

Inicialmente, el Comité contó con un delegado por región: NOA, NEA, Cuyo, Patagonia, Interior de la provincia Buenos Aires y Centro de nuestro país. Recién después de un año se logró que, a partir del trabajo muy intenso de estos delegados regionales, que no tenían a cargo una provincia sino 3, 4 o 5 en algunos casos, pasar a tener un delegado por provincia y, mucho más adelante, contar con un delegado por sección de la provincia Buenos Aires. Cada sección de la provincia Buenos Aires es equivalente o más grande que muchas de las provincias de la República Argentina.

 

Todo esto nos permitió profundizar la articulación e incluso anticiparnos a algunos fenómenos. Por ejemplo, con respecto a los fenómenos de las organizaciones coercitivas, los empezamos a ver en vivo y en directo, en varias organizaciones pseudo terapéuticas, pseudo filosóficas o pseudo religiosas en los territorios. Pusimos la lupa también sobre el tema del narcomenudeo y cómo se entremezclaban las “mulas”, “soldados”, y “campanas” con personas que eran explotadas. De hecho eran personas con consumo problemático de sustancias y se las explotaba tanto sexual como laboralmente o en el propio circuito de narcomenudeo y/o se las tenía reducidas a una situación de servidumbre. Contar con un delegado/a en cada provincia fue importante para conocer el territorio y para saber qué pasaba con cada causa. Entonces, cuando nos enterábamos de que había una causa (porque estábamos estableciendo los nexos, los contactos interinstitucionales), rápidamente podíamos averiguar qué había pasado con las víctimas. En primer lugar, si tenían la asistencia adecuada y, de no ser así, nos ofrecíamos de puente entre el punto focal provincial y los referentes del punto focal nacional u otros organismos a los cuales se necesitaba solicitar la asistencia, como Salud Mental, o al Ministerio Público de Defensa vinculado con el patrocinio jurídico, o a la Comisión Nacional de la Vivienda para el tema habitacional.

 

Por otro lado, también el delegado tenía que chequear qué pasaba con la causa en sí, desde el punto de vista de la persecución, desde el punto de vista punitivo; o sea, si la causa requería que se buscaran más pruebas y dónde encontrarlas, si la causa requería cubrir un querellante por parte del Estado, si se podía seguir alguna trazabilidad económica, etc.

 

Creación de las mesas interinstitucionales

 

Por eso fue una idea revolucionaria la de las mesas interinstitucionales en cada provincia y sección de la provincia de Buenos Aires. Primero fue una idea revolucionaria evitar que el Comité se llenara o se poblara de oficinistas atrincherados en CABA y tratar, de alguna manera, de usar eficientemente los pocos cupos que teníamos disponibles para incorporar en la dirección operativa del Comité. Al principio eran sólo 5 personas; pero, con el tiempo, como el trabajo se mostraba muy efectivo, logramos federalizar completamente el Comité.

 

Estas cuestiones son las que estaban en proceso de evolución año tras año, de manera cada vez más virtuosa, porque al interior de esas mesas interinstitucionales había un gran trabajo de cooperación entre todos los organismos.

 

Se logró así, hasta fines de 2023 la constitución de 34 mesas interinstitucionales, coordinando acciones entre organismos nacionales, provinciales, municipales, judiciales, sindicales y de la sociedad civil.

 

Asimismo, resultaron relevantes las Mesas Interinstitucionales Binacionales: a comienzos del 2023 se constituyeron mesas interinstitucionales con países como Brasil, Bolivia y Paraguay, reforzando la plataforma de trabajo regional de países sudamericanos. En igual sentido, el Comité participó activamente de la creación y consolidación de la Plataforma Regional contra la Trata y El Tráfico de Personas. Conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) convocó a representantes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La Plataforma, en poco tiempo, se convirtió en un espacio de interacción y formación, de rápida comunicación ante situaciones de urgencia, contó con un estatuto de funcionamiento interno, Puntos Focales ya designados, una interfaz digital y sentó las bases para implementar su primer plan de acción, convirtiéndose en un hito para la región.

 

Las mesas interinstitucionales fueron algo revolucionario, porque partieron del siguiente criterio conceptual: el crimen organizado necesita zonas liberadas, o sea, el crimen organizado no puede actuar si no es con negligencia o con complicidad por parte del Estado, habitualmente más complicidad que negligencia, por lo tanto los controles cruzados (multi-control) no solamente permitían mayor potencia en la planificación de acciones contra la trata, cada uno según su competencia, sino que además eran como una especie de anticuerpo para evitar zonas liberadas, para evitar justamente que las fuerzas de seguridad se manejen solas con el peligro que eso podía implicar. Fuerzas de seguridad que reciben sueldos muy precarios y que pueden ser tentadas, como ocurre muchas veces con el narcotráfico.

 

Entonces, no era casualidad que hubiera algún recelo, al principio, para integrarse a las mesas, pero después se terminaron integrando y reconociendo la eficacia del trabajo en red. Han sido una parte activa y colaborativa importante, que se apoyaron mucho en los delegados y puntos focales, pero básicamente lo que la mesa institucional pretendía era generar un circuito entre los organismos provinciales, que tenían competencia directa e indirecta en materia de trata y los organismos nacionales, que tenían también competencia directa e indirecta, sumado el Poder Judicial y los sindicatos que tenían poder de policía, y excepcionalmente, también con ONGs, que estaban calificadas en materia de lucha contra la trata.

 

Las mesas interinstitucionales tienen una dinámica de trabajo en la que se coordinan actividades de sensibilización masivas, cada 30 de julio y cada 23 de septiembre, de forma simultánea en todo el territorio nacional, y se realizan capacitaciones de manera conjunta o por organismos, sobre las temáticas afines a la trata y explotación, como así también grooming y organizaciones coercitivas. Para la creación de cada una de las mesas hubo que consultar, en la mayoría de los casos, con el gobernador o gobernadora democráticamente electo de cada provincia; en otros, con el vicegobernador. En algunos casos, el gobernador designaba ministros o al jefe de Gabinete para que se reunieran con la Dirección del Comité, acordar los criterios de funcionamiento de cada una de las mesas y qué organismos eran los que consideraban que, a nivel provincial, tenían que participar. A partir de ahí se llegaba a un consenso y empezaba a funcionar.

 

Siempre se articuló de esa manera. No habría sido posible que los organismos provinciales se integraran a una mesa junto con los organismos nacionales y con el Poder Judicial si no fuera por el intenso trabajo que se venía desarrollando con la presencia de los delegados/as del Comité.

 

Y ese trabajo fue tan fructífero y profundo que cuando el actual gobierno desmembró la articulación federal del Comité despidiendo a todos sus delegados territoriales, las diez provincias del NEA y NOA crearon por ley aprobada por el Parlamento del Norte Grande la creación del “Consejo Regional del Norte Grande contra la trata y explotación de personas” para continuar sosteniendo el trabajo interinstitucional y los controles cruzados, seguir visibilizando y formando agentes y evitar que esas provincias se transformen en una gran “zona liberada”.

 

Leyes provinciales y ordenanzas municipales

 

Con el objeto de alcanzar una mayor eficacia en la inclusión laboral de las víctimas, y evitar así su revictimización, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas impulsó desde el año 2020 la promoción de normas de cupo laboral en coordinación con las provincias y municipios. El trabajo articulado territorialmente resultó clave en la tarea de promover el establecimiento de cupos laborales que se desplegó intensamente en territorios muy diversos.

 

En octubre de 2021, el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca sancionaron la Ley N° 5.710 para promocionar y garantizar el acceso al empleo de personas que han sido víctimas de trata y explotación en sus distintas modalidades, a través del otorgamiento de un incentivo económico a las personas físicas o jurídicas que las contrataran como empleadas. La norma se encuentra en plena implementación.

 

En noviembre de 2021, la Cámara de Diputados de la Provincia de Chaco sancionó la Ley N° 3.475 con el mismo objeto. Esta norma establece, por un lado, un sistema de incentivos impositivos para las empresas privadas radicadas en la provincia que ocupen a víctimas de trata y explotación de personas, las que acceden al reintegro de las cargas sociales de cada persona empleada durante el periodo de un (1) año. Por el otro, establece en el ámbito público la ocupación de personas que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no menor al 1%, para lo cual se reservan puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.

 

En octubre de 2022, la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta convirtió en ley el proyecto que fomenta la inclusión laboral en el ámbito público y privado para víctimas de trata y explotación, ya sea mediante cupo o incentivos para las empresas que contraten personas rescatadas de situaciones de esclavitud sexual o laboral. Esta norma, establece la articulación con las autoridades nacionales y municipales para la asistencia a las víctimas de trata o de explotación, procurando el inmediato abordaje integral a su grupo familiar.

 

En diciembre de 2023 se aprobó la Ley de Inclusión Laboral para Víctimas de Trata en la Legislatura de Tierra del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

 

Hacia fines de 2023 se encontraban en estado parlamentario proyectos similares en las provincias de Jujuy, Tucumán, Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, y Río Negro.

 

A nivel municipal, ese año, se habían aprobado 8 (ocho) ordenanzas de cupo laboral correspondientes a las ciudades de Libertador San Martín (Jujuy), Posadas (Misiones), San Patricio del Chañar (Neuquén), Ballivián, Rivadavia Banda Sur, Rosario de La Frontera, Cachi y Aguas Blancas (Salta).

 

Además, se sancionaron 34 ordenanzas municipales, a lo largo y ancho del país, para la difusión de la línea nacional 145 de denuncias, anónima y gratuita, para la atención y contención de víctimas de trata de Personas.

 

En su articulado, estas ordenanzas disponen en todos los edificios públicos municipales, en espacios  concurridos, la difusión y publicidad mediante cartelería, con información relacionada a la visibilización de la Línea 145, en lugares de libre circulación de los vecinos, así como campañas de difusión en medios de comunicación y comercios locales.

 

Cabe destacar que, con las sancionadas durante el 2023, suman un total de 52 ordenanzas de cupo laboral y 103 de ordenanzas de difusión de la Línea 145, promulgadas desde el inicio de esta gestión, en el año 2020.

Caso testigo: la

Ley provincial en Tierra del Fuego

 

El miércoles 13 de diciembre de 2023 se aprobó la Ley de Inclusión Laboral para Víctimas de Trata en la Legislatura de Tierra del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur, una iniciativa que contó con la colaboración activa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas.

 

La ley, aprobada por unanimidad, plantea en su articulado la creación de un “Programa de Inclusión Laboral de las Personas Víctimas del Delito de Trata”. Con ese objetivo, las personas físicas o jurídicas que contraten como empleado a víctimas de trata, “serán beneficiadas mediante el reintegro de las cargas sociales de cada empleado/a durante un período de un año, plazo que podrá ser prorrogado por seis meses por única vez, si las circunstancias lo recomendaran”.

 

Deberán participar en dicho fin, la administración centralizada provincial, los organismos descentralizados y/o autárquicos, las empresas del Estado y las empresas concesionarias de servicios públicos a priorizar, “a igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, la compra de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten a personas bajo este programa”. Para el financiamiento del Programa se aplicarán los fondos provenientes del Seguro de Capacitación y Empleo.

 

Asimismo, se dispone su efectivización por parte del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, el que deberá garantizar capacitación laboral remunerada a las personas que acrediten que la falta de antecedentes laborales y/o educativos que  les impiden acceder a los derechos reconocidos por este proyecto.

 

Además, se garantizará la realización de campañas de difusión masivas relacionadas a la promoción del programa de inserción laboral, en medios de comunicación.

 

Con el objeto de alcanzar una mayor eficacia en la inclusión laboral de las víctimas, y evitar así su revictimización, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas impulsó, desde el año 2020, la promoción de normas de cupo laboral en coordinación con las provincias y municipios. El trabajo articulado territorialmente y transversal a los distintos partidos, resultó clave en la tarea de promover el establecimiento de cupos laborales que se desplegó intensamente en territorios muy diversos.

Capítulo IV

Trabajo en red y regionalizaciones

 

La creación de la Plataforma Regional junto a la OIM

 

Una vez que se empezaba paulatinamente a consolidar el trabajo nacional, también se empezó a pensar en un esquema de trabajo regional que cambiara el paradigma que implicaba costosos coloquios donde se hablaba de generalidades sobre la trata y sus víctimas, se enumeraban nobles objetivos, pero luego no había ninguna consecución práctica y todo seguía igual. Por ello, nos enfocamos en construir una plataforma regional con los países sudamericanos basados en tres ejes bien concretos que permitieran dar pasos efectivos adelante.

 

Para este fin, el Comité Ejecutivo articuló, en primera instancia, con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia que prestó el apoyo técnico y logístico. Seguidamente, y considerando la vinculación con otros países, se hizo parte de la convocatoria al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y finalmente se sumó el conocimiento y experiencia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) que por su parte ya articulaba con fiscales federales de la región.

 

Se convocaron tres representantes por país que respondían a los siguientes perfiles: los directores, responsables o coordinadores nacionales de cada comité contra la trata u organismo similar según el nombre que adopta en cada país, la persona responsable del área de trata o detección de las direcciones de migraciones, y finalmente los fiscales especializados en trata de cada uno de los países miembro.

 

Objetivos estratégicos de la plataforma: teléfonos rojos, trabajo en común en mesas interinstitucionales en las fronteras e investigaciones conjuntas

 

Los objetivos estuvieron claros desde el origen de la red, puesto que surgieron de la praxis diaria y de los obstáculos con los que nos encontrábamos cada vez que había que interactuar con autoridades de países hermanos. Primero: contar con los teléfonos rojos, es decir, los contactos directos de las personas que pueden poner en funcionamiento todo el aparato del Estado que tiene competencia en la materia para buscar personas desaparecidas por presunto delito de trata, o para poder investigar una red transnacional. Por lo tanto, la idea era que hubiera una red de funcionarios conectados para actuar a tiempo en la emergencia.

 

El segundo objetivo de la Plataforma fue que hubiera investigaciones conjuntas ágiles, sorteando obstáculos burocráticos que a veces ponían las propias cancillerías. De modo de poder lograr investigaciones conjuntas rápidas cuando había un delito transnacional que se desarrollaba simultáneamente en dos o más países.

 

Finalmente, el tercer objetivo fue el fortalecimiento de mesas interinstitucionales fronterizas, o sea con los operadores de frontera de uno u otro país o de tres países, como el caso de la Triple Frontera,  para que estuvieran en contacto y en colaboración estrecha entre sí y con los principales directores de las áreas a nivel del Estado nacional, cosa que hasta ese momento no tenían. Sintéticamente, que los operadores territoriales que abordaban los casos concretos tuvieran el respaldo de sus autoridades centrales.

Los principales acuerdos de la plataforma acordados en los primeros dos encuentros

 

En apenas dos años, y con solo dos encuentros presenciales, la Plataforma Regional contra la Trata y el Tráfico de Personas (PRETT) logró consolidar hitos que normalmente llevan años de trabajo y varias reuniones. Para el primer encuentro, celebrado los días 29 y 30 de julio del 2022 en el Palacio San Martín de la Cancillería, se finalizó con un documento de consenso que sentó las bases para la construcción de la red.

 

Al año siguiente, los días 4 y 5 de julio del 2023 en el Museo del Bicentenario, con motivo de la segunda reunión presencial de la PRETT, se lograron aprobar las pautas de funcionamiento interno para dotar a la Plataforma de institucionalidad. Se presentó la interfaz digital para que los países interactúen entre una reunión presencial y la siguiente, se consensuaron los países que recibirían los encuentros por los próximos dos años y se dejó lista una primera versión del Plan de Acción Anual.

 

Está previsto que la tercera reunión de la Plataforma Regional se realice durante el 2024 en el Estado Plurinacional de Bolivia.

 

Con muy poco se pudo generar una red fuerte y ágil, y estábamos en un proceso en el cual nos iban a invitar los primeros días de abril de 2024 al congreso de la CORET  (Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes) que reúne a nueve países centroamericanos, apoyados por el estado de Canadá, por el Departamento de Estado de los EEUU y por la OIM, para empezar a explorar las posibilidades de unir a los diez países sudamericanos con esos nueve países centroamericanos y tratar de armar una gran conexión a nivel continental.

 

El funcionamiento de la Plataforma se refleja en el hecho de que en febrero del 2024,  en la Cancillería de Bolivia, se desarrolló la transferencia de la Presidencia Pro Tempore de la Plataforma Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (PRETT), la misma que estuvo a cargo de la República de Argentina durante los años 2022 y 2023, fue conferida, de acuerdo a lo consensuado por los representantes de los países miembro del  Estado Plurinacional de Bolivia por el periodo 2024.

 

Las primeras mesas interinstitucionales en las fronteras. Los acuerdos con Chile para replicar esas experiencias

 

En los últimos años de la gestión 2020-2023 se logró la constitución de:

 

• 3 Mesas Interinstitucional Binacional contra la Trata entre Argentina y Bolivia. Una se empezó a construir en 2023 entre las ciudades limítrofes entre ambos países -La Quiaca (Arg.) y Villazón (Bolivia)-, y la otra se constituyó en febrero del 2024 y comprende las ciudades de Aguas Blancas (Arg.), Oran (Arg.) y Bermejo (Bolivia).

 

• Mesa Interinstitucional Binacional contra la Trata entre Argentina y Paraguay, que comprende las ciudades de Clorinda (Arg.) y Asunción (Paraguay). Se comenzó a configurar en 2023.

 

• Mesa Trinacional contra la trata de personas en la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. También fue constituida ese mismo año.

 

Resulta importante destacar que se venía llevando un arduo trabajo entre las autoridades de Chile, Bolivia y Argentina para constituir mesas interinstitucionales en los principales pasos fronterizos entre estos países.

 

Con el mismo espíritu, el 16 de noviembre de 2023 se realizó una reunión entre autoridades en materia de trata de la Argentina y de la República de Chile, encabezada por Gustavo Vera, director en ese momento del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, y la subsecretaria del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, a cargo de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas de ese país.

 

Tomando como marco el Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de la República de Chile, sobre Cooperación en la Prevención e Investigación del Delito de Trata de Personas, se planificó la elaboración de un plan de trabajo que involucre a los distintos pasos fronterizos que unen a ambos países. Asimismo, se tuvo en cuenta la Plataforma Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, espacio del cual Argentina y Chile son miembros.

 

Se acordó también seleccionar las regiones y pasos fronterizos más proclives al desarrollo del delito para comenzar a trabajar en capacitaciones, difusión de las líneas de denuncia, elaboración de materiales de sensibilización, y el mejoramiento de la articulación y comunicación de los agentes que trabajan en el territorio, a los fines de agilizar la intervención frente a una urgencia.

 

A mediano plazo se consensuó actualizar la hoja de ruta entre ambos países, y realizar una primera reunión presencial en alguno de los casi 80 pasos existentes entre Chile y Argentina.

 

Capítulo V

Nuevas modalidades

Contexto general

 

En los últimos años, a escala internacional y a consecuencia de determinados fenómenos que acontecieron en el mundo, hubo transformaciones en las modalidades que asumieron las redes de trata.

 

La primera tuvo a la pandemia como un factor determinante, que masificó el uso de Internet, el uso de las plataformas digitales, lo que hizo que el crimen organizado mutara masivamente al ámbito virtual. No solamente en materia de trata, también en materia de narcotráfico y otro tipo de delitos. Por lo tanto, empezó a desplegarse un fenómeno conocido como “trata y virtualidad” o captación por la vía virtual, como uno de los fenómenos principales.

 

La segunda, tuvo que ver con que el aumento de la persecución a partir de la legislación antitrata después del Protocolo de Palermo, firmado hace 24 años, tras lo cual los países fueron legislando de manera particular a mediados de la primera década del siglo XXI. A partir de que surgió la legislación, se contó con más instrumentos para combatirla: fuero federal, tipificación penal, etcétera. Comenzó a haber mayor conciencia de este crimen, mayor compromiso y herramientas judiciales más aptas para poder enfrentarlo. Eso llevó a que hubiera una persecución a los tratantes que tenían prostíbulos a cielo abierto, donde había redes de complicidad obvias con las fuerzas de seguridad, lo cual obligó a las redes del crimen organizado a clandestinizarse y adoptar nuevas modalidades de acción en domicilios particulares, disimulados en organizaciones coercitivas, etc.

 

Tipificación del delito penal de compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes

 

Otro tema que había que tipificar penalmente y que nosotros lo intentamos en el Congreso de la Nación, en el que tuvimos buena recepción en Diputados, pero no así en el Senado, fue el que tenía que ver con la compra y venta de bebés, niños, niñas, y adolescentes, la cosificación y venta para la explotación sexual o para adopciones fraudulentas. A pesar de que hay una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Argentina desde el 2012 había y hay resistencias internas a tipificar el delito. En relación a este tema, hubo 34 proyectos de ley desde el 2012 a la fecha, con diferentes gobiernos, diversas composiciones parlamentarias y, sin embargo, nunca se pudo legislar la tipificación penal de este delito, lo cual hace que todavía siga desplegándose de manera intensa.

 

Desde nuestro rol presentamos un proyecto, le dimos estado parlamentario en septiembre del 2020 con el diputado Ramiro Gutiérrez que presidía la Comisión de Seguridad, pero ese proyecto fue absorbido dentro de una comisión en senadores que trabaja con el organismo de minoridad. Después se presentó otro proyecto que no tipificaba el delito como trata pero que tampoco prosperó, en definitiva no hay en la actualidad ninguna forma de tipificación penal respecto a este delito. Lo mismo pasa con el alquiler de vientres, que también tiene que ver con la cosificación y la explotación de las personas.

 

El alquiler se vientres es una forma moderna de trata de personas que se beneficia económicamente con cosificación de mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad tal que acceden a utilizar su cuerpo como un medio para ganar dinero. Si bien es cierto que en muchos países es una práctica legal no es menos cierto que esta actividad prospera en países pobres o en aquellos donde existe una gran desigualdad social y económica. Ello sin olvidarnos de los niños y niñas producto de este  “contrato” mercantil.   Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que estamos frente a la vulneración de la Dignidad humana, ya que alquilar el cuerpo para tener un hijo o para satisfacer los deseos sexuales de terceros obedece a la mercantilización de las mujeres y los niños. Con el agravante que, en el primer supuesto, tenemos a personas que probablemente nunca sepan quién fue la mujer que lo llevó en su vientre durante los primero 9 meses de vida o qué fue de la vida del bebé que vio nacer con lo cual se suprime el derecho a la identidad.  Por otra parte, la mujer que alquila su vientre es vista por quienes la contratan como un objeto/cosa para cumplir un deseo… una máquina, algo así. Pero no como una persona que puede sufrir un sinfín de riesgos a su salud o incluso perder la vida.

 

Microtráfico de drogas y trata. No penalización de las víctimas

 

Otro fenómeno que también empezó a manifestarse fue la trata entremezclada con el narcotráfico, o sea, el fenómeno del narcomenudeo, en el cual una misma persona era explotada como soldado, como campana, como mula, explotada sexualmente, explotada laboralmente, es decir, había una multiexplotación, una multiesclavitud que se daba en el marco de redes de narcomenudeo, a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica.

 

Hemos tenido también bastante trabajo en relación al tema de trata y narcomenudeo en causas en las cuales se quería imputar a la persona que había operado como mula y que a su vez había sido explotada, como si fueran narcotraficantes, cuando en realidad eran víctimas, en este sentido hubo algunos fallos en los cuales pudimos también avanzar para no penalizar a las víctimas que en su condición de tales se ven obligadas a cometer delitos obligados por la red criminal que las explota.

 

Diagnóstico para la prevención contra organizaciones coercitivas

 

El cierre masivo de los prostíbulos, el cierre masivo de lugares de explotación sexual, como pseudo-cabarets, whiskerías, etcétera, llevó a que las redes se camuflaran al interior de departamentos privados y luego comenzó a surgir un fenómeno que nosotros llamamos organizaciones coercitivas, es decir, organizaciones que tienen formato de secta, aunque no todas las sectas necesariamente son coercitivas. Para que sean coercitivas tienen que tener fines de explotación, es decir, organizaciones pseudo-religiosas, como fue, por ejemplo, el caso del Templo de Filadelfia, o pseudo-filosóficas, como por ejemplo, la Escuela de Yoga, o pseudo-terapéuticas, como por ejemplo, fue el caso de Remar, un centro que existía en varias provincias para la recuperación de personas jóvenes con adicciones, donde en los tres casos se detectó presunta explotación sexual y/o laboral. Son casos que se tramitan actualmente en la Justicia Federal y que en primera instancia ya han avanzado lo suficiente como para poder imputar a los responsables de esas tres organizaciones coercitivas.

 

Asimismo, logramos elaborar un folleto junto a Protex, en base a las causas judiciales que había en curso. Destacando que, incluso funcionarios de Naciones Unidas en el encuentro de máximas autoridades contra la trata que se realizó en la OEA en febrero de este año, incorporaron el tema como una avanzada importante que se manifestaba a nivel mundial cuando todavía ni siquiera había comenzado el debate, destacando que la Argentina, a instancias del Comité, estaba en la vanguardia de este fenómeno.

 

En las organizaciones coercitivas se suelen combinar varias de las siguientes características que se indican en las causas judiciales en curso:

• Grupos jerarquizados.
• Líder o gurú que ha recibido un legado trascendente e incuestionable.
• Doctrina.
• Institucionalización del dominio y el control.
• Demanda progresiva de absoluta sumisión a la autoridad.
• Imposición de una realidad, imponiéndola y descalificando otras realidades.
• Imposición de un modelo de transformación estándar de las personas.
• Seducir y emitir falsas promesas.
• Ocultamiento de la finalidad de explotación de las personas.
• Aislamiento social y pérdida de identidad.
• Ocultamiento del carácter autoritario / totalitario.
• Ocultamiento de otros fines delictivos.
• Aprovechamiento de la vulnerabilidad.

Para detectar los casos, se consideran como indicadores de riesgo:

• Dependencia psicológica o emocional.
• Dinámicas grupales abusivas.
• Restricción de la libertad: control de movimientos o relaciones con el exterior.
• Encierros prolongados como parte de tratamientos o aprendizajes.
• Cambios en la personalidad.
• Ruptura inducida con el entorno de origen.
• Destrucción total o severa de los lazos afectivos.
• Promesas de tratamientos médicos, curativos o “milagrosos”.
• Trabajo no remunerado.
• Pérdida de la administración de su dinero o bienes.
• Pérdida o disminución patrimonial.
• Imposición de castigos, multas físicas o dinerarias

A su vez, se advierte los daños en las personas sometidas en estas organizaciones:

Salud mental: estrés postraumático, trastorno disociativo, agravamiento de trastornos previos.

Problemas Emocionales: ansiedad, miedo, culpa, síntomas depresivos, infantilización.

Alteraciones Cognitivas: rigidez mental, reducción de la flexibilidad y adaptabilidad cognitiva, disminución del pensamiento crítico e independiente, pensamientos obsesivos o paranoides.

Alteraciones de la conducta sexual: situaciones de abuso, restricciones, imposición de normas o prácticas ritualistas, fomento de la promiscuidad, represión de identidad y/o de la orientación sexual.

Daños en la estructura familiar o red social: destrucción total o severa de los lazos afectivos y de

comunicación de la persona con su entorno social habitual.

Daños socio-laborales: abandono de profesión u oficio, problemas de rendimiento laboral, dificultades de adaptación social y laboral.

Daños patrimoniales: pérdida de ingresos por desvíos a la organización por distintos métodos, trabajo sin remuneración, pérdida de bienes y recursos materiales, endeudamiento a raíz de prácticas coercitivas extremas o suicidios inducidos.

Abuso y explotación: Posibles abusos o situaciones de explotación sexual y/o laboral.

Muerte: a raíz de prácticas coercitivas extremas o suicidios inducidos.

 

Proyecto para penalizar a los prostituyentes. Obstáculos institucionales

 

Una situación similar a la que tuvimos respecto a la tipificación penal de la compra y venta de bebes, niños y adolescentes,  ocurrió  respecto a mejorar la persecución del delito de explotación sexual, fundamentalmente penalizando al prostituyente, que es algo que se ha revelado como exitoso en países como Suecia o Francia y también en el ámbito laboral: tratar de establecer una conexión mucho más directa entre los distintos estamentos de la cadena de valor para que los máximos responsables no queden impunes de las situaciones de reducción a la servidumbre o de trata de con fines de explotación laboral, como habitualmente ocurre, aduciendo que ellos no sabían o no eran responsables de aquellas unidades productivas en las que tercerizaban su fuerza laboral.

 

Respecto a nuestro proyecto de penalización a los prostituyentes hubo resistencias dentro de un ala del gobierno que consideraba erróneamente a la prostitución como “trabajo sexual” y solía coquetearse con el regulacionismo, y otra que defendía nuestra legislación vigente abolicionista.

 

Esas tensiones fueron cotidianas durante la gestión, y sin bien siempre defendimos y primó el criterio legal abolicionista, no fue posible avanzar en sancionar leyes para penalizar al al cliente/prostituyente.

 

Lo máximo que logró el regulacionismo fue la creación de una “zona roja” en Mar del Plata ante la cual el Comité presentó un amparo denunciando al municipio por facilitar la prostitución y a la vez perseguir a personas en situación de prostitución. Amparo que aún está en fuero judicial.

 

En relación a la responsabilidad solidaria de los dadores de trabajo con las unidades tercerizadas también hubo obstáculos para legalizarla, salvo algunos pocos fallos judiciales, en la mayoria de los casos se tiende a cortar la cadena por el eslabón más delgado. El ejemplo de la “lista sucia” de Brasil donde los principales dadores de trabajo son sancionados y expuestos públicamente cuando se les encuentra unidades tercerizadas donde explotan trabajadores, es un camino a seguir.

 

Ambas cuestiones son tareas pendientes a desarrollar si queremos ser más eficaces a la hora de confrontar con la explotación sexual o laboral.

  

Trata y virtualidad, trata y grooming

 

Durante la pandemia comenzaron a evidenciarse un aumento sostenido de denuncias de casos de material de explotación o abuso sexual de niños, niñas y adolescentes; aumento de casos de captación a través de ofertas laborales engañosas en entornos digitales y redes sociales; aumento de casos de grooming y/o ciberacoso por medio de apps como Instagram y Whatsapp ;mayores derivaciones a Unidades y Fiscalías especializadas en ciberdelitos .y recepción de denuncias por supresión, utilización y/o difusión de imágenes sin consentimiento. La mutación de redes criminales al ámbito virtual aumentaron los casos de groming y trata.

 

En relación a la trata de personas y virtualidad, y los desafíos que esto genera, la primera decisión que tomamos durante la pandemia, fue tomar contacto con el entonces Ministerio de Educación, a partir de lo cual formamos parte de la Campaña Nacional contra el Grooming. Otra de las iniciativas trabajadas en esta temática fue la generación de un primer módulo de capacitación para sensibilizar, primero a funcionarios de la administración y luego a la población en general, destacando que rápidamente el conocimiento sobre la influencia que la virtualidad y las plataformas digitales generan en las distintas modalidades de trata, a consecuencia de lo cual ese primer módulo de sensibilización debió ser actualizado.

 

Con las principales características de la relación existente entre la trata de personas y la virtualidad sistematizadas, desde el Comité Ejecutivo concentramos gran parte del trabajo en la articulación con docentes de todo el país, aliándonos con sindicatos docentes en general y, en particular, con AMET y SADOP, a escala nacional. Con la convicción de que son los docentes quienes tienen posibilidad de pasar una gran cantidad de horas con la población más vulnerable a esta nueva modalidad: los niños, niñas y adolescentes. En el área de capacitaciones de la página oficial del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas se puede encontrar el módulo actualizado con indicios, característica y recomendaciones sobre trata, groominíg y virtualidad.

 

Trabajamos asimismo con gobiernos provinciales, a partir de decretos a través de los cuales se organizaron jornadas de reflexión provinciales para capacitar a los docentes, a fin de  que estos a su vez pudieran orientar a sus alumnos, en el uso responsable de las redes sociales y estar atentos a cómo en diversas plataformas se podía manifestar algún intento de captación.

  

Matriz de riesgo en casos de trata laboral

También, en conjunto con la AFIP, elaboramos lo que se denominó “Matriz de Riesgo”. La Matriz de Riesgo es algo que empezamos a trabajar con el fin de poder elaborar un listado de personas jurídicas o humanas que lleven adelante una actividad económica –generalmente de temporada- que se nutre de trabajadores “golondrinas”, que se trasladan de diversos puntos del país o de países limítrofes, que fueron denunciadas por infracciones a las leyes del trabajo o delitos de explotación laboral y que, por falta de pruebas u otras razones, fueron archivadas por la justicia. El objetivo fue que estas empresas, o productores, fueran inspeccionados anualmente por los organismos de control con poder de policía en el trabajo, para aumentar la percepción del riesgo a ser detectados y denunciados ante la justicia, promoviendo asimismo el cumplimiento de las leyes del trabajo y la seguridad social y evitando de ese modo la explotación laboral. La labor de la Afip fue complementada con las áreas de Trabajo y SENASA en estos casos.

 

Prevención en tráfico de órganos, tejidos y fluidos

 

El tráfico de órganos y de personas con la finalidad de remover sus órganos son verdaderos crímenes contra la humanidad que deben ser reconocidos como tales por todos los líderes religiosos, políticos y sociales, y por las legislaciones nacionales e internacionales. Así fue dispuesto por instancias nacionales e internacionales, como las Resoluciones de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, la Reunión Cumbre de los alcaldes de las principales ciudades del mundo realizada en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano en 2015, la Declaración conjunta de los líderes religiosos contra la esclavitud moderna, y el Magisterio del Papa Francisco, expuestos en la Cumbre de Jueces sobre Tráfico Humano y Crimen Organizado en 2016 y en la Cumbre de la Pontificia Academia de las Ciencias sobre tráfico de órganos y turismo de trasplante de 2017 que suscribieron un centenar de países, entre ellos, el INCUCAI en la Argentina.

 

Existen claros instrumentos legales internacionales que definen, condenan y criminalizan estas prácticas, entre ellos, el Protocolo de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Personas (Protocolo de Palermo), el Consejo de la Convención Europea contra el tráfico de Seres Humanos, y el Consejo de la Convención de Europa contra el Tráfico de Órganos Humanos.

 

En este delito no puede aducirse una acción libre y voluntaria, ya que las condiciones previas de pobreza, desempleo, y falta de oportunidades socioeconómicas son los factores que hacen a las personas vulnerables al tráfico de órganos. Lo mismo ocurre con el tráfico de personas con el propósito de remover sus órganos.

 

Los individuos afectados son víctimas de programas de tráfico de órganos cuando se los induce a vender sus órganos debido a la búsqueda desesperada por una vida mejor. De la misma manera, están desesperados los pacientes que están dispuestos a pagar importantes sumas de dinero y a viajar a destinos alejados como turistas de trasplante para obtener un órgano que quizás los mantenga con vida, desconociendo las consecuencias a corto y largo plazo sobre su condición de salud producto del trasplante comercial.

 

Intermediarios y profesionales de la salud inescrupulosos hacen posible el tráfico de órganos, menospreciando la dignidad del ser humano. Los procedimientos quirúrgicos se realizan en instalaciones no autorizadas que clandestinamente sirven al turismo de trasplante. Pero el tráfico de órganos también puede ocurrir en instalaciones legítimas, en situaciones donde individuos dispuestos a vender sus órganos se presentan en centros de trasplante como familiares o amigos altruistas del receptor.

 

En la Argentina, en el tema del tráfico d tejido y fluido hay una tipificación débil, y esto se manifestó cuando fue la pandemia con la venta de plasma, que llevó a que hubiera varias causas abiertas en el fuero federal. El problema no es solamente de la Argentina, en otros lugares de Latinoamérica, muchos países necesitan mejorar la tipificación del delito.

 

En su Resolución 44.25, la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un fuerte llamamiento a los países para evitar la compra y venta de órganos humanos para trasplantes. Allí dispuso:

 

1. Entre las prohibiciones de estas prácticas, se debería incluir la prohibición de todo tipo de anuncios (incluido el soporte electrónico e impreso), solicitudes o mediaciones que se dirijan la comercialización de trasplantes, el tráfico de órganos o el turismo de trasplantes.

 

1. Dichas prohibiciones también deberían penar las actuaciones —como las revisiones médicas de donantes, órganos u órganos para trasplantes— que ayuden, alienten o utilicen productos del tráfico de órganos o el turismo de trasplantes.

 

1. Las prácticas que induzcan a los grupos o individuos vulnerables (como las personas analfabetas y con pocos recursos económicos, los inmigrantes indocumentados, los presos y los refugiados políticos o económicos) a ser donantes vivos son incompatibles con el objetivo de combatir el tráfico de órganos y el turismo y la comercialización de trasplantes.

 

En igual sentido se ha manifestado la Cumbre Internacional sobre Turismo de Trasplantes y Tráfico de Órganos convocada por The Transplantation Society y la Sociedad Internacional de Nefrología en Estambul, Turquía, del año 2008.

 

Con estos principios y antecedentes internacionales y siendo una de las modalidades incluidas en la Ley de Trata vigente, desde el Comité Ejecutivo elaboramos, en forma articulada con el Instituto Central Único  Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) un primer material de sensibilización con el cual se organizaron jornadas de sensibilización destinada a funcionarios y funcionarias.

 

En este sentido, se elaboró un primer material en formato triptíco que sistematizó las principales características que tiene la trata con fines de extracción ilegítima de órganos, tejidos y fluidos. El mismo también está disponible a la fecha en la página oficial del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.

 

 

Prevención en las escuelas

 

Hubo innumerables jornadas de capacitación en el ámbito educativo, como por ejemplo la que se realizó en el municipio de Lavalle, en Mendoza, en los primeros tiempos del Comité, destinado a jóvenes, estudiantes secundarios y a partir de esos encuentros surgió una denuncia en la cual una joven que había sido engañada desde Bolivia para ir a trabajar supuestamente a un salón de belleza, pudo ser rastreada a tiempo, ubicar el micro y detenerlo en Tucumán, antes de que llegara a Bolivia, gracias a que sus compañeros hicieron la denuncia.

Otro caso de una niña de 14 años que fue engañada y la vinieron a buscar para llevarla también a Bolivia para explotarla, que pudimos detener en el micro en Santa Fe.

 

Hubo muchas situaciones en las cuales logramos evitar a tiempo, situaciones de trata a partir de la sensibilización y la capacitación que hicimos entre sectores de la sociedad civil, entre los sindicatos, entre jueces y fiscales, en las escuelas.

 

Fue muy meritoria la actitud de sindicatos docentes que se comprometieron muchísimo, como AMET y SADOP, AMP de La Rioja, Sindicatos docentes de Formosa, tanto el público como el privado. Hubo una cantidad importante de provincias en las cuales los sindicatos trabajaron fuertemente. AMET, por ejemplo, se concentró en las escuelas rurales y en la concientización sobre indicios de explotación laboral, aparte de la virtualidad.

 

También se trabajó mucho en la Puna, en la Quebrada de Humahuaca, en el interior profundo de cada provincia, en este caso de Jujuy, pero lo mismo se hizo en La Rioja, Catamarca, Entre Rios,   Mendoza,  Chubut,  Tierra del Fuego y, en toda la República Argentina.

 

El tema de trata y virtualidad permitió generar preguntas respecto de los desafíos a futuro, por ejemplo: no está protocolizado un circuito de asistencia a aquellas personas que son víctimas de explotación en el ámbito meramente virtual. Nos referimos, por ejemplo, a un niño o adolescente, menor de edad, o a un mayor de edad que estafados en su buena fe, cuando se usan imágenes íntimas que han enviado a alguien que creía que era su supuesto novio/a y esa imagen luego termina en una página de pornografía. El daño que se le hace a esa persona es inmenso, inconmensurable, desde el punto de vista psicológico, afectivo, y emocional y, sin embargo, todavía no hay mecanismos de asistencia como los que sí hay para las víctimas que físicamente sufren este delito, a pesar de que el impacto en la psiquis, es tan profundo como si hubiera ocurrido de modo presencial.

 

Hoy todavía cuesta entender que la virtualidad es parte de nuestra vida cotidiana y diaria. Uno hace las compras, habla con amigos, se relaciona con familiares, trabaja en el ámbito virtual. Hay algunos países como España que ya tienen una policía virtual que además de la policía tradicional se dedica a perseguir aquellos delitos penales que se cometen en el ámbito específico de la virtualidad, pero hay otros países que no, que apenas tienen áreas de cibercrimen, que todavía son débiles para perseguir el delito.

 

Desde el punto de vista de los organismos, para poder combatir y perseguir y detectar a tiempo este delito, en la virtualidad los “van por el ascensor” y los Estados “por la escalera”. Y por eso hasta que los Estados puedan aggiornarse, es muy importante el trabajo de prevención previa de tipo comunitario, fundamentalmente apuntando a las escuelas. Por eso es que los docentes, hoy son casi los únicos adultos que ininterrumpidamente durante 40/45 minutos están en contacto con los niños, niñas y adolescentes, sin una computadora o un celular, salvo que se lo esté utilizando para fines puramente educativos. Aparte, hay una demanda por parte del estudiantado a los docentes, con respecto a situaciones extrañas que viven los jóvenes y que necesitan preguntar y para lo que necesitan orientación. Por eso habría que tratar de que las jornadas como las que hicimos, por ejemplo, en Catamarca durante el año 2023 sean de carácter periódico y obligatorio y se vayan actualizando, en todas las provincias de República Argentina, en la currícula de los programas de educación en todo el país, porque actualmente es un fenómeno absolutamente crucial en materia de prevención contra el abuso, la explotación y la trata.

 

De las denuncias que ingresaban a través del número del Comité, cuando la línea 145 estaba saturada, constatamos que la mayoría de los intentos de captación se desarrollaban inicialmente en el ámbito virtual. Incluso esto ocurría también con el trabajo golondrina, con el trabajo temporario. Si antiguamente iba al cuadrillero o el capataz a captar a determinado grupo de personas a un territorio para llevarlos al lugar de explotación, hoy esto se pacta a través de WhatsApp, a través de  Facebook o a través de la plataforma que se adapta a las características de la víctima que se está por reclutar.

 

Hoy la virtualidad atraviesa este delito en diferentes estamentos, a veces de manera completa, a veces simplemente en la captación inicial, y por eso es muy importante cómo actualizamos los organismos de cibercrimen, de ciberseguridad, cómo generamos una prevención masiva en las escuelas, y como tenemos mejores instrumentos de capacitación y sensibilización con la comunidad en general.

 

Caso testigo: capacitaciones docentes en Catamarca para 1200 personas inscriptas de toda la provincia

 

El miércoles 19 de abril de 2023, en Catamarca, se desarrolló la Primera Jornada Provincial sobre Trata de Personas y Grooming en Perspectiva Educativa.

 

Organizada por la Mesa Interinstitucional contra la Trata, que coordina la delegación Catamarca de la Dirección Operativa del Comité de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, junto a diferentes organismos estatales tanto provinciales como nacionales, el encuentro estuvo destinado a agentes de la administración pública, fuerzas de seguridad, organizaciones sociales y docentes de todos los niveles y asignaturas.

 

La jornada, llevada adelante en el teatro Catamarca, fue declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados provincial y fue avalada por el Ministerio de Educación de la Provincia con puntaje a través de la Resolución Nº 180/23, y contó con más de 1.200 personas inscriptas de toda la provincia.

 

Ivana Monferrán, en aquel entonces delegada del Comité, informó a medios locales que el objetivo de este tipo de eventos es brindar herramientas no solo para conocer y advertir sobre la trata de personas sino también sobre el grooming, en el caso del ámbito escolar, ofreciendo recursos y actualizando conocimientos sobre los protocolos de actuación para estos casos. “La idea es que se hable de esta temática, que sepamos a dónde y a quién recurrir, y sobre todo, cómo actuar ante una situación específica”, explicó.

 

Con respecto a los nuevos desafíos, Alejandro Basiliquiotis, quien era delegado por Entre Ríos del mismo organismo, sostuvo: “La transición a la virtualidad que aceleró la cuarentena del Covid-19, transformó a la navegación web y a las redes sociales en el agua principal de captación y piratería de seres humanos. De este ámbito virtual se vale el crimen organizado, las grandes empresas multi y transnacionales y esclavistas locales para la explotación laboral y sexual de las personas vulnerables. Solo el esfuerzo mancomunado entre el sectores de la comunidad y el estado pueden promover y prevenir la erradicación de este delito”.

 

Por su parte, la Lic. Tamara Rosenberg, delegada por CABA e integrante en ese momento del equipo técnico de la Dirección Operativa del Comité, sostuvo que es muy importante que se trabajen estos temas con los docentes, ya que por su rol en la sociedad son clave no sólo para detectar situaciones de trata y/o explotación laboral en las familias, sino también como agentes de prevención. Asimismo, se refirió a la importancia de desnaturalizar y visibilizar que se dan situaciones de explotación laboral y de explotación del trabajo infantil en la provincia.

 

La secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad provincial, Ivana Ibáñez, expresó: “Esta jornada provincial se vino gestando desde la Mesa contra la Trata de Personas que se articuló aquí en Catamarca, y contamos con la presencia del coordinador nacional. Es un gran avance que se pueda dar esta capacitación, que es libre, gratuita, y que tengamos tantas y tantos asistentes. Para nosotras es un gran avance porque no solamente estamos trabajando en el abordaje y en los procedimientos de manera coordinada con las otras instituciones dentro de la Mesa, sino que también vamos a capacitarnos y capacitar para poder mejorar esos procedimientos”, manifestó la secretaria.

 

El encuentro contó con paneles sobre “Trata de Personas: modalidades, indicios y detección”, a cargo de la Lic. Tamara Rosenberg, y Alejandro Basiliquiotis; “Programas nacionales y Protocolo único de articulación”, por la Lic. Tamara Rosenberg; “Programa Nacional de Reparación de Derechos y Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de Trata y Explotación de Personas”, con la Dra. María Laura Ferrante, coordinadora de la COOTRAVIC (Coordinación para la Lucha contra la Trata de Personas y el Trabajo Forzoso y para la Asistencia a las Víctimas), del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación.

Capítulo VI

Prevención

Campaña por la difusión masiva del 145: a) con los sindicatos; b) con los municipios y las ordenanzas; c) con las organizaciones de la sociedad civil

 

En cuanto a la prevención en materia de trata, lo que hizo el Comité fue básicamente tratar de masificar, territorialidad y descentralizar la prevención para llegar hasta todas las periferias de nuestra Patria. Antiguamente, las campañas de prevención eran muy esporádicas, estaban libradas a la propia iniciativa de cada gobierno, y nosotros tratamos de generar campañas de prevención que tengan alto impacto y que sean masivas y simultáneas en todo el territorio nacional, para lo cual las mesas interinstitucionales fueron un motor importante.

 

La campaña con la Asociación del Fútbol Argentino

 

El punto más alto de esta campaña fue el 30 de julio del 2023, gracias a haber logrado que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) firmara un convenio con el Comité, a través del cual se comprometió a difundir información de prevención contra la trata en la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Los 28 equipos de primera división portaron en dichas jornadas carteles alusivos a la lucha contra la trata, al trabajo esclavo infantil, y sobre la necesidad de llamar y denunciar al 145 ante cualquier situación sospechosa. La campaña fue explicada además desde todos los programas de radio y televisión que transmitían en directo los 14 partidos que hubo en la última fecha, entre el 29 y el 30 de julio.

 

7 millones de personas tomaron conocimiento, gracias a esta campaña, de que existía la línea 145 para denunciar de manera anónima y gratuita cualquier situación sospechosa de explotación laboral, de explotación sexual o de explotación infantil.

 

 

“El 30 de Julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Para denunciar una situación sospechosa de explotación sexual, laboral o infantil, llamá a la línea 145. La trata de personas es un delito”, expresaron los distintos relatores en cada uno de los partidos.

 

Midiendo solo la televisión, el partido de Boca vs. Independiente, tuvo un promedio de 30 puntos de rating y un 45% del share, casi la mitad de las personas que miraban televisión en ese momento, llegando al menos a 3 millones de televidentes, y River vs. Racing con 20 puntos de rating y 30% del share, sumando a otros 2 millones. Partidos como San Lorenzo vs. Tigre o Vélez Sársfield vs Huracán, llegaron a cerca de 1 millón cada uno.

 

Quienes pudieron escuchar el mensaje por radio sumaron a otros tantos millones de oyentes.

 

A nivel de asistencia de público a las canchas, se sabe que concurrieron a las mismas 293.011 personas, pudiendo las mismas ver el banner presencialmente y/o escuchar el mensaje por altavoz.

 

En redes sociales, se adicionaron 116.366 a visualizaciones de las diferentes fotos de la campaña. Esto sólo considerando las cuentas de Twitter/X de la Liga Profesional de Fútbol @LigaAFA y la cuenta de Twitter/X del Comité @ParemosLaTrata.

 

El entonces director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, Gustavo Vera, brindó su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), durante un encuentro que mantuvo con su presidente Claudio “Chiqui” Tapia, en el que destacó el compromiso en la lucha contra la trata de personas, expresada durante la última fecha de la Liga de Primera División.

 

Asimismo, Vera explicó que la histórica campaña se insertó en el avance que ha tenido nuestro país en el combate a este delito en los últimos años, lo que viene siendo reconocido a nivel internacional en distintos informes mundiales: “La Argentina lidera la lucha contra la trata de personas en América Latina, es uno de los tres países de la región con la máxima categoría en evaluaciones internacionales”.

 

“Además, se planificaron acciones a futuro, firmas de convenios de cooperación, junto a otras iniciativas mancomunadas, para seguir así sensibilizando a la población a través del deporte”, señalaron desde la AFA, mediante un comunicado.

Campañas masivas de sensibilización de Ushuaia a la Quiaca dos veces al año en fechas emblemáticas

 

Por otro lado, fue de suma importancia la masividad que se logró a través de las más de un centenar de ordenanzas que establecían la difusión obligatoria y gratuita, en edificios de alta concurrencia de la población de cada municipio, con cartelería alusiva de la línea 145, lo mismo que en terminales, aeropuerto, puertos, estaciones de servicios, locales comerciales, etc.

 

Cada 30 de julio, que es el Día Internacional contra la Trata establecido por las Naciones Unidas, o cada 23 de septiembre que se recuerda el día contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, aniversario de la primera norma jurídica contra la trata que fue la Ley Palacios, votada el 23 de septiembre de 1913, si se hace un seguimiento de las gacetillas publicadas por el Comité en la web oficial del Estado argentino, se puede ver que en esas fechas, cada año, hubo desde 70 a 160 actividades simultáneas que se desarrollaban en toda la República Argentina y que duraban incluso a veces 1, 2 o 3 días, actividades vinculadas con los sindicatos, con los municipios, con los grupos scouts,  los cultos religiosos,  los gobiernos provinciales, y  empresas privadas.

 

Hubo una campaña muy intensa donde se distribuyeron más de medio millón de calcos, muchos incluso durante la pandemia, a pesar de las dificultades para poder viajar. El sindicato de Camioneros los  adhería en sus camiones, también se pegaban en las cabinas de peajes, y en oficinas y bases de Corredores Viales a lo largo de la República Argentina. Permanentemente, se mantuvo vivo el espíritu de difundir la línea anónima y gratuita nacional 145, incluso con algunos spots publicitarios como en el 2021 que salieron en todos los canales de televisión y que también llegaron a una audiencia de millones de personas.

 

La campaña de prevención fue reconocida, no solo internacionalmente sino también localmente como una de las campañas más intensas que se haya conocido desde que tenemos ley de trata en el 2008, con su reforma de 2012 a la fecha.

 

 

Capacitaciones a funcionarios y sociedad civil

 

En cuanto a capacitaciones a funcionarios, en los informes de gestión está claramente indicada la cantidad de universo alcanzado, que superó largamente las 100 mil personas entre funcionarios y sectores de la sociedad civil.

 

Es dable destacar que fueron capacitaciones permanentes e intensas con la particularidad de que en cada provincia no solamente se desarrollaban en el centro, en las localidades más densamente pobladas de cada una de ellas, sino que además se llevaban a cabo en la periferia, en los pequeños municipios, en los municipios fronterizos, en lugares donde nunca se había desarrollado una campaña contra la trata.

 

El trabajo de capacitación en zonas alejadas de las grandes urbes también se dio en el interior de la provincia de Buenos Aires. Allí se organizaron y sostuvieron sistemáticamente campañas antitrata, por ejemplo, en localidades y parajes ubicados en la segunda, cuarta, sexta y séptima sección,  lugares en los que prácticamente la temática era una novedad, o en los que alguna vez esporádicamente se había hablado del tema, pero no había un trabajo sistemático, una mesa interinstitucional que fuera un motor y un trabajo concreto a través de ordenanzas y masivas campañas de sensibilización para instalar el tema entre la comunidad.

 

Desde ya que había lugares en los que sí hubo campañas antitrata como, por ejemplo, Mar de Plata o Bahía Blanca, cabeceras de las secciones, pero esta no era la regla en los demás municipios, por ejemplo, Pinamar, Necochea, el Partido de la Costa, Lavalle, o Dolores, lugares a los que el Comité llegó, donde articuló con los sectores de la sociedad civil, con las principales áreas del Estado provincial y municipal, y donde luego, a caballo de esa articulación se pudieron desplegar las campañas.

 

La campaña realizada junto a UATRE, Camioneros y la OIT

 

Desde el inicio de la gestión, y en coincidencia con el cambio de  dirección de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores  (UATRE) a partir de la asunción de José Voytenco al frente de la organización sindical, se vio un claro rumbo de defensa incondicional de los derechos de los trabajadores rurales, y de defensa de los convenios colectivos. A partir de ese momento,  impulsamos que el convenio oportunamente suscrito con el Sindicato de  Camioneros que luego se hizo extensivo también a UATRE.

 

Seguidamente, ligamos el trabajo realizado con ambas organizaciones sindicales a una Campaña Nacional por el Trabajo Decente. Esta iniciativa significaba, por un lado, trabajar mancomunadamente: el Comité Ejecutivo, el Sindicato de Camioneros y UATRE para detectar situaciones de reducción a la servidumbre, trabajo infantil  y  trata de personas en el ámbito  rural y, por el otro, capacitar a los trabajadores/as y fundamentalmente, a delegados/as.

 

Las capacitaciones, que se realizaron con trabajadores, delegados e inspectores de todo el país a lo largo de varios meses, tuvo un objetivo clave: distinguir entre la mera infracción laboral y lo que constituía un delito penal. Para esto nos basamos en los criterios de la OIT: un primer indicio está dado por la jornada de trabajo, si esta supera el máximo legal permitido, un segundo parámetro lo da el salario, si éste está por debajo del salario mínimo, vital y móvil, y finalmente las condiciones de trabajo, higiene y seguridad, si estas son indignas.

 

Estos indicios de explotación son los que configuran el tipo penal que puede ser reducción a la servidumbre o trata, dependiendo de si además hubo captación, engaño, acogida y traslado. Si existen estas 3 condiciones que plantea la OIT, y que también están establecidas en nuestra legislación y en los manuales de procedimiento del entonces Ministerio de Trabajo, y de la División contra el Trabajo Ilegal de la AFIP, claramente estamos en presencia de un delito penal.

 

Esta campaña por el trabajo decente fue bastante intensa, y tuvo resultados concretos, ya que del total de 5.080 personas rescatadas en nuestra gestión, por lo menos hay unas 2000 que provienen del ámbito rural. La mayoría fueron rescatadas a partir de inspecciones proactivas, en las cuales se detectaron situaciones claras de explotación, que desencadenaban allanamientos y el posterior rescate y protección de trabajadores.

 

Esta campaña inicial, que complementó y potenció recursos del Comité Ejecutivo, UATRE y Camioneros, tuvo su momento más alto cuando los tres actores convocaron al Seminario: “Estrategias para prevenir y combatir la trata laboral” en agosto del 2022. El evento tuvo lugar en el histórico salón Felipe Vallese de la Confederación General del Trabajo (CGT), y además de las organizaciones sindicales y el Comité Ejecutivo, reunió a representantes del Ministerio Público Fiscal, la Justicia Federal, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

 

Fue en el marco de esta actividad que la OIT propuso darle continuidad a la sinergia lograda hasta el momento, diseñando una nueva campaña que recogiera los conocimientos adquiridos pero mejorara los materiales de difusión, los canales de comunicación, pensando en mejores estrategias para llegar a una mayor cantidad de trabajadores. Durante parte del año 2022 y todo el 2023 se trabajó en la elaboración de spots publicitarios para radio, televisión y redes sociales, slogans y contenido de calidad.

 

Finalmente, en los últimos días del 2023 se presentó la campaña “Trabajar tiene derechos”. La ejecución de la misma estaba pensada para el año 2024 pero lamentablemente, hasta la publicación del presente trabajo, las nuevas autoridades no retomaron el trabajo y es una incógnita si finalmente lo harán.

 

Una evaluación del trabajo de la Argentina

 

Conclusiones de las evaluaciones de 2020, 2021, 2022 y 2023

 

La Argentina, durante los cuatro años consecutivos de nuestra gestión estuvo en la máxima categoría Tier 1, evaluada entre 188 países que son analizados por la oficina de monitoreo del Departamento de Estado de los EEUU.

 

Nuestro país estuvo entre los 28 países que más se destacaron, compartiendo el podio a nivel latinoamericano con Colombia y con Chile. Año tras año fue mejorando sus políticas públicas.

 

El informe del Departamento de Estado de los EEUU se encuentra disponible en:

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/05/Trafficking-in-Persons-Report-2023_Introduction-Additional-Pagesv4_FINAL.pdf

 

También tuvimos en febrero de 2022 una felicitación especial por parte del Secretario General de las Naciones Unidas, en relación al trabajo con los migrantes y en relación al trabajo contra la trata. En esa oportunidad se destacó que, aún en el momento más duro de la pandemia de Covid-19, y pese a las dificultades para desplazarse, realizar allanamientos y entrevistas con las víctimas, pudimos tener cientos de personas rescatadas y asistidas.

 

El propio Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, durante el acto de presentación del Informe Anual sobre Trata de Personas 2022, destacó el rol específico de la Argentina por su trabajo federal interconectado entre la 24 jurisdicciones y por su programa de acceso a la vivienda, casi único en el mundo, con el que se trata de garantizar el derecho de la vivienda, junto al derecho del acceso al trabajo, y al acompañamiento terapéutico como pilares de la restitución integral de  derechos.

 

Se destaca asimismo, que durante la gestión al frente del Comité Ejecutivo, la Argentina también fue reconocida por la Organización Internacional del Trabajo “por los avances en la lucha contra el trabajo infantil”. En junio del 2023, se destacó a nuestro país por adoptar legislación, establecer políticas públicas, mecanismos de coordinación y voluntad para promover nuevos enfoques en el abordaje de la lucha contra el trabajo infantil.

 

Tareas pendientes

 

En cuanto a cuestiones que no se pudieron desarrollar y que se encuentran pendientes, claramente en primer lugar ubicamos la falta de refugios especializados para víctimas de trata. El refugio central que se dispone, ubicado en la provincia de Buenos Aires, es evidente que no cubre la demanda, no puede abarcar todas las problemáticas existentes para las personas que necesitan estar en un refugio por un tiempo. Sea por cuestiones de seguridad, de equilibrio emocional, o por la razón que fuera, lo concreto es que la ausencia de refugios hizo que muchas personas, que eran víctimas de trata y que necesitaban este tipo de establecimiento, quedaran entremezcladas en un espacio para víctimas de violencia de género o personas en situación de calle, que requieren de un abordaje completamente diferente que atienda a sus necesidades y demandas específicas.

 

Habíamos proyectado y planificado la construcción de refugios en Capital Federal, en un terreno que había dispuesto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también se habían planificado otros en Catamarca y en Misiones. Incluso en este último caso, a la construcción solo restaba contar con personal idóneo, y en esa instancia estábamos cuando se produjo el cambio de gobierno. Lamentablemente esa tarea quedó transitoriamente abandonada.

 

Nos faltó poder masificar mucho más, junto al Ministerio de Educación el tema de la prevención de la trata y virtualidad. Tampoco pudimos lograr los acuerdos políticos necesarios para poder tipificar el delito en aspectos como la compraventa de niños, niñas, y adolescentes, el alquiler de vientres, trata y grooming, la vinculación entre el abuso y la trata. Cuestiones todas estas que nos quedaban por ir mejorando en el transcurso de la gestión. Otras de las tareas pendientes fue no haber podido universalizar más rápidamente los programas de asistencia, cuestión que no dependía exclusivamente de nosotros sino también de los organismos encargados de la ejecución de esos programas. En este sentido, hay que tener presente que el Comité no contaba con presupuesto propio, y debía elaborar un Plan Bienal, con los tres poderes y estamentos del Estado.

 

Cada uno de los compromisos que asumían otros organismos implicaba erogaciones presupuestarias que debían hacer los propios organismos. El trabajo del Comité era por partida doble, primero persuadirlos de tomar el compromiso y luego presionar para que efectivamente se llevaran a la práctica, y esto era ciertamente engorroso, puesto que significaba plantear a cada uno de los ministerios que debían destinar parte de sus presupuestos a políticas antitrata.

 

Del mismo modo, por citar un ejemplo concreto, con el Consejo Nacional de la Vivienda fue sumamente engorroso lograr que las 24 jurisdicciones se comprometieran a tratar de garantizar y facilitar soluciones habitacionales para las víctimas de trata. Esto lo logramos recién en el último tramo, en parte por los cambios de ministros y en parte a partir de que vieron la seriedad y la eficacia con la que estaba trabajando el Comité, y la buena repercusión que había en el plano internacional, pero quizás, para un próximo gobierno que retome la tradición de la Argentina en su lucha por los derechos humanos, de su lucha contra la trata y contra toda forma de esclavitud, estas son cuestiones que serán mejor agilizadas.

 

Las intervenciones en las reuniones de máximas autoridades en materia de trata en Argentina y en Washington

 

En el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, el 30 de julio de 2021 se llevó a cabo un encuentro de máximas autoridades nacionales, en el que estuvieron presentes las entonces  ministras de Salud, Carla Vizzotti; de Seguridad, Sabina Frederic; de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; los entonces  ministros de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; los secretarios de Hábitat, Santiago Maggiotti; y de Trabajo, Marcelo Bellotti; el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, Gustavo Vera y la directora nacional de Protección de Trabajo e Igualdad Laboral, Patricia Sáenz.

 

Los anuncios que se hicieron en esa reunión  se enmarcaron en el Plan Bienal Nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas 2020/2022, y tuvieron el objetivo de fortalecer y ampliar el trabajo que realiza el comité en todo el territorio nacional.

 

“Nosotros no pensamos que está todo hecho, sino que queda mucho por hacer y que aún hay una deuda pendiente; mientras exista explotación sexual, laboral, mientras exista trata en nuestro país, siempre va a haber una causa que nos encontrará luchando por resolverla e impartir justicia” remarcó el jefe de Gabinete en ese momento, Santiago Cafiero.

 

“Tenemos la firme convicción de avanzar en estos lineamientos y hacerlo con una mirada federal, con todos los puntos focales y las instancias de gestión. Tener soluciones en territorio, para abordar esta problemática con mayor firmeza”, recalcó Cafiero. Y finalizó: “no hay posibilidad de desarrollar un país sin desarrollar la justicia social”.

 

A su turno, Daniel Arroyo anunció: “incorporamos desde mi cartera dos líneas de trabajo; la primera es la generación de un fondo específico para atender a las personas víctimas de trata y explotación, un fondo de atención de ayuda urgente. La otra es el programa Potenciar Trabajo, donde en el caso de trata y explotación se genera el mismo mecanismo pero entrarán de manera directa, sin todo el proceso que implica el cruce administrativo”.

 

Asimismo, la titular de la cartera de Salud subrayó que “siempre decimos que trabajamos para ampliar derechos pero en estos casos trabajamos para restituirlos”. “Venimos desde el ministerio trabajando con todas las entidades asociadas desde el 2020, especialmente en lo que es salud, salud mental, capacitación, asistencia y acceso al sistema de salud, en relación a incorporar esta problemática en los espacios de capacitación y fortalecer a todos los efectores” remarcó Vizzotti.

 

Soria, por su parte, reveló que “se creará el convenio marco de un fondo de asistencia directa a víctimas de trata. Se trata de un fondo creado por ley en 2019. Se integra por los bienes decomisados judicialmente en procesos relacionados con los delitos de trata, explotación y lavado de activos: el dinero en efectivo y el producido de la venta de esos bienes sean destinados exclusivamente a restituir los derechos de las víctimas”.

 

Marcelo Bellotti, adelantó “un plan de fortalecimiento y un plan de recuperación de las personas que fueron sometidas a trata laboral. Cada persona que haya sido víctima de trata laboral será acreedora de un beneficio igual al de una asignación de un salario mínimo, vital y móvil”.

 

En el mismo sentido se expresó Santiago Magiotti, quien confirmó que “vamos a trabajar con la Comisión Nacional de Viviendas que está integrada por todos los institutos de la vivienda de las 24 provincias, para que se pueda definir en aquellos lugares donde haya víctimas de trata, un acceso exclusivo e inclusivo a los programas”.

 

Por parte del Comité Ejecutivo Gustavo Vera destacó que: “estas políticas públicas serán sustanciales para poder garantizar un proyecto de reconstrucción de vida para las víctimas. Este es un país que es vanguardia en materia de la lucha contra la esclavitud y la exclusión y no obstante eso, creemos que hay mucho por mejorar y este acto es un granito de arena para aportar en ese mejoramiento a través de políticas públicas concretas”.

 

Todas estas declaraciones dan cuenta de un trabajo mancomunado en pos de una política de Estado, que se venía profundizando y que en los dos años subsiguientes se fueron materializando.

 

Reunión de referentes del continente americano en la OEA

En el Salón Simón Bolivar, Sede de la OEA en Washington DC, Estados Unidos, se relizó los días 5 y 6 de febrero de 2024 la 7ª Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Trata de Personas, un evento organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Departamento de Seguridad Pública. En el mismo, la República Argentina participó a través del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas, representado por quien era su director, Gustavo Vera.

 

La séptima Reunión de Autoridades fue presidida por el Gobierno de los Estados Unidos. Durante el evento se discutieron temas como el uso de la tecnología para captar y explotar a víctimas y para prevenir la trata de personas, el impacto de los cambios ambientales en la vulnerabilidad a la trata de personas, el lavado de activos como vector de la trata de personas, y los vínculos entre la trata de personas y otras modalidades de delincuencia organizada transnacional.

 

En su primera intervención en el encuentro internacional, Vera expresó: “En materia de trata el que no molesta no sirve. América Latina en estos 20 años ha logrado identificar el problema y ha logrado estructurar una legislación aceptable, en casi todos los países de la región. Pero hay desafíos estructurales a los que nos tenemos que abocar si queremos que este valioso encuentro sea productivo. ¿Qué pasa con las víctimas luego de que las rescatamos, durante los años que dura una reparación efectiva? Un juicio dura entre cinco y doce años y no siempre hay decomiso de bienes ni reparación. Mientras tanto, ¿qué se hizo para acompañar y reconstruir un horizonte de vida? Para resolver esto se necesitan trabajo y asociación con las empresas privadas. Necesitamos que en el ámbito privado aquellas empresas que contraten a personas que fueron víctimas de trata puedan tener algún beneficio a nivel fiscal e impositivo”.

 

Y agregó: “En la Argentina lo estamos haciendo en varias provincias. Necesitamos un plan de entrenamiento previo, de inclusión y capacitación laboral, que permita que las personas sobrevivientes, una vez que están contenidas psicológicamente, puedan empezar a ver en qué oficio pueden capacitarse para entrar al ámbito privado. Necesitan vivienda, o solución habitacional concreta. Si no es una vivienda, es la construcción sobre un terreno que ya tiene, o la refacción de una vivienda que era precaria o un alquiler social. Porque las víctimas no pueden vivir para siempre en un refugio. La dignidad tiene que ver con casa, trabajo, y acompañamiento terapéutico, adaptado al trauma específico de cada víctima. El primer desafío que tenemos que afrontar es que las víctimas no vuelvan a ser revictimizadas. Porque si las víctimas son revictimizadas, todo lo que hicimos fue un gasto estatal inútil”.

 

Durante el evento, los Estados Miembro compartieron sus avances en la prevención, investigación y persecución de la trata de personas así como la asistencia y protección a víctimas y sobrevivientes. Además, debatieron sobre su estrategia de implementación del Tercer Plan de Trabajo sobre la Trata de Personas para el período 2024-2026.

 

Entre otros objetivos, el encuentro se propuso:

 

-Facilitar la cooperación entre los Estados Miembros para hacer frente a los nuevos retos y tendencias en el delito de trata de personas en los ámbitos regional y subregional.

-Promover y ofrecer un espacio para el diálogo y el intercambio de información entre los Estados Miembro sobre sus esfuerzos para responder a la trata de personas en un contexto pospandémico.

-Debatir sobre la puesta en marcha del Tercer Plan de Trabajo sobre la Trata de Personas.

-Aprobar un documento de recomendaciones contra la Trata de Personas.

-Permitir a la Argentina reforzar su política de cooperación internacional en pos de profundizar la prevención y persecución al delito de trata de personas, siguiendo los pasos ya dados por el Comité Ejecutivo con la conformación y consolidación de la Plataforma Regional durante los años 2022 y 2023 y la Sexta Reunión de Autoridades, organizada por la OEA, que tuvo lugar los días 13 y 14 de mayo de 2021 de modo virtual, presidida por el Gobierno de Argentina.

 

Menciones del Secretario General de la ONU

 

En el informe del Secretario General, Antonio Gutiérrez, que se presentó ante la Asamblea General en febrero de 2022, las Naciones Unidas reconocieron y destacaron el trabajo consular de la Argentina en la atención a ciudadanos migrantes que se encontraban varados en el exterior durante la pandemia de Covid 19. También elogiaron los esfuerzos de nuestro país en materia de lucha contra la trata y el tráfico de personas, y en la protección y asistencia a las víctimas.

 

En el punto 26 del documento se resalta que “En 2020, los Estados pusieron en marcha el Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, dos de los cuales se refieren a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En el período 2020-2021, el Grupo de Coordinación Interinstitucional contra la Trata de Personas elaboró una guía de políticas sobre la trata con fines de trabajo forzoso, la no sanción de las víctimas de la trata, la prevención de la trata mediante la adquisición sostenible y la trata con fines de extracción de órganos”. Se destaca asimismo que “Argentina estableció agencias especializadas para asistir y apoyar a las víctimas de la trata y Panamá creó un permiso temporal de protección humanitaria para víctimas de trata”.

 

El trabajo mancomunado del Comité y el Consejo Federal contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas había creado políticas públicas de acceso al empleo, a la vivienda, al acompañamiento terapéutico y a la reparación de las víctimas en el marco de un Plan Bienal que fue consensuado con 44 organismos de los tres poderes del Estado.

 

 

 

Capítulo VII

Graves retrocesos con el cambio de gobierno

 

1. Parálisis de las políticas públicas de asistencia.

 

1. Traspaso del Comité y el Consejo Federal al Ministerio de Seguridad de la Nación. La gravedad que representa dejar a cargo de las fuerzas de seguridad la elaboración e implementación de la políticas públicas contra la trata de personas.
2. Despidos en organismos claves
3. Parálisis de las políticas públicas de asistencia.
4. . Denuncia penal.
5. Desafíos en la etapa actual.
6. Reacción en las provincias y Solidaridad con los despedidos del Comité y rechazo a su desmantelamiento.

 

 

Traspaso del Comité y el Consejo Federal al Ministerio de Seguridad de la Nación

 

A partir del decreto 8/2023 del gobierno de Javier Milei, que reorganiza los ministerios, y luego con el decreto 195/2024 del 26 de febrero, en el que se propone el traspaso al Ministerio de Seguridad del Comité Ejecutivo y del Consejo Federal de Lucha contra la Trata, ambos con autonomía funcional que se hallaban en la órbita de Jefatura de Gabinete, se limita notoriamente la capacidad de estos organismos.

 

Cabe recordar que ambos están creados dentro de una ley penal, la Ley N° 26842. Los Decretos de Necesidad y Urgencia no pueden modificar tipos penales. Y ni el Consejo ni el Comité son un decorado dentro de la ley penal, porque tienen por función elaborar políticas públicas, no solamente en relación a prevención o asistencia, sino también en relación a la persecución.

 

Del Plan Bienal que elabore el Comité Ejecutivo, aprobado por el Consejo, dependen los cambios que se van a introducir, inclusive al interior de las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, es un tema que tiene que ver con cómo se mejoran los estándares de prevención, persecución, asistencia, fortalecimiento interinstitucional, los protocolos únicos de articulación,  diferentes protocolos sobre trabajo forzado, y para detectar otras modalidades de trata.

 

La Argentina históricamente combatió a la trata no solo desde una perspectiva de seguridad, como se intenta con del decreto de traspaso bajo la nueva gestión, sino también con perspectivas de derechos humanos, de género y diversidad, y bajo los principios del interés superior del niño, niña y adolescente, de no discriminación, no punibilidad, no revictimización, interseccionalidad, confidencialidad, entre otros. En la práctica, con el desmantelamiento de las políticas públicas lo único que va quedando en pié es el creciente monopolio de las fuerzas de Seguridad en las políticas de trata, no solamente las de persecución, sino también prevención, asistencia y fortalecimiento institucional De un enfoque de Derechos Humanos y con Perspectiva de Género, retrocedimos a un enfoque meramente policial con todos los peligros que ello implica y que vivimos los  primeros años luego de sancionada la primera ley de trata en 2008. Para entonces se produjo la denuncia y desmantelamiento de la primer división de trata de la Policía Federal en el año 2010, con la consecuencia de 60 comisarios pasados a disponibilidad, imputados y/o procesados por cohecho con redes de trata, también se debe recordar la complicidad policial en casos resonantes como la desaparición de Marita Verón, entre otros casos.

 

 

Despidos en organismos claves

 

La segunda cuestión que llama la atención es que tanto el Comité Ejecutivo como el Consejo Federal, trasladados al ámbito del Ministerio de Seguridad, rápidamente pierden su autonomía funcional. En primer lugar, porque se desmantela completamente la estructura federal, con el despido masivo de todos los delegados/as que había en las provincias, se desvanecen las funciones que cumplían. En segundo lugar porque además la modificación se aparta del Plan Bienal.

 

Queda en la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo un equipo prácticamente reducido a unos pocos administrativos, acompañando a una directora recientemente designada sin ningún despligue territorial. Simultáneamente, hay un recorte drástico en el presupuesto y en el personal del Programa Nacional de Rescate, que ya venía funcionando con dos tercios de su capacidad humana para poder abarcar todos los fenómenos de trata.

 

Varias provincias quedaban sin atender cuando había allanamientos, o se saturaba el 145, por la escasa cantidad de operadores que había atendiendo los teléfonos. Desde el Comité se bregó en el gobierno anterior para que se incrementaran el presupuesto y el personal: hacían falta para cubrir todas las necesidades, allá por el 2022 y 2023 aproximadamente 45 personas que se distribuían entre profesionales para el Programa de Rescate y operadores para la línea 145.

 

Lejos de haber incorporado, el nuevo gobierno, a las 45 personas que faltaban, redujo alrededor de 30 más, con lo cual en el presente se encuentra casi al 50% de la capacidad para la intervención tanto del 145 como del Programa de Rescate.

 

También hubo despidos en las Agencias Territoriales del ex Ministerio de Trabajo .Debido al extenso territorio nacional, las agencias territoriales (AT) constituyen un aliado estratégico tanto en la prevención como en la asistencia, puesto que las mismas funcionan de forma conjunta con las oficinas de empleo. El desmantelamiento de esta estructura se pone de manifiesto, no sólo en los 517 despidos que sufrió la Secretaria de Trabajo, siendo unos 20 correspondientes a trabajadores y trabajadoras afectados a las AT. Fundamentalmente, la parálisis se refleja, en principio, en la disolución de la Subsecretaría de Articulación Territorial de la cual dependían centralmente las AT. A esto se le debe sumar que ninguna de las agencias tiene designada una autoridad inmediata “Jefe de agencia”, ni tampoco jefe regional. Esto genera dos consecuencias inmediatas: por un lado, se paralizan las políticas públicas de asistencia a la población en general y a las víctimas de trata en particular, y, por otro lado, tampoco están participando de fiscalizaciones preventivas que, hasta el año pasado, se realizaban en consonancia con los calendarios de cosecha.

 

A esta poda se le  suma el desmantelamiento de los Centros de Referencia (CDR). Los Centro de Referencia (CDR) representaban al entonces Ministerio de Desarrollo Social – hoy denominado Ministerio de Capital Humano- en todo el país, contabilizando un total de 59 puntos ubicados en zonas periféricas. En los centros se realizaban diversos trámites y gestiones o bien se orientaba y derivaba a otras agencias del estado nacional. Si bien la competencia primaria en materia de asistencia a las personas víctimas del delito de trata corresponde a los Puntos Focales Provinciales (PFP), en la realidad y en la práctica los CDR complementaban el trabajo realizado por los equipos de profesionales de los PFP. Durante los años de gestión a cargo del Comité Ejecutivo, fueron frecuentes las situaciones en las que hubo que gestionar alimentos, programas de asistencia económica, colchones, muebles para el hogar o incluso prendas de vestir, así como otros recursos para las víctimas de trata y sus familias a través de los CDR. El día 5 de marzo del 2024 el Ministerio de Capital Humano dispuso que la totalidad de los CDR serían cerrados y los trámites que antes se realizaban de forma presencial, desde ahora se gestionaría de forma telefónica o virtual. Esta decisión implicó debilitar profundamente la asistencia que el estado por ley debe garantizar a las víctimas de trata, agregando que el contacto interpersonal para situaciones de extrema vulnerabilidad no es fácilmente reemplazable por un llamado telefónico.

 

También se avanzo en el desmantelamiento de la estructura federal de ENACOM -Ente Nacional de Comunicaciones. En lo que atañe al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, el vínculo con el ENACOM estaba dado fundamentalmente para garantizar la entrega de dispositivos tablets para aquellas personas damnificadas por el delito de trata que debían o querían capacitarse dentro del Programa Reparar. Esta política pública significó que decenas de sobrevivientes tuviesen, en casi todos los casos, por primera vez un dispositivo nuevo y propio pero además, les permitió poder seguir capacitaciones y talleres, como el caso de los y las beneficiarias del Programa de inserción laboral, o bien retomar su educación formal.  A través de la Resolución N° 7/2024, publicada en el Boletín Oficial el día 3/04/2024, se dispuso el cierre de la totalidad de las delegaciones provinciales del Ente Nacional de Comunicación, no teniendo a la fecha novedades acerca de la continuidad de esta política pública y en el caso de que así se decida qué organismo, con presencia territorial en todo el país, lo reemplazaría.

 

Esto forma parte de un vaciamiento en el cual las tareas de trata quedan como una función estrictamente policial o de las fuerzas de Gendarmería, Policía o Prefectura.  En muchas provincias el Programa de Rescate no llega, no hay testigos civiles, se narran hechos en los periódicos de sucesos que no ocurrieron tal como son referidos.

 

En artículos de prensa se publican comunicados oficiales donde se narra que se rescataron víctimas y que “no quisieron recibir asistencia” cuando en realidad las víctimas no recibieron asistencia alguna y en muchos casos se niegan a retirarse del lugar de explotación porque no les ofrecen ninguna salida. Lo que no quisieron es recibir una asistencia que consistía en una noche para declarar y luego tener que retornar a una situación de calle. En este sentido, hubo un caso reciente de 12 trabajadores “rescatados” de un establecimiento rural que al día siguiente dormían a la intemperie en una plaza, porque no habían recibido refugio, asistencia, ni alternativas para retornar a su lugar de origen. Ejemplos como esos, lamentablemente, se repiten a diario.

  

Parálisis de las políticas públicas de asistencia

 

En el primer cuatrimestre del año han sido rescatadas más de 400 personas, las cuales no recibieron ninguno de los programas de asistencia que están supuestamente vigentes, pero en la práctica suspendidos o paralizados.  Veamos

 

-Programa Restituir. En lo que respecta al REDAVIT (Registro de Asistencia a la Víctima), hemos podido corroborar que no está funcionando, por lo tanto tampoco se estaría implementando el Programa Restituir aprobado por la Resolución 493/2023 del Ministerio de Desarrollo Social que solo se abona cuando funciona el REDAVIT en cada provincia..

 

-Programa Acompañar. No se han dado nuevas altas desde diciembre de 2023 a la fecha del presente informe cuando en la gestión anterior se asistió a 3200 víctimas.

 

-Programa Potenciar Trabajo. No se han dado nuevas altas desde diciembre de 2023 a la fecha del presente informe. Por Decreto 198/2024 se sustituyó el “POTENCIAR TRABAJO” y se lo reemplazó por los siguientes: VAT: Volver al Trabajo (Capital Humano – Secretaría de Trabajo). AS: Acompañamiento Social (Capital Humano-SENAF). Sin embargo, esta reconfiguración sólo alcanza a las personas que venían percibiendo el “POTENCIAR TRABAJO” hasta noviembre de 2023, de modo tal que aquellas víctimas rescatadas desde entonces a la fecha (más de 400 de acuerdo a datos del Programa Nacional de Rescate) no estarían siendo incluidas. Esta situación se ve agravada por la circunstancia de que las Agencias Territoriales (AT), que representan a la Secretaría de Trabajo en las 22 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran sin autoridad asignada a la fecha.

 

-Programa REPARAR (de inclusión laboral para víctimas de trata de personas). El pago final del último mes, correspondiente al 3er y último llamado del cohorte, se liquidó con varias semanas de demora, abonándose el 1º de mayo. Es decir, no solo hay incertidumbre respecto a la continuidad del programa, si no que desde el inicio de la nueva gestión en diciembre del 2023 los pagos de los y las beneficiarias comenzaron a demorarse. Destacamos especialmente esta situación puesto que en la mayoría de los casos, este es el único ingreso que perciben. Tampoco se produjo el llamado al 3er cohorte como estaba estipulado, por tanto el programa se encuentra paralizado.

 

-Programa de Empleo Independiente (PEI). Hasta donde sabemos no se ha aprobado ningún PEI. Tampoco está a la vista la posibilidad de que se aprueben y ejecuten en el futuro. Asimismo, sabemos que está paralizado el proceso de inclusión laboral debido a la inactividad de las agencias territoriales (AT) que deben hacer de nexo para tal fin.

 

-Vivienda. En este punto es dable mencionar que la última vivienda que se entregó fue en el mes de enero del 2024 en la provincia de Catamarca. Es de destacar que la entrega de viviendas a víctimas de la trata de personas tiene su origen en la firma de un convenio con la gestión anterior del Comité Ejecutivo y el entonces Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat con aportes de capitales de la Nación y las provincias. Producto del recorte de coparticipación destinado a las provincias, la paralización de la obra pública y la ausencia de gestión del Comité con los institutos provinciales de vivienda el programa ha sido abandonado pese a que hay decenas de casos de víctimas que necesitaban viviendas y que están pendientes de resolución.

 

-Refugios. Refugio Nacional (Hogar Patiño): A la fecha  no se registran víctimas de trata alojadas. Además de haber despedido a personal del mismo, y no realizar las tareas de mantenimiento necesarias.

 

Refugios interior: A la fecha no hemos tomado conocimiento de construcción, ni adecuación de los refugios que estaban propuestos en la provincia de Catamarca. En lo que se refiere al Refugio de la provincia de Misiones, sabemos que a la fecha requiere personal idóneo para su puesta en funcionamiento y no ha habido ninguna tratativa para resolverlo.

 

-Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. Es importante explicar sucintamente que el mencionado fondo es una herramienta creada por la Ley 27.508, tiene por objetivo reparar económicamente a las personas sobrevivientes del delito de trata, evitando que los bienes y sumas de dinero decomisados en causas referidas a trata de personas pierdan valor. Para su funcionamiento se creó una Unidad Ejecutora (UE) que debería funcionar en el Ministerio de Justicia. Esta UE recibe los bienes decomisados, las sentencias firmes que individualizan a las personas a reparar, e inmediatamente informa al Consejo Federal de Trata. Resulta clave tener en cuenta que es el Consejo Federal de Trata, órgano en el que se encuentran representadas todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y que además integran: el Ministerio Público Fiscal, la Cámara de Diputados y Senadores, las organizaciones de la sociedad civil, el propio Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y para entender en este tema específico la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el que determina los desembolsos para reparar a las víctimas identificadas en sentencia firme. De esto se desprende la vitalidad de que el Consejo Federal funcione regularmente. En concreto: si el Consejo Federal de Trata no se reúne no se puede reparar a las víctimas de trata. A la fecha se han abonado 75 reparaciones y se encuentran pendientes de pagar reparaciones en más de una decena de casos desde diciembre del 2023.

 

 

En la gestión anterior se proponía inmediatamente a las personas rescatadas un Programa Acompañar o la prestación por la explotación laboral, o el patrocinio jurídico y acompañamiento terapéutico, hasta la posibilidad de una solución habitacional, y la opción de ingresar dentro de un programa durante un año en el que se cobraba un salario y se capacitaba en un oficio, y era raro que la persona no lo aceptara.

 

Actualmente, las víctimas “no aceptan” asistencia porque sencillamente no les están ofreciendo absolutamente nada. Les están proponiendo que pasen de ser esclavas, a estar en situación de calle, para volver indignamente a ser nuevamente esclavizadas.

 

Cabe señalar que desde el traspaso al Ministerio de Seguridad el Consejo Federal no se ha reunido, las campañas de prevención fueron paralizadas, no se han seguido ejecutando el centenar de convenios que había suscrito la gestión anterior, el vinculo con los sindicatos es inexistente, al igual que la articulación con organismos claves como AFIP, UIF, SENASA, RENATRE, entre otros.

 

 

Reclamos y denuncia penal

 

Frente a esta lamentable situación, el ex director del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera, denunció a las autoridades del Ministerio de Capital Humano de la Nación, entre ellas a su titular, Sandra Pettovello, por incumplimiento de los deberes de funcionario público .

 

La denuncia se fundamenta en la negación reiterada por parte del Gobierno Nacional de asistir y contener a las víctimas de trata como así también a sus familiares, a pesar de los reclamos formales que se han realizado. Al momento de la denuncia en marzo del 2024 eran unas 130 víctimas las que ante la omisión estatal, padecían el agravamiento de su situación de vulnerabilidad. Ahora son más de 400.

 

“Esta situación fue puesta en conocimiento de las autoridades a quienes oportunamente he solicitado que restableciera la asistencia que percibían las víctimas y sustraerlas de la situación de extrema vulnerabilidad, a la que habrían vuelto como derivación de la omisión del depósito de la ayuda económica”, expresó Vera en su denuncia.

 

“La falta de una respuesta de parte de las autoridades tuvo como correlato el hecho de que el 15 de marzo pasado Patricia Bullrich, titular del Ministerio de Seguridad de la Nación -a cuya órbita pasó el Comité que estuvo a mi cargo- impartió la orden de hacerme cesar en mis funciones”, agregó el ex director y titular de la Fundación La Alameda.

 

“Quiero destacar que previamente -aproximadamente un mes antes- había sido ratificado en mi cargo por la Jefatura de Gabinete de la Nación”, explicó, relacionando la decisión de Bullrich con sus reiterados reclamos.

 

Con respecto al rol que debería estar cumpliendo el Estado, Vera expresó que “Nuestro país se comprometió a que las víctimas rescatadas del delito de trata no sean revictimizadas por un tercero y muchos menos por el mismo Estado, ya sea por acción o por omisión. La carencia de ayuda económica las colocaría nuevamente en una situación de extrema vulnerabilidad, y de ahí la probabilidad de ser captadas nuevamente por las redes de las organizaciones mafiosas”.

 

Por último, dejó constancia que durante su gestión como director operativo del Comité agotó “todas las instancias formales para evitar la revictimización. Esto, y que el Comité Ejecutivo y el Consejo Federal fueron degradados por un decreto en su nivel de reporte jerárquico -establecido por la Ley 26.842- me permite concluir que tiene su causa en una clara voluntad de no cumplir con las obligaciones legales de asistir y proteger a las víctimas”.

 

La causa está radicada en el Juzgado Federal 2 del Dr Sebastian Ramos y la fiscalía federal del Dr Taiano , quienes rápidamente desestimaron la causa. No obstante, el titular de la Fundación Alameda se ha presentado con nuevos hechos que reafirman lo denunciado oportunamente y pide a la justicia que la ONG sea considerada como querellante.

 

Desafíos actuales

 

En primer lugar, el Estado debe restituir los programas de asistencia que formalmente existen pero que en la práctica no funcionan, para esto va a ser necesario dar una lucha, con los gobernadores, con los municipios, con los sindicatos, con independencia en las fronteras ideológicas o diferencias partidarias que pudiera haber, o de fracción, ya que es un tema de política pública de derechos humanos.

 

En segundo lugar, mejorar esos programas, eso significa universalizar el programa de vivienda, hacer convocatorias mucho más cortas y eficaces del programa Reparar del Ministerio de Trabajo -actualmente degradado a Secretaría-, convertir la ayuda económica que antes estaba distribuida en Acompañar, Potenciar, en un solo programa que asista a víctimas de trata, más allá de si se trata de hombres o mujeres. Trabajar y tratar de detectar a tiempo las redes en su versión virtual, básicamente cómo trabajar la capacitación y la prevención con los docentes y cómo perseguir al delito a través del organismo de ciberdelito o cibercrimen que tienen que mejorar mucho su capacidad de detección temprana. También es urgente retomar la construcción de los refugios pendientes en CABA, Catamarca y Misiones y mejorar el refugio central existente que se encuentra en deplorables condiciones.

 

Trabajar el tema de organizaciones coercitivas, ya que no es fácil separar una organización coercitiva de lo que es una secta. Hay que descubrir, en el caso de que haya una denuncia penal federal, cuál es el contenido de la organización, si tiene un contenido de explotación, claramente estamos en presencia una organización coercitiva, a diferencia de una mera secta donde todos participan voluntariamente y no hay explotación. Este es un tema que hay que verlo con mucho detenimiento, pero cabe destacar que la Argentina es pionera en materia de inicio de causas judiciales y en materia de preparación y capacitación.

 

Reacción en las Provincias y Solidaridad con los despedidos del Comité y rechazo a su desmantelamiento

 

Desde presentaciones de legisladores en la Cámara de Diputados de la Nación, pasando por legislaturas provinciales y concejos deliberantes de todo el país, fue creciendo el rechazo frente al abandono de las políticas públicas en materia restitución de derechos a víctimas de trata y explotación de personas, el quiebre del funcionamiento en la red interinstitucional federal y el desguace del Comité que produjo la decisión de la Ministra Patricia Bullrich.

 

A casi dos meses del decreto por el cual se trasladó el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la órbita del Ministerio de Seguridad; y a pocos días del desmantelamiento de la estructura federal, distintos sectores legislativos comenzaron a pronunciarse de forma contundente.

 

El viernes 17 de mayo sesionó en la provincia de Tucumán la 51 Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande bajo el lema ·Federalismo en Acción por una Argentina Unida” en la que participaron decenas de legisladores de las 10 provincias del NOA y NEA y presencialmente concurrió la mayoría de los vicegobernadores de la región. Allí se destaca la la creación del Consejo Regional del Norte Grande de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas que fue aprobado por unanimidad y presentado por las diputadas catamarqueñas Claudia Paladino, Adriana Diaz y Mónica Salazar. Es una clara respuesta ante el desmembramiento de la estructura federal por los despidos masivos del gobierno nacional en el Comité Ejecutivo de Lucha contra la trata y otros organismos   El Consejo estará integrado por un representante titular y un suplente de cada provincia vinculado o capacitado en las temáticas de trata y violencia de género y se ocupara de la promoción, prevención, detección, rescate, asistencia y protección, investigación y judiciaización de la trata de personas y la violencia de género.

 

Entre sus principales funciones se destaca la coordinación en la región de acciones destinadas a la prevención, detección y rescate de las víctimas del delito de trata. Tareas de difusión y campañas de visibilización,  concientización y sensibilización. Acciones destinadas a garantizar la asistencia y protección integral y reparación de los derechos de las personas víctimas en materia de trata de personas. Fortalecer el Protocolo Unico de Articulación Nacional vigente. Elaborar investigaciones e informes anuales sobre la materia. Elaborar propuestas comunes para el diseño y ejecución de politicas publicas.El consejo se propone organizar actividades de visibilizacion, concientizacion y sensibilización especialmente en fechas claves como el 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de personas, 23 de setiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas y el 2 de diciembre, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. También se comprometen a elaborar y publicar un informe anual y a promover una cobertura periodística responsable en el abordaje de la temática.

 

En los fundamentos del proyecto se justifica la creación del Consejo Regional del Norte Grande de lucha contra la Trata y Explotación de Personas en el desmembramiento de la estructura federal que realizó el Gobierno Nacional y la Ministra de Seguridad Patricia Burlich cuando resolvió despedir masivamente a todos los delegados y delegadas provinciales del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de Nación.

 

También se alerta sobre los despidos de personal en las provincias en  áreas claves como Senaf , Programa de Rescate, agencias territoriales del Ministerio de Trabajo, centros de desarrollo regional y la paralización y suspensión de los programas de restitución de derechos para el acompañamiento y protección a las victimas “Esta política de desfinanciación y desmantelamiento del Comité no tiene en cuenta las políticas públicas de derechos humanos ratificadas en nuestra Constitución Nacional de acuerdo a lo establecido en articulo 75 inc.22 , e inc. 23 y en las leyes y decretos nacionales: Ley de Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos 27.372, Ley 27.508 Fondo de Asistencia directa a víctimas de trata – Ley 26.364 modificación de las leyes 26.364 y 25.246, Decreto Fondo Fiduciario Público “Fondo de Asistencia Directa a Victimas de Trata” Decreto 844/2019,Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, Ley 26.842 que modifica la Ley 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas Ley 27.508 modificación de la Ley 26.364,Decreto reglamentario 111/2015.Ley 27.046 , Ley 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, Ley 26.847 sobre la Penalización del Trabajo Infantil.”

 

Por último se recuerda en los fundamentos que “En nuestra región los delegados/as junto a las mesas interinstitucionales han trabajado intensamente durante estos años, salvaguardando los derechos de las personas, rescatando víctimas, evitando el trabajo esclavo. En las zonas de frontera han articulado acciones y conformado mesas binacionales como es el caso de la mesa de la provincia de Jujuy con Bolivia.

Nuestra región, con la participación de las 10 provincias miembro, debe continuar con la defensa de los derechos y la protección del bienestar físico, mental y social de las personas y de sus comunidades; y con la promoción de la sostenibilidad a través del desarrollo de la capacidad institucional para el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales. Por ello es necesario crear un Consejo Regional del Norte Grande de lucha contra la Trata y Explotación de personas  con la participación de todas las provincias miembro. Por lo que solicito a mis pares su acompañamiento, para la aprobación del presente proyecto de ley. “

 

Los legisladores provinciales de otras regiones del país estudian replicar la experiencia de las diez provincias del Norte Grande en sus territorios para continuar impulsando las redes federales que permitan los controles cruzados, el trabajo mancomunado y eviten zonas liberadas que sean caldo de cultivo de la trata y el crimen organizado.

 

Entretanto, en el Congreso Nacional, la diputada Micaela Morán (Unión por la Patria/Frente Renovador) presentó el primer Proyecto de Resolución en la cámara baja, por medio del cual se expresa preocupación y rechazo a las medidas del Gobierno nacional que implican el desmantelamiento del Comité Ejecutivo y en los hechos el abandono de las políticas públicas por las que el Estado asistía y protegía a las personas sobrevivientes del delito. El proyecto ya cuenta a la fecha con el acompañamiento de casi 30 legisladores.

 

Por su parte, la diputada provincial Laura Aloisi (Unión por la Patria), presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, un proyecto de declaración que busca que el cuerpo repudie la desarticulación del organismo, así como el despido de la totalidad del equipo que lo integraba.

 

En la misma línea, la diputada de la Provincia de Catamarca, Adriana Díaz (Frente de Todos) presentó ante el Poder Legislativo catamarqueño un proyecto de declaración expresando preocupación por el arbitrario despido de los delegados y delegadas del Comité Ejecutivo y la gravedad que implica dejar de asistir a víctimas de trata en todo el país.

 

Con fecha 10 de mayo de 2024 el Honorable Concejo Deliberante de Luján, Provincia de Buenos Aires, también manifestó su repudio al desmantelamiento del Comité contra la Trata, resolviendo “expresar su preocupación y rechazo a las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional en relación al desmantelamiento del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, y con ello, aquellas políticas públicas que se realizaban en pos de la defensa de la vida, la libertad y la dignidad de todos los habitantes de nuestro país, ante la amenaza de la trata de personas y su explotación”. Asimismo, expresó su “preocupación y rechazo a la desvinculación de 40 trabajadores y trabajadoras profesionales y técnicos que formaban parte del equipo federal del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, paralizando así la prevención de estos delitos, la asistencia integral a las víctimas, el acceso a la justicia y eliminando las políticas públicas necesarias para la contención, acompañamiento y recuperación de las mismas”, y ordenó enviar “copia de la presente a los 135 Honorables Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires, a la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires, a la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación”.

 

En el mismo sentido, se encuentran en circulación proyectos de declaración y resolución de concejos deliberantes de Lomas de Zamora, General Pueyrredón, y Viedma, entre otras localidades.

 

Finalmente, en adhesión al repudio generalizado frente la situación de desmantelamiento de políticas de estado y despidos del Comité Ejecutivo se manifestaron en su habitual e histórica ronda las Madres de Plaza de Mayo. El pasado jueves 11 de abril se refirieron a este tema en los siguientes términos: “Repudiamos los despidos en el estado, en los espacios/oficinas donde se ocupan de nuestra materia Derechos Humanos. En particular contra el desmantelamiento de quienes se ocupan de la lucha contra la trata de personas!, y donde existen 150 víctimas. Sin lugar a dudas, aún frente a la gravedad de los hechos detallados, especialmente este último repudio honra la lucha contra la trata y explotación de personas en nuestro país, y sienta las bases para la reconstrucción que tarde o temprano deberemos realizar, para lograr de una vez por todas y definitivamente una sociedad sin esclavos ni excluidos.

 

Conclusión

Como se ha explicado, por el Decreto de Necesidad y Urgencia 195/2024 del 26 de febrero de este año el Comité Ejecutivo, que desde su creación y debido a las funciones que desarrolla de manera interministerial, se encontraba en la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros, pasó a funcionar en el  ámbito del Ministerio de Seguridad. Esto constituye  un error por partida doble: en primer lugar, porque un DNU no puede legislar en materia penal y tanto el Comité como el Consejo Federal contra la trata fueron creados en el marco de la Ley 26.842 que reforma artículos del Código Penal y en segundo lugar, porque ambos organismos tienen autonomía funcional con tareas y despliegue interministerial e interinstitucional y por tal razón los legisladores que aprobaron esa ley resolvieron que la sede logística y administrativa de ambos fuese la Jefatura de Gabinete de Ministros.

 

En la práctica, con el traspaso se concretó el despido de los delegados/as de todas las provincias y de las secciones de la provincia de Buenos Aires, de manera simultánea con la cesantía de una parte importante del personal del Programa Nacional de Rescate, de Senaf que oficiaba de Punto Focal, Nacional, de personal de las Agencias Territoriales del Ministerio de Trabajo y de los CDR de Desarrollo Social.

 

Lo único que va quedando en pie es el creciente monopolio de las fuerzas de Seguridad en las políticas de trata, no solamente las de persecución, sino también prevención y asistencia y fortalecimiento institucional, que hoy dramáticamente brillan por su ausencia. De un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, retrocedimos a un enfoque meramente policial con todos los peligros que ello implica.

 

Sin embargo, la situación de mayor gravedad se da con respecto al abandono de las políticas de restitución de derechos de las personas víctimas del delito. A la fecha, más de 400 personas, rescatadas en allanamientos producidos en los últimos meses, se encuentran sometidas a situaciones revictimizantes, sin un acompañamiento del Estado nacional, ya que inmediatamente luego de su rescate fueron abandonadas a su propia suerte por la paralización de todos los programas de restitución de derechos.

 

No obstante, la reacción de las diez provincias del Norte Grande creando un Consejo Regional contra la trata y explotación de personas, de las provincias que siguen impulsando normas para facilitar la inclusión laboral de victimas y de legisladores que se pronuncian por la restitución de las funciones y políticas publicas que auspiciaba el Comité demuestran que hubo cosecha, luego de tanta siembra y que no podrá la actual gestión arrastrar a la Argentina a la oscuridad y convertir la lucha contra la trata en una mera anécdota policial.

 

Desde la Fundación Alameda, seguiremos luchando contra toda forma de esclavitud y por la restitución plena de los derechos a las personas sobrevivientes de trata de personas; profundizando las articulaciones en redes desde la sociedad civil y en todo el territorio nacional, a la vez que denunciamos en todos los foros judiciales, públicos e internacionales los graves retrocesos que estamos verificando con la gestión del actual gobierno nacional. Este balance de gestión es apenas un punto de partida al que,  nos comprometemos a retomar y profundizar más temprano que tarde.

 

“Las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una caída en las encuestas , sino por no resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos , comercio de órganos y tejidos humanos , explotación sexual de niños y niñas , trabajo esclavo, terrorismo y crimen internacional organizado.” (Carta Encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco)

 

Agradecemos especialmente a todos y todas los integrantes de la Dirección Operativa del Comite Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas que realizaron un enorme trabajo con muy pocos recursos y una gran pasión militante y de compromiso con el prójimo: Facundo Lugo, Patricia Gordon, Tamara Rosenberg , Luciano Alejandro Ibargoyen, Gabriela Burgos, Stella Maris Corbacho, Yvana Monferran, Rodrigo Perez, Roxana Contreras, Miriam Gerez, Soledad Yorg, Emiliano Pufhal, Jose Serbin, Alejandro Basiliquiotis,

 

Rodolfo Jesus Perez, Nicolas del Mastro, Andrea Bouzo, Valeria Herrera, Teresita Salas, Maxi Orosco, Graciela Nañez, Mariano Bauer, Analia Soto, Matias Bugliese, y varios compañero/as más que, aunque no los mencionemos aqui, saben que estan presentes en nuestra memoria y corazón.